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La reapertura del estrecho de Ormuz tras un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos provocó reacciones inmediatas en los mercados energéticos y en el escenario geopolítico internacional. En las últimas 48 horas, los primeros petroleros iraníes cruzaron la zona, después de un periodo de bloqueo, lo que generó una abrupta caída en el precio del petróleo y renovó las expectativas para Teherán, mientras se intensificaban las tensiones regionales.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que permite la reanudación del tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz, afecta de forma directa la economía global y el panorama diplomático. En el corto plazo, la disminución del precio del petróleo alivia la presión sobre los países consumidores, fortalece la posición de Irán en Medio Oriente y complica la política interna estadounidense en vísperas de las elecciones intermedias.

Tomás Fenati, especialista en comercio exterior y analista geopolítico, sostuvo en diálogo con Infobae A las Nueve que el acuerdo beneficia principalmente a Irán y deja una posición moderada para Estados Unidos. Además, consideró que el resultado representa un escenario negativo para Israel porque no logró los objetivos que esperaba alcanzar con la ofensiva.

El analista explicó que el entendimiento establece un plazo de 60 días para continuar las negociaciones y no incluye una resolución sobre el programa nuclear iraní. También señaló que el petróleo cotizó cerca de los 79 dólares tras la reapertura del estrecho de Ormuz, un dato que redujo la presión sobre la logística internacional y las expectativas de una recesión global.

El acuerdo y el nuevo equilibrio regional

Fenati afirmó que el contenido conocido hasta el momento muestra un acuerdo favorable para Irán. “Si analizamos ganadores y perdedores, creo que Irán tiene un acuerdo bastante bueno, Estados Unidos un acuerdo moderado y es muy malo para Israel”, expresó.

El especialista indicó que Estados Unidos buscó cerrar el conflicto rápidamente para evitar efectos económicos internos. Según explicó, Donald Trump priorizó una salida rápida para limitar el impacto de un petróleo más caro sobre la inflación estadounidense.

Fenati sostuvo que el acuerdo no resolvió el tema nuclear, que había sido uno de los principales objetivos planteados por Washington. “El acuerdo hoy por hoy lo que hace es un plazo de 60 días para seguir renegociando qué es lo que va a pasar”, afirmó.

También vinculó ese resultado con las diferencias entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Según su análisis, Israel esperaba una caída del régimen iraní que finalmente no ocurrió, lo que dejó a Estados Unidos sin una estrategia clara para la etapa posterior.

El analista agregó que la eliminación de dirigentes iraníes no produjo el colapso del régimen. Esa situación obligó a replantear la estrategia inicial y abrió una etapa de incertidumbre sobre el rumbo del conflicto.

El estrecho de Ormuz como herramienta de negociación

Fenati sostuvo que Irán descubrió una ventaja estratégica durante la guerra. “Irán descubrió que ya quizás ni siquiera necesita un arma nuclear, porque el arma nuclear es el estrecho Ormuz”, afirmó.

El especialista explicó que el control de esa vía marítima permite ejercer presión sobre el comercio energético mundial y condicionar las decisiones de potencias con mayor capacidad militar y económica.

Además, señaló que la guerra modificó la percepción sobre el equilibrio regional. Antes del conflicto, Israel aparecía como una potencia con fuerte capacidad de proyección tras sus avances sobre distintos actores de Medio Oriente.

Sin embargo, Fenati consideró que la guerra fortaleció una agenda regional propia impulsada por países como Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Según explicó, esas naciones buscan reducir su dependencia de Estados Unidos y avanzar con intereses compartidos.

El analista también remarcó que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin sufrieron ataques iraníes por mantener relaciones con Israel. Esa situación abrió interrogantes sobre la continuidad de esas alianzas y sobre el sistema de seguridad regional.

El impacto económico y político del conflicto

Fenati señaló que el aumento del precio del petróleo fue uno de los factores que más afectó a la población estadounidense. Explicó que el valor del combustible tiene una influencia directa sobre la inflación y sobre la percepción de la política exterior.

“Lo que más afectó a los estadounidenses fue el precio del petróleo”, sostuvo. También indicó que muchos ciudadanos no identificaron con claridad cuál era el objetivo del conflicto.

