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La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: “Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

El GNL, en plena transición

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.

La firma de un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para poner fin a más de tres meses de guerra no logra despejar la incertidumbre entre amplios sectores de la población iraní. Aunque el régimen de Teherán sostiene que el entendimiento representa un triunfo político y diplomático, numerosos ciudadanos afirman que la realidad cotidiana sigue marcada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de expectativas sobre una mejora inmediata.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, presentó el pacto como una victoria para la República Islámica. Sin embargo, el impacto acumulado de los bombardeos estadounidenses e israelíes, sumado al bloqueo que afectó a los puertos iraníes durante el conflicto, profundizó la crisis económica que ya se arrastraba desde hace años debido a las sanciones internacionales.

La percepción de muchos habitantes es que el fin de las hostilidades no implica necesariamente el inicio de una recuperación. Amir, propietario de una empresa de producción audiovisual en la ciudad de Isfahán, describió un escenario dominado por la supervivencia cotidiana.

“Creo que el 99% de la gente está en modo supervivencia y simplemente vive día a día. No creo que nadie tenga esperanzas ya”, afirmó.

Las dudas también alcanzan a quienes no se identifican ni con el oficialismo ni con la oposición. Un comerciante de Teherán consideró que el acuerdo todavía enfrenta demasiadas incertidumbres.

“No veo este acuerdo como algo muy interesante. No parece que vaya a durar mucho tiempo”, señaló.

El deterioro económico aparece como una de las principales preocupaciones. La guerra agravó problemas que ya afectaban a millones de iraníes y redujo aún más la capacidad de consumo de los hogares.

“Nos hemos adaptado a hacer nuestra mesa más pequeña”, comentó el dueño de un café en la capital, aludiendo a la reducción de gastos familiares.

Una estudiante universitaria de 25 años aseguró que el aumento de los precios modificó incluso las actividades más básicas de los jóvenes.

“Todo empeoró y se volvió exponencialmente más caro”, sostuvo. Según relató, ella y sus amigos ya no pueden costear reuniones habituales en cafeterías o espacios recreativos.

Las preocupaciones económicas conviven con otra inquietud: la posibilidad de una nueva ola represiva. Diversos ciudadanos consultados consideran que la estructura de seguridad del Estado podría fortalecerse tras el conflicto y utilizar el contexto de posguerra para ampliar los controles internos.

Ese temor es especialmente visible en las regiones donde viven minorías étnicas, áreas que históricamente registraron algunos de los episodios más violentos durante anteriores protestas. Un residente de la provincia de Kurdistán afirmó que el resultado de la guerra podría reforzar a los organismos de seguridad.

“Dejar al régimen en este estado aumenta el poder de las instituciones represivas”, expresó.

A pesar de ello, algunos consideran que las dificultades económicas podrían volver a generar manifestaciones en el futuro. Según esa visión, el recuerdo de la violencia registrada durante las protestas de enero podría contener temporalmente el descontento, pero no eliminar sus causas.

Otro estudiante kurdo sostuvo que el conflicto agravó los problemas existentes en la región.

“La guerra no hizo más que causar más problemas para los kurdos”, afirmó, al referirse tanto al impacto económico como al clima de inseguridad que se instaló durante los enfrentamientos.

Mientras tanto, las autoridades iraníes han impulsado actos públicos, homenajes y concentraciones en distintas ciudades para destacar la narrativa oficial de resistencia y unidad nacional. Los sectores más cercanos al poder sostienen que el país logró resistir las presiones externas y preservar sus objetivos estratégicos.

Saeed Ajorlou, director de un periódico alineado con posiciones conservadoras, reconoció que existen demandas de mayores resultados, aunque defendió la postura oficial.

“No es el caso que estemos muy contentos con este documento que hemos obtenido. Nuestra gente quiere más que esto”, dijo. No obstante, agregó: “No piensen que nuestra gente está cansada. Nuestra postura es una postura de victoria”.

Sin embargo, para muchos iraníes el futuro sigue siendo incierto. Aunque el memorando será formalizado en los próximos días y las negociaciones continuarán para alcanzar un acuerdo definitivo, gran parte de la población espera señales concretas antes de creer que el fin de la guerra podrá traducirse en una mejora real de sus condiciones de vida.

