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Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Con ese argumento, oficializado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Casa Rosada explicó el rol de los organismos públicos y los funcionarios argentinos en el traslado de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “vergonzoso” el movimiento de su rival en las elecciones, pero evitó -hasta el momento- una protesta oficial hacia la Argentina y hacia Milei, que todavía no reconoce el resultado de balotaje, más allá de la convocatoria a la encargada de negocios, María Emilia Cortés, para recabar información.

Bolsonaro ingresó a Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50 a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas. A las 23:30 abordó en Puerto Iguazú un vuelo privado de la empresa Baires Fly, con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuó hacia Miami. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la familia portaba documentación válida y que no existían impedimentos legales registrados para ingresar al territorio.

El problema surgió del lado brasileño: el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes había ordenado al dirigente entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La Policía Federal de Brasil informó que no tiene registro oficial de su salida del país.

Durante un acto en Brasilia, Lula condenó la conducta de Bolsonaro sin mencionar al gobierno argentino. “Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, afirmó. También calificó el episodio de “vergonzoso”. Pero en ninguna intervención pública atribuyó responsabilidad a Buenos Aires. La distinción no es menor. Una protesta formal contra Argentina implicaría una ruptura casi total en las relaciones diplomáticas, ya degradadas a nivel de encargados de negocios desde agosto, cuando Brasil retiró a su embajador Julio Bitelli tras los insultos de Milei a Lula en San Pablo, y solicitó la salida del diplomático argentino, Daniel Raimondi.

Itamaraty, según supo Infobae, ordenó no escalar el conflicto. Es más, cursaría invitaciones tanto a Milei como a Trump para la nueva asunción presidencial de Lula, en enero de 2027. Antes de que los cancilleres Pablo Quirno y Mauro Vieira se cruzaran en Atlanta, en la cumbre del G20, el único paso formal conocido fue la convocatoria a Cortés. Fue un encuentro que duró apenas unos minutos con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento de Mercosur. No fue con la cúpula del ministerio. Desde Brasilia describieron el episodio como un “procedimiento diplomático de rigor”, no como una reprimenda ni una protesta formal. Desde EEUU, el canciller argentino señaló que “no hubo ningún pedido de información”.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, describió a la postura brasileña como “una cautela muy estudiada frente al acto hostil del gobierno de Javier Milei”. Según el analista, Lula y el canciller Vieira se han fijado desde 2022 una línea estratégica: preservar el vínculo bilateral en la mayor medida posible, incluso sin reciprocidad desde la Casa Rosada. “A esa línea estratégica se suma una consideración coyuntural: pasada la campaña electoral, no tiene utilidad siquiera marginal descender al nivel que propone Milei”, sostuvo a Infobae.

El Planalto e Itamaraty, agregó, se guían por la máxima de no interrumpir a un adversario que se está equivocando: ignorar a Milei es, en ese esquema, un efecto secundario de no interferir en el colapso político de Bolsonaro.

Los números del vínculo comercial explican en parte esa decisión. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los USD 9.789 millones —el 12,7% de las ventas externas totales del país— y crecieron 4,5% interanual. Las importaciones desde Brasil sumaron USD 12.005 millones, aunque cayeron un 17% respecto al mismo período de 2025.

El déficit acumulado para Argentina fue de USD 1.687 millones, notoriamente inferior a los USD 4.681 millones del mismo período del año anterior. En septiembre, último mes disponible, el intercambio bilateral totalizó USD 2.662 millones, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El 64,5% de lo que Argentina exporta a Brasil son Manufacturas de Origen Industrial, con el sector automotriz como eje. Brasil concentra además el 21,4% de las importaciones argentinas y es el principal comprador de bienes nacionales. Una ruptura diplomática profunda afectaría cadenas productivas integradas durante décadas.

En un trabajo académico publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Esteban Actis, investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), describió que Argentina y Brasil atraviesan desde hace una década un proceso de “desacoplamiento bilateral”: una doble brecha, política y económica, que se fue ensanchando a medida que los gobiernos adoptaron visiones antagónicas y los actores privados diversificaron sus vínculos hacia mercados extrarregionales, en particular China.

