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Ceuta es una ciudad autónoma perteneciente a España, ubicada en la costa norte del continente africano, justo frente a la península ibérica y a orillas del estrecho de Gibraltar. Durante la madrugada del jueves 30 de julio, cientos de migrantes procedentes de Marruecos saltaron la valla fronteriza que delimita Ceuta mientras agentes de la fuerza auxiliar marroquí se retiraban del área. No fue un hecho repentino: a lo largo de esa semana, alrededor de 2.000 personas habían llegado a nado desde la orilla marroquí a razón de unos 300 por día, según cifras del gobierno local. En apenas diez días, el equivalente al 2% de la población total de la ciudad había cruzado al territorio. Los centros de recepción colapsaron y cientos de personas durmieron en la calle.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, describió la situación como “una emergencia humanitaria y social absoluta”, según la agencia de noticias internacional Reuters, y le pidió al gobierno central que declarara una emergencia de seguridad nacional, con despliegue del Ejército incluido. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta —con representación de todos los partidos, incluido el PSOE— respaldó el pedido de forma unánime. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el viernes 31 de julio tenía previsto viajar a la ciudad para evaluar la situación sobre el terreno.

Un fallo reciente del Tribunal Supremo de España precipitó, al menos en parte, la avalancha. El tribunal determinó que la legislación migratoria no permite las “devoluciones en caliente” de personas interceptadas en el mar mientras intentan nadar hacia Ceuta, a diferencia de quienes escalan la valla por tierra. La resolución se difundió en redes sociales y, conforme a la información de Euronews, canal de noticias europeo, actuó como un incentivo para que miles de personas se lanzaran al agua. En el mismo período, al menos 60 cuerpos habían sido rescatados del mar. Marruecos, por su parte, descartó haber facilitado los cruces y atribuyó la oleada a redes criminales de tráfico de personas.

Lo ocurrido esa semana de julio no fue un episodio aislado: fue la expresión más reciente de una tensión estructural que se origina en la naturaleza misma de Ceuta. Para entender por qué esta ciudad existe donde existe, y por qué su frontera se convirtió en uno de los puntos más vigilados del planeta, es necesario recorrer su geografía, su historia y el marco legal que la sostiene.

En ese marco, según los datos de Google Trends para Argentina, el interés por Ceuta registró un fuerte crecimiento durante las últimas horas, con una curva ascendente que alcanzó su punto máximo este jueves. El aumento coincide con la renovada atención internacional sobre la ciudad española ubicada en el norte de África, luego de los episodios de presión migratoria registrados en su frontera con Marruecos.

Las consultas asociadas ayudan a entender qué buscan los usuarios cuando el tema se vuelve tendencia. Entre las búsquedas con mayor crecimiento aparecen “Ceuta mapa”, “Ceuta Marruecos”, “Ceuta España mapa”, “Tarajal Ceuta” y “qué es Ceuta”, mientras que entre los temas relacionados sobresalen España, Ciudad Autónoma de Melilla, frontera, mapa y distancia. El patrón de búsquedas muestra que el principal interés de los argentinos pasa por ubicar geográficamente a Ceuta, comprender por qué pertenece a España pese a estar en África y conocer las características de su límite terrestre con Marruecos.

Dónde queda Ceuta

Ceuta ocupa una estrecha península en la costa norte de África, justo en el punto donde el mar Mediterráneo se abre al océano Atlántico. Según describe la Encyclopædia Britannica (enciclopedia académica de referencia), la ciudad se asienta sobre un istmo angosto que une el monte Hacho —también bajo dominio español— con el continente africano. Al norte, al este y al oeste la rodean las aguas; al sur, comparte una frontera terrestre de 6,4 kilómetros con la prefectura marroquí de M’diq-Fnideq. Apenas 17 kilómetros de estrecho la separan de la provincia española de Cádiz.

Con una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 83.500 habitantes, la ciudad es plenamente parte de España —y por tanto de la Unión Europea (UE)— a pesar de estar físicamente rodeada por territorio marroquí. Junto con Melilla —otra ciudad española ubicada unos 400 kilómetros más al este sobre la misma costa—, Ceuta constituye la única frontera terrestre entre la UE y el continente africano, lo que la convierte en destino gravitacional para miles de personas cada año.