El especialista afirmó que la guerra modificó la posición internacional de Irán. Recordó que antes del conflicto muchos observadores consideraban al país como una potencia regional en retroceso por el debilitamiento de Hamás, Hezbolá y los hutíes, además de la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria.

Para Fenati, el escenario cambió de manera significativa. “Esta guerra para mí cambió todo ese panorama”, expresó. También agregó que ahora “ya no hay duda de que los ayatolás se van a mantener en Irán, de que el régimen va a mantenerse y de que incluso es fuerte y capaz de atacar a países vecinos”.

El analista vinculó el conflicto con el interés creciente sobre América del Sur como región productora de energía. Explicó que Europa y Asia buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz y de los conflictos en Medio Oriente.

Sobre la política interna de Estados Unidos, Fenati sostuvo que una elección legislativa adversa podría reducir la capacidad de maniobra de Donald Trump en el Congreso. También consideró que la evolución del precio del petróleo tendrá un peso importante en la evaluación de su gestión y en el escenario político estadounidense.

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Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo de comercio entre la nación asiática y el Mercosur, según una nota conjunta divulgada por la cancillería brasileña tras una reunión de los mandatarios de ambos países en el G7 en Francia.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado tratados entre el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y socios externos como la Unión Europea, que firmó en enero un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

El izquierdista Lula se reunió este martes con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la cumbre de líderes del G7 a la que Brasil fue invitado.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón“, indicó la nota conjunta.

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio.

“Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur”, declaró Lula durante la reunión con Takaichi.

“Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias”, agregó.

Brasil, un país de perfil exportador, ha enfrentado desde 2025 amenazas arancelarias del gobierno estadounidense de Donald Trump, un aliado de la oposición de derecha a Lula.

Las declaraciones del presidente brasileño se producen después de que el Gobierno japonés manifestara en mayo su interés en iniciar negociaciones con el Mercado Común del Sur (Mercosur) para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica, equivalente a un tratado de libre comercio.

Según informó entonces el diario económico Nikkei, Tokio pretende centrar las conversaciones en la reducción de aranceles para automóviles y en el fortalecimiento de la cooperación energética y minera con los países del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión.

La iniciativa supondría el primer gran acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de Takaichi, que asumió el poder en octubre del año pasado con el objetivo de reactivar la economía japonesa.

Actualmente, el Mercosur figura entre las principales economías con las que Japón aún no mantiene un acuerdo comercial.

En diciembre pasado, ambas partes formalizaron un Marco de Asociación Estratégica para ampliar la cooperación en áreas como comercio, inversiones, transición energética y seguridad económica.

Brasil alberga a la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, mientras que cientos de miles de brasileños residen actualmente en el país asiático.

Además de las negociaciones comerciales, los líderes abordaron asuntos de la agenda económica bilateral, entre ellos la posibilidad de ampliar las exportaciones brasileñas de petróleo al mercado japonés, un tema que ya había sido discutido en recientes encuentros entre las autoridades de ambos países.

El encuentro marcó la primera reunión de Lula con Takaichi, quien en octubre del año pasado se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado interrupciones en su suministro que han obligado a las autoridades a sacar al mercado millones de barriles de sus reservas estratégicas, entre otras medidas.

Japón y el Mercosur llevan años avanzando la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. El pasado diciembre, ambas partes acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica.

(Con información de AFP y EFE)

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que el futuro de Manuel Adorni como jefe de Gabinete se definirá luego de que se presente su informe en la Cámara alta el próximo 2 de julio, aunque ratificó que el partido amarillo reclama su remoción en el cargo.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni en el cargo “no da para más”, y criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete.

Consultado sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista fue tajante: “Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”. Incluso si la iniciativa partiera de bloques opositores más duros, como el kirchnerismo: “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”.

Goerling Lara llamó la atención que la polémica en torno al jefe de Gabinete continúa, incluso cuando gran parte de la atención se la lleva el Mundial de Fútbol: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.

El senador recordó que fue el bloque PRO fue el que solicitó que vaya a comparecer al informe de gestión ante la Cámara alta, y que se llegó a una situación de punto límite tras el informe del funcionario en la Cámara de Diputados. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, aseguró. Y que la presión política y social se incrementó después de la declaración jurada de Adorni y la falta de respuestas claras. “No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, remarcó.