(Con información de Reuters)

El régimen iraní dijo este miércoles que estudia la posibilidad de que su presidente Masud Pezeshkian participe directamente en la firma del memorando de entendimiento acordado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La ceremonia está prevista para el viernes en Suiza.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló que la propuesta se encuentra bajo evaluación y que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“En cuanto a la firma del memorando de entendimiento, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente”, declaró.

Las declaraciones llegan en medio de los preparativos para el encuentro previsto en territorio suizo, donde ambas partes buscan formalizar el acuerdo alcanzado tras casi cuatro meses de enfrentamientos que involucraron a varios actores de la región.

Baqai indicó que la organización del encuentro sigue adelante sin modificaciones. “Hasta ahora, nuestros planes para la reunión no han cambiado”, afirmó al referirse a la agenda prevista para el viernes.

Hasta ahora, Irán había informado que estaría representado por el presidente del Parlamento y principal negociador del proceso, Mohamad Baqer Qalibaf. Del lado estadounidense, la figura prevista para asistir era el vicepresidente JD Vance.

La posibilidad de que los mandatarios encabecen personalmente la firma elevaría el peso político de la ceremonia y convertiría el encuentro en uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países en décadas.

Aunque Teherán abrió la puerta a esa opción, todavía no existe una confirmación oficial sobre la participación de Pezeshkian ni de Donald Trump en el acto.

La postura de Trump sobre la firma

Desde Francia, donde participó en la cumbre del G7, Trump sostuvo que el documento será rubricado “pronto” y señaló que la formalización podría producirse “quizá” el jueves o el viernes.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de firmar personalmente el memorando, dejó dudas sobre su participación directa. “Podría” permanecer en Europa para el acto, respondió inicialmente, aunque luego agregó que “no es el tipo de documento que yo debería firmar”.

Trump ha presentado el acuerdo como uno de los principales logros diplomáticos de su administración. Durante su participación en el G7 aseguró que el entendimiento alcanzado con Irán cumple los objetivos estratégicos fijados por Washington.

“Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, afirmó.

El memorando busca cerrar formalmente la guerra iniciada a finales de febrero y crear un marco para negociaciones posteriores sobre asuntos pendientes entre ambos países.

Entre los temas que seguirán en discusión figuran las restricciones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas a Teherán y los mecanismos de seguridad regional.

Washington sostiene que el acuerdo permitirá impedir que Irán desarrolle armamento nuclear y contribuirá a estabilizar una zona clave para el comercio energético mundial.

Además, la reapertura completa del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos centrales del entendimiento debido a la importancia estratégica de esa ruta marítima para el transporte internacional de petróleo.

Mientras se ultiman los detalles de la ceremonia, la atención diplomática está centrada en determinar quiénes serán finalmente los firmantes del documento. La eventual presencia de Trump y Pezeshkian daría una dimensión política adicional a un acuerdo que ambas partes presentan como el inicio de una nueva fase tras meses de conflicto.

El Gobierno atraviesa horas complejas marcadas por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A la causa judicial se suma el rechazo de la oposición y el creciente cuestionamiento de sectores aliados de la Casa Rosada, como el PRO y la Unión Cívica Radical, que debaten si acompañan o no el pedido de interpelación al funcionario. Aunque el accionar de los sectores afines genera malestar en algunos despachos oficiales, predomina entre los libertarios una lectura comprensiva de la estrategia y evitan confrontar.

“Es su juego. Vos les podes pedir que te acompañen en proyectos, pero no podes pedirle que no hagan algo en lo que ni los propios estamos del todo convencidos”, admitió un senador violeta de peso ante Infobae.

Si bien el exvocero presidencial cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la persistencia del tema en la agenda dio lugar a que varios integrantes del oficialismo comenzaran a cuestionar la continuidad del funcionario. “Lo mejor que le puede pasar es irse, como vamos a pedirle a los aliados que lo sostengan. Ellos hacen su juego y lo hacen moderado, ni siquiera están a la cabeza”, sostuvo una fuente legislativa al respecto.

