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La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá días de tensión. Luego del feriado del lunes se encadenarán varios días que tendrán como corolario la sesión del jueves en donde el temario incluirá el DNU70/2023 y las proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

En medio de los movimientos del oficialismo y sus socios para hacer caer la sesión o, en su defecto, que la oposición no se lleve un triunfo parlamentario, aparecieron proyectos de ley tanto para morosidad como para discapacidad de parte del bloque de La Libertad Avanza que, junto a sus socios, se llevaron los dictámenes de mayoría.

En el caso de discapacidad, y mientras los bloques socios esperan un informe de Economía sobre el impacto en fondos del Presupuesto 2027, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice un informe del costo fiscal que tiene el proyecto de ley de discapacidad presentado por LLA

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad -el del oficialismo- podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones y generar un costo fiscal anual de hasta $ 1.209.567 millones.

La propuesta plantea un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, que es lo que propone la oposición.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos, de acuerdo con los cálculos del organismo técnico del Congreso.

La oficina elaboró dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa frente a la situación actual.

El primer escenario prevé altas graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Según el sitio El Parlamentario, bajo esa hipótesis, el costo ascendería a $ 598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un aumento del 6,1% sobre el gasto total proyectado para pensiones no contributivas.

La segunda alternativa supone que todos los nuevos beneficiarios percibirán la prestación durante el ejercicio 2028. El desembolso anual alcanzaría $1.209.567 millones, el 0,07% del PBI.

En la actualidad, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y 435.270 de ellas ya cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD. El beneficio mantendría su compatibilidad con empleo formal y con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto que estaba en discusión es la forma en la que se iba a actualizar el arancel del Sistema de Prestaciones. Originalmente el oficialismo impulsaba que sea trimestral. El bloque libertario asegura que será mensual.

Aliados que firmaron “en disidencia” todavía reclaman precisiones: una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación, el cronograma de pago de compensaciones adeudadas y que se muestren las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, en tanto, trascendió que no están de acuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que abre la duda sobre si el capítulo de ajuste al sistema de discapacidad podría sostenerse igualmente dentro del Presupuesto 2027.

Según el informe publicado, el dictamen no crearía gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, sino que mantendría una obligación ya establecida en la legislación vigente que, hasta ahora, están calculada en $ 278.323 millones la compensación pendiente para esos prestadores.

La caída del consumo llevó a la industria textil a un escenario que Ricardo Kuchikian, CEO de Cocot Dufour, definió como el más grave desde la creación de la empresa en 1982. El empresario comparó la situación actual con la pandemia, la crisis de 2001, el Plan Primavera y los procesos hiperinflacionarios de las décadas de 1980 y 1990.

“Esta es la peor crisis en los cuarenta y pico de años que tiene la empresa. Peor que la pandemia, peor que el 2001, peor que el Plan Primavera, que fue en el 85, las hiperinflaciones de Alfonsín, de Menem”, sostuvo Kuchikian.

El directivo señaló que, en aquellos ciclos, la recuperación llegó en plazos más cortos. “En todas esas, se salió adelante en corto tiempo”, dijo durante una entrevista en el podcast Fábrica País.

El dueño de la compañía ubicó el descenso de la demanda como el principal rasgo que diferencia al actual escenario de otras etapas de inestabilidad económica. Según explicó, la contracción del consumo afecta con fuerza al rubro de indumentaria y productos textiles.

“Con las crisis fuertes que hubo, el consumo nunca disminuyó a los niveles que ha disminuido en este momento, por lo menos en el área textil”, afirmó el CEO de Cocot Dufour.

En ese contexto, planteó que las empresas del rubro enfrentan límites para compensar el deterioro de las ventas con cambios internos. “Cuando no hay consumo, uno puede crear, inventar, idear un montón de cosas, pero el resultado muchas veces es plano y tiende uno a desanimarse”, expresó.

Kuchikian también remarcó que el momento obliga a revisar estrategias productivas. “Si no se puede producir un cien por cien, hay que mantener el valor de la marca y producir donde se pueda y los costos den”, señaló.

