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  • Escándalo: investigan al padre de Meghan Markle por la tenencia de material de abuso infantil

    Escándalo: investigan al padre de Meghan Markle por la tenencia de material de abuso infantil

    El padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle fue denunciado por la tenencia de material de pornografía infantil. Se trata de Thomas Markle, quien fue acusado por uno de sus hijos luego de que se le descubrieran archivos en una casa de su propiedad en Filipinas. Ahora, la actriz aseguró que ya había sido informada sobre estas “inquietantes acusaciones” en 2018.

    La duquesa, quien no tiene relación con su padre, afirmó que ese año se envió a la Policía Metropolitana una carta con acusaciones contra el señor Markle, la cual posteriormente fue compartida con ella.

    La denuncia contra el padre de Meghan Markle

    El hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., fue quien encontró los archivos y lo denunció con las autoridades filipinas. El subsecretario del Departamento de Justicia, Nicholas Ty, declaró a la BBC que “el asunto está siendo investigado actualmente” por un grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en Cebú.

    Por su parte, el ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, declaró por separado a la BBC que la policía nacional había asegurado el ordenador de Markle padre para realizar un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva.

    En un sentido más íntimo, Meghan expresó su esperanza de que se entendiera por qué

    En un sentido más íntimo, Meghan expresó su esperanza de que se entendiera por qué “no le permitía tener contacto con sus hijos” Archi y Lilibet.

    Instagram Meghan Markle

    Remulla sostuvo que se tardará “una semana en obtener los resultados forenses”. La relación entre Meghan y su padre, un antiguo director de iluminación de televisión, se rompió en el período previo a su boda en 2018 cuando se descubrió que Thomas Markle había conspirado con fotógrafos, aceptando pagos para escenificar fotografías de él preparándose para la boda.

    La controversia provocó que se retirara de la boda de su hija, alegando problemas de salud. En su lugar, Meghan fue acompañada al altar por el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales. En 2025, Thomas Markle se mudó a Filipinas tras sufrir una serie de derrames cerebrales, donde conoció a su actual pareja, una enfermera de 46 años que lo conoció mientras este se recuperaba.

    Las autoridades filipinas declararon que se realizaría un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva.

    Las autoridades filipinas declararon que se realizaría un exhaustivo examen forense digital, para determinar el alcance y la magnitud delictiva.

    The Sun

    Meghan fue informada sobre las “inquietantes acusaciones” contra su padre en 2018

    Tras las acusaciones, publicadas inicialmente por el periódico The Sun, la duquesa declaró: “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”.

    En un sentido más íntimo, Meghan expresó su esperanza de que se entendiera por qué se había mantenido alejada de su padre y “no le permitía tener contacto con sus hijos” Archi y Lilibet. “Esto era para protegerlos”, confesó la duquesa y agregó que había “confiado en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”.

    Describió las acusaciones como “más repugnantes de lo que uno podría imaginar” y que su “más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

  • Recuperaron una moto robada en Concepción del Uruguay: un sospechoso huyó dos kilómetros descalzo

    Recuperaron una moto robada en Concepción del Uruguay: un sospechoso huyó dos kilómetros descalzo

    Una motocicleta robada en Concepción del Uruguay fue recuperada tras una persecución policial por un descampado cercano al arroyo El Curro, donde dos sospechosos intentaron escapar a pie. Uno de ellos huyó descalzo y ambos fueron interceptados a unos dos kilómetros del lugar. Los hombres, de 27 y 30 años, quedaron detenidos por el supuesto delito de encubrimiento.

     

    El procedimiento se desarrolló este jueves 22 de octubre, alrededor de las 19:10, cuando efectivos de Comisaría Primera acudieron al sector norte de la ciudad tras recibir una alerta del Comando Radioeléctrico sobre personas que manipulaban una motocicleta.

     



     

    Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres junto a un rodado que estaba tirado entre el pasto y el barro. Al advertir la presencia policial, ambos escaparon hacia el este. Se desplegó entonces un operativo con móviles policiales que permitió interceptarlos aproximadamente 2.000 metros más adelante.

     

    La motocicleta había sido robada durante la madrugada

     

    La investigación comenzó con la denuncia de un vecino de 32 años, quien informó que le habían sustraído su motocicleta IMSA IM110E, de color bordó.

     

    Según relató, había dejado el vehículo estacionado el miércoles alrededor de las 19, sin medidas de seguridad, en la intersección de las calles Moreno y Alberdi. Cuando regresó a buscarlo, cerca de las 5 de la madrugada del jueves, descubrió que había desaparecido.

     



     

    Durante el procedimiento, la Policía confirmó que la motocicleta tenía un pedido de localización vigente. Además del rodado, los efectivos secuestraron un par de ojotas negras, talle 41, encontradas en el lugar donde comenzó la persecución.

     

    Dos detenidos por presunto encubrimiento

     

    La Fiscalía dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre la motocicleta recuperada.

