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Esta mañana volví de monitorear un maíz de primera en mi zona, el centro-norte de Santa Fe, en estadio V4. En 50 plantas revisadas, encontré dos ninfas de chicharrita (Dalbulus maidis). En otras 200, la mitad tenía daño de isoca cogollera (Spodoptera frugiperda), en un híbrido Bt con la proteína Vip3Aa20. La postal completa es que hice el recorrido con un buzo puesto y teniendo frío en pleno octubre: plagas de verano en una primavera fría. En más de 20 años de profesión no recuerdo una escena semejante. Y, sin embargo, volví optimista.

La epifitia del achaparramiento de la campaña 2023/24 nos dejó una enseñanza incómoda: a la chicharrita hay que monitorearla todo el año, no solo cuando el maíz está sembrado. Por eso, además de atender la información de la Red Nacional de Dalbulus maidis, varios asesores empezamos a generar información local: trampas amarillas, conteos de adultos y ninfas en plantas y análisis de portación de patógenos.

En esta zona, tras aquella crisis, en la temporada invernal de 2024 las trampas pasaron más de 165 días sin capturar Dalbulus. En 2025, 105 días. En 2026, ni uno: nunca dejamos de capturar. Esos números no predicen una epidemia, pero muestran que la misma plaga, en el mismo lugar, puede comportarse muy distinto de un año a otro. Esta campaña, encontrar ninfas en maíces guachos y de primera indica que hubo reproducción local: los adultos que sobrevivieron al invierno encontraron dónde dejar descendencia.

Ahora bien, dos ninfas no son una catástrofe. Importa cuántos insectos hay, cuándo llegan, qué proporción lleva los patógenos y qué maíces encuentran. Además, un insecto portador no siempre es infectivo: puede tener el patógeno y todavía no transmitirlo. Monitorear permite distinguir una señal de alerta de una amenaza concreta y así evita decidir desde el miedo.

Con el cogollero la sorpresa fue mayor. El daño era de grado 3 en la escala de Davis: raspado tipo ventanita o alargado en las hojas del cogollo. Verlo en la mitad de las plantas de un maíz de primera llama la atención. Más con este frío, que debería frenar a la isoca y aun así no le quitó voracidad. Ya la campaña pasada habíamos visto daño mayor al esperado en híbridos con Vip3Aa20. La biotecnología Bt sigue siendo valiosa, pero no nos exime de mirar: sin monitoreo no sabremos si hace falta complementarla con un insecticida. Y el cogollero no espera: en maíz tardío, demorar seis días una aplicación puede bajar el control del 90 al 58%, según datos de la Estación Experimental Obispo Colombres.

Dalbulus y Spodoptera son problemas distintos. Uno nos obliga a monitorear todo el año y a pensar en el paisaje, los hospedantes y los tiempos epidemiológicos. El otro exige controlar antes de que la larva ingrese al cogollo, y seguir atentos en los estados reproductivos. Pero los dos nos hacen la misma pregunta: ¿con qué información estamos decidiendo?

A todos nos entusiasman la inteligencia artificial y los modelos predictivos. Pero ningún algoritmo puede reconstruir lo que nunca medimos. Monitoreamos poco y registramos menos.

¿Qué podemos hacer desde mañana? Eliminar los maíces guachos antes de la siembra tardía. Recorrer el cultivo cada semana desde la emergencia: para chicharrita, 4 estaciones de 50 plantas consecutivas, anotando adultos y ninfas en el envés de las hojas; para cogollero, al menos 2 estaciones de 100 plantas, con el porcentaje de plantas dañadas y las larvas vivas. Colocar trampas amarillas para tener datos locales, revisar la Red Nacional de Dalbulus maidis para tener datos regionales. Registrar siempre fecha, lote, híbrido y estado del cultivo, para que los datos se puedan comparar. Sembrar el refugio, que es una inversión en la vida útil de la tecnología Bt. Y compartir la información con colegas y productores.

