En diálogo con Infobae al Regreso, el economista cuestionó la estrategia cambiaria del Gobierno, reclamó señales concretas para recuperar la confianza de los mercados y advirtió sobre el impacto del plan en la actividad económica
20 Oct, 2026 07:06 p. m. EST
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El riesgo país llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, pero revirtió la suba inicial y cerró en 672 unidades. En una jornada marcada por la volatilidad de los bonos argentinos y el tercer avance consecutivo del dólar, el economista y exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó el rumbo del programa oficial y reclamó cambios en la política monetaria y cambiaria.
“El programa está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”, afirmó en una entrevista con Infobae al Regreso. Para el exfuncionario, la principal preocupación de los inversores es la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros sin depender exclusivamente de un eventual regreso a los mercados internacionales.
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Cottani cuestionó la estrategia financiera del Gobierno
Cottani consideró que la evolución del riesgo país refleja dificultades propias de la economía argentina, más allá de la incertidumbre internacional. “Si todos los países emergentes caen proporcionalmente del mismo modo, es un problema externo, pero si el riesgo país se separa, que es lo que ha estado pasando, es un problema interno”, explicó.
En ese escenario, cuestionó los anuncios oficiales sobre la capacidad financiera para enfrentar una eventual corrida cambiaria. “El mercado lo que quiere ver es menos bazucas y más compra de reservas”, sostuvo.
El economista estimó que los vencimientos de deuda se ubican entre USD 26.000 millones y USD 29.000 millones, frente a recursos disponibles que calculó en unos USD 6.000 millones. Ante esa diferencia, planteó que el Banco Central debería acelerar las compras de divisas y alcanzar incorporaciones mensuales de entre USD 1.000 millones y USD 2.000 millones. “1.500 sería un valor que calmaría al mercado”, afirmó.
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También cuestionó los anuncios oficiales sobre el poder de fuego financiero para responder ante una eventual corrida, que incluyeron estimaciones de USD 75.000 millones y USD 125.000 millones. “La bazuca no cayó bien”, resumió, al poner en duda que instrumentos como el swap con China y las posiciones en el mercado de futuros puedan considerarse recursos de disponibilidad equivalente.
En lugar de enfatizar la capacidad de intervención, Cottani propuso comunicar un programa de acumulación de divisas con objetivos verificables para los próximos doce meses. “Si compramos a razón de mil millones de dólares por mes, en lo posible aún más, vamos a llegar en los próximos doce meses a tener suficientes reservas como para pagar la deuda si no tuviéramos acceso”, sostuvo.
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Consultado sobre las referencias oficiales al denominado “riesgo kuka” como explicación de la incertidumbre financiera, respondió: “Echarle la culpa al riesgo kuka es siempre un artilugio que está a mano”. A su entender, el Gobierno debe recuperar la confianza a través de sus propias decisiones económicas, en un contexto de dificultades para acceder al financiamiento internacional y de mayores costos para las colocaciones en dólares en el mercado local.
Inflación, tipo de cambio y los límites del programa económico
Cottani también cuestionó la estrategia oficial de utilizar la desaceleración de la inflación como principal ancla del programa económico, con la expectativa de que la estabilidad de precios impulsara por sí sola una recuperación de la actividad.
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“El Gobierno dijo: ‘Bajamos la inflación y nos atamos a esa bandera, porque bajando la inflación, la economía se recupera sola’”, recordó.
El ex viceministro reconoció que la reducción inicial de los precios fue más rápida de lo que esperaba, pero advirtió que el proceso perdió impulso al acercarse a registros más bajos. “Cuando se llegó al 3 o al 2%, ahí la inercia vino y venimos varios meses sin poder bajar”, señaló.
Desde su perspectiva, sostener la desinflación mediante la contención del tipo de cambio presenta límites. Por eso, planteó que el Gobierno debe revisar el esquema monetario y cambiario sin abandonar el objetivo de estabilidad.
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El economista también destacó el aporte de sectores exportadores como la energía y la minería para reducir la vulnerabilidad externa, aunque advirtió que su expansión no garantiza una recuperación generalizada de la economía. “Lo que va a haber es una profundización de la recesión económica”, sostuvo.
Su diagnóstico apunta a uno de los principales desafíos del programa oficial: compatibilizar la desaceleración de los precios con la recuperación de la actividad y generar condiciones para mejorar el acceso al financiamiento.
En el tramo final de la entrevista, Cottani aclaró que no había tenido responsabilidades directas en las decisiones operativas del Ministerio de Economía y expresó su deseo de que al Gobierno le vaya bien. Sin embargo, insistió en la necesidad de modificar el rumbo cambiario.
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“Ya no se puede seguir bajando la inflación reprimiendo el tipo de cambio y es necesario flexibilizar la política monetaria y la cambiaria para que la economía entre en un círculo virtuoso de crecimiento”, concluyó.
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Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora, opinaron sobre el proyecto del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los tres se pronunciaron a favor de que no se lleven a cabo bajo los argumentos de que no se puede pedir a la población ir tantas veces a votar y el elevado costo de realizarlas.