A lo largo de su análisis, el referente empresarial cuestionó el alcance de las políticas públicas dirigidas al sector. “Las políticas públicas nunca fueron muy positivas para la industria”, afirmó.

A la vez, el textil explicó que la compañía se financió principalmente con recursos propios debido a las dificultades para acceder a créditos que resultaran convenientes para invertir. “La financiación o la ayuda crediticia en Argentina nunca fue muy buena ni muy beneficiosa”, acotó.

También se refirió al efecto de las tasas y de las devaluaciones sobre las decisiones empresariales. “Siempre contamos con vaivenes de la economía, en los cuales las tasas superaban ampliamente la inflación y las variaciones en las devaluaciones. Todo siempre fue muy complicado”, apuntó.

Por otra parte, Ricardo Kuchikian afirmó que la incertidumbre sobre las condiciones económicas y regulatorias incide en los proyectos industriales, incluso en los vinculados con la renovación tecnológica.

“Los cambios políticos, económicos afectan muchísimo a las inversiones que uno vaya a hacer”, expresó al referirse a las decisiones que debe tomar el sector textil ante la transformación de sus procesos productivos.

Frente al escenario actual, planteó que las empresas deben evitar la inmovilidad. “Uno no se puede quedar en lo que venía haciendo, hay que cambiar, porque es la única manera de hacer frente a todo esto”, concluyó.

Se profundiza la crisis

La industria textil mantuvo una dinámica contractiva durante 2026: entre enero y julio, su producción cayó 22,6% frente al mismo lapso de 2025. Solo en julio, la baja fue de 13% interanual, con niveles de actividad que se ubicaron entre los más bajos de los últimos tres años. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 28.322 empleos.

Los datos forman parte de un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que señaló que el desempeño del rubro resultó más negativo que el del total de la industria. Mientras la producción industrial se redujo 2,6% en los primeros siete meses, la caída en la actividad textil fue casi nueve veces mayor. El segmento de tejidos y acabados fue el más afectado, con un descenso acumulado de 35,1%.

La menor producción se tradujo en un uso limitado de la capacidad instalada. En julio, las empresas textiles utilizaron el 45,3% de su capacidad, un nivel 12,9 puntos porcentuales inferior al promedio industrial, que alcanzó el 58,2%. El indicador bajó 1,3 puntos respecto de junio y 0,9 puntos frente a julio de 2025. FITA indicó que, desde 2024, la utilización del sector se ubica en una franja de entre 30% y 50%, luego de haber oscilado entre 50% y 60% a lo largo de 2023.

El empleo formal también siguió en descenso. Las actividades de textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 92.531 puestos registrados en junio: 1.284 menos que en mayo y 16.536 por debajo de la cifra de junio de 2025.

Según la entidad, la pérdida promedio de empleo por mes entre junio de 2025 y junio de 2026 duplicó la registrada durante los 18 meses previos. El complejo concentra el 8,4% del empleo industrial, aunque explicó el 50% de los puestos perdidos mensualmente y el 31% de la reducción interanual del empleo industrial registrada en junio.

La baja también alcanzó a la estructura empresarial. En junio funcionaban 1.939 establecimientos textiles y 2.343 dedicados a la confección, con un total de 4.282 unidades. La cifra fue 517 inferior a la de un año antes. Desde diciembre de 2023, el saldo neto arroja la pérdida de 770 establecimientos, de los cuales el 67% cerró en los últimos doce meses.

El Gobierno completará el giro que insinuó días atrás respecto a la Ley de Tierras y el DNU 70. Según confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocará a una mega sesión para el 21 de octubre que incluirá, entre otros temas, la derogación del artículo 152 que permitía la venta sin límites de tierra argentina a extranjeros para dejar vigente el tope del 15% que dispuso la norma del kirchnerismo. Así, la Casa Rosada cede ante un tema sensible, pero también desactiva la sesión que la oposición tenía planeada para el 15 de octubre, que podía resultar incómoda.

Los otros temas que incluirá en la sesión serán un nuevo proyecto sobre discapacidad, uno de morosidad -incluirá educación financiera- y quieren que se debata también la cuestión Malvinas. “La sesión más larga de la historia. 22 horas mínimo”, dijo, exultante, un alto miembro libertario.