     

    Posteriormente, la fiscal interviniente ordenó que los sospechosos, de 27 y 30 años, fueran alojados en la Alcaidía de Comisaría Primera, imputados por el supuesto delito de encubrimiento.

     

    La investigación continuará para establecer las circunstancias de la sustracción del vehículo y determinar las responsabilidades correspondientes.

     



     

    Otro detenido cerca del arroyo El Curro

     

    En un procedimiento independiente, efectivos de Comisaría Tercera intervinieron en una vivienda de calle Carlos Gardel, camino al arroyo El Curro, por un posible hecho de violencia de género.

     

    Una mujer de 30 años denunció que su expareja, de 38, permanecía dentro del domicilio junto a sus tres hijos menores de edad y se negaba a retirarse.

     

    Inicialmente, el hombre abandonó voluntariamente la vivienda por pedido policial. Sin embargo, después de que la mujer formalizara la denuncia, la Fiscalía ordenó su detención. El sospechoso fue trasladado a la Alcaidía y quedó a disposición de la Justicia.

     



  • La asignación por hijo de los empleados en blanco vale casi la mitad que en 2016, según la UCA

    La asignación por hijo de los empleados en blanco vale casi la mitad que en 2016, según la UCA

    Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
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    La asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores registrados perdió casi la mitad de su poder adquisitivo desde 2016, pese a que comparte con la Asignación Universal por Hijo (AUH) el mecanismo de actualización mensual por inflación desde julio de 2024. La diferencia es que la asignación destinada a los asalariados formales no recuperó lo perdido, mientras que la AUH recibió refuerzos extraordinarios y se complementó con la Prestación Alimentar, lo que amplió la brecha entre ambos sistemas.

    El diagnóstico surge del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. Entre 2016 y septiembre de 2026 la asignación familiar por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) perdió un 45% de su valor real. En el tramo de menores ingresos, su cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) cayó cerca de un 48%: para un hogar tipo de dos adultos y dos niños, pasó del 40% en 2016 al 20,8% en septiembre de 2026.

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    La AUH, en cambio, amplió su alcance. Para ese mismo hogar tipo, cubría el 32% de la CBA en 2016, cuando todavía no existía la Prestación Alimentar, creada en 2020. En septiembre de 2026, la AUH junto con la Prestación Alimentar cubre el 48,7%.

    La diferencia entre ambos esquemas no se explica únicamente por la inflación, sino también por las decisiones que modificaron los montos y la composición de las transferencias.

    Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales

    Entre 2016 y 2023, la AUH y el SUAF compartieron mecanismos de movilidad que no alcanzaron a compensar el aumento de los precios. Sin embargo, desde 2020, los hogares que percibían la AUH comenzaron a recibir también la Prestación Alimentar, creada para reforzar los ingresos destinados a la alimentación. En 2024, además, el monto de la AUH se duplicó, mientras que la asignación familiar del sistema contributivo no recibió un refuerzo equivalente.

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    Desde julio de 2024, ambas asignaciones se actualizan mensualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses antes. Ese mecanismo frenó el deterioro adicional del SUAF, pero no permitió recuperar su pérdida acumulada.

    La AUH, por su parte, recuperó terreno en términos reales: según el informe, en septiembre de 2026 su valor era un 9% superior al de 2016. Cuando se suma la Prestación Alimentar, el poder de compra de ambas transferencias era un 60% mayor que diez años atrás.

    La evolución reciente de la Prestación Alimentar, no obstante, muestra límites. El beneficio permaneció congelado entre junio de 2024 y abril de 2026, período en el que perdió un 44,1% de su valor real. En mayo de este año recibió un aumento del 38,3%, pero desde entonces volvió a perder capacidad de compra frente a los alimentos. En septiembre, su valor real todavía se encontraba casi un 30% por debajo del nivel de junio de 2024.

    La indexación por el IPC general tampoco alcanza siempre para seguir a los alimentos. En los últimos doce meses la AUH subió 33,8%, igual que la inflación con dos meses de rezago, pero la CBA aumentó 40%. La brecha se amplió entre noviembre de 2025 y enero de 2026, cuando la canasta alimentaria subió entre 4% y 6% por mes.

    La distancia entre los dos sistemas también se observa en los montos mensuales y en su capacidad para cubrir las canastas básicas. Para septiembre de 2026, el ODSA estimó los siguientes valores para hogares tipo del Gran Buenos Aires:

    AUH más Prestación Alimentar: $359.749 mensuales para un hogar con dos hijos y $519.100 para uno con tres. SUAF, tramo 1: $154.050 para un hogar con dos hijos y $231.075 para uno con tres. SUAF, tramo 4: $32.434 para un hogar con dos hijos y $48.651 para uno con tres.

    Hogares formales con niveles de pobreza cercanos a los de la AUH

    Uno de los principales hallazgos del estudio es que los hogares asalariados de menores ingresos se parecen cada vez más a los que reciben la AUH, tanto por su composición familiar como por sus condiciones socioeconómicas.

    A partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ODSA-UCA estimó que, en el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo 1 del SUAF estaba en situación de pobreza y el 15% en la indigencia, con la asignación incluida. Entre los hogares con AUH, los indicadores eran del 64% y el 14%.