Mi optimismo viene de ahí: cada trampa revisada, cada planta observada y cada muestra enviada nos ayuda a decidir mejor. A conocer el riesgo, sobre todo con Dalbulus, una plaga compleja que todavía estamos aprendiendo a leer. A dejar de aplicar por las dudas y saber cuándo un insecticida hace falta y cuándo no. A recuperar el oficio de caminar el lote y comprobar lo que creemos. La información local no elimina la incertidumbre, pero nos permite manejarla.

Haciendo lo que hay que hacer, podemos tener una nueva campaña de maíz excelente. Ojalá así sea.

Coordinador técnico de Aappce y miembro de la Red Nacional de Dalbulus maidis y socio en SMC SRL

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Con el avance de la cosecha de maíz en un 60% y la de soja en un 80%, Chicago acumuló bajas muy fuertes desde principios de octubre. En el caso del maíz, la merma fue de US$22,44 por tonelada entre principios de mes (US$199,21 por tonelada) y el cierre del 29 de octubre (US$176,77 por tonelada). En cambio, el futuro del maíz en el mercado A3 para la posición abril 2027 acumuló una baja de US$13,5 por tonelada en el mismo período, de US$204 por tonelada a principios de mes a US$190,5 por tonelada al cierre del 29 octubre.

Vemos entonces que los precios del maíz en la Argentina no han copiado la baja sufrida en el mercado de Chicago, debido a que nuestro mercado está influenciado por factores de oferta y demanda propios del maíz argentino. En el caso de la posición de compras y ventas informada por la Secretaría de Agricultura, las compras de maíz a precio y las fijaciones ya efectuadas llegan a un total de 37,037 millones de toneladas, mientras que las DJVE’s (Declaraciones Juradas de Ventas) llegan a 38,639 millones de toneladas. La posición neta de los exportadores sería de 2,6 millones de toneladas “cortas” versus los registros, pero hay pendiente de fijaciones un volumen de 5,5 millones de toneladas, con lo cual se puede asumir que durante los próximos meses las futuras fijaciones serán suficientes para cubrir la posición de ventas de los exportadores.

En el caso de la soja, Chicago acumuló una baja de US$32,34 por tonelada entre principios de octubre (US$487,98 por tonelada) y el cierre del 29 de octubre (US$455,64 por tonelada). En cambio, el precio de la soja en nuestro país en el mercado de futuros A3, para la posición mayo 2027, acumuló una baja de US$7,7 por tonelada, de US$358 por tonelada a principios de mes a US$350,3 por tonelada al cierre de fines de octubre.

En este caso tiene influencia el margen de molienda de la soja en el precio del mercado disponible, con márgenes positivos de US$7 por tonelada en noviembre y de US$3 por tonelada negativos para diciembre. Un factor de peso que hay que tener en cuenta es el buen volumen de oferta que se está produciendo en el caso de la soja disponible.

Los productores de soja jugaron sus fichas a la suba del mercado, hecho que finalmente no ocurrió, ya que la soja disponible cotizaba a US$370 por tonelada a principios de septiembre y hoy está cotizando a US$357,5 por tonelada, una baja de US$12,5 por tonelada que perdieron los productores que decidieron retener la soja pensando que el mercado iba a subir. También hay que tener en cuenta la necesidad de venta de los productores para cubrir sus vencimientos, gastos de siembra y compromisos asumidos.

Analizando el “spread” (diferencia) en los precios de la soja disponible (cosecha vieja) a US$357,5 por tonelada y el precio de la soja futura (mayo 2027) a US$350,3 por tonelada vemos que es solo de US$7,2 por tonelada. Implica que los productores que tienen todavía soja disponible en algún momento el precio irá en busca del precio de la soja nueva, estamos ante la historia de la baja anunciada.