Noticia en Desarrollo

La aerolínea española Plus Ultra decidió reducir de 5 a 2 sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid durante los próximos dos meses por el aumento de “costos operativos” y hay al menos 200 pasajeros afectados, que aseguran estar “varados” y no recibir respuesta por parte de la empresa.

“Plus Ultra ha realizado un ajuste en la frecuencia de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, principalmente debido al impacto operacional que generan los desvíos de vuelos a Montevideo, en el marco de las obras y trabajos de infraestructura previstos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estos desvíos implican mayores tiempos de operación, complejidad en la planificación y costos adicionales, afectando la programación y regularidad de los vuelos”, señaló la compañía en un comunicado.

“A esta situación se suma el incremento general de los costos operativos, particularmente los relacionados con el combustible, que también tiene un impacto relevante en la operación aérea. El ajuste responde, por lo tanto, a razones estrictamente operacionales y a las condiciones actuales de la operación, y no a un cambio en el compromiso de Plus Ultra con el mercado argentino”, afirmó.

Las obras en Ezeiza se anunciaron en febrero pasado, con lo que se supone que la empresa tuvo tiempo para estimar sus costos. Cabe señalar que la pista de Ezeiza volverá a estar operativa el 11 de noviembre, mientras que Plus Ultra resolvió reducir sus frecuencias entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre. De este modo, el recorte de operaciones se extenderá durante más de un mes después de la finalización de las obras.

“Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra, y la compañía mantiene su apuesta por la conectividad entre Argentina y España”, agregó.

En este contexto, más de 230 pasajeros crearon un grupo de WhatsApp para compartir los problemas que les generaron los cambios en los vuelos. Desde Plus Ultra sostienen que deben solicitar la reubicación en otro vuelo, ya que la reducción de frecuencias implicó, en la práctica, la cancelación de servicios que ya habían sido vendidos. Sin embargo, los usuarios aseguran que todavía no reciben respuestas de la compañía.

Los pasajeros afectados denuncian que Plus Ultra no ofrece la reubicación en otras aerolíneas y argumenta que no tiene convenios con otras compañías. También aseguran que les niega el reembolso del tramo que no podrán utilizar con el argumento de que ya les asignó una nueva fecha de vuelo o, en algunos casos, les ofrece un bono para viajar nuevamente con la empresa.

Según los reclamos, tampoco reconoce los gastos adicionales de alojamiento, manutención ni los días extra de estadía, bajo el argumento de que comunicó los cambios con más de 14 días de anticipación.

A las dificultades para resolver la situación se suma la falta de respuestas por parte de la compañía. Los pasajeros describen una atención casi inexistente, con teléfonos que no son atendidos y correos electrónicos con respuestas genéricas sobre “cuestiones operativas”.

Ante la falta de alternativas, los pasajeros debieron comprar nuevos pasajes de regreso con otras línea aéreas, en algunos casos con escalas en Lima, Montevideo o San Pablo.

El mail formal que les llega a los pasajeros por parte de Plus Ultra indica las siguientes opciones:

• “Solicitar una nueva fecha, sujeto a disponibilidad, respetando la temporada y validez de su tarifa y billete.
• Solicitar un cambio de ruta por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra, contactando con nuestro call center. En el cambio se aplica diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados a la nueva ruta elegida.
• Solicitar un bono, válido por un año y transferible, canjeable por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra, mediante solicitud a bonos@plusultra.com. En el canje se aplica diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados a la nueva ruta elegida.
• Solicitar el reembolso, parcial o total del billete afectado por un vuelo cancelado”.

Gabriel, uno de los pasajeros afectados, contó: “No me quieren reembolsar el pasaje, ni total ni parcialmente, porque sostienen que se trata de una reubicación y no de una cancelación”.

Nicolás, por su parte, relató: “Cancelaron nuestro vuelo de ida a Ezeiza, no atienden el teléfono, te dejan esperando 10 minutos y cuelgan. No ofrecen ubicarte en otro vuelo, solo darte el reembolso”.