Por qué es española si está en África

El año 1415 marca el punto de inflexión. Ceuta era entonces un puerto central del mundo islámico. Ese año, Portugal la conquistó en el marco de su expansión atlántica. La ciudad permaneció bajo dominio luso por más de un siglo y medio, hasta que en 1580 Portugal y España quedaron unidas bajo la misma corona en la llamada Unión Ibérica. Durante ese período, Ceuta recibió un flujo notable de colonos españoles. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la población de la ciudad optó de forma mayoritaria por permanecer bajo la corona española, decisión que Portugal reconoció formalmente con el Tratado de Lisboa de 1668. Desde entonces, España ejerce soberanía ininterrumpida sobre el territorio.

Cuando Marruecos accedió a la independencia en 1956, tras décadas de protectorado compartido entre España y Francia, Ceuta quedó explícitamente fuera del proceso de descolonización. El argumento jurídico de España descansa en dos pilares: que la soberanía sobre el territorio fue establecida siglos antes de que Marruecos existiera como Estado, y que Ceuta está integrada en la Constitución española como entidad autónoma con plenos derechos para sus habitantes.

Una revisión publicada en la revista académica International and Comparative Law Quarterly de la Universidad de Cambridge concluyó que la reclamación marroquí sobre Ceuta es jurídicamente débil y que la Organización de Naciones Unidas (ONU) nunca incluyó al territorio en su lista de territorios pendientes de descolonización. Desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1995, Ceuta cuenta con una asamblea legislativa propia y un régimen jurídico intermedio entre el de un municipio y el de una comunidad autónoma.

Por qué Marruecos la reclama

Marruecos encuadra sus reivindicaciones sobre Ceuta en el concepto del Gran Marruecos, una doctrina que postula la soberanía marroquí sobre territorios que históricamente formaron parte del mundo árabe-bereber del noroeste africano. Desde la independencia de 1956, el reino alauita mantuvo esa reclamación con distintos niveles de intensidad según el estado de las relaciones bilaterales.

No obstante, Marruecos nunca llevó la cuestión hasta sus últimas consecuencias: no presentó una reclamación formal ante la ONU para incluir a Ceuta en la lista de territorios pendientes de descolonización, lo que debilitó su posición jurídica, según establece el International and Comparative Law Quarterly. Los intentos armados de recuperar el territorio durante los siglos XVIII y XIX fracasaron. Frente a la crisis de julio de 2026, Marruecos optó por una postura de distancia formal, atribuyendo la oleada a redes criminales, mientras el debate político en España y en Bruselas volvía a centrar la atención en los 17 kilómetros que separan Europa de África.

Cómo es su frontera con Marruecos

La frontera entre Ceuta y Marruecos es una de las más vigiladas del planeta. Tal como describe la Encyclopædia Britannica, la ciudad está rodeada por una doble valla de seis metros de altura rematada con alambre de espino, con puestos de vigilancia regulares y una vía interna para patrullas. Cables subterráneos conectan focos, sensores de movimiento y cámaras de video a una cabina de control central; decenas de embarcaciones patrullan la costa.

La primera valla se construyó en 1993, con 2,5 metros de altura, y fue reforzada de forma progresiva hasta alcanzar seis metros —y hasta diez en los tramos más críticos—. El 75% del costo inicial fue financiado por la UE, lo que convirtió a la barrera en una expresión material de la política migratoria comunitaria.

Según datos citados por Reuters, las llegadas irregulares a Ceuta en 2026 acumulaban hasta mediados de año un aumento del 164% respecto al mismo período de 2025. La crisis del 30 de julio recordó a la de mayo de 2021, cuando más de 6.000 personas cruzaron en los primeros días en lo que analistas interpretaron como una presión deliberada de Marruecos vinculada a tensiones diplomáticas con Madrid.

Ambos episodios comparten un patrón: un detonante coyuntural —político o judicial— que se viraliza en redes sociales y moviliza a comunidades que ya esperaban en los alrededores de la frontera una oportunidad para cruzar, documentó Euronews.

El Gobierno le otorgó al proyecto Vicuña el acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), justo después de aprobar la infraestructura eléctrica que la compañía reclamaba desde 2023 para conectar sus yacimientos en San Juan a la red nacional de alta tensión. La admisión al régimen, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), habilita una inversión inicial de hasta USD 9.700 millones en lo que se considera el mayor proyecto minero de la historia argentina.