La agenda parlamentaria

El jefe del bloque PRO subrayó la diferencia la moción de censura y la remoción del cargo, que son las distintas que están sobre la mesa de los bloques opositores y cercanos al oficialismo. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, deslizó.

Goerling Lara explicó que, para avanzar con la remoción en el Senado, se requiere mayoría absoluta de 37 votos de la totalidad de los miembros. Remarcó también que, para el oficialismo, “sesionar es riesgoso” en este contexto “porque si se abre el recinto van a suceder cosas”.

La reunión de labor parlamentaria prevista para las 18, señaló, será decisiva para definir si hay sesión este jueves. “La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados del oficialismo que no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción”, contó.

El senador insistió que la permanencia de Adorni como jefe de Gabinete “le está haciendo un daño tremendo” al Gobierno y “está impactando en la imagen presidencial”, donde cuestiones como la “lucha contra la casta” se estaría perdiendo por los escándalos de presunta corrupción. “Era un activo de este Gobierno y lo está dilapidando”, planteó.

Goerling Lara describió la relación del PRO con el Gobierno en dos etapas. “El PRO ha tenido una actitud de acompañar a este gobierno desde el balotaje”, afirmó, recordando el rol clave del partido en la sanción de la Ley Bases: “La ley más importante que mandó este gobierno, que era la herramienta para empezar su gestión, la desempató (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel. Si no le daba votos el PRO, esa ley no salía”.

Sin embargo, anticipó que la actual coyuntura está vinculada a una “segunda etapa” donde el oficialismo “tiene que demostrar cómo quiere gobernar la Argentina”. “Nosotros nos tenemos que preparar porque el año que viene también hay elecciones”, dijo. Sin embargo, ratificó que “el PRO no es oposición al Gobierno en el sentido kirchnerista”.

“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, amplió.

El senador enfatizó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, lamentó Goerling Lara.

“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, concluyó.

Las diferencias sobre la reforma política y el futuro del PRO

El senador también se refirió a la reforma electoral que presentó el Gobierno, en la que anticipó “la mayoría de los senadores no va a eliminar las PASO como competencia electoral previa”. “Podemos sacar la obligatoriedad, discutir el piso para que los partidos participen, el financiamiento, pero que haya primaria”, expresó. Además, defendió el mantenimiento de los debates presidenciales obligatorios porque es una “obligación de los que quieren gobernar la Argentina debatir ideas”.

Sobre el futuro del PRO, Goerling Lara expresó que le encantaría que Mauricio Macri sea candidato a presidente en 2027. “Creo que en una segunda oportunidad, después de la experiencia acumulada, sería un gran presidente. Pero va a depender de él”, planteó, y confió en la reconstrucción partidaria de cara a 2027: “Mauricio está trabajando y poniendo el cuerpo en todo el país, reorganizando nuestra fuerza política. El PRO va a ser protagonista el año que viene, o encabezando una fórmula presidencial o acompañando un frente electoral”.

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Tras el envío del proyecto del Súper RIGI por parte del Gobierno al Congreso, la Fundación Mediterránea criticó el esquema y aseguró que es “otra isla en el océano de distorsiones”, ya que si bien puede hacer viables algunas inversiones de gran escala, también profundiza una lógica de excepciones que no reemplaza la necesidad de reformas más amplias.

Vale mencionar que este régimen apunta a inversiones superiores a los USD 1.000 millones, vinculadas principalmente a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, centros de datos, entre otros.

La Fundación Mediterránea sostuvo que un proceso de crecimiento sostenido requiere una inversión en torno al 25% del PBI, pero Argentina raramente superó el 20% en las últimas dos décadas y en los últimos años se ubicó apenas en el 16% del PBI.

El déficit resulta más notable en el nivel de Inversión Extranjera Directa (IED). Salvo años atípicos, este componente de la inversión nunca superó el 3% del PBI y en 2025 apenas alcanzó el 0,5%. Esto muestra un claro contraste con el 3,7% de Chile y 3,4% de Brasil para el mismo año.

“La baja inversión no tiene una causa única. No son problemas de un sector o de un tipo de inversión; son fallas sistémicas del entorno institucional que afectan a toda la economía”, aseguró la Fundación Mediterránea.