Jordi, en tanto, dijo: “Vivo en España. Me cancelaron el vuelo de ida de noviembre y me retrasaron el de vuelta de diciembre. Acá no atienden el teléfono y, como vivo en Barcelona, tampoco tengo oficinas a las que pueda acercarme. Ahora los pasajes cuestan el doble de lo que pagué cuando los compré. Viajaba para el casamiento de mi mejor amigo, en fechas que no puedo cambiar. Estoy pensando en cruzar los dedos para que me reembolsen el dinero y después hacerles juicio por daños y perjuicios, para ver si consigo que la Justicia les ordene pagarme la diferencia de los pasajes”.

Sol también cuestionó el cambio de fecha de su viaje: “Yo tenía un vuelo de Madrid a Ezeiza el 30 de octubre y me lo quieren pasar al 10 de noviembre, pero el vuelo del 30 de octubre sigue existiendo y se lo están ofreciendo a gente que tiene que volver a Buenos Aires el 21 y el 23 de octubre”.

La mayoría de los pasajeros afectados recibió nuevas fechas de vuelo con demoras de 10 días o más respecto de las originales. Y esto les genera gastos adicionales de alojamiento que la aerolínea no reconoce.

La aerolínea ya había enfrentado reclamos en agosto, cuando un avión de Plus Ultra que cubría la ruta entre Buenos Aires y Madrid debió realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, por una falla técnica. El episodio dejó a entre 300 y 400 pasajeros varados durante más de 24 horas y generó fuertes quejas por la falta de información y asistencia por parte de la compañía.

Con mucho sentido del humor, algunos creen que la CGT “farmea aura” con su plan de lucha actual contra el Gobierno. En el código de los adolescentes, esa expresión alude a acciones deliberadas para proyectar una personalidad atractiva, segura o interesante con el propósito simbólico de “acumular” puntos de carisma social. En ese sentido, la movilización con presencia casi testimonial de este jueves en defensa de la industria sería parte de una serie de medidas de la CGT en busca del mismo efecto que esos jóvenes que hacen gestos y poses para ganarse la aprobación de los demás.

En forma equivalente, podría decirse que el Gobierno hace lo mismo cuando asegura que los salarios le están ganando a la inflación o que se crearon 500 mil puestos de trabajo. ¿Quién gana en el duelo de “farmear aura” entre los sindicalistas y los funcionarios libertarios? Las votaciones están divididas, sobre todo porque hay mucha gente que pide bastante más que gestos, y para saber quién “farmea” mejor que el otro habrá que esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Tras haber amagado con un temible esquema de protestas “a la francesa”, la CGT terminó con una sucesión de movilizaciones limitadas y sin huelgas que parecen una suerte de precalentamiento para llegar en mejores condiciones al quinto paro general contra Milei. ¿Llegará? Las movilizaciones de baja intensidad le permiten a la dirigencia cegetista calmar a los sectores más duros y ganar tiempo para que, según espera, crezca el malestar social y la paralización de actividades sea tan contundente que el Gobierno tenga que rectificar sus políticas.

La imagen de la movilización de hace 24 horas ante la Secretaría de Industria fue una fotocopia de concentraciones como las que se iniciaron el 22 de julio con una “adhesión” de la CGT a la marcha que los jubilados realizan los miércoles ante el Congreso.

Lejos de aquellas multitudinarias movilizaciones sindicales de los años 70, 80 o 90, la central obrera ahora organiza marchas de baja densidad, sin mover a pleno el clásico “aparato”, e incluso con sugestivas ausencias de algunos dirigentes importantes.

Parece apuntarse más a la cantidad que a la calidad de las movidas callejeras: en los últimos tres meses la dirigencia cegetista ya acumuló 5 movilizaciones (entre las que convocó y las que fue sólo adherente) con participación casi testimonial. Y ahora, el jueves próximo, se concretará un declarado “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que implica sumar una columna propia, pero no movilizar en forma masiva.

La postal del escenario de la protesta de este jueves mostró a la mayoría de los líderes de la CGT, aunque llamó la atención que un dirigente de peso como Armando Cavalieri (Comercio) haya preferido salir a la calle con sus militantes y no posar con sus colegas cegetistas de renombre. Lo mismo sucedió con Sergio Romero (UDA), referente de los sindicatos educativos, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), un aliado dialoguista, entre otros.