El proyecto es operado por Vicuña, la empresa surgida de la alianza entre las mineras BHP (australiana) y la canadiense Lundin Mining para integrar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el límite cordillerano de San Juan con Chile. Según la Evaluación Económica Preliminar presentada en febrero de 2026, el desarrollo completo de las tres etapas previstas podría alcanzar los USD 18.000 millones a lo largo de una década.

El Ministerio de Economía informó la aprobación con un comunicado que luego reposteó el ministro Luis Caputo: “La industria minera en San Juan sigue creciendo con más inversiones, más empleo y más exportaciones”. El mensaje precisó que el proyecto generará exportaciones anuales por más de USD 2.600 millones y creará 31.700 empleos directos e indirectos.

La estructura del proyecto se divide en tres fases. La primera, con un desembolso de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de esa planta, el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol y la construcción de infraestructura estratégica, entre ella una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado. La admisión al RIGI cubre las dos primeras fases.

Los beneficios del PEELP incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la eliminación de retenciones desde el segundo año, el levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.

La batalla eléctrica que frenó al proyecto durante tres años

Justo antes de la aprobación del RIGI, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) emitió la Resolución 330/2026, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, con el certificado que habilita la construcción de las obras eléctricas que Vicuña necesitaba para llevar a cabo su operación. La inversión en esa infraestructura rondará los USD 800 millones y será financiada por la propia compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema. La medida oficial también le otorga prioridad sobre el 90% de la capacidad generada por 25 años.

El proceso para obtener ese certificado se había iniciado en 2023 y se complicó en febrero de este año, cuando la resolución provisional del organismo que regula el gas y la electricidad en el país recibió oposiciones formales de varias provincias y empresas del sector. La demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. En su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica provincial.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto en el abastecimiento futuro de la provincia. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules impulsado por McEwen Copper, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.

El ENReGE rechazó todas las impugnaciones. Sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional y que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea a terceros, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.

Las obras comprenden cuatro componentes: la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para que la línea existente pase de 132 kV a 500 kV; la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, con tramos a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar; la nueva Estación Transformadora Chaparro con tecnología GIS y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino; y una línea de 220 kV de unos 93 kilómetros hasta la Estación Transformadora Josemaría, con tramos a 4.550 metros de altura. Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo operación de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión recientemente privatizada.

Según la Evaluación Económica Preliminar, Vicuña tiene el potencial de producir, durante sus primeros 25 años de operación, un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, con una vida útil inicial superior a 70 años. El CEO de la compañía, Ron Hochstein, había definido la decisión final de inversión como dependiente de la aprobación de los accionistas antes de fin de año.

El proyecto emplea actualmente a 2.743 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 se desempeñan en la operación argentina —617 empleados directos y 1.963 a través de contratistas—. El 91,9% de esa dotación es argentina y más del 81% son sanjuaninos. La cadena de proveedores activa suma 245 empresas, con San Juan como principal concentrador: 150 firmas de la provincia representan el 61,2% del total.

La polémica anterior

La aprobación del RIGI llegó en medio de una controversia que sacudió al sector y que puso en agenda el debate entre la prioridad -o no- que tienen las empresas argentinas para proveer a este tipo de desarrollos, sobre todo en industrias pujantes como la minera o energética. Luego de un proceso licitatorio, Vicuña adjudicó el campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La decisión desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.

El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa el 0,1% del total de la inversión proyectada. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel. El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores.

Una ciudad con más de 2.000 años de trazado urbano y mosaicos bizantinos que sobrevivieron casi intactos durante 15 siglos ofrece hoy una de las alternativas más sólidas del Adriático para quienes buscan patrimonio, gastronomía y costa sin la saturación de otros destinos de la región.

Poreč, en la península de Istria, combina un plano urbano de origen romano aún legible, una basílica inscrita por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y una escena culinaria apoyada en productos locales que se colocan entre las más consistentes de Croacia.