“Es una reacción lógica”, sentenció ante este medio otra fuente que transita diariamente Casa Rosada. “Estamos bien, les incomoda, pero es normal”, coincidió un integrante de la mesa política que por estas horas intenta desarticular la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Senadores.

En minoría, hay quienes receptaron con malestar los gestos del partido que lidera formalmente el expresidente Mauricio Macri y piden tomar distancia. “No puedo entender lo que hacen. No podemos tener aliados del Gobierno que pidan lo que piden. Es insólito”, planteó un segundo miembro del reducido círculo designado por el mandatario.

Desde el entorno del jefe de Gabinete descartan que el vínculo con el PRO y la UCR haya empeorado tras las gestualidades esbozadas en las últimas horas, pero aseguran que harán los reclamos “a su debido tiempo”. “Primero vamos a trabajar en esas tensiones”, precisaron.

Como contó este medio, el oficialismo activó un operativo para dialogar con los sectores socios y posponer la actividad legislativa hasta el jueves 2 de julio, fecha prevista para que el ministro coordinador asista al Senado a brindar el informe de gestión. Para la tarea fueron designados la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Sin embargo, desde una de las bancadas rechazaron la existencia de “vías de negociación” abiertas con el Poder Ejecutivo. “Nadie llamó para negociar. Quieras o no, esto es un toma y daca. No vamos a hacer más favores”, precisó un diputado a este medio.

En paralelo, varios referentes de los espacios aliados endurecieron públicamente su postura frente al caso. El diputado Fernando De Andreis (PRO) pidió la salida del jefe de Gabinete y sostuvo que “le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, al Presidente y al Gobierno”. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad (UCR) afirmó que “la mayoría de los dirigentes, la mayoría de la sociedad y hasta sectores del oficialismo coinciden en que tiene que irse”.

Ese clima toma temperatura en el Congreso. Esta mañana, el jefe del bloque amarillo en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que, si el tema llega al recinto, acompañarán un eventual pedido de censura o de remoción de Adorni. En Diputados, en cambio, el PRO todavía no fijó una posición unificada, aunque tampoco descarta habilitar el debate. El radicalismo, por su parte, mantiene conversaciones entre sus gobernadores, que continúan en contacto con Santilli.

Tras la goleada por 3-0 ante Argelia, miles de argentinos buscan viajar desde Buenos Aires a Texas, Estados Unidos, para ver a la selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026. Esto implica una inversión significativa tanto en pasajes aéreos como en entradas y alojamiento, según las opciones relevadas.

Para quienes planean asistir al segundo partido de la Scaloneta, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, existen propuestas de paquetes turísticos que incluyen diferentes servicios y combinaciones de alojamiento, entradas y traslados. A continuación, un repaso por las alternativas ofrecidas por agencias de viaje, según la información disponible.

Cuánto cuesta viajar a ver a la selección argentina

La opción de Modo Vuela para el segundo encuentro incluye un paquete con aéreo internacional ida y vuelta, tres noches de alojamiento en hotel cuatro estrellas, entrada categoría 1 para el partido, traslados entre el hotel y el estadio, y asistencia al viajero. El precio parte desde USD 5.490 por persona en base doble, en hotel cuatro estrellas y entrada categoría 3.

Otra propuesta de la misma agencia suma la posibilidad de presenciar dos partidos de la Albiceleste: Argentina vs. Austria y Argentina vs. Jordania, ambos en el mismo estadio. Este plan contempla ocho noches en Dallas (con hotel tres o cuatro estrellas), entradas de categoría 3, 2 o 1 para ambos encuentros, traslados entre el hotel y el estadio, asistencia al viajero y la opción de tres noches adicionales sin costo en Galveston, en un hotel de playa. El paquete arranca en USD 5.990 por persona en hotel tres estrellas y entradas categoría 3.

También tiene a disposición un paquete específico para los eventuales dieciseisavos de final en Miami. Esta alternativa incluye pasaje aéreo internacional, tres noches de alojamiento en Beachwalk Hotelería, traslados entre el hotel y el estadio, entrada oficial en categoría 3 para el partido de dieciseisavos y una experiencia mundialista completa en Miami. El valor es de USD 4.990 por persona en base doble, con un suplemento de 620 dólares para quienes viajen sin acompañante.