En ese sentido, mencionó como factores principales a la volatilidad macroeconómica, el cepo, los impuestos distorsivos, como derechos de exportación, cheque, ingresos brutos, sellos y tasas municipales que gravan las ventas; la inseguridad jurídica y una política comercial restrictiva.

Por otra parte, comparó la Tasa Interna de Retorno (TIR) entre los diferentes esquemas de incentivos implementados. Tomando como base un hipotético proyecto de inversión, esta sería del 6% bajo el régimen general, 6,6% con los beneficios de la reforma laboral, 6,8% con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), 11,1% con el RIGI y 12,4% con el Súper RIGI.

Consideró que para configurar un entorno favorable para la inversión el camino es darle continuidad al proceso transformador iniciado hace 2 años, a través de las siguientes medidas:

• Sostenibilidad al equilibrio fiscal
• Terminar de eliminar el cepo y converger al régimen monetario y cambiario definitivo, institucionalizando el bimonetarismo al estilo de Perú y Uruguay
• Ordenamiento integral del sistema tributario que permita eliminar los impuestos más distorsivos y que dé confianza a los inversores en la estabilidad de las reglas tributarias en los tres niveles de gobierno
• Modernizar los poderes judiciales para generar confianza entre los inversores de que las controversias se dirimen con objetividad y que la estabilidad jurídica se respeta independientemente del ciclo político

La Fundación Mediterránea sostuvo que es necesario consolidar a los fines de generar un entorno más amigable con la producción. “Hasta ahora se han hecho avances importantes pero parciales y, por lo tanto, insuficientes para revertir los crónicos déficits de inversión. El cúmulo de distorsiones acumuladas llevan a que sea un proceso extremadamente desafiante que demanda perseverancia, cambios disruptivos y tiempo para su maduración”, señaló.

Explicaron que el RIGI viene cumpliendo con éxito sus objetivos de incentivar proyectos en los sectores para los que fue creado; particularmente, en la energía y la minería. “Pero escapa a sus posibilidades operar como una herramienta que dinamice de manera general la inversión”.

Por su propio diseño, aseguran, el RIGI no tiene capacidad para transformar el patrón de inversión prevaleciente en las últimas décadas, dado que su funcionalidad se centra en promover y hacer viables proyectos en determinados nichos.

Como aspecto positivo del Súper RIGI, destacaron que no existe costo fiscal porque “las eximiciones y reducciones de alícuotas son sobre impuestos que, de no ejecutarse el proyecto, no se recaudarían”. Tampoco se generan pérdidas cambiarias, ya que “la libre disponibilidad de divisas es sobre divisas que no se generarían si el proyecto no se ejecuta”.

El compromiso de mantener las condiciones tributarias y establecer canales especiales para controversias también se justifica, siempre que “son proyectos que de otra manera no se ejecutarían”.

Entre las desventajas, se destaca que la existencia de regímenes especiales “aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado como para las empresas”. Además, “mientras más complejas son las reglas mayores son los costos y los riesgos de desvíos y discrecionalidades”.

Las empresas tienen incentivos a destinar recursos para calificar en estos regímenes, y el Súper RIGI incorpora “disposiciones expresas anti-elusión (que modifiquen artificialmente sus proyectos o estructuras solo para acceder a los beneficios fiscales previstos)”, lo que implica el reconocimiento de ese riesgo.

La entidad sostuvo que es recomendable priorizar las reformas generales y, en materia de regímenes especiales, ajustarse a la estrategia original de que el RIGI es una herramienta que adelanta de manera transitoria condiciones que se irán generalizando a medida que avance el proceso de transformaciones estructurales.

“No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Particularmente, no se justifica crear un nuevo régimen (el Súper RIGI) con características muy similares al que ya está operando con éxito (el RIGI). Máxime cuando no se cambian sustancialmente la estructura de beneficios especiales”, señaló el documento.

“Buena parte de los objetivos que se espera alcanzar con el Súper RIGI se podrían lograr sin establecer una nueva normativa de excepción sino en una mejora en el diseño y aplicación del RIGI. Para ello, los esfuerzos deberán estar centrados en buscar los instrumentos para que sea más atractivo explotar las ventajas que ofrece la Argentina, más que seguir agregando ‘super’ excepciones, mientras que el resto de la producción sigue lidiando con los enormes déficits institucionales que todavía padece la Argentina”, concluyó la Fundación Mediterránea.