El punto de partida de esa historia está en el suelo mismo. La ciudad fue trazada originalmente como un castrum romano —un campamento militar fortificado— y ese diseño todavía organiza el casco antiguo. El Decumanus y el Cardo Maximus, las dos arterias que estructuraban la ciudad romana, siguen marcando el recorrido entre palacios góticos, fachadas venecianas y patios ocultos.

Según National Geographic, ese plano permite caminar sobre una trama urbana que no cambió de forma esencial en dos milenios.

La basílica Eufrasiana, una obra del siglo VI que resume la transición del mundo romano al bizantino

En el centro de ese casco antiguo se levanta el conjunto que define a Poreč ante el resto del mundo: la basílica Eufrasiana, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Construida en el siglo VI, la basílica es considerada una obra maestra de la arquitectura bizantina y conserva mosaicos dorados casi intactos desde hace cerca de 1.500 años. La escala del conjunto va más allá del templo: el baptisterio, el atrio y el palacio episcopal forman juntos uno de los complejos paleocristianos mejor preservados que existen.

National Geographic sitúa en ese conjunto la clave para entender qué distingue a Poreč: en pocas calles, la ciudad reúne un plano urbano romano aún legible y una obra de arquitectura religiosa del siglo VI que permite observar, en un mismo lugar, el paso entre dos mundos políticos, religiosos y culturales.

El resto del casco antiguo puede recorrerse a pie. En la plaza Marafor, antiguo foro romano, aún se ven fragmentos conservados de un templo antiguo. Cerca de allí, columnas parciales y restos del frontón del templo de Neptuno son accesibles sin costo. Un paseo marítimo rodea la ciudad vieja y abre vistas sobre el Adriático hacia la isla de Sveti Nikola, cubierta de pinos.

Istria, una región con una de las escenas gastronómicas más sólidas de Croacia

La experiencia de Poreč no se agota en sus monumentos. La gastronomía ocupa un lugar central tanto en la ciudad como en sus alrededores, en una región que construyó su reputación con una cocina influida por Italia y apoyada en productos locales. En las cartas aparecen la pasta fuži hecha a mano, las trufas blancas del valle de Mirna, los espárragos silvestres, los mariscos del Adriático y aceites de oliva extra virgen que el medio cuenta entre los mejores de Europa.

Los vinos malvazía acompañan el pescado fresco, mientras los tintos teran se asocian a carnes de cocción lenta y platos de trufa.

Para una lectura contemporánea de esos sabores, National Geographic recomienda almorzar en Jaz by Ana Roš, un restaurante con una propuesta pensada para compartir. Entre los platos señalados figuran el sashimi de pesca del día con ciruelas dulces de verano y la lubina con polenta cremosa.

Otros restaurantes, como Spinnaker, concentran su propuesta en menús de degustación de temporada que colocan al producto istriano en primer plano. El menú de seis platos incluye, según el medio, preparaciones como mantequilla batida con cangrejo azul invasor y caballa servida al estilo savur, una versión local del escabeche veneciano.

Playas, rutas de ciclismo e interiores medievales

Pese a ese patrimonio y a esa oferta culinaria, Poreč mantiene un perfil discreto. Mientras gran parte de la atención turística en Croacia se dirige a Dalmacia, esta zona de Istria premia una exploración más pausada. Al norte y al sur del casco antiguo se extienden playas de roca lisa, guijarros y calas con sombra. La zona también suma rutas de ciclismo entre bosques de pinos, además de opciones de kayak, paddle surf y excursiones en barco para recorrer la costa desde el agua.

Poreč funciona además como punto de partida para el interior de Istria. A menos de una hora aparecen las localidades medievales de Motovun y Grožnjan, en lo alto de colinas sobre viñedos y bosques conocidos por sus trufas. Bodegas familiares reciben visitantes para degustaciones y productores de aceite de oliva abren sus fincas durante la cosecha.

El Gobierno considera que tiene que volver a recuperar la agenda disruptiva que tenía tiempo atrás para evitar que se instalen temas de agenda que no los favorecen. Es decir, una posición ofensiva y no defensiva, como viene siendo en las últimas semanas a partir de la conversación pública al respecto del nivel de consumo, el nivel de mora en las familias y la evolución de la imagen de la gestión.

Fue así que en la Casa Rosada estaban expectantes de lo que se iba a anunciar esta madrugada al informar que Javier Milei había firmado un DNU para habilitar la expulsión de extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos. Una medida cuanto menos controvertida por la forma de su aplicación, pero que no hace más que volver a poner en el ruedo la batalla cultural que tanto le interesa al Presidente.