Por su parte, otra firma turística ofrece una alternativa más acotada, que incluye tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas en Dallas (sin pensión), traslados ida y vuelta al estadio, entrada al partido en categoría 3, coordinación en destino y asistencia al viajero.

No están incluidos los aéreos, desayunos ni el resort fee de los hoteles. Los valores varían según la categoría de la entrada: USD 3.726 por persona para hotel tres estrellas y entrada categoría 3, USD 4.142 con entrada categoría 2 y USD 5.076 con entrada categoría 1.

A estas opciones se suma la propuesta de una compañía patagónica, que ofrece dos noches de alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno, entrada categoría 3 para el partido Argentina vs Austria en el AT&T Stadium y una camiseta argentina conmemorativa de los campeones del 86.

El servicio incluye coordinación permanente durante la estadía y tiene un valor de USD 1.910 por persona, con la opción de abonar en pesos argentinos. Este paquete no cubre los vuelos, traslados desde el aeropuerto, comidas y bebidas, impuestos locales ni gastos personales.

Las diferencias entre los paquetes radican en la cantidad de noches de alojamiento, la categoría de las entradas, la inclusión o no del pasaje aéreo y los servicios adicionales, como traslados, excursiones o regalos exclusivos. Elegir entre ellos depende del tipo de experiencia buscada y el presupuesto disponible para acompañar a la Selección en uno de los partidos más esperados del Mundial.

Cuánto cuesta el vuelo a Estados Unidos

Para aquellos que elijan sacar un paquete sin vuelos, una compañía norteamericana ofrece un trayecto con salida el 19 de junio desde Ezeiza a las 21, con llegada a Dallas a las 16.12 tras una escala, y regreso el 23 de junio a las 17.24 desde Dallas, llegando a Buenos Aires a las 8 del día siguiente, también con una escala. El precio final por persona en esta alternativa es de 1.501 dólares.

Otra posibilidad es volar por otra aerolínea estadounidense, partiendo desde Aeroparque el 19 de junio a las 20.05 y arribando a Dallas a las 14.52, con una escala. El vuelo de regreso sale el 23 de junio a las 18:40 desde Dallas y llega a Ezeiza a las 9.45, también con una escala, con un valor de USD 1.534 por persona.

Una firma latinoamericana presenta una opción con dos escalas, partiendo el 19 de junio a las 7.35 desde Ezeiza y llegando a Dallas a las 00.19, y el regreso el 23 de junio a las 13.55 desde Dallas, con arribo a Buenos Aires a las 9:45, en ambos casos con una y dos escalas respectivamente. El monto final por persona en esta alternativa es de 1.499 dólares.

Todas las tarifas corresponden a vuelos en clase económica con equipaje incluido y reflejan los valores finales por persona. Estos montos solo contemplan el traslado aéreo entre Buenos Aires y Dallas, sin incluir gastos adicionales como alojamiento, traslados locales o entradas para el partido, que se deberan sumar a los montos mencionados.

El primer ministro británico, Keir Starmer, desafió este miércoles desde la cumbre del G7 celebrada en Évian a quienes reclaman su renuncia y prometió combatir cualquier impugnación formal a su liderazgo. Lo hizo horas antes de que este jueves se celebre la elección parcial de Makerfield, una circunscripción del noroeste de Inglaterra donde el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, aspira a recuperar un escaño parlamentario que lo convertiría en el principal aspirante a sucederlo al frente del Partido Laborista.

“Si hay un desafío, tengo la intención de pelear en cualquier contienda a mi liderazgo”, declaró Starmer a la BBC. “No creo que deba haber un desafío, porque creo que eso sería malo para el país.”

La crisis que atraviesa el Gobierno laborista es la más grave desde que Starmer llegó al poder en julio de 2024. En menos de un mes, seis miembros del Ejecutivo presentaron su dimisión, incluidos el ex secretario de Sanidad, Wes Streeting, y el ex ministro de Defensa, John Healey, dos figuras de peso que abandonaron el gabinete con críticas públicas y contundentes al primer ministro.