    El informe aclara que esa similitud se vincula en parte con las reglas del sistema: con el límite actual del tramo 1, fijado en 0,76 canastas, esos hogares son pobres casi por definición, y el grupo de 2026 no es el mismo que el de 2018. Aun así, la transferencia que reciben es muy distinta.

    Según las estimaciones, la AUH más la Prestación Alimentar reduce la indigencia en alrededor de 20 puntos porcentuales, mientras que el SUAF del tramo 1 la disminuye en 11. En los tramos 2 a 4, el efecto es casi nulo.

    Manos entregando billetes de pesos argentinos a otra persona, mientras un niño juega con bloques en el suelo.

    También hay similitudes en la composición de los hogares. El 60% de los hogares del tramo 1 y de los que reciben AUH tiene jefatura femenina. Además, el 45% de los del tramo 1 es monomarental, frente al 35% entre los perceptores de AUH y el 10% en el tramo 4.

    El informe describe a los hogares con SUAF como un grupo formal heterogéneo: en conjunto están mejor que los de AUH (22,4% de pobreza frente a 63,7%), pero los del tramo 1 tienen un perfil cada vez más parecido al de la AUH, con una transferencia 2,3 veces menor.

    El efecto de los topes de ingresos

    El informe también identifica el impacto de los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el tope individual para cobrar el SUAF permaneció congelado en $158.366, mientras los precios aumentaron un 102,5%.

    Como consecuencia, algunos hogares que recibían la prestación dejaron de cumplir los requisitos para cobrarla, aunque continuaban atravesando dificultades económicas. En el primer trimestre de 2023, los hogares que superaban el tope registraron por primera vez un nivel de pobreza, del 10,7%, mientras que la pobreza entre los hogares que percibían el SUAF alcanzó un máximo del 53,9%.

    En 2024 se modificaron los límites y la composición de los tramos. Actualmente, el tramo 1, que recibe el monto máximo, concentra a un grupo más reducido y de menores ingresos. Para acceder a ese nivel de prestación, el ingreso familiar debe ubicarse por debajo de 0,76 canastas, frente a 1,28 en 2018, según las estimaciones del documento.

    Así, la evolución de los topes no solo incidió en quiénes reciben la asignación, sino también en el perfil de los hogares que permanecen dentro de cada categoría.

    Una protección desigual frente al costo de vida

    El ODSA muestra que las transferencias dirigidas a hogares con niños y adolescentes siguieron caminos diferentes durante la última década. La asignación familiar de los trabajadores formales perdió un 45% de su poder de compra, mientras que la AUH recuperó su valor real y, junto con la Prestación Alimentar, amplió su cobertura de las canastas básicas.

    Esa diferencia se traduce en una brecha concreta entre hogares que, con la asignación incluida, muestran niveles similares de pobreza e indigencia. La actualización mensual por inflación frenó el deterioro del SUAF, pero no compensó lo perdido.

    Manos de un empleador que entregan billetes de pesos argentinos a una mujer con delantal junto a una taza sobre una mesa.

    Entre las líneas de acción que plantea la casa de estudios figuran actualizar los límites de los tramos según el valor de la canasta, reforzar el monto de los más bajos y atar la Prestación Alimentar a la CBA para sostener su valor.

    Qué pasó en el último año

    Entre septiembre de 2025 e igual mes de 2026, la AUH y las asignaciones familiares del SUAF aumentaron cerca de 33,8%, apenas por encima de la inflación interanual, que fue de 33,4%. En términos reales, la mejora fue de solo 0,4%.

    La Prestación Alimentar subió 38,3% y registró una recuperación real de 3,7%, aunque los hogares que combinan AUH y ese refuerzo tuvieron mejoras reales de entre 1,3% y 1,6%, según la cantidad de hijos.

  • Se disparan los precios en una subasta de objetos del dictador Francisco Franco

    Se disparan los precios en una subasta de objetos del dictador Francisco Franco

    Uno de los objetos que concentra mayor interés es un retrato de Juan Carlos I dedicado a Franco en 1970, cuya puja ya superaba los 1.000 euros antes de la fecha oficial de la subasta.

    También figuran elementos con simbología de la dictadura, como un tapiz con el escudo de la España franquista, que parte de los 850 euros, y un armario de castaño decorado con el yugo y las flechas, con un precio inicial de 700 euros.

    Entre las piezas de mayor valor artístico aparecen muebles de los siglos XVII, XVIII y XIX, porcelanas chinas, relojes, esculturas y pinturas religiosas.

    El catálogo incluye bargueños antiguos con precios iniciales de hasta 4.500 euros, además de una pintura de San Francisco del siglo XVII tasada inicialmente en 5.000 euros.

    También se ofrecen cuatro grandes figuras de madera que sostenían lámparas, distribuidas en dos parejas con precios de salida de 2.500 euros cada una.