Y es que fue el mismo Milei quien decidió hacer esta medida menos de una semana atrás. En el entorno presidencial cuentan que el puntapié y la idea se la dio el proyecto bonaerense de arancelamiento de la universidad y la salud pública para extranjeros no residentes presentado por el legislador Agustín Romo, integrante de Las Fuerzas del Cielo.

“La idea vino de Javier y la ejecución de la medida la hizo el Kremlin”, afirmaban esta mañana desde el Ejecutivo.

No sorprende esto último porque la comunicación provino desde la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), la cual está en manejo del área de Santiago Caputo. Al momento de salir se dispuso el aparato comunicacional en redes con cuentas que suelen responder a esa ala del oficialismo. Hasta el momento no se pronunciaron algunos de los referentes más activos en redes del karinismo, como Santiago Oría o Lilia Lemoine.

En el entorno de Santiago Caputo estaban conformes por la repercusión. “35.000 likes hasta las siete de la mañana”, se encargaban de enfatizar. En ese sector calificaron a la medida de “divertida”, dando a entender que es una acción comunicativa que busca captar la primera plana de la agenda política-mediática y despejar otro tipo de discusiones que, en cierta manera, ponen en entredicho al oficialismo.

Es algo que el oficialismo no estaba pudiendo generar en el último tiempo. Menos en la época del Mundial. El balance que se generó después de la competición futbolística fue que la comunicación fue descoordinada y que si bien el Gobierno quiso difundir hacia afuera que no quería “politizar” a la Selección, los furcios cometidos y la forma de emisión de los mensajes terminaron politizando toda la cuestión. En particular todo lo relativo al potencial feriado por los festejos que Milei se precipitó al anunciar.

La discusión nacionalista también le sigue quedando incómoda al Gobierno. Es algo que se encarga de enfatizar en privado la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se considera a sí misma como quien dotaba de ese componente a la campaña libertaria en el 2023.

Todavía es prematura la especulación sobre cuánto tiempo quedará en agenda esta cuestión, pero dará que hablar. El Presidente ejecutó la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el cual le da un aura de mayor impronta a esa decisión, porque implica modificar aspectos de una normativa sin llevar esa discusión al plano parlamentario.

Dos especialistas en derecho migratorio consultados por Infobae se despertaron con la noticia esta mañana. “La discrecionalidad es bastante amplia porque no se define qué es ‘mensajes de odio. Desde el punto de vista jurídico es una locura”, afirmaba uno de ellos, agregando que “en Argentina no existen los discursos de odio, se cerró el INADI y la libertad de expresión está amparada en la Constitucicón. Distinto es ultrajar símbolos patrios que es un delito”.

Antes que todo, la modificación vía DNU deberá pasar por un test de constitucionalidad y desde el sector creen que es una medida “para la tribuna”.

En los considerandos del DNU, el Gobierno justificó que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

También marcó que “ello constituye un riesgo para todos los argentinos” y que “el quiere de ese respeto básico desnaturaliza el sentido de las políticas migratorias de la República Argentina”. Dos fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional afirmaron a Infobae que no hay casos apuntados y que sean pasibles de expulsión. Al menos no por el momento.

El Presidente viene de mantener un discurso con fuerte impronta en San Pablo, Brasil, contra el mandatario Lula da Silva. No resultó llamativo que unos minutos antes de dar ese discurso que llevó a una escalada diplomática, el Presidente citara una cuenta de X que afirmaba que Brasil había sido el país con más publicaciones sobre la Argentina en el último tiempo. “Después hablame de interferencia”, citó Milei.

En declaraciones posteriores confirmó que su especulación es que el Palacio do Planalto financió discursos de la denominada “campaña antiargentina”. Al ser consultado sobre ese tema en su última conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier, no pudo dar detalles de cuáles eran los sustentos de esas afirmaciones.

Lo cierto es que Milei tiene intenciones de aprovechar estas semanas para insertar temas que abonen a su concepción de la batalla cultural y, además, proponer medidas desde el plano de lo económico.