“Los costos económicos y comerciales de un enfriamiento bilateral son cada vez menores, principalmente para Brasil”, concluyó Actis. Esa asimetría estructural es parte del cálculo que permite a Itamaraty sostener lo que el mismo trabajo denominó “paciencia estratégica”.

Esa brecha ideológica tiene, para algunos analistas, una dimensión que excede la coyuntura. El alineamiento de Milei con Trump y su respaldo implícito al bolsonarismo, frente al vínculo de Lula con los gobiernos progresistas de la región y con China, le da a esa tensión una dimensión que varios analistas leen en clave de guerra fría regional. Vítor Stuart de Pieri, profesor de Geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la describió a Deutsche Welle. El escenario más probable, analizó, no es una ruptura, sino una especie de guerra fría bilateral: escaso diálogo presidencial, agresiva retórica y preservación pragmática de los vínculos económicos y burocráticos.

Puricelli también ubicó la respuesta de Lula en la política doméstica brasileña. El presidente dejó trascender por canales informales su malestar con la decisión del juez Moraes de retener los pasaportes de Flávio, lo que le permitió tomar distancia de una medida judicial que la oposición podía presentar como prueba de persecución política. “Lula ya pasó de pantalla: su foco está puesto ahora en asegurarse que las dos cámaras del Congreso queden en manos de los mejores interlocutores posibles del Centrão”, sostuvo.

Después de la reunión de los cancilleres en el G20 de Atlanta, un segundo cruce está previsto para la semana siguiente. El 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la Trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Milei viajará a la capital española, mientras que Lula no asistirá; Brasil estará representado por Vieira, con lo que el Presidente argentino y el canciller brasileño podrían coincidir en el plenario.

Una investigación en dos frentes

Mientras la diplomacia avanza a baja intensidad, el caso genera presión interna en Argentina. Desde el juzgado federal de Puerto Iguazú y en Comodoro Py, los fiscales presentaron solicitudes de informes a distintos organismos para determinar las circunstancias del ingreso. La Dirección Nacional de Migraciones sostiene que la familia Bolsonaro cruzó “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. El viernes, la Justicia de Misiones archivó la denuncia.

En el Congreso, la oposición avanzó en varios frentes. El bloque de Unión por la Patria acordó pedir la interpelación del jefe de Gabinete Diego Santilli, de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y del propio Quirno, en los términos del artículo 71 de la Constitución. El bloque de Provincias Unidas presentó un proyecto de interpelación a Quirno con un cuestionario de 91 preguntas, que incluye si el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en el aeropuerto de Puerto Iguazú y si hubo comunicaciones entre funcionarios argentinos y autoridades brasileñas.

Por otro lado, la única respuesta institucional formal del oficialismo brasileño llegó por vía partidaria. La Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) aprobó una resolución política en la que advirtió sobre la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habló de elecciones “amañadas”. “Brasil no aceptará que intereses extranjeros interfieran en su democracia, ni que disputas políticas sirvan de pretexto para menosprecias la voluntad soberana del pueblo brasileño”, según consta en el documento publicado en el sitio oficial del partido.

El texto, además, describe la fuga de Flávio como “la revelación de la gravedad del momento político” y su carta desde Miami como “un nuevo peldaño de la reacción autoritaria por parte de los derrotados en las urnas”. Argentina y Milei no aparecen mencionados en ningún párrafo del documento. Dentro de todo este marco, Lula optó por un gesto que refuerza el contraste con Milei. Tras la reelección, el mandatario brasileño respondió públicamente el saludo del expresidente argentino Mauricio Macri con un mensaje en el que recordó “los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y resolvían de manera civilizada y republicana”.

La crisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo capítulo esta semana con el cierre temporal de la planta de Plantium y Gentec en Villa Constitución, Santa Fe, y una fuerte reducción de personal.