Los mandatarios provinciales hablaron en el marco de la Jornada de desarrollo productivo y competitividad de la Región Centro, que reunió a los tres jefes provinciales en Paraná.
En medio de una conferencia de prensa, los gobernadores fueron consultados acerca de la valoración individual de cada uno sobre la eliminación de las PASO que pretende aprobar el Poder Ejecutivo dentro de la Reforma electoral.
El primero en tomar la palabra fue el cordobés Llaryora, cuya provincia no tiene PASO. En su intervención, elogió la Boleta Única y pidió “que se siga expandiendo en toda la Argentina” su uso, argumentando que otorga “transparencia y participación”.
Luego, Pullaro se pronunció “a favor de la suspensión de las PASO en el orden nacional”, aunque seguidamente reconoció ser “producto de una PASO en el orden provincial”.
Al mismo tiempo, el gobernador señaló sus dudas de que “las PASO sirvan para algo en la elección de candidatos a nivel nacional” porque, consideró hay que hacer tres elecciones y “tiene un gran costo a nivel nacional”.
Finalmente, respondió a la consulta el gobernador entrerriano, quien destacó que la eliminación de las PASO y otras precisiones electorales “no son temas que le quiten el sueño a los argentinos”.
“Hay un divorcio creciente, una grieta entre la sociedad y la política y en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda“, profundizó el gobernador y agregó: “Todo hay que debatirlo, pero tanto a nivel nacional como provincial hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la política“.
Para finalizar su respuesta, Frigerio aclaró que en su provincia, su espacio —integrado por 28 agrupaciones políticas— “no tomó una decisión todavía” e instó a “acercarse más al agente” en lugar de agrandar el distanciamiento.
El gobernador de Entre Ríos ya se había pronunciado en torno a las elecciones Primarias y los planes del Gobierno libertario.
Lo había hecho el domingo 11 de este mes después de viajar con el Presidente a París para la “Argentina Week”, en donde aseguró en diálogo con radio Splendid que “no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya 5 veces, 5 domingos del 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60% en una”, afirmó.
Y precisó: “Si podemos evitar que la gente vote 5 veces en un año y que los partidos políticos resuelvan, por lo menos en esta vez, de manera autónoma qué candidatos van a presentar, es algo que amerita poner arriba de la mesa, por lo menos”.
Además, dijo que tuvo “la oportunidad de hablarlo con el Jefe de Gabinete desde el punto de vista personal”. “Yo creo que hay chances de avanzar en una discusión de la ley electoral en un contexto complejo para la Argentina, pero sobre todo también para la política”, indicó.
Durante el análisis económico y productivo, Pullaro proyectó que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”. En esa línea, fundamentó que “en cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”.
Por su parte, el gobernador cordobés definió al bloque de las tres provincias como “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado”, y sumó que las tres gestiones comparten “la firme idea de que gobernar es generar trabajo”.
Profundizando su postura respecto al rol del Estado nacional, el mandatario de Córdoba enfatizó la urgencia de estructurar “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria“, remarcando la necesidad de contar con obras clave para llevar esto a la realidad.
Finalmente, Frigerio remarcó que sus provincias comparten “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado”, y alertó la necesidad de profundizar la integración mediante la cooperación interprovincial, en pos de nuevos mercados y polos de desarrollo energético y minero.
Un triple crimen seguido de suicidio en Buenos Aires conmocionó este martes a la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a balazos a su pareja, a su hijo de 11 años y a su propia madre. Posteriormente, escapó hacia Burzaco, donde murió tras arrojarse al paso de un camión.
El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. La Policía intervino después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de dos de las víctimas.
La investigación también reveló que, antes de cometer los asesinatos, el agresor había enviado un mensaje de texto a un familiar cercano. “Me obligaron a hacer esto”, escribió Santillán, según la información incorporada al expediente judicial. La comunicación quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentaban reconstruir las circunstancias previas al ataque.
Encontraron a la mujer y al niño asesinados dentro de la vivienda
Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediger, pareja del atacante, en el sector de acceso al comedor. La mujer presentaba una grave herida compatible con un disparo de arma de fuego.
En una de las habitaciones, los policías hallaron a Santino, el hijo de 11 años de la pareja. El niño estaba sin vida y presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. Junto a su cama, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, que habría sido utilizada durante los ataques.
El procedimiento continuó en una construcción lindera, comunicada con la vivienda principal a través de los fondos y con salida hacia la calle Alfonso Amat. Allí residía Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto homicida.
La tercera víctima y la muerte del agresor en Burzaco
Los efectivos encontraron a Castillo Toscanini tendida en el piso de la cocina. La mujer también presentaba heridas provocadas por perdigones, similares a las detectadas en las otras víctimas. De esta manera, los investigadores establecieron que se trataba de tres homicidios ocurridos en propiedades vinculadas entre sí.