    Los recuerdos del dictador que multiplicaron sus precios

    Una de las particularidades de esta subasta es que los objetos más demandados no necesariamente son los de mayor valor artístico o antigüedad.

    El interés se concentra, en algunos casos, en artículos cotidianos asociados con la vida privada de Franco y su familia.

    Entre ellos aparecen una antigua raqueta de tenis Wilson, un juego de palos de golf con su bolsa original y un maletín de cuero que fue obsequiado al dictador.

    También se ofrecen un documento con su árbol genealógico, un joyero de plata con el nombre de su hija Carmen y distintos artículos domésticos.

    La colección incluye juegos de sábanas bordadas con símbolos familiares, cuyos precios de salida comenzaban en 180 euros, y una serie de ocho espingardas procedentes de Marruecos, ofrecidas conjuntamente por 2.500 euros.

    Según la información difundida sobre la subasta, algunas de estas piezas registraron aumentos de seis a diez veces sobre sus valores iniciales.

    La diferencia responde al componente histórico y simbólico que determinados compradores atribuyen a los objetos.

    Sin embargo, las ofertas anticipadas no equivalen todavía a precios de venta definitivos, que se conocerán cuando concluya la subasta.

    Por qué los herederos de Franco pueden vender los objetos del Pazo de Meirás

    El origen de la controversia se encuentra en la disputa judicial por el patrimonio del Pazo de Meirás, una residencia ubicada en el municipio gallego de Sada.

    El inmueble había pertenecido originalmente a la escritora Emilia Pardo Bazán y posteriormente pasó a estar vinculado con Francisco Franco, quien lo utilizó como residencia durante la dictadura.

    Después de distintos procesos judiciales, se reconocieron derechos del Estado español sobre el inmueble y numerosos bienes que formaban parte de su patrimonio.

    Entre 2022 y 2024, distintas resoluciones judiciales reconocieron la titularidad estatal de cerca de 700 elementos muebles y documentales, sobre la base de estudios que acreditaron su valor histórico o su carácter de patrimonio público.

    Sin embargo, otros objetos no fueron reclamados por la Abogacía del Estado y la familia Franco obtuvo autorización para retirarlos.

    En julio de este año, los herederos trasladaron esos bienes desde el Pazo de Meirás hacia Madrid, mediante una operación realizada bajo vigilancia.

    Parte de ese patrimonio es el que ahora aparece en el catálogo de Magna Art Auctions.

    Denuncian que algunos bienes subastados podrían pertenecer al Estado

    Las asociaciones memorialistas cuestionan que todos los artículos incluidos en la venta pertenezcan legítimamente a los descendientes del dictador.

    La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña asegura haber identificado muebles y otros elementos que ya se encontraban en el Pazo de Meirás antes de que la residencia quedara bajo control de Franco.

    La organización sostiene que ciertos objetos podrían haber pertenecido a Emilia Pardo Bazán y deberían permanecer vinculados al patrimonio histórico del inmueble.

    Entre los artículos cuestionados aparecen dos antiguas armaduras, ofrecidas inicialmente por 500 euros, que según la asociación ya se encontraban en la residencia durante las primeras décadas del siglo XX.

    El colectivo también señaló una cuna antigua tapizada, cuyo precio de salida es de 250 euros, y un aparador del siglo XIX ofrecido por la misma cantidad.

    Las organizaciones fundamentan sus cuestionamientos en fotografías históricas y otros registros que, según afirman, permiten rastrear la presencia de esas piezas en la residencia.

    De todos modos, estas denuncias no implican que exista una resolución judicial específica que haya declarado ilegal la venta de esos objetos.

    Piden suspender la subasta prevista para el 27 de octubre

    La controversia llegó a una nueva instancia cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó formalmente al Gobierno español que intervenga para frenar la operación.

    La organización pidió que se promueva, a través de la Fiscalía General del Estado, la suspensión cautelar de la subasta, prevista para el martes 27 de octubre.

    El planteo se basa en la necesidad de verificar la titularidad de determinados objetos y establecer si fueron adquiridos de manera privada o si, por el contrario, corresponden al patrimonio estatal.

    La asociación sostiene que los herederos deberían acreditar que los bienes ofrecidos no fueron regalos realizados a Franco en su condición de jefe del Estado, supuesto en el que podrían surgir derechos de propiedad pública.

    También cuestionó la presentación comercial del catálogo por describir el Pazo de Meirás como una propiedad que habría pertenecido durante décadas a la familia Franco, sin incorporar el contexto de su adquisición y las posteriores decisiones judiciales.

    Con la subasta a pocos días de celebrarse, la controversia enfrenta dos dimensiones: el valor comercial que los compradores están dispuestos a pagar por los objetos y la discusión sobre quién tiene derecho a disponer de ellos.

    La operación podría generar ingresos para los descendientes del dictador, pero el monto final dependerá de las adjudicaciones. Mientras tanto, las organizaciones memorialistas buscan impedir que se vendan piezas cuya propiedad consideran pendiente de esclarecimiento.