La compañía argentina, reconocida por sus desarrollos tecnológicos para el campo, despidió a 84 trabajadores de su establecimiento santafesino, mientras que las desvinculaciones también alcanzaron a empleados de Rosario. Su propietario, Jorge Gentili, habló con la prensa al respecto con el objetivo de brindar certezas y aseguró que la intención es retomar las operaciones con una estructura más pequeña, de entre 60 y 70 personas. Infobae intentó comunicarse con él, pero no quiso hacer nuevos comentarios.

La decisión se conoció este viernes 30 de octubre, cuando los trabajadores llegaron a la fábrica y encontraron las puertas cerradas. La empresa avanzó con los telegramas de despido mientras todavía se desarrollaban negociaciones con el sindicato para acordar retiros voluntarios.

El propietario y CEO de ambas compañías reconoció públicamente la gravedad de la situación y explicó que llegó a un límite después de varios meses de intentar mantener la actividad mediante endeudamiento y búsqueda de inversores.

“Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome. No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más. Ya no puedo seguir”, expresó Gentili ante la prensa que se acercó a la sede de Villa Constitución.

El empresario aseguró que su intención no es abandonar definitivamente el negocio, sino reformular la compañía para continuar operando con una dotación considerablemente menor. Sin embargo, reconoció que actualmente no dispone de los recursos necesarios para afrontar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores despedidos.

Las razones detrás de la crisis

La situación de Plantium y Gentec se deterioró por una combinación de factores que afectaron tanto la demanda de tecnología agropecuaria como la capacidad financiera de las compañías.

Gentili explicó que Gentec depende de fabricantes de maquinaria agrícola, varios de los cuales también atraviesan dificultades económicas. Entre sus principales clientes mencionó a Metalfor, Pauny y AGCO, cuyos problemas comerciales repercutieron directamente sobre su actividad.

Según relató, la empresa acumuló alrededor de $500 millones en problemas de cobranza, entre cheques rechazados y saldos de cuentas corrientes. También señaló dificultades de pago de Pauny y una interrupción de las compras de AGCO.

La falta de ingresos se sumó a una demanda que no respondió a las expectativas. Gentili confiaba en una recuperación durante Expoagro y Agroactiva, pero los resultados comerciales no alcanzaron para revertir la situación. Mientras esperaba una mejora, continuó recurriendo al endeudamiento para financiar los gastos operativos y sostener los salarios.

“¿Qué pasa con la mejor cosecha que se habla? En el campo, si tomás el dólar del 2025 al 2026 aumentó muy poco, el productor está frito. Intenté vender la empresa, buscar socios, llegó un límite que no va más. No tengo otra salida”, sostuvo.

El empresario también buscó nuevos socios e inversores que permitieran fortalecer la situación financiera de las compañías. Las gestiones incluyeron conversaciones con potenciales compradores, entre ellos capitales chinos, pero ninguna alternativa prosperó.

Consultado por Infobae, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las empresas industriales para sostener su actividad en un escenario de consumo debilitado y elevados costos operativos.

“Las empresas están haciendo mucho esfuerzo por sostenerse. Los que pueden están tratando de reestructurar su deuda para conseguir mejores plazos y tasas. Todos están haciendo los deberes para mejorar la competitividad, pero es difícil afrontar compromisos si el consumo no levanta”, señaló el funcionario.

Puccini remarcó además que los costos del gas y la energía afectaron especialmente a algunos sectores industriales y que las compañías esperan una recuperación de la actividad económica. En cuanto a las medidas provinciales, explicó que Santa Fe busca acompañar al sector productivo mediante distintas herramientas de financiamiento. “Hacemos acuerdos con bancos públicos y privados”, indicó, y destacó que la provincia invirtió $1.000 millones en el mercado de valores para facilitar el acceso al crédito.

Una empresa que apostó a la innovación agropecuaria

Plantium es una compañía argentina especializada en agricultura de precisión, con desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas, como monitores de siembra, pilotos automáticos y sistemas de gestión de datos.

Sus antecedentes se remontan a 1996, cuando comenzó a desarrollar actividades de ingeniería mecatrónica. Desde 2002 orientó su negocio hacia soluciones para el campo y posteriormente incorporó proyectos vinculados con robótica e inteligencia artificial. En 2022 inauguró en Rosario un centro de Investigación y Desarrollo, con más de 50 profesionales especializados.