Mientras la Policía Científica realizaba las primeras pericias, alrededor de las 7.30 ingresó otra comunicación al sistema de emergencias. Un hombre había muerto tras arrojarse al paso de un camión Mercedes-Benz que circulaba por la avenida Monteverde, en Burzaco, partido de Almirante Brown.
Los investigadores cotejaron la documentación y las características del fallecido y determinaron que se trataba de Damián Darío Santillán. Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes.
Investigaban amenazas y conflictos familiares previos
La causa quedó caratulada provisoriamente como triple homicidio seguido de suicidio y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. También intervino la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.
De acuerdo con los testimonios reunidos entre familiares y allegados, Santillán y Prediger habían mantenido una relación de aproximadamente 20 años. Sin embargo, durante las dos semanas anteriores al crimen se habrían producido conflictos dentro de la pareja.
Según esas declaraciones, el hombre habría sospechado de una infidelidad y, desde entonces, se habrían registrado episodios de hostigamiento y amenazas verbales. Esa información formaba parte de las líneas investigativas y no constituía una explicación ni una justificación de los asesinatos.
El mensaje que dejó antes de cometer los asesinatos
Uno de los elementos centrales del expediente fue el mensaje enviado por Santillán a un familiar antes del ataque. La frase “Me obligaron a hacer esto” fue considerada relevante para establecer la secuencia de los acontecimientos.
Los investigadores avanzaban con el análisis del teléfono celular del agresor y las declaraciones testimoniales para determinar si existieron otras advertencias previas y esclarecer la planificación de los hechos.
La investigación buscaba establecer cómo se desarrollaron los ataques en ambas viviendas y precisar las circunstancias que rodearon el triple crimen que terminó con cuatro personas fallecidas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.
Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.
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Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.
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El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.
La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.
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El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.
La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.
Se terminaron las especulaciones. El fiscal Mario Guerrero será el nuevo Coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, en reemplazo de José Costa, quien cesa por jubilación.
La novedad fue confirmada al portal El Entre Ríos por una fuente extraoficial, con la aclaración de que se trata de una designación interina, hasta tanto se lleva a cabo el concurso para elegir al titular.
En semanas previas se había especulado con varios nombres, entre ellos el del fiscal con mayor protagonismo en causas de corrupción, José Arias. Pero la elección recayó finalmente en Guerrero, el de mayor antigüedad, quien fuera el fiscal en la causa por sedición contra los policías que protagonizaron el levantamiento de 2013, y desde entonces secundó a Costa en la coordinación, cultivando un perfil menos expuesto.
Desde la Procuración dejaron trascender que el ascenso de Guerrero irá acompañado de un cambio de rol para Arias, que de ahora en más pasaría a desempeñarse como “Fiscal de delitos Económicos y anticorrupción”.
Si bien en los hechos ya venía ejerciendo esa función en varias causas, al asignársele una misión específica, el doctor José Emiliano Arias se abocaría pura y exclusivamente a esa clase de causas, quedando liberado de la cobertura de turnos, publicó el portal de El Entre Ríos.
Guerrero es el último fiscal de Concordia nombrado sin concurso cuando regía el sistema judicial anterior y será el Coordinador de manera interina hasta tanto el cargo sea concursado. A su vez, Arias se abstuvo de presentarse al último llamado para concursar como fiscal anticorrupción, aunque se le confiaría ese papel de ahora en más, también de forma interina.
El debate por la nueva ley de biocombustibles llegó a la Cámara de Diputados con diferencias entre las empresas sobre las condiciones para abrir el mercado del biodiésel. Durante una presentación de las cámaras del sector, la industria aceitera pidió preservar el acuerdo que obtuvo media sanción en el Senado, mientras que representantes de las pymes reclamaron modificaciones y propusieron aumentar el corte obligatorio al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda sin reducir su participación. La discusión se desarrolló ante la expectativa de que el proyecto pueda obtener dictamen la próxima semana.
La iniciativa fue aprobada por el Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos. Prevé elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. El principal desacuerdo se concentra en la transición del biodiésel y en el espacio reservado a las empresas no integradas con la industria aceitera.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), defendió el texto aprobado por los senadores y sostuvo que contempla herramientas de protección para las firmas que hoy abastecen el mercado interno. “La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer”, afirmó. Además, reclamó acelerar la aprobación: “Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos”.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara)
Durante su exposición, Idígoras presentó la reforma como una política agroindustrial cuyo alcance excede a las plantas elaboradoras. Vinculó el desarrollo de los biocombustibles con las cadenas del maíz y la soja, el empleo, la industrialización de materias primas y la posibilidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.
También sostuvo que las reglas del mercado interno influyen sobre las posibilidades de acceder a otros destinos. El titular de Ciara reconoció que el resultado del Senado no satisfizo por completo a los distintos sectores, incluida la industria aceitera. Sin embargo, lo consideró el mejor acuerdo posible después de las negociaciones entre legisladores, gobiernos provinciales y empresas. Por eso pidió que el dictamen de Diputados respete los entendimientos alcanzados en la Cámara alta.
Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuestionó esa lectura y rechazó que exista consenso en el biodiésel. Señaló que las empresas que representa, radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, elaboran alrededor del 65% del producto utilizado en el corte obligatorio y no respaldan la media sanción.
Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb)
Según Martelli, el esquema pone en riesgo la continuidad de plantas que fueron construidas bajo las condiciones del régimen actual. Afirmó que el abastecimiento interno involucra unas 900.000 toneladas anuales, producidas por 25 pymes de cinco provincias, con 1500 empleos directos y 8000 indirectos. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo. Su objeción apunta a que empresas de distinta escala y con diferente acceso a la materia prima competirían por una porción creciente del mercado.
Cuando el corte llegue al 10%, las no integradas tendrán inicialmente reservados 6,5 puntos porcentuales.Ese segmento bajará a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036. El resto quedará abierto a la participación de integradas y no integradas. Como alternativa, propuso elevar el corte de biodiésel al 12% o al 12,5%. Argumentó que existen antecedentes de propuestas legislativas con mezclas superiores al 10%.
Asistieron las empresas de la industria y el sector agropecuario
La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), presidida por Axel Boerr, presentó pedidos de modificación sobre artículos específicos. Para el artículo 39, apartado A, propuso eliminar el máximo de 50.000 toneladas y aplicar límites porcentuales tanto a empresas como a grupos económicos: 12% durante el primer año, 10,5% en el segundo y 9,5% desde el tercero.
En el apartado B del mismo artículo, solicitó que los volúmenes faltantes se ofrezcan primero a las empresas no integradas que dispongan de capacidad para abastecerlos. El planteo busca darles prioridad antes de recurrir a otros proveedores. Sobre el artículo 12, Capba pidió que una reducción del corte solo pueda disponerse ante una imposibilidad acreditada y por un plazo de seis meses.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, también cuestionó las condiciones de competencia y las facultades de la autoridad de aplicación. Defendió la necesidad de una regulación de largo plazo por razones ambientales y de salud pública, pero advirtió sobre las diferencias entre los actores que participarían del mercado.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
“Es muy buena la competencia, pero no pongamos en la misma pista un F1 con un F4”, graficó. Uno de sus reparos se concentró en las atribuciones para modificar las mezclas obligatorias. Según su interpretación, la redacción otorga facultades demasiado amplias y podría permitir una reducción del bioetanol hasta el 3%. También pidió revisar las condiciones de transición entre el 12% y el 15%, por considerar que deben ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones.
Molina objetó, además, la definición de grupo económico y el uso de una fecha anterior a la eventual entrada en vigencia de la norma para determinar las vinculaciones societarias. Ese punto había sido uno de los cambios negociados antes de la votación del Senado.
Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), respaldó la aprobación, aunque señaló que la redacción representa “el mínimo que consideramos necesario para las empresas no integradas de Santa Fe”. “No es nuestra aspiración máxima ni el punto de llegada”, expresó, y dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras. Sin embargo, remarcó que esos planteos no implican un rechazo a la iniciativa.
Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer)
“No está en nuestro espíritu frenar la iniciativa ni desconocer los avances alcanzados. Queremos que la ley avance, que se apruebe y que su implementación sea transparente, equilibrada y previsible”, afirmó.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó el ritmo de compra de dólares al adquirir USD 103 millones este martes e hilvanó 16 jornadas consecutivas con saldo positivo. En lo que va de octubre, más que duplica la cantidad de divisas sumadas respecto al total del mes anterior.
Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central sumó USD 15.672 millones dentro y fuera del mercado cambiario. Esa cifra supera en más de 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La expectativa oficial apunta a cerrar el año con adquisiciones cercanas a los USD 20.000 millones para robustecer la “bazuca” que busca evitar tensiones cambiarias en 2027.
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La autoridad monetaria aceleró su participación desde el cierre de septiembre. Solo durante la última semana había incorporado USD 642 millones, el mayor monto semanal desde mediados de julio. En octubre, el acumulado ya asciende a USD 1.104 millones, más del doble del total del mes previo.
El repunte se produce después de un septiembre de menor actividad: ese mes, las compras totalizaron USD 473 millones, el registro mensual más bajo de 2026. En agosto habían sido de USD 768 millones; en julio, de USD 2.162 millones. Antes, la entidad había sumado USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.
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La mayor oferta de dólares respondió, entre otros factores, a las liquidaciones del complejo agroexportador, que durante el año superaron los 22.000 millones de dólares. También incidieron las ventas externas del sector energético, favorecidas por el aumento del precio internacional del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente.
A ese ingreso se añadieron las emisiones de deuda en el exterior de provincias y compañías argentinas. Las estimaciones oficiales indican que esas colocaciones excedieron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresaron por el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de divisas para las intervenciones del Central.
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Las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en USD 50.201 millones, luego de una suba diaria de 49 millones de dólares.
La “bazuca” de dólares
Pese a esa caída puntual, la estrategia oficial busca ampliar el respaldo de divisas que Javier Milei definió como una “bazuca” para contener eventuales presiones sobre el tipo de cambio antes de las elecciones de 2027.
