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El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, sostuvo que el Gobierno avanza hacia una reducción gradual de las retenciones, aunque evitó precisar plazos, y remarcó que la implementación de UPOV-91, un compromiso escrito en el acuerdo comercial con Estados Unidos y que debe pasar por el Congreso, ya es un hecho. Lo hizo durante el summit organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, donde trazó un diagnóstico del sector y delineó los principales ejes de la política agropecuaria.

“El 60% de las divisas que ingresan a la Argentina vienen del sector agroexportador. Eso nos da la pauta de la dimensión del sector sobre el que estamos hablando”, afirmó el funcionario.

En ese marco, destacó el impacto de las condiciones productivas y de las medidas económicas recientes. “Tuvimos una gran cosecha de trigo y ahora una cosecha gruesa, en parte gracias a Dios porque tiene que llover y gracias también a políticas de regulación, a políticas de bajas impositivas, bajas de retenciones, desregulaciones. El campo está volviendo a tener la competitividad que debió haber tenido toda la vida”, señaló.

Según detalló, desde el inicio de la actual gestión se avanzó en una reducción significativa de los derechos de exportación (DEX). “Cuando empezó este Gobierno la soja estaba al 33% y ahora en 24%; estamos en cero en economías regionales, en cero en lácteos y porcinos, cero en vacas, bajamos al resto de las carnes, bajamos girasol, bajamos maíz”, enumeró.

Para Iraeta, estas medidas implicaron un esfuerzo fiscal que el propio sector retribuye. “La verdad es que sí se hizo un esfuerzo importante en términos de ingresos públicos que el campo, por supuesto, lo devuelve. Lo devuelve en producción, lo devuelve en ánimo”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar completamente las retenciones, evitó dar una fecha concreta, aunque dejó en claro el objetivo oficial. “Llegar a retenciones cero, como se lo propuso este Gobierno cuando asumió es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con la responsabilidad fiscal”, advirtió.

En esa línea, insistió en que el rumbo está definido. “El Gobierno va en línea de bajar las retenciones, lo está demostrando, lo ha hecho de manera permanente y está cumpliendo con todo aquello que prometió”, afirmó. No obstante, introdujo un matiz sobre los tiempos. “Es muy complejo que yo diga la fecha. Pero mi opinión, esto no es un dato, que para la finalización del segundo mandato del presidente Javier Milei ocurrirá [retenciones a cero]. Es una opinión, no es un dato”, aclaró.

Más allá de las definiciones fiscales, el funcionario se mostró optimista respecto de la campaña en curso. “La de soja va a ser mucho mejor de lo que pensábamos y la de maíz ni hablar, es explosiva como fue la de trigo, donde tampoco el sector esperaba que fuera tan voluminosa y fue récord de récords, más de 27 millones de toneladas”, destacó.

Aun así, evitó anticipar resultados definitivos. “No me gusta anticipar resultados porque hasta que uno no mete la cosechadora y tiene el producto en el silo, no sabe cuántos kilos se tiene”, explicó.

Otro de los ejes abordados fue la infraestructura, un factor clave para mejorar la competitividad. “Son problemas que vienen de arrastre, de 20 años de desmanejo y de falta de mantenimiento”, señaló.

En ese sentido, detalló que el Gobierno avanza en distintas áreas. “Ya estamos entrando en las concesiones de rutas muy importantes, de las rutas del Mercosur, de las rutas nacionales más importantes; el tema de los trenes también está en proceso de licitaciones y de concesiones y la Hidrovía; lo mismo, está entrando en un proceso de licitación”, indicó.

En cuanto al escenario internacional, consideró que, pese a la incertidumbre global, el país cuenta con ventajas estratégicas. “Todo lo que tiene que ver con lo geopolítico está complejo, disruptivo, y dentro de todo la posición relativa de la Argentina es buena”, evaluó. Según explicó, esa ventaja se apoya en recursos clave. “Nos agarra en una buena posición en términos energéticos, en términos de alimentos, en términos de todo lo que es fundamental”, subrayó.

Propiedad intelectual

En materia tecnológica, puso el foco en la discusión sobre semillas y propiedad intelectual, en el marco de la implementación de UPOV-91. “Para que haya una buena cosecha, tiene que haber también una buena tecnología y biotecnología”, planteó. Allí reconoció tensiones históricas entre los distintos actores del sector. “El problema de semillas y de propiedad intelectual es un problema ancestral, tiene muchos años en la Argentina”, explicó.

En ese contexto, definió el rol del Estado como articulador. “El trabajo que me está tocando hacer ahora es acercar las dos posiciones, la posición de las empresas y de los productores”, indicó.