La buena noticia es que nuestro mercado, tanto en la soja como en el maíz, está divorciado de la fuerte tendencia bajista que se produjo en los precios del mercado de Chicago. Por el momento nuestros fundamentals locales pesan mucho más que lo que suceda en Estados Unidos, primer productor mundial de maíz y segundo país productor de soja.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados

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Para medir el valor de un lote de maíz hay que mirar fundamentalmente el pueblo más cercano: el contratista que hace las labores, el taller que repara las máquinas, los camiones que llevan los granos, los feedlots, los establecimientos porcinos o avícolas que los transforman en carne y los tambos, en leche, e incluso, si las hay cerca, las plantas de molienda húmeda o seca, o de bioetanol, que los convierten en ingredientes de alimentos, bebidas y otras industrias y en energía. Recién con esa postal completa se aprecia de qué manera una decisión de siembra se convierte en trabajo y movimiento económico, y lo hace de manera descentralizada, agregando valor y desarrollando localidades del interior del país.

El valor agregado del maíz empieza mucho antes de la siembra y sigue después de la cosecha. No es lineal, sino que se construye en red. Y quien lo determina es la demanda, el consumidor, cuando convierte el esfuerzo productivo en el valor que está dispuesto a pagar por él. Hay centenas de millones de dólares invertidos en investigación antes de que una semilla sea seleccionada para sembrarse en un campo. Otro tanto ocurre con los insumos que se aplican. Luego, durante el cultivo, intervienen el productor, los asesores, las empresas de servicios, y, tras la cosecha, las diversas industrias que procesan el maíz, las empresas de transporte, la exportación, y hasta la diplomacia, gestionando el acceso a mercados. Cada eslabón depende de los otros, y la cadena necesita acordar prioridades entre quienes producen, transforman y comercializan, y llevarlas como propuestas comunes a los gobiernos.

Maizar, como asociación de las cadenas productivas del maíz y del sorgo, trabaja para lograr que el crecimiento de estos cultivos abra cada vez más oportunidades a partir de cada lote. El mundo demanda y valora los productos de esta cadena: maíz, sorgo, harinas, aceites, carnes, bioetanol, toda una extensa red de producción que genera valor social en la Argentina.

El papel de la tecnología es clave. Fue ella la que amplió las posibilidades del cultivo en nuevas regiones: el maíz tardío y los planteos de baja densidad permitieron sembrar en ambientes con restricciones de agua. A la vez, la chicharrita, que tanto golpeó la campaña 2023/24 llevándose un 20% de la producción, mostró cuánto puede comprometer ese desarrollo una amenaza sanitaria y por qué la respuesta tiene que ser conjunta. De allí que Maizar coordinó con instituciones públicas y privadas la creación de la Red Nacional de Dalbulus maidis, encargada de recolectar muestras y analizar quincenalmente la situación de la plaga en las cinco principales regiones maiceras del país para orientar las decisiones de productores y técnicos. Sostener esa cooperación y ampliar la prevención y el acceso a la tecnología es lo que puede devolverle al maíz tardío su lugar.

Maizar también impulsa la expansión del cultivo hacia el Sur, tradicionalmente no incluido en los mapas agrícolas, un cultivo fundamental para la expansión de su producción ganadera. Río Negro es una muestra clara de ese potencial de crecimiento: en diez años, la superficie maicera se duplicó, de 12.000 a 24.000 hectáreas, y aun así la provincia debe comprar al resto país unas 100.000 toneladas de maíz anuales para sus animales. Neuquén, Mendoza, Corrientes y Misiones, entre otras provincias, exploran oportunidades del mismo tipo. Para avanzar, hacen falta riego, energía y financiamiento. La amortización acelerada de las inversiones en riego, recientemente sancionada, es el tipo de herramienta que ayuda a pasar de los proyectos a la producción.

El acceso a la tecnología también depende de lo que se decide fuera del país. Una nueva semilla puede estar aprobada por las autoridades regulatorias argentinas y seguir esperando la autorización de los países que compran el grano, lo que demora su llegada al productor. Acortar esos plazos es una prioridad en la que Maizar trabaja en colaboración con los productores de maíz de Brasil y Estados Unidos, a través de MAIZALL, la alianza que reúne las cadenas de los tres principales productores de este cultivo para que los países compradores adopten reglas basadas en la ciencia.