En Argentina Week París, el Presidente afirmó que el Gobierno podría disponer de hasta USD 75.000 millones para responder ante escenarios de volatilidad cambiaria.
Según la proyección oficial, ese monto contempla USD 20.000 millones derivados de la acumulación de reservas posterior a las elecciones de 2025. A esa cifra se sumarían otros USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos y USD 20.000 millones adicionales por un acuerdo similar con China.
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Los USD 15.000 millones restantes corresponderían a operaciones en el mercado de dólar futuro, una herramienta que puede incidir sobre las expectativas y las cotizaciones cambiarias.
La discusión, de todos modos, excede el monto anunciado. El punto central pasa por determinar qué porción de esos recursos estaría disponible de manera inmediata, dado que parte de las reservas adquiridas pudo destinarse al pago de vencimientos o a intervenciones anteriores.
Además, la utilización de los swaps depende de condiciones políticas y operativas para su activación. En el caso de los contratos de futuros, las intervenciones deben respetar las restricciones acordadas con el FMI.
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El dólar volvió a subir
El volumen operado en el mercado mayorista se sostuvo en niveles elevados durante octubre, en línea con los buenos resultados de las exportaciones y el superávit comercial de 2026. En el segmento de contado se negociaron USD 673,2 millones.
El dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró a $1.525, luego de tres ruedas consecutivas al alza. Así, volvió a ubicarse cerca del máximo nominal de $1.525,50 que había marcado el 25 de septiembre.
En lo que va de octubre, la cotización mayorista acumuló una suba de ocho pesos, equivalente a 0,5%, un ritmo inferior al de la inflación. En los últimos 12 meses, el tipo de cambio oficial aumentó 50 pesos, o 3,4 por ciento.
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El Banco Central fijó en $1.940,30 el límite superior de la banda cambiaria. Con el cierre de este lunes, el dólar mayorista se ubicó $415,39, o 27,2%, por debajo de ese techo.
En el segmento minorista, el dólar subió cinco pesos, o 0,3%, y alcanzó los $1.545 para la venta en el Banco Nación. Se trató de un máximo nominal que ya se había registrado a fines de septiembre.
El dólar blue, en tanto, ganó diez pesos y se ofreció a $1.570. La cotización igualó el récord nominal del 28 de julio. Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación alcanzó un máximo histórico de $1.633 en operaciones con acciones.
El gobierno de Italia anunció este martes un endurecimiento de las medidas de seguridad tras los disturbios registrados durante el fin de semana en el centro de Milán, donde manifestantes saquearon comercios, provocaron incendios y se enfrentaron con las fuerzas policiales.
El decreto contempla el despliegue de otros 500 soldados en la ciudad hasta fin de año, sanciones más severas por participar en episodios violentos y la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad.
Italia endurece las penas por participar en manifestaciones violentas
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió las nuevas medidas en un video publicado en redes sociales y expresó su preocupación por la cantidad de jóvenes que participaron en los disturbios.
“Los jóvenes… llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo”, manifestó la mandataria, quien calificó la situación como “dolorosa y aterradora”. También advirtió sobre el riesgo de que las imágenes de los saqueos se conviertan en un modelo de conducta para otros jóvenes.
El gobierno de Giorgia Meloni anunció un paquete de medidas de seguridad tras los saqueos y los incendios registrados en el centro de Milán.
El decreto crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos u$s22.500). Las sanciones serán mayores cuando los involucrados se cubran el rostro o provoquen lesiones.
Además, los manifestantes deberán responder económicamente por los daños materiales ocasionados durante los disturbios. En el caso de los menores de edad, sus padres serán responsables de cubrir los perjuicios causados por sus hijos.
Otro de los puntos centrales del decreto modifica los criterios para juzgar a adolescentes. La norma establece que las personas mayores de 14 años serán consideradas capaces de comprender sus propios actos, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, esa evaluación quedaba a criterio de un juez.
Meloni también anunció que el gobierno incorporará más camas en los centros de detención y aumentará la cantidad de jueces dedicados al sistema de justicia juvenil. El decreto deberá ser aprobado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días para convertirse en ley.
Más de 100 policías heridos durante los disturbios en Milán
Los episodios de violencia comenzaron el sábado, cuando la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que se enfrentaron con los agentes, saquearon locales comerciales y prendieron fuego a propiedades en el centro de Milán. Los incidentes continuaron durante el domingo.
Según las autoridades, más de 100 agentes policiales resultaron heridos en dos días. La policía de Milán estimó que unos 2.000 jóvenes participaron en los disturbios del sábado por la noche. De las aproximadamente 50 personas detenidas durante el fin de semana, más de 30 eran menores de edad.
Los hechos coincidieron con manifestaciones en la vecina Francia contra el aumento del costo de vida y en apoyo a los reclamos de estudiantes de nivel medio. En ese país, las fuerzas de seguridad también utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos que se sumaron a las concentraciones.