  • Javier Milei recibe hoy a Christopher Landau en Casa Rosada tras acordar cambios en la ley sobre Malvinas

    Javier Milei recibe hoy a Christopher Landau en Casa Rosada tras acordar cambios en la ley sobre Malvinas

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habla en una rueda de prensa con el canciller de Argentina, Pablo Quirno (fuera de cuadro), este jueves en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
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    El presidente Javier Milei recibirá al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, esta mañana en la Casa Rosada. El encuentro se produce en medio de las observaciones que la administración de Donald Trump realizó sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las sugerencias que emanaron desde Washington referían a que la redacción original podía afectar empresas vinculadas que no estuvieran involucradas de manera directa con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

    En una conferencia realizada este jueves en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, Landau sostuvo que la legislación es una cuestión de las autoridades argentinas, pero admitió que Washington sigue de cerca sus consecuencias para el sector privado estadounidense. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”, afirmó.

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    Christopher Landau y Pablo Quirno. REUTERS/Alessia Maccioni

    Participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. Se prevé que entre los temas de conversación se incluyan aspectos vinculados a la seguridad y la “lucha contra el terrorismo” en la región, así como de las diferentes políticas de apoyo económico que ambos países vienen manteniendo en los últimos años.

    Un régimen sancionatorio con alcance sobre socios y proveedores

    Aunque quiso ser desmentido por funcionarios del Gobierno, fueron los mismos integrantes de la administración estadounidense quienes reconocieron su preocupación por la redacción original del proyecto por Malvinas. La iniciativa no alcanzaba solo a las firmas que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con actividades petroleras sin autorización argentina.

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    El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del Título I. La preocupación se concentraba en las penalidades contra compañías asociadas con las petroleras que trabajan en Malvinas y que fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

    El oficialismo postergó el tratamiento parlamentario ante la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. Aun así, podría no tardar en reactivarse. La Cámara de Diputados podría abordar el proyecto hacia finales de octubre, aunque otras fuentes consultadas señalaron que la fecha aún no estaba definida; las estimaciones internas marcan que los números estarán disponibles después de que se terminen de configurar los cambios.

    Las conversaciones con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) derivaron en la promesa oficial de habilitar cambios.

    Christopher Landau. REUTERS/Alessia Maccioni

    Entre los cambios principales, se limitarán las sanciones exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales en territorio argentino, lo que exime a fondos de inversión indirectos. También se incorporará que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional tenga la facultad de aceptar o rechazar inversiones de estados y empresas con capitales extranjeros, y se acotó la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas solo a casos en que la defensa nacional esté amenazada.

    Además, el oficialismo accedió a crear una Comisión Bicameral en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional —compuesto únicamente por miembros del Ejecutivo—, como garantía para los aliados legislativos. Se modificará también el polémico artículo 111, que penaliza la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

    El reclamo de soberanía y el futuro del comité de la ONU

    La discusión legislativa coincidió con la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro en el que la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo de soberanía ante el Reino Unido. Landau respaldó la eliminación como parte de una reforma general de los organismos multilaterales.

    “El comité, a través de los años, ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos, el caso de Puerto Rico y otros temas”, planteó el funcionario. También señaló que existen numerosos comités que “a través de los años no han hecho casi nada” y pidió no interpretar la reforma como una decisión vinculada específicamente con Malvinas.

    Quirno calificó el reclamo argentino como “innegociable” y sostuvo que una eventual desaparición del comité no modificaría la posición nacional. Explicó que las resoluciones que respaldan la causa son generales de las Naciones Unidas y no dependen de un organismo en particular, aunque reconoció que se trata de un ámbito de interés porque la Argentina presenta allí su posición todos los años.

    La Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización. El canciller atribuyó la decisión a razones técnicas, mientras sectores de la oposición la interpretaron como un gesto hacia Washington.

    En la Casa Rosada admitieron que la iniciativa estadounidense llegó en un momento inconveniente para el debate sobre la ley. Funcionarios del Poder Ejecutivo sostuvieron que la eliminación del comité no sería favorable porque permite mantener el reclamo jurídico argentino, aunque no esperan avances concretos en la disputa de soberanía y consideran que Trump busca dar una batalla discursiva sobre el tema.

    Fondos estadounidenses y la cuestión china

    La visita de Landau incluyó anuncios de cooperación en seguridad y negociaciones sobre inversiones. Quirno detalló que la administración Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico: USD 7,5 millones estarán destinados a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, que prevé un respaldo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

    Ante una consulta sobre el uso de tecnología china en obras de infraestructura, Quirno negó que existiera una política de discriminación. Dijo que las decisiones responden a análisis sobre seguridad informática y a la necesidad de ser más cuidadosos respecto de quiénes controlan las tecnologías utilizadas en el país.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunión con el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.

    Landau fue más enfático sobre las visas como herramienta de política exterior. “Por algo me llaman el quitavisas”, afirmó, antes de explicar: “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”.