No es menor que haya elegido comunicar su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central a través de una Cadena Nacional. Esta será emitida este jueves a las 20 horas, una hora y media antes de que Boca Juniors juegue el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El mensaje será grabado en Casa Rosada junto al equipo económico y no durará más de media hora, pero tratará de comunicar el rumbo de las políticas macro que intenta imponer su gestión.

Un proyecto de ley presentado este miércoles en la Cámara de los Diputados de Italia busca prohibir definitivamente las botticelle, los carruajes de tracción animal que circulan por las calles de Roma y otras ciudades turísticas del país. La iniciativa, impulsada por los partidos PD, Avs y M5S, plantea eliminar el artículo 70 del Código de Circulación, la norma que actualmente permite este tipo de servicio.

La propuesta prohíbe de manera explícita el uso de animales para la tracción de vehículos de plaza, el transporte público no convencional y el servicio turístico, recreativo y de representación. Según informó Euronews, el proyecto fue presentado en una rueda de prensa conjunta con diputados de los tres partidos promotores.

Una tradición bajo la lupa

La diputada italiana del Partido Democrático, Patrizia Prestipino, garante de los animales de Roma Capitale, fue una de las voces más firmes en la presentación del proyecto. “No bastan ordenanzas aisladas a nivel municipal que limiten los horarios y las actividades de las botticelle. Tenemos que avanzar hacia una ley nacional que las suprima y los carruajes de tracción animal en las ciudades”, declaró durante la rueda de prensa, según recogió el medio europeo.

Junto a ella estuvieron el diputado de la Alianza Verdes e Izquierda, Francesco Emilio Borrelli y Sergio Costa, del Movimiento 5 Estrellas. Los tres coincidieron en que las medidas locales no alcanzan para resolver el problema y que se necesita una norma de alcance nacional.

Bienestar animal y calles incompatibles

Prestipino también señaló que, desde hace años, asociaciones ecologistas como Amore A Quattro Zampe —una de las promotoras de la iniciativa— insisten en que las calles actuales no resultan adecuadas para el bienestar de los caballos. Las altas temperaturas de la época estival agravan la situación: el asfalto en verano alcanza temperaturas extremas que hacen inviable la circulación de los animales.

El concejal de Roma Capitale Rocco Ferraro, responsable de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Áreas Protegidas y Protección de los Animales, expresó su apoyo a la propuesta. Ferraro indicó que espera que “el Parlamento sepa aprovechar esta ocasión histórica y apruebe una norma que ponga fin definitivamente al uso de caballos para el transporte turístico en nuestras ciudades”, según detalló Euronews.

Campaña en las calles de Roma

En paralelo a la iniciativa legislativa, durante todo el mes de agosto estará presente en las principales zonas turísticas de la capital italiana la campaña de sensibilización ‘A piedi è più bello’ (A pie es más bonito). El proyecto, elaborado en italiano e inglés, fue impulsado por el propio Ferraro y busca concientizar a turistas y residentes sobre la problemática.

“En 2026, seguir arrastrando carruajes con caballos en el corazón de la capital es una práctica que pertenece al pasado, no al futuro”, remarcó el funcionario. La proposición de ley aún debe atravesar el proceso parlamentario antes de convertirse en norma vigente.

De carruaje de carga a ícono turístico

Las botticelle nacieron como un oficio de subsistencia, no de espectáculo. Durante la época del Estado Pontificio, estos carruajes cubrían las rutas de abastecimiento entre los barrios de Roma: sus principales cocheras se ubicaban en Borgo, Via Sannio y Monte dei Cocci, en el barrio de Testaccio. Con el paso de los siglos, el oficio se transmitió de generación en generación entre familias oriundas del Molise, que lo ejercieron primero como transporte de mercancías y luego como servicio de alquiler de personas.

La convivencia entre carruajes y automóviles se extendió hasta mediados del siglo XX. Cuando Italia se consolidó como destino turístico global, las botticelle encontraron un nuevo propósito: ofrecer a los viajeros una experiencia ligada al pasado histórico de la ciudad. Sin embargo, ese contexto cambió por completo: las calles tranquilas de antaño son hoy arterias con tráfico denso, adoquines irregulares y temperaturas que en verano superan con frecuencia los 30 °C, condiciones que los defensores de los animales consideran incompatibles con el bienestar de los caballos.