El caso Stefanía Sosa registró una nueva resolución judicial en Paraná, luego de que el juez de Garantías Jorge Sueldo concediera la libertad ambulatoria a Miguel Aníbal Núñez, de 44 años, imputado por el siniestro vial ocurrido el 1 de agosto de 2026 en avenida Circunvalación y Churruarín. La decisión contó con el acuerdo de la Fiscalía y de la querella, que representa a la familia de la joven fallecida y pretende que el proceso concluya con una condena de cumplimiento efectivo.
El abogado querellante Claudio Berón confirmó a Elonce que la familia solicitó dejar sin efecto el arresto domiciliario que cumplía el acusado. Aunque la decisión implicó que Núñez permaneciera en libertad con restricciones, el letrado explicó que la estrategia judicial apuntó a que una eventual pena de prisión se cumpliera íntegramente en una unidad penal.
“Una vez que asumí la querella, hablé con la familia y nos pareció correcto solicitar que se levantara la prisión domiciliaria, porque entendíamos que era un beneficio y no queríamos que continuara con él”, manifestó Berón durante una entrevista en el programa GPS de Elonce.
Por qué la querella aceptó la libertad del conductor
Núñez había permanecido durante 40 días bajo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Posteriormente, desde el 11 de septiembre, cumplió 35 días de arresto domiciliario. Una vez vencido ese plazo, se realizó una audiencia en la que la fiscal Valeria Vílchez y el abogado querellante acordaron que el imputado continuara el proceso en libertad, sujeto a medidas de restricción.
Berón explicó que la posición de la familia estuvo vinculada con el objetivo de obtener una condena de prisión efectiva. Según sostuvo, el arresto domiciliario representaba un beneficio que los familiares no querían mantener mientras avanzaba la investigación penal.
“Consideramos que vamos a llegar a un juicio y que la pena será de cumplimiento efectivo. Queremos que se cumpla íntegramente en una unidad penal. Por eso solicitamos que se levantara la domiciliaria”, afirmó.
El abogado aclaró que la libertad ambulatoria no significó el cierre de la investigación ni modificó la intención de la querella de impulsar el proceso judicial. Por el contrario, aseguró que continuará trabajando junto con la Fiscalía para reunir las pruebas necesarias y solicitar la elevación a juicio.
Buscan una condena de prisión efectiva
La investigación se encontraba en la etapa penal preparatoria, durante la cual se reunieron distintos elementos destinados a reconstruir las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Berón señaló que la calificación legal provisoria comprendía homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas.
Explicó que esa situación podría evaluarse nuevamente una vez concluida la incorporación de pruebas. “Estamos en la investigación penal preparatoria, que consiste en recabar toda la prueba para que, cuando consideremos agotada esa etapa, la Fiscalía y la querella puedan solicitar la remisión a juicio. En función de esa evidencia también se determinará la calificación legal”, detalló.
El letrado remarcó que la familia pretendía que el proceso llegara a una instancia de debate oral y que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal del conductor, se aplicara una sanción de cumplimiento efectivo. “Estamos trabajando para que esta causa sea elevada a juicio y buscaremos una pena de cumplimiento efectivo en una unidad penal”, insistió.
La camioneta circulaba a unos 140 kilómetros por hora
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la pericia accidentológica realizada sobre el siniestro. Según los resultados preliminares, la Toyota SW4 conducida por Núñez circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora cuando impactó contra el vehículo de la familia Sosa. A esa circunstancia se sumó el resultado del análisis de alcoholemia practicado al conductor, que arrojó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre.
La investigación también contempló la situación del semáforo ubicado en la intersección donde ocurrió el choque. “Se comprobó, por lo menos en esta primera instancia, el exceso de velocidad, la presencia de alcohol en sangre y que el semáforo estaba en rojo. Creo que fue un actuar muy imprudente que ocasionó un grave daño”, expresó Berón.
Abogado Claudio Berón.
El abogado sostuvo que esos elementos resultaban relevantes para establecer las responsabilidades penales. También destacó la magnitud de la colisión y las consecuencias que provocó sobre los ocupantes del vehículo embestido. “Al ver cómo quedaron los vehículos, uno se da cuenta de cuál fue el impacto. Vamos a tratar de que se haga justicia por este hecho, que es lo que la familia nos solicitó”, manifestó.
Cómo ocurrió el choque fatal en Circunvalación
El siniestro se produjo durante la mañana del sábado 1 de agosto, cuando Núñez circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación, al mando de una Toyota SW4.
Al llegar a la intersección con calle Churruarín, la camioneta embistió desde atrás a una Renault Express que permanecía detenida ante el semáforo.
En el utilitario viajaban Gustavo Sosa, de 61 años; su esposa, Carolina Gavilán, de 52; y la hija de ambos, Stefanía María Fernanda Sosa, de 35. La violencia del impacto provocó la muerte de Stefanía en el lugar, mientras que sus padres sufrieron lesiones.