Para que las oportunidades que encierran el maíz y el sorgo se multipliquen hay tres frentes que abordar, y todos necesitan reglas que permitan planificar más allá de una campaña. El primero es invertir y producir: se requieren condiciones para incorporar riego, tecnología y bienes de capital, y un menor costo de insumos como fertilizantes y semillas.

El segundo es transformar más grano cerca de donde se cosecha, con inversiones en carnes, alimentos y bioenergía. El proyecto de ley que propone elevar del 12 al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas va en ese sentido. El bioetanol es una energía renovable, de menor impacto ambiental, que suma demanda para el maíz dentro del país y desarrollo en las regiones productoras. Lo muestra Brasil, que en una década pasó de una producción de etanol de maíz incipiente a más de 10.000 millones de litros, traccionando una gran demanda industrial cerca de las zonas productoras.

El tercero es llegar a los mercados: caminos, energía, logística y acceso comercial. Los derechos de exportación se cobran sobre el precio en el puerto, y los siente más el productor que está lejos y ya paga más flete. Por eso, hace falta un sendero previsible de reducción de retenciones hasta su eliminación. Por su parte, el sorgo, cuya superficie sembrada cayó en la última campaña, necesita sumar destinos y compradores para volver a crecer.

Federico Zerboni, que acaba de dejar la presidencia de Maizar, ha trabajado articuladamente con toda la cadena y con los gobiernos nacional y provinciales en el camino de agregar valor a estas cadenas de potencialidad deslumbrante. Las nuevas autoridades continuaremos ese camino. El resultado se medirá por los obstáculos que se logren remover para permitir el desarrollo de las redes, las inversiones que se concreten y los mercados que se abran. Una cosecha se cuenta en toneladas; el desarrollo tiene que poder verse en el pueblo más cercano. A ello nos abocaremos.

El autor es presidente de Maizar

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“El Niño es un proceso que se desarrolla como una película, no como una foto y tiene un ciclo de 12 meses que comienza en marzo-abril de cada año. El origen es un calentamiento del Pacífico ecuatorial, pero los efectos sobre la atmósfera no son inmediatos”, afirma el climatólogo Eduardo Sierra.

“Entonces, que en 2026 se esté en presencia de un evento El Niño fuerte no quiere decir que llueva de manera extraordinaria en todas las zonas de la Argentina, ni de golpe; es un fenómeno que no cambia el régimen de lluvias de cada región, sino que lo acentúa”, distingue.

En estos días, el evento se está instalando en el territorio nacional con un incremento de lluvias irregular hasta ahora: hay efectos fuertes en el litoral fluvial, pero en el centro del país su intensidad decrece. “En la región pampeana está más atrasado y traerá más lluvias de lo normal en lo que queda de la primavera, para luego pasar a un verano con tendencia a registros corrientes, aunque con tormentas importantes en febrero, y después hacia un otoño muy llovedor.”, anticipa Sierra. Con esa perspectiva hacia adelante, no habría que descartar que la cuenca del Salado sea candidata a inundarse nuevamente”, conjetura.

“El litoral fluvial tiene grandes riesgos de que sigan las inundaciones por los aportes de agua que realizan las represas de Yacyretá e Itaipú, que liberan los excedentes para no comprometer sus estructuras. También influye negativamente el dragado que se hizo en el pantanal brasileño para permitir el tránsito de barcazas”, subraya el especialista. Es decir, al efecto climático del evento El Niño se le suma la acción del hombre con sus obras.

Estas determinan que, aunque llueva lo normal en las costas santafesina, chaqueña y formoseña cercanas al Paraná, haya posibilidades de inundación de los campos aledaños por el aporte de la crecida provocada aguas arriba. El pantanal era un humedal que retenía agua frente a lluvias abundantes, algo que se perdió con las obras realizadas.

Leonardo de Benedictis coincide en que un evento El Niño fuerte no es sinónimo de super lluvias en todo el territorio. “Está teniendo máxima expresión en la zona de los ríos, con las consecuencias negativas que se viven diariamente, pero puede ser un factor positivo en algunas provincias pampeanas al generar acumulados que pueden beneficiar a los cultivos estivales”, adelanta.