La empresa también avanzó en acuerdos con otros fabricantes nacionales. Uno de los más recientes fue una alianza estratégica con Giorgi, destinada al desarrollo de una sembradora de precisión capaz de trabajar a 18 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando se anunció ese acuerdo, la conducción de Plantium ya reconocía que el contexto comercial resultaba complicado.

A las dificultades financieras se sumó otro factor señalado por los representantes de los trabajadores: la competencia de equipos importados desde China, que ingresan al mercado argentino con precios considerablemente inferiores a los nacionales.

Según explicó Fulvio Monti, representante sindical de los trabajadores de Gentec, algunos productos importados, como los sistemas de piloto automático, pueden costar hasta cinco veces menos que sus equivalentes de fabricación local.

Despidos y conflicto por las indemnizaciones

El cierre temporal se produjo después de varios meses de negociaciones entre la empresa, los trabajadores y sus representantes gremiales.

Durante aproximadamente cuatro meses, los empleados cobraron sus salarios de manera fraccionada, mediante pagos semanales de $200.000, mientras se buscaban alternativas para sostener la actividad.

En paralelo, comenzaron las conversaciones para reducir la dotación de personal. La propuesta contemplaba pasar de una plantilla cercana a los 200 empleados a otra de aproximadamente 70 personas.

Un grupo de trabajadores aceptó evaluar retiros voluntarios, incluso con condiciones económicas inferiores a las indemnizaciones que les corresponderían por un despido sin causa. Según los representantes sindicales, algunos estaban dispuestos a aceptar hasta un 50% menos de indemnización para facilitar una salida negociada. Sin embargo, las conversaciones se interrumpieron cuando se conoció que la empresa preparaba los telegramas de despido.

“Nos enteramos a través de gente de la empresa de que estaban confeccionando cartas documento con los despidos”, relató Monti.

La decisión generó malestar porque se produjo mientras continuaban las negociaciones. Además de los 84 despidos en Villa Constitución, se registraron desvinculaciones en otras dependencias, por lo que algunas estimaciones ubican el total de trabajadores afectados por encima de las 100 personas, incluyendo otras bajas y retiros voluntarios.

Gentili reconoció que no cuenta con fondos suficientes para pagar inmediatamente las indemnizaciones y sostuvo que espera afrontar esas obligaciones si consigue recuperar la actividad.

Por su parte, el sindicato cuestionó la posibilidad de que la empresa retome sus operaciones sin resolver previamente la situación de los trabajadores desvinculados y solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo.

El plan para reabrir

A pesar de la interrupción de las actividades, Gentili manifestó su intención de continuar con el negocio mediante una reorganización de las operaciones, con una estructura de entre 60 y 70 trabajadores. “Ojalá pueda remontar la empresa de nuevo, y pagarle a todo el mundo. Voy a reformular la empresa”, expresó.

El empresario evitó responsabilizar directamente al Gobierno nacional por las dificultades de su compañía, aunque reconoció que las condiciones económicas actuales resultan desfavorables para el sector. “No puedo decir que el Presidente está haciendo las cosas mal. No tengo los argumentos. Ahora, para nuestro sector está mal”, sostuvo.

Mientras tanto, el sindicato mantiene su reclamo por las condiciones en que se concretaron los despidos y el pago de las indemnizaciones. Monti señaló que la prioridad inmediata es garantizar que los trabajadores desvinculados reciban el dinero correspondiente. “Ahora estamos en una cuestión legal. Lo que nos importa es que esos compañeros y compañeras que fueron echados arbitrariamente de esta forma cobren su indemnización. Es lo mínimo que pedimos”, afirmó.

La reducción del tamaño del Estado es uno de los ejes de la gestión de Javier Milei, y las empresas y sociedades públicas no están al margen de ese proceso. Desde el cambio de gobierno, buena parte de las compañías ajustó su estructura: algunas desaparecieron, otras se fusionaron o modificaron su forma societaria y la gran mayoría opera hoy con menos trabajadores.