    El funcionario estadounidense elogió la sintonía con el Gobierno argentino y aseguró que no existe “otro país en todo el mundo” con el que Estados Unidos esté tan alineado. Señaló que los acuerdos comerciales entre ambos países pueden atraer inversiones masivas y abrir una “nueva era dorada” para la Argentina.

    Consultado sobre si el respaldo estadounidense dependía de una victoria de Milei en 2027, Quirno respondió que el único condicionamiento era mantener el rumbo económico. Mencionó el crecimiento, el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal como condiciones para dar previsibilidad a inversiones de largo plazo.

  • Una muerte permitió descubrir una presunta red de trata laboral en fábricas de baterías

    Una muerte permitió descubrir una presunta red de trata laboral en fábricas de baterías

    Una investigación por presunta trata laboral en fábricas dedicadas al reciclaje de baterías terminó con cinco detenidos y el rescate de 14 personas que presentaban distintos grados de intoxicación. Los procedimientos se realizaron en el conurbano bonaerense y permitieron clausurar dos establecimientos.

     

    La causa se inició después de que un hospital público denunciara la muerte de un trabajador que se había intoxicado con gases nocivos en una planta de Tortuguitas. Los estudios forenses detectaron elevados niveles de plomo en su sangre.

     



     

    Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, los operarios realizaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de chatarra. Los investigadores señalaron que estaban expuestos a vapores tóxicos y manipulaban ácidos y productos químicos sin elementos de protección adecuados.

     

    La muerte de un trabajador dio origen a la investigación

     

    Tras conocer el fallecimiento, el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las primeras evaluaciones plantearon la posibilidad de que otros empleados estuvieran sometidos a explotación y expuestos a sustancias peligrosas.

     

    Los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la aseguradora, junto con el testimonio de un familiar del trabajador fallecido, permitieron identificar un segundo predio. De acuerdo con la información oficial, ese establecimiento no estaba declarado ante las autoridades.

     



     

    La investigación por trata laboral quedó a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, encabezado por Juan Manuel Culotta. Las tareas realizadas por la Policía Federal indicaron que los trabajadores también vivían dentro de los establecimientos, alojados en contenedores.

     

    Los operarios fueron trasladados a hospitales

     

    El juez ordenó allanar las plantas situadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en el partido de Malvinas Argentinas. Allí fueron rescatadas 14 personas adultas, en su mayoría provenientes de Misiones.



    Los trabajadores fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para realizarles estudios destinados a determinar los niveles de intoxicación. La exposición investigada comprendía tanto los vapores de la fundición como el contacto con sustancias utilizadas para reciclar y fabricar baterías.

     

    Después de las evaluaciones médicas, quedaron bajo el acompañamiento del organismo nacional de asistencia a víctimas de trata. Las dos fábricas fueron clausuradas en el marco de la causa por presunta trata laboral.

     

    Cinco detenidos y documentación secuestrada

     

    La pesquisa derivó en otros cuatro allanamientos en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz, donde fueron detenidas tres mujeres y un hombre. Una de las acusadas llevaba una valija con elementos que, según la hipótesis de los investigadores, intentaba ocultar para obstaculizar la causa.



    El propietario de la empresa, un hombre de 84 años señalado como presunto jefe de la organización, se presentó en el juzgado junto con su abogado y quedó detenido. También se realizó un procedimiento en su vivienda del partido de Tres de Febrero.

     

    Los cinco acusados quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones a la normativa sobre trata de personas y por homicidio culposo. En los operativos se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación que será analizada en la investigación.

  • Abrieron los sobres para ejecutar obras sanitarias y edilicias en escuela del distrito Perdices

    Abrieron los sobres para ejecutar obras sanitarias y edilicias en escuela del distrito Perdices

    La escuela N° 64 Juan José Millán está ubicada en el kilómetro 33 de la ruta nacional 14, en el distrito Perdices, departamento Gualeguaychú. La intervención abarcará una superficie de 500 mt2 y contempla un presupuesto oficial de 80 millones de pesos, con un plazo de ejecución fijado en 60 días corridos. Las tareas permitirán resolver deficiencias estructurales, acondicionar el sistema de desagües y garantizar el suministro de agua potable, mejorando las condiciones de habitabilidad para las y los estudiantes y el equipo docente del establecimiento rural. Durante la apertura realizada en la Dirección General de Arquitectura se presentaron dos propuestas económicas pertenecientes a las firmas Sittner Gustavo Leonardo y Ernesto Ricardo Hornus S.A.

    Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la continuidad de los trabajos de mantenimiento en los edificios escolares de la provincia. “Avanzamos con intervenciones edilicias en todo el territorio provincial para fortalecer la infraestructura escolar y las condiciones donde los chicos aprenden y el personal docente desempeña su labor. En esta escuela de distrito Perdices los trabajos podrán dar solución a problemas sanitarios y hacer posible espacios adecuados para el desarrollo de las actividades”, remarcó el funcionario.