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La reciente media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por el proyecto que incorpora nuevas figuras vinculadas al vandalismo rural al Código Penal puede ser interpretada como uno de los avances legislativos más significativos de los últimos años para el sector agropecuario. No tanto por el endurecimiento de las penas, sino porque pone en agenda una discusión que durante décadas permaneció relegada: la brecha entre la protección jurídica de la propiedad en las ciudades y la que existe en las zonas rurales.

El impulso de la iniciativa surge de una realidad que productores, entidades rurales y fuerzas de seguridad vienen describiendo desde hace años. Roturas de silobolsas, daños sobre instalaciones productivas, ingreso ilegal a establecimientos (particularmente de cazadores ilegales), ataques a sistemas de riego, robo de animales y hechos de violencia contra familias rurales conforman un escenario que excede la cuestión patrimonial. Detrás de cada episodio aparece una sensación persistente de vulnerabilidad y, sobre todo, de escasa capacidad de respuesta del Estado.

El proyecto busca transformar en delito conductas que, en numerosos casos, hoy son consideradas simples contravenciones. El ejemplo más citado durante el debate es el ingreso sin autorización a un campo. Mientras que entrar a una vivienda urbana constituye una acción pasible de persecución penal, en los establecimientos rurales muchas veces la respuesta legal resulta limitada, aun cuando la situación genere temor o implique riesgos para quienes viven o trabajan allí.

Esa diferencia es la que el diputado nacional Martín Ardohain (PRO-La Pampa), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, intentó resumir con una frase que probablemente se convierta en una de las más recordadas del debate: “se terminan las luces y se termina la ley”.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es que incorpora una mirada actualizada sobre los activos productivos rurales. El Código Penal argentino fue redactado en 1921 y, naturalmente, no contemplaba herramientas que hoy forman parte cotidiana de la producción agropecuaria. Silobolsas, paneles solares, sistemas de riego, bombas sumergibles y equipamiento tecnológico pasaron a ocupar un lugar central en la generación de valor de la actividad. Los daños sobre esos bienes suelen representar pérdidas económicas significativas, pero no siempre encontraban una tipificación adecuada dentro de la legislación vigente.

Sin embargo, sería un error creer que la inseguridad rural se resolverá exclusivamente con una reforma legal. El propio Ardohain lo reconoció al señalar que el verdadero desafío comenzará después de una eventual sanción definitiva. Una ley puede tipificar delitos y establecer penas, pero la eficacia dependerá de otros factores igual de importantes: patrullas rurales operativas, recursos logísticos, capacitación policial, fiscales especializados y una Justicia dispuesta a investigar y sancionar con rapidez.

En ese punto aparece una cuestión crucial. El reclamo del agro no se limita a la severidad de las condenas. Lo que históricamente ha generado mayor frustración es la percepción de impunidad. Muchos productores sostienen que dejaron de denunciar porque consideran que los expedientes no avanzan o que los responsables rara vez enfrentan consecuencias concretas. Si esa dinámica no cambia, la nueva legislación podría correr el riesgo de convertirse en una herramienta valiosa en el papel pero con escaso impacto práctico.

La amplia mayoría obtenida en Diputados también merece una lectura política. En un Congreso atravesado por la confrontación permanente, reunir 162 votos positivos para una iniciativa de estas características demuestra que la inseguridad rural logró consolidarse como una problemática reconocida por buena parte del arco político. Muchas veces se ha criticado con razón la imposibilidad de transformar en leyes los distintos proyectos sobre la realidad agropecuaria. Fue un grave error de los bloques de izquierda y algunos miembros de Unión por la Patria votar en contra del proyecto.

Ahora la iniciativa deberá atravesar la instancia del Senado. Si consigue convertirse en ley antes de fin de año, como esperan sus impulsores, comenzará una etapa mucho más compleja que la parlamentaria: la de trasladar al mundo rural una promesa de mayor protección para quienes viven y producen en el campo.

Inseguridad ruralReforma del Código PenalCámara de DiputadosCongreso Nacional

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