Carolina Gavilán presentó heridas de extrema gravedad que requirieron internación prolongada y distintas intervenciones médicas. La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes del choque.
Carolina y Stefanía se dirigían a cumplir su jornada laboral en el hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl, cuando el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por la camioneta.
Según explicó Berón, la reconstrucción inicial permitió establecer que la Renault Express se encontraba detenida, esperando la habilitación del semáforo, cuando recibió el impacto desde atrás. “Esa es la mecánica del hecho. Estaban esperando que el semáforo les permitiera avanzar y fueron impactados desde atrás por el vehículo que manejaba esta persona. Ahí se produjo el desenlace fatal”, señaló.
La madre de Stefanía continúa internada y en rehabilitación
Otra de las preocupaciones centrales de la familia estuvo relacionada con la salud de Carolina Gavilán, quien permanecía internada y atravesaba un prolongado proceso de recuperación por las graves lesiones sufridas.
Berón confirmó que la mujer había sido sometida a distintas intervenciones médicas, incluida una realizada durante la semana anterior a la entrevista. Aunque presentó una evolución, aclaró que el proceso continuaba siendo lento y complejo. “Está internada, en rehabilitación. Los daños que sufrió son muy severos y la recuperación es muy lenta. Va evolucionando, pero tuvo una intervención la semana anterior y todo lleva tiempo”, explicó.
Stefanía Sosa.
El abogado evitó profundizar en detalles médicos por respeto a la privacidad de la familia. No obstante, señaló que la evolución de Carolina también debía considerarse dentro de la investigación, especialmente para determinar el alcance de las lesiones y sus consecuencias. “Es un daño que tenemos que evaluar. Esperamos que continúe evolucionando favorablemente, pero también es algo que debemos tener en cuenta cuando solicitemos la elevación a juicio”, sostuvo.
Los testimonios que todavía faltan incorporar
Aunque la causa había registrado avances importantes, la querella consideró necesario completar la incorporación de testimonios y otras pruebas antes de solicitar que el expediente fuera remitido a juicio. Entre las evidencias reunidas figuraban la pericia accidentológica, las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el choque y declaraciones testimoniales. También habían declarado dos personas que estuvieron con Núñez durante la jornada del siniestro.
Sin embargo, todavía resultaba fundamental incorporar los relatos de los padres de Stefanía, especialmente el de Carolina Gavilán, una vez que su estado de salud permitiera que prestara declaración. “No solamente tenemos pruebas técnicas. También son importantes las declaraciones de quienes estuvieron en el lugar. Tenemos que esperar que la mamá de Estefanía esté en condiciones de declarar y considerar la situación del papá, que está muy afectado emocionalmente”, explicó Berón.
Abogado Claudio Berón.
El abogado insistió en que la investigación debía avanzar sin desconocer el momento que atravesaban los familiares. En particular, mencionó la situación de Gustavo Sosa, quien perdió a su hija y acompañó el prolongado tratamiento médico de su esposa.
El dolor de la familia y los tiempos de la investigación
Berón describió la difícil situación que atravesaba Gustavo Sosa y remarcó que la querella procuraba respetar los tiempos de la familia antes de avanzar con determinadas medidas testimoniales. “Gustavo está con su hija fallecida y su señora internada. La investigación tiene que avanzar, pero uno trata de ser prudente y respetuoso de los tiempos que manejan”, expresó al programa GPS que se emite por ELONCE.
El letrado consideró que las declaraciones de ambos padres serían importantes para completar la reconstrucción de lo ocurrido, aunque insistió en que debían realizarse cuando estuvieran en condiciones físicas y emocionales de hacerlo. “Recién están haciendo el duelo porque perdieron a su hija. Va a ser muy importante el testimonio que brinden, pero también hay que respetar ese proceso”, manifestó.
En ese contexto, la querella buscó mantener el avance de la investigación mediante las pruebas técnicas y los testimonios ya disponibles, mientras aguardaba la posibilidad de incorporar las declaraciones pendientes.
No hubo acercamiento del acusado a los familiares
Durante la entrevista, Berón también fue consultado sobre la posibilidad de que Núñez hubiera intentado comunicarse con los familiares de Stefanía después del choque. El abogado respondió que no tenía conocimiento de contactos directos ni de acercamientos a través de terceras personas.
Aclaró que había asumido recientemente la representación de la familia, pero que hasta ese momento no le habían informado sobre ninguna iniciativa de ese tipo. “Por el momento no hubo ningún contacto. La familia tampoco me comentó que hubiera existido algún intento de acercamiento”, afirmó.
También recordó que el acusado debía cumplir las restricciones judiciales establecidas para permanecer en libertad. Sobre un eventual contacto futuro, sostuvo que cualquier decisión correspondería a los familiares, quienes continuaban atravesando las consecuencias del siniestro.
Los próximos pasos de la causa
La investigación continuó bajo la intervención de la Fiscalía y con la participación de la querella, que buscaba completar las medidas probatorias pendientes antes de solicitar la elevación a juicio.