Para el funcionario, el punto de equilibrio pasa por reconocer el valor de la innovación sin desconocer la realidad del productor. “Si uno investiga y si uno aplica tecnología y eso tiene un costo, hay que pagarlo y es lógico que se pague”, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de contemplar las particularidades locales. “El productor argentino viene de una situación muy retrasada respecto de otros países que tienen otro sistema de protección de la propiedad intelectual”, sostuvo. Con ese panorama, fue categórico respecto del marco normativo internacional. “UPOV-91 no está en discusión, es algo que ya está, es un dato”, afirmó.

No obstante, aclaró que el desafío está en su aplicación concreta. “El Gobierno tiene después que reglamentar ver cómo se aplica, UPOV 91 es un marco y es un marco muy general”, explicó. Por eso, remarcó el enfoque que buscan desde la Secretaría. “El tema es hacerlo lo más racional y lo más justo posible, ese es el trabajo que estamos haciendo”, concluyó.

SANTA FE.- Mal día para Algodonera Avellaneda, la textil concursada vinculada a la familia Vicentin. Ayer, el Banco Nación (BNA), el mayor acreedor del concurso, comunicó formalmente al juez que entiende en el caso, Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, que rechaza la propuesta de pago presentada por la empresa. El anuncio se conoció un día antes del vencimiento del plazo del periodo de exclusividad otorgado oportunamente por la Justicia para que la empresa lograra la adhesión mayoritaria de los acreedores a su propuesta de pago.

En este marco, esta mañana Lorenzini concedió una última prórroga corta, hasta el próximo 15 de mayo. También reconoció algunos intentos para reactivar la empresa con contratos a fasón como los realizados con Grassi SA, nuevo dueño de la cerealera Vicentin, y ordenó reuniones entre el Banco Nación y la concursada.

El rechazo del BNA dificulta que la textil con planta de producción en Reconquista alcance el porcentaje de adhesión que exige la ley para que el Poder Judicial homologue un convenio. Esta instancia es otro dolor de cabeza para los 366 trabajadores afectados directamente (entre los de régimen mensual y los quincenales), de los cuales la empresa querría conservar a unos 120 para su trabajo a futuro.

Fundamentos

Según Eleonora Sartor, apoderada del BNA, de aceptar la propuesta, Algodonera Avellaneda pagaría solo el 2,2% del capital nominal en dólares y un 0,02% de la deuda en pesos. “Esa propuesta es insignificante e inaceptable”, señaló. Aseguró que “la concursada pretende desconocer los efectos obligacionales que asumió, invocando argumentos falaces para intentar obtener resolución favorable a su pedido de prórroga del período de exclusividad”.

Además, en su respuesta, el BNA señaló que la oferta “no cumple las condiciones mínimas de plazo y carga financiera exigibles para ser aceptada por la entidad”, y advirtió que la propuesta implica una quita económica implícita que el BNA considera inaceptable. “Por la magnitud y naturaleza del crédito –explicó-, las decisiones deben elevarse al Directorio y que, tras el análisis técnico en distintas gerencias, la oferta no reúne las condiciones mínimas para su aceptación”.

Se afirmó que “dicha mejora de propuesta debe ser rechazada, puesto que no reúne las condiciones mínimas necesarias para ser aceptada por el Banco Nación; debiendo en su caso, ser mejorada en cuanto al plazo de repago y la carga financiera”.

Esta parte de la presentación ante el juez Lorenzini refiere a lo informado por la textil en la audiencia judicial celebrada el 7 de este mes en los tribunales de Reconquista, cuando la concursada ofreció a los acreedores una nueva opción de pago y corrigió otras. Ahora ofrecía cinco opciones, desde el pago al contado del 9%, hasta la cancelación total del crédito con un pago único dentro de 35 años. Nada de eso fue aceptado por el principal acreedor en este proceso.

Por otra parte, sobre la deuda en dólares, el BNA calcula que, descontando los flujos ofrecidos a una tasa del 12% anual, el Valor Actual Neto de la porción en dólares sería aproximadamente US$5,7 millones, lo que representa cerca del 2,2% del capital nominal y algo que el banco interpretó como una quita financiera implícita significativa. Para la porción en pesos, descontada a una tasa del 30% anual, el Valor Actual Neto se reduce a aproximadamente $316.738, equivalente a 0,02% del crédito nominal, cifra que el BNA calificó de insignificante.

El tema preocupa a los 366 trabajadores que la algodonera posee en su planta del Parque Industrial de Reconquista y a los más de 50 empleados en desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero. Días atrás se anunció la inyección de un flujo de dinero, a través de una propuesta de reactivación con Grassi, para recomponer en parte el momento difícil de la algodonera, pero el anuncio del Banco Nación puede atrasar varias cuestiones.