El presidente William Lai anunció que el Ejército de Taiwán creará el próximo mes un escuadrón de drones financiado con un presupuesto especial de defensa, partidas suplementarias o un aumento del presupuesto general, una decisión con la que el Gobierno busca sostener la adquisición de armamento y la preparación militar pese a los recortes al gasto castrense.

La nueva unidad dependerá del Comando del Área de Guandu y forma parte del esfuerzo por incorporar tecnología innovadora a las fuerzas armadas y reforzar la capacidad de defensa de la isla, dijo Lai al dirigirse a personal militar tras visitar el 3er Escuadrón de Radar de la Fuerza Aérea, la Estación de Radar Songshan de la Armada y ese mando del Ejército, según Taipei Times.

El escuadrón estará integrado por 126 soldados y será comandado por un teniente coronel, dijo una fuente no identificada. La misma fuente indicó que el Ejército ya asignó soldados y suboficiales para actuar como operadores de drones en la unidad que está por formarse.

“No cederemos ante los recortes masivos al presupuesto de defensa nacional, sino que apoyaremos a las fuerzas de la nación mediante otra ley especial o un presupuesto suplementario, o aumentando el presupuesto general”, dijo Lai. El presidente agregó que el Gobierno debe “garantizar que la adquisición de armamento defensivo y los preparativos se lleven a cabo con éxito y que se logre el objetivo de la autosuficiencia en defensa nacional”.

Cómo será el nuevo escuadrón

El Comando del Área de Guandu tiene a su cargo la defensa de Taipéi y de Nueva Taipéi frente a operaciones militares hostiles, incluidos asaltos anfibios a través del río Tamsui, ataques terrestres y operaciones especiales e infiltración, según Taipei Times. En ese esquema, las unidades de radar de la fuerza aérea y la armada aportan alerta temprana, recolección de inteligencia e identificación de objetivos para el conjunto del aparato militar, según el mismo medio.

Lai vinculó el nuevo paso con la necesidad de adaptar a las fuerzas armadas a cambios acelerados en la geopolítica regional. También instó al personal a perfeccionar sus habilidades de combate, su capacidad para utilizar tecnología y su preparación operativa.

A comienzos de este mes, el presidente asistió a un ejercicio con fuego real de drones Altius-600M, una demostración que, según dijo, muestra avances del Ejército en la incorporación de la tecnología necesaria para responder a amenazas emergentes a la seguridad nacional. Durante su recorrido de ayer también agradeció a los militares y afirmó que cuentan con el reconocimiento de toda la nación, según el diario.

Etapa de modernización y debate sobre el gasto militar

El anuncio del escuadrón se produjo el mismo día en que el primero de los aviones F-16V Block 70 adquiridos por Taiwán fue visto en Texas antes de su entrega. El legislador del Partido Progresista Democrático Wang Ting-yu escribió en Facebook que el primer F-16V Block 70 biplaza de Taiwán, con número de cola 6831, fue visto volando desde la planta de producción de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur, hasta la Base Aérea de Reserva Conjunta Naval de Fort Worth, en Texas.

Wang, citando a analistas militares, dijo que la aeronave probablemente atraviesa preparativos para su transferencia a Taiwán, un avance para el programa de modernización de la Fuerza Aérea de la República de China. La compra total comprende 66 cazas, de acuerdo con el mismo medio.

Ese proceso de refuerzo militar convive con dudas sobre la financiación. El Instituto Naval de Estados Unidos señaló en un informe publicado el martes que el presupuesto de defensa de Taiwán, la cantidad de personal militar y la resiliencia son desafíos para cumplir los objetivos de defensa nacional.

El informe, titulado Taiwan: Defense and Military Issues y elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, sostuvo que la división partidaria entre el gabinete y la legislatura “planteó preguntas sobre la capacidad de Taiwán para financiar adecuadamente su defensa”. El mismo reporte indicó que el presupuesto de defensa taiwanés aumentó cerca de 7,5% entre 2024 y el año pasado, de acuerdo con el diario.