Según datos del Indec, la dotación total de las empresas y sociedades del Estado pasó de 110.259 personas en noviembre de 2023 a 86.809 en septiembre de 2026. La diferencia es de 23.450 trabajadores, lo que representa una baja del 21 por ciento.

El resultado no sorprende. El Gobierno busca reducir las plantas de personal de las compañías públicas, así como su propia infraestructura, con el objetivo de bajar el gasto público y sostener el superávit fiscal. El presidente sostiene que la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado, una definición que acompaña la política de recorte aplicada desde el inicio de la gestión.

De acuerdo con los informes oficiales, la planta del Estado nacional se redujo en todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades.

Los mayores recortes

Cinco compañías concentran la mayor parte de la reducción medida en cantidad de personas. El Correo Argentino pasó de 16.897 en noviembre de 2023 a 11.210 trabajadores en septiembre de este año: 5.687 menos, una baja del 34% y el mayor recorte en términos absolutos. Le sigue Operadora Ferroviaria, la empresa con la planta más grande, que descendió de 23.834 a 19.408 personas, es decir 4.426 menos (19% de caída).

El Banco de la Nación Argentina redujo su dotación en 2.379 personas en la era Milei, pasando de 17.806 a 15.427 trabajadores (-13 por ciento). Aerolíneas Argentinas pasó de 11.899 a 9.930 trabajadores, con 1.969 menos y una caída del 17 por ciento. Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), bajó de 7.799 a 5.891, lo que implica 1.908 personas menos y una variación del 24% negativa Entre las cinco explican 16.369 trabajadores menos, casi el 70% del recorte total.

Con ajustes menores en cantidad, pero igualmente relevantes, aparecen Corredores Viales y Belgrano Cargas y Logística. La primera, que se encuentra en etapa de concesión de obra pública por peaje, pasó de 3.940 a 3.245 personas (695 menos). La segunda bajó de 4.631 a 3.999 (632 empleados menos).

Las mayores caídas porcentuales

Las reducciones relativas más marcadas se dieron en empresas de menor tamaño, vinculadas a medios, educación y servicios. Télam, transformada por el decreto 548/24 en la Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 169 personas: 641 menos, una caída del 79 por ciento. Educar bajó de 446 a 167 (-63%), Contenidos Públicos de 234 a 99 (-58%) y Casa de Moneda de 1.411 a 694 (-51%), con 717 personas menos. Educar y Casa de Moneda cambiaron su forma societaria a fines de 2024 y hoy son sociedades anónimas unipersonales.

Otras empresas también recortaron más de un tercio de su planta. Es el caso de Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) ,que pasó de 936 a 583 trabajadores en la era Milei (38% de retracción) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse), que bajó de 704 a 437 (38% de baja). Fabricaciones Militares redujo 478 puestos, pasando de 1.488 a 1.010 trabajadores (-32%) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) bajó de 505 a 345 (32% de caída).

Se destaca también el caso del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), que contaba con una persona y fue disuelto oficialmente con un decreto en el Boletín Oficial de Río Negro, por lo que el Indec dejó de informar sus datos.

Las excepciones

Solo tres empresas sumaron personal en el período analizado. La principal es Ferrocarriles Argentinos (FASE), que pasó de 73 en noviembre de 2023 a 505 trabajadores en el noveno mes de este año: 432 más y un alza del 592 por ciento. Sin embargo, no se trata de un crecimiento genuino del Estado en esa área, sino de un cambio de organigrama. FASE absorbió toda la estructura y el personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que en noviembre de 2023 tenía 1.078 empleados y hoy figura sin dotación. Si se suman ambas, la planta pasó de 1.151 personas a 505, de modo que en la transición se perdieron 646 puestos.

Las otras dos empresas con aumentos son Playas Ferroviarias de Buenos Aires, que pasó de 21 a 25 trabajadores y Pellegrini, que saltó de 43 a 46 empleados durante la gestión Milei. Las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano, con 84 y 83 empleados respectivamente, mantuvieron su dotación sin cambios.