Streeting, que renunció en mayo con la frase “donde necesitamos visión, hay un vacío”, fue el primero en anunciar su intención de disputarle el liderazgo a Starmer. Este martes por la noche, en una entrevista con el programa Newsnight de la BBC, elevó la presión: aseguró contar con el respaldo de los 81 diputados laboristas necesarios para activar formalmente una contienda interna y pidió al primer ministro que usara el fin de semana para “reflexionar sobre su posición”. Bajo las normas del partido, ese umbral —equivalente al 20% del grupo parlamentario laborista— es el que permite presentar un candidato alternativo a la dirección.

“Preferiría que el primer ministro tomara una decisión por sus propios medios antes que dejar que yo, o Andy, o cualquier otro tuviera que activar una contienda”, dijo Streeting. “No podemos seguir con esta incertidumbre y esta parálisis.”

La elección parcial de Makerfield, que se celebra este jueves 18 de junio, es el detonador inmediato de toda la crisis. El escaño quedó vacante cuando el diputado laborista Josh Simons renunció en mayo de forma deliberada para abrirle el camino a Burnham, quien no puede disputar el liderazgo del partido sin ser primero miembro del Parlamento. Las reglas laboristas exigen que cualquier candidato a la dirección sea diputado en activo. Encuestas recientes del instituto Convergent para The Times sitúan a Burnham con el 49% de intención de voto frente al 37% del candidato de Reform UK, el partido de Nigel Farage, lo que convierte la parcial en una carrera competitiva pero con Burnham como claro favorito.

El deterioro del laborismo tiene raíces que van más allá de la crisis personal de Starmer. Desde las elecciones locales del 7 de mayo, en las que el partido sufrió sus peores resultados desde hace años y Reform UK consolidó su avance en bastiones obreros del norte de Inglaterra, más de 95 diputados laboristas han pedido públicamente la salida del primer ministro o que fije un calendario de transición. A las dimisiones de Streeting y Healey se sumaron en semanas previas las de la ex viceprimera ministra Angela Rayner y la del embajador en Washington, lord Mandelson, en medio de revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La parcial de Makerfield encierra una paradoja política de fondo: fue convocada para resolver la inhabilidad reglamentaria de Burnham, pero Starmer la utilizó esta semana para intentar reencauzar las expectativas del partido. Si Burnham gana, como anticipan las encuestas, el primer ministro tendrá pocas semanas —o quizás días— para demostrar que puede mantenerse en el cargo antes de que se abra formalmente la que sería la primera contienda interna laborista desde que Jeremy Corbyn cedió el liderazgo en 2020.

En el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió con Giles Thomson, próximo presidente del organismo para el período 2026-2028, en un encuentro que puso el foco en cómo reforzar la prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.

La reunión también dejó una señal política para la Argentina: las autoridades valoraron la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegación ante el GAFI y el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a esas amenazas.

En la delegación estuvieron, además de Mahiques -quien estuvo acompañado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki-, los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.

Durante el intercambio, Mahiques y Thomson abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de integridad financiera. También analizaron la necesidad de sostener espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.

Ese fue el núcleo de la conversación bilateral: las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas son herramientas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta de los Estados ante fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.

El GAFI destacó el aporte del Poder Judicial en la delegación argentina

Uno de los puntos resaltados en el encuentro fue la participación del Poder Judicial dentro de la representación argentina en el plenario. Según la información difundida sobre la reunión, ese esquema fue presentado como un elemento de valor para fortalecer la aplicación concreta de los estándares promovidos por el organismo.

La discusión no se limitó al diseño institucional. También incluyó la necesidad de que jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, entes de supervisión y agencias encargadas del cumplimiento mantengan canales de trabajo articulados para responder con mayor eficacia al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación.

Mahiques sostuvo que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI. En esa línea, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución de esos delitos y con una mayor cooperación internacional.

La referencia a la futura conducción del organismo surgió en el marco de la reunión con Thomson, quien ejercerá la presidencia del GAFI entre 2026-2028. El intercambio permitió conectar la agenda argentina con las prioridades que el foro internacional proyecta para esa etapa.