    El proyecto técnico prevé la renovación integral de los sectores interiores y exteriores del ala norte, la reparación de los grupos sanitarios existentes, la reconstrucción de contrapisos, el solado con materiales de alto tránsito y la aplicación de pintura general. Asimismo, en el área de servicios se subsanarán fisuras de mampostería, se repondrán accesorios y se instalarán nuevas aberturas de acceso. En cuanto al sistema sanitario y de fluidos, las cuadrillas ejecutarán una nueva perforación para asegurar la provisión de agua potable, construirán un sistema de disposición final para los efluentes cloacales y renovarán las cubiertas de chapa y la impermeabilización en la losa de la galería. 

    De la jornada participaron el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la abogada Soledad Vidoz, del área Legal; el jefe zonal de Arquitectura en Gualeguaychú, Hernán Hornus; y representantes de las empresas contratistas.

  • Balotaje en Brasil: preparan cerco diplomático para evitar la injerencia de Donald Trump y Javier Milei en el reconocimiento del ganador

    Balotaje en Brasil: preparan cerco diplomático para evitar la injerencia de Donald Trump y Javier Milei en el reconocimiento del ganador

    Cuatro embajadores comentaron a Reuters que, si bien no formalizaron un plan, tratarán de evitar cualquier intento desde fuera del país de declarar prematuramente a favor de cualquiera de los candidatos.

    Bolsonaro, senador de derecha e hijo del expresidente Jair, mantiene una pequeña, pero cada vez menor, ventaja en las encuestas sobre el presidente de izquierda.

    Dos embajadores declararon a Reuters que les preocupa que el presidente estadounidense Donald Trump, o su administración, puedan cuestionar el resultado si Lula gana por un margen estrecho.

    “No me sorprendería que Trump o Javier Milei declararan a Bolsonaro ganador antes de que lo hagan las autoridades electorales”, dijo un embajador, quien temía que tal escenario pudiera provocar una importante crisis institucional.

    El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondieron a las preguntas sobre si Trump se comprometería a reconocer al ganador de la segunda vuelta, tal como lo confirmó el tribunal electoral de Brasil.

    Un embajador afirmó que su preocupación por el mandatario estadounidense surgió luego de su accionar en las elecciones presidenciales de Honduras en 2025. En medio de las demoras en el recuento de votos, Trump alegó fraude sin aportar pruebas y dijo que habría graves consecuencias si se modificaba los resultados preliminares que daban la ventaja a su candidato preferido.

    Un reconocimiento prematuro por parte de Trump o de cualquier otra persona “podría conducir a una crisis institucional que nadie desea”, dijo el embajador consultado por Reuters.

    Brasil y la lección de 2022

    Aún están frescos los recuerdos de las anteriores elecciones presidenciales en Brasil, cuando gobiernos extranjeros, incluidos EEUU, la Unión Europea (UE) y muchos países latinoamericanos, desempeñaron un papel importante en el reconocimiento de la victoria de Lula sobre el expresidente Bolsonaro, quien se negó a reconocer la derrota durante días e instigó un intento de golpe de Estado, alentando a sus partidarios a asaltar violentamente Brasilia.

    “Nuestro principal objetivo es reconocer el resultado de unas elecciones que esperamos se celebren de acuerdo con buenos estándares. Confiamos en el sistema electoral brasileño“, declaró un embajador europeo a Reuters, agregando que “la rapidez es nuestra principal preocupación”.

    Bolsonaro superó a Lula en la primera vuelta de las elecciones del 4 de octubre, lo que disparó los mercados ante el optimismo de que estaba bien posicionado para ganar e impulsar duras reformas económicas que favorecen a las empresas con la ayuda de un nuevo Congreso repleto de aliados.

    Si bien mantuvo una ligera ventaja sobre Lula en las encuestas de cara a la segunda vuelta, el último sondeo conocido, difundido por Datafolha el jueves por la noche, les adjudicó a cada uno 50% de los votos válidos.

    “Si Lula gana, sobre todo por un margen estrecho, es inevitable que al menos algunos digan que la votación fue amañada de alguna manera a su favor”, dijo un embajador, quien afirmó que el escenario hipotético aumenta la presión sobre las autoridades electorales brasileñas y los observadores internacionales para que confirmen rápidamente el resultado de la votación.

    Los embajadores expresaron su confianza en el proceso electoral y las instituciones de Brasil, y dijeron que las preocupaciones no se centraban en ningún candidato en particular, sino en un posible negacionismo electoral que afectaría la menguante confianza en las instituciones democráticas de Brasil.

    “Me da igual si gana Lula o Bolsonaro”, dijo un embajador. “Lo que sí me importa es el estado de la democracia brasileña tras estas elecciones”.

  • Hotesur: comienza el juicio que puede cerrar el círculo de la corrupción K

    Hotesur: comienza el juicio que puede cerrar el círculo de la corrupción K

    Después de muchas dilaciones, finalmente este viernes se iniciará el juicio oral por supuesto lavado de dinero, que tendrá en el banquillo a Cristina y Máximo Kirchner, así como a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, que será desarrollada como un solo trámite judicial, busca determinar si los Kirchner y los empresarios montaron un sistema de beneficios en la obra pública a cambio de supuestos alquileres en hoteles.

    Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, por Zoom, el juicio se pondrá en marcha desde las 10. A un ritmo de tres audiencias semanales, buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.

    Se trata de una causa clave que podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso –que tiene a la expresidenta sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal– guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.

    Mientras en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia deberá determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.

    La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.

    Según consta en la documentación del juicio que se inicia en la jornada de hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de $40 millones entre 2008 y 2013.

    Pero la causa Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.

    Por parte de los empresarios López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de $19 millones, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero. En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos.

    Así, Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de $8000 millones, al retener el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.

    Al igual que la obra pública con Vialidad, esta parte de la maniobra también tuvo su propio capítulo judicial: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos y ninguna de esas situaciones tiene todavía una resolución definitiva por la Corte Suprema.

    Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.

    De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas en la causa es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.

    La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas de los acusados.

    Lavado de dinero

    En Hotesur-Los Sauces, Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado, entre otros delitos, informó La Nación.

    Por eso, los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.

    El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.

    La audiencia de hoy se realizará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y estará destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante la etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.

    El origen

    Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi US$5.000.000 por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.

    Ese día, Sanfelice llevó más de US$3.000.000 millones en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los US$1.632.000 restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.

    Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano. Luego llegaría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.

    ¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.

    Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de $10 millones, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.

    Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.

  • El gobernador inauguró obras de infraestructura deportiva en Feliciano y entregó luminarias a tres clubes

    El gobernador inauguró obras de infraestructura deportiva en Feliciano y entregó luminarias a tres clubes

    El mandatario, quien estuvo acompañado por el intendente Damián Arévalo, expresó su satisfacción por las mejoras concretadas y sobre todo”, ver a los chicos poder aprovecharlas. El deporte es fundamental y el Estado tiene también un rol de acompañar ese esfuerzo que hacen todas las entidades deportivas de la provincia, con obras a través de una empresa de distribución eléctrica, con luces LED como estas y como tantas otras cosas que se vienen haciendo con mucho esfuerzo en estos tiempos tan complejos”, sostuvo.

    En ese marco, Frigerio recordó el reconocimiento que realizó la provincia a los deportistas entrerrianos que obtuvieron medallas en los Juegos Suramericanos y señaló: “Seguramente muchos de ustedes también tienen el sueño de ser deportistas profesionales, de ponerse la camiseta argentina, y ver que hay otros que seguramente se formaron en un club como este, en cualquiera de los 17 departamentos de la provincia, y que eso es posible, también nos da a todos, incluso a los entrenadores, un aliciente más para seguir trabajando con el compromiso que lo hacen todos”, sostuvo.

    Por último, el gobernador remarcó que “el deporte es fundamental, es formativo, saca a los chicos de la calle y nos da una cultura que sin estos clubes es imposible de brindar”, y agradeció a los entrenadores que llevan adelante las tareas en estas instituciones deportivas y a las familias que siempre acompañan.

    En tanto, el presidente de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), Uriel Brupbacher, destacó la iniciativa y señaló que “es una política que el gobernador nos instruyó puntualmente, trabajar en estas instituciones que contienen a los gurises, los sacan de la calle y les brindan un espacio de trabajo en grupo”. Además, explicó que Enersa aporta luminarias y equipamiento eléctrico complementario, como cableado, para garantizar instalaciones seguras y duraderas.

    Cabe señalar que en el Juventud Football Club, las autoridades observaron el piso deportivo de parqué, recientemente terminado, para lo cual la provincia entregó un Aporte No Reembolsable (ANR) por 33,5 millones de pesos.

    También participaron de la actividad el presidente del Juventud Fútbol Club, José Bernardini; el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; la diputada provincial María Elena Romero; la senadora provincial Gladys Domínguez; deportistas, autoridades de clubes y familias.

    Enersa acompaña a las instituciones deportivas

    En la oportunidad se entregaron luminarias LED y materiales eléctricos para mejorar los sistemas de iluminación de tres clubes de la ciudad. Las intervenciones permitirán optimizar las condiciones de uso de las canchas y los predios deportivos. En conjunto, intervenciones representan una inversión estimada de 20,5 millones de pesos, considerando los materiales aportados por Enersa y la mano de obra prevista para los trabajos.

    En el Club Corazón del Monte, se entregaron e instalaron proyectores LED y materiales eléctricos para la cancha principal. La inversión estimada asciende a 7,6 millones de pesos, entre materiales y mano de obra. Mientras que el Club Atlético San Antonio recibió materiales destinados al recambio y la modernización de la iluminación de su cancha principal, con una inversión estimada de 7,8 millones de pesos. En tanto, el Club Deportivo Los Teros recibió luminarias y materiales para mejorar el sistema de iluminación de su predio deportivo, con una inversión estimada de 5 millones de pesos.

    En la oportunidad, también se realizó la entrega de la resolución por la cual se otorga un aporte económico a la  Cooperativa de Trabajo Desatanudos, para la compra de insumos y mobiliarios con recursos provenientes para educación y promoción cooperativa.