Aun así, el curso de acción actual de la CGT fue ratificado la semana pasada por una treintena de dirigentes que participaron de una reunión ampliada de la mesa chica. Allí se aprobó la movilización en defensa de la industria y el acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria, pero nadie dijo nada del paro general.

¿Adónde quedó el ala dura sindical, que presionaba a la CGT con medidas más duras contra el Gobierno? Parece estar en repliegue. Un crítico de la pasividad cegetista como el kirchnerista Abel Furlán fue desplazado por la Justicia de la jefatura de la UOM. Sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), agrupación ultraopositora de impronta combativa, perdieron fuerza: ya no tienen en sus filas al líder metalúrgico y su principal figura es el radicalizado jefe de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, con una agenda combativa propia que deja atrás a sindicatos como Aceiteros, Pilotos y Viales, entre otros.

Hace casi dos meses, en Rosario, anunciaron que preparaban “paros regionales para llegar a una huelga nacional por salarios antes de fin de año”. “Nos sobran motivos para avanzar en una huelga general antes de la visita del Papa porque la situación ya no da para más”, señaló Aguiar en aquel momento. Este jueves, en Córdoba, hicieron un encuentro en el que resolvieron pedirle a la CGT “unidad para enfrentar al Gobierno” a través de un paro por tiempo indeterminado.

ATE integra la CTA de los Trabajadores, que, junto con la CTA Autónoma, se adaptaron hasta ahora al plan de lucha light iniciado junto con la CGT y ya comenzaron a manejarse en forma autónoma: ambas centrales obreras anunciaron por su cuenta más movilizaciones y un paro general a fines de octubre, de incierta repercusión porque la CGT maneja sus propios tiempos y sigue mirando de reojo la quinta huelga general contra Milei.

La otra gran expresión del ala dura sindical está agrupada en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales gremios de un sector clave para garantizar el éxito de cualquier medida de fuerza. Su líder, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), fue el impulsor del virulento esquema de protesta “a la francesa” y, como sus pares, un crítico del cansino ritmo de las medidas de la CGT.

Pero la CATT archivó por ahora las amenazas de paralizar el transporte y su última medida fue académica: organizó la semana pasada el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, en la sede de la CGT, con oradores como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos y el sociólogo brasileño Emir Sader.

¿La CGT, entonces, no es la única que “farmea aura”? Es probable que a todos los sindicalistas les pase lo mismo: no endurecerse al máximo contra el Gobierno, entre otros factores, por cierta renuencia de las bases a adherir a medidas que impliquen la pérdida del día de trabajo y el presentismo, en un contexto de necesidad de conservar el empleo (o miedo de perderlo). Y, además, por una estricta reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, que fija duras sanciones si los sindicatos que realizan paros no garantizan servicios mínimos del 50% o del 75% en un amplio listado de actividades que incluyen al transporte, la salud y la educación, entre otros.

Al mismo tiempo, el gremialismo siente que sus medidas no tienen tanta incidencia porque se llevan adelante sin apoyo de la oposición política o, peor aún, son consecuencia de su inacción en el Congreso. Por eso, en su discurso de ayer, el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) exigió que “la política se deje de joder y se ponga al frente de los problemas estructurales que demanda la sociedad argentina” porque, si no, “el pueblo se va a enojar y lo va a pasar por encima”. “Necesitamos el compromiso de la dirigencia política del campo nacional y popular”, dijo.

Aun así, pese a que hoy sólo tiene sabor a precalentamiento, el plan de lucha de la CGT puede ir profundizándose tras la visita del Papa (¿segunda quincena de noviembre?) y la batalla con la administración libertaria dejaría de ser testimonial. Se aproximan las grandes definiciones electorales y en el propio Gobierno debaten cómo lograr una reactivación económica que llegue al bolsillo de los votantes. Es lógico: el telón de fondo crucial son los comicios de 2027, donde a ninguno le alcanzará con “farmear aura”.