Respalo a la Argentina por avances desde 2024

La delegación argentina también mantuvo una reunión con Elisa de Anda Madrazo, presidenta saliente del GAFI. Allí, la funcionaria felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.

De Anda Madrazo destacó además la participación activa de la delegación argentina tanto en el plenario como en los distintos grupos de trabajo. Sumó a esa evaluación el compromiso mostrado por el país en la implementación de las acciones derivadas de ese proceso.

Ese reconocimiento se incorporó al balance de la presencia argentina en París, donde la agenda oficial combinó la discusión sobre estándares internacionales con la defensa de una mayor coordinación doméstica entre los actores que intervienen en la prevención, detección e investigación de delitos financieros.

El director del Centro de Estudios Económicos de la UBA, Raúl Sánchez, analizó en Infobae en Vivo el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en la productividad de las empresas. También puso foco en el impacto que puede tener el Súper RIGI en este área.

Sánchez advirtió que la discusión sobre la reducción de horas y días laborales adquiere características propias en cada región. Según el especialista, en Europa el debate sobre la reducción de la jornada laboral se da en condiciones distintas a las de América Latina, donde los marcos legales suelen ser más flexibles y la cantidad de horas laborales diarias es mayor.

El avance de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo aparece como un factor determinante. Sánchez consideró que los desarrollos tecnológicos permiten mantener la productividad con una menor carga horaria. “No es necesario trabajar tantas horas hoy con los avances tecnológicos y científicos”.

Planteó que “hoy podemos trabajar menos horas y producir la misma cantidad de bienes y servicios”, aunque señaló que la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales aún genera dudas.

Al referirse al impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes), Sánchez alertó que es necesario analizar en detalle los costos de implementación de esta tecnología y su posible traslado a los precios, principalmente por la demanda de energía que genera.

Al mismo tiempo, dijo que la cantidad de puestos de trabajo generados por todo lo que gira en torno a la industria de la IA es mucho menor a lo que generan sectores como la industria manufacturera y la construcción.

En tanto, Sánchez remarcó que el abastecimiento de energía ocupa un rol central. Sostuvo que la inteligencia artificial requiere una gran capacidad energética, y allí cobra relevante el Súper RIGI.

Indicó que, con ese proyecto, en contextos donde la demanda supera la oferta, las empresas tecnológicas pueden verse priorizadas en el suministro, con riesgo para el abastecimiento en comunidades del interior. “Si una empresa necesita electricidad en un pueblo y no hay suficiente, el pueblo se queda sin insumo antes que la empresa”.

En relación a la propuesta de crear un distrito IA en la ciudad de Buenos Aires, Sánchez expresó escepticismo por el consumo energético que implicaría una concentración de empresas tecnológicas en el microcentro. Agregó que la instalación de compañías del sector podría modificar el valor del metro cuadrado en la zona, generando efectos sobre la plusvalía urbana.

Por otro lado, afirmó: “La inteligencia artificial puede tomar decisiones sin consultar al humano. Ese es el peligro“. En esa línea, la regulación tecnológica y la asignación de responsabilidades constituyen otro eje del debate. Sánchez propuso la necesidad de un marco regulatorio claro para determinar quién asume la responsabilidad ante eventuales errores o consecuencias negativas de decisiones tomadas por sistemas automatizados.

La discusión planteada por Sánchez también incluye una perspectiva sobre el rol del Estado en la regulación. En ese sentido, se refirió al proyecto del Gobierno de Sociedades IA, en el marco de modificaciones a la ley de Sociedades.

El presidente Javier Milei propuso en una columna del Financial Times un marco legal que otorgue personalidad jurídica y responsabilidad limitada a sociedades automatizadas y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que operan mediante inteligencia artificial (IA) y blockchain. El proyecto de ley busca fomentar el desarrollo libre de la IA sin regulación previa y establece un régimen fiscal competitivo para estas entidades.

Al respecto, Sánchez dijo: “Esto va de la mano de una ideología, que es un Estado sin regulación prácticamente”.

Así, el especialista reiteró que la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la producción exige un debate amplio sobre marcos regulatorios, responsabilidades y el impacto en el acceso a recursos esenciales.

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