Entre los aspectos que todavía debían evaluarse se encontraban la evolución médica de Carolina Gavilán, las declaraciones de los sobrevivientes y la valoración conjunta de los elementos técnicos incorporados al expediente.
Berón reiteró que la familia pretendía obtener una resolución judicial que estableciera las responsabilidades por la muerte de Stefanía y por las lesiones ocasionadas a sus padres. “Una vez que veamos que está agotada la etapa de recolección de evidencia, solicitaremos la elevación a juicio”, anticipó.
De esta manera, mientras Núñez permanecía en libertad ambulatoria con restricciones, la causa continuó avanzando hacia una eventual instancia de juicio oral. La querella sostuvo su objetivo de alcanzar una condena de prisión efectiva, aunque esa definición dependerá de las pruebas, la acusación definitiva y la resolución judicial correspondiente.
Caso Stefanía Sosa y Juicio por presunta venta ilegal de armas: dos casos bajo la lupa
Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se encontraron este martes en Paraná, Entre Ríos, y, consultados por la reforma electoral que propone el oficialismo a nivel nacional, coincidieron en reclamar “que el narco y el crimen organizado no terminen financiando a la política”, como ocurre en otros países de la región.
El gobernador de Córdoba, Llaryora, señaló ante la consulta de Infobae que en la reforma electoral que el gobierno nacional envió al Congreso “hay un capítulo que es muy importante y sobre el que nadie pregunta. Es el financiamiento. En ese debate hay que tener todos los controles necesarios para que no ingresen el crimen organizado y el narcotráfico”.
“Sería el punto sobresaliente cuando se debata el financiamiento”, subrayó, poniendo en un segundo plano la cuestión de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.
Cuando terminó de responder, se escuchó un “muy bien”. Al que se le escapó fue a Pullaro, quien felicitó a su par cordobés por la definición. Por su parte, el gobernador de Santa Fe acentuó: “Hay que ser muy claro en el financiamiento de los partidos y frentes para que no se metan el narco y el crimen organizado”.
“No digo que haya sucedido en Argentina, pero sí lo vemos en muchos países y no nos puede pasar a nosotros”, alertó.
Frigerio, en tanto, se acopló al reclamo. “A nivel nacional y provincial hay que sumar mayores controles respecto del financiamiento de la política. Hay que dar una vuelta de tuerca. Me tocó hacerlo cuando fui ministro del Interior (entre 2015 y 2019), pero que hay que seguir discutiendo”. El tema “exige nuevos replanteos”, resumió.
Los gobernadores hicieron estas declaraciones en la conferencia de prensa que cerró el encuentro de la Región Centro realizado este martes por la mañana en Paraná. La convocatoria fue en el marco de las XII Jornadas de desarrollo productivo y competitividad.
Durante las exposiciones, los mandatarios de las tres provincias reclamaron un plan nacional de infraestructura para atender la demanda productiva. Además, señalaron la necesidad de que, sobre la base del ordenamiento de la macroeconomìa y el control de la inflación, se defina un programa desarrollo. Al ser provincias de la zona núcleo, también exigieron el fin de las retenciones agropecuarias.
“En Córdoba no tenemos PASO. Estamos abiertos al debate. Lo importante es que se exprese después cómo se resolverán los temas electorales al suspender el sistema”, definió Llaryora. El mandatario cordobés esquivó una respuesta concreta al asunto.
Pullaro, en tanto, recordó: “Yo ya me manifesté a favor de la eliminación de las PASO nacionales. No veo que sirva para algo. No aportan nada al funcionamiento democrático argentino”, afirmó.
“No han sido utilizadas por los partidos políticos. Muchas veces los frentes electorales llevan a un solo candidato y hacen que la gente tenga que ir en tres oportunidades a votar. En el caso de Santa Fe hay que sumar otras dos. Es muy difícil”, detalló. La Constitución santafesina ordena que los comicios provinciales no pueden ser concomitantes con los nacionales.
A renglón seguido, sumó otro elemento para sostener la derogación del sistema de primarias: el costo. “Esa es mi posición como gobernador”, sentenció.
Entre risas, agregó: “Esto no significa que los diputados y senadores nacionales de Santa Fe tomen mi postura. A veces dicen ‘lo que hicieron los legisladores de Pullaro’. Que yo sepa, ninguno es Pullaro. Son autónomos. Hacen lo que entienden que tienen que hacer. No me consultan. Y está bien que sea así, porque si no parecerían empleados del gobernador”, aclaró.
El mandatario santafesino distinguió: “Mi provincia tiene una cultura de PASO y se utiliza. Yo soy producto de una primaria provincial. Desde el 2007 en adelante, Santa Fe usó el sistema con mucha nitidez.”
Frigerio, en tanto, describió: “Hay un divorcio creciente entre la sociedad y la política. En estas condiciones, en una provincia como la nuestra, que pueda haber cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”.
A continuación, indicó: “Nuestro frente político, integrado por 28 espacios, no tomó una definición todavía”.
“Cualquier cosa que diga, es a título personal”, concluyó.
