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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán formalizó el martes las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz al distribuir entre los 176 Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) una nota diplomática que el domingo había remitido al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres. El texto establece que los buques que no participen ni respalden actos de agresión contra Irán y que respeten las normas de seguridad declaradas podrán circular por el estrecho previa coordinación con las autoridades competentes iraníes.

La nota excluye de manera explícita a los buques de Estados Unidos, Israel y a lo que Teherán denomina “otros participantes en la agresión”, a los que declara inhabilitados para el paso inocente o no hostil. Según el documento, Irán ha adoptado “las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios utilicen el estrecho para llevar a cabo operaciones hostiles”. La cancillería responsabiliza a Washington y Tel Aviv de cualquier escalada y los acusa de librar una “guerra ilegal y desestabilizadora” que ha expuesto la navegación internacional a amenazas sin precedentes.

El estrecho permanece prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva conocida como Operación Furia Épica. Según la Agencia Internacional de Energía, por esa vía transitan unos 20 millones de barriles diarios —cerca del 20% del consumo mundial de petróleo— y alrededor del 20% del comercio global de gas natural licuado (GNL). El crudo Brent superó los 126 dólares por barril en su pico desde el inicio del conflicto, según datos recogidos por Reuters.

La comunicación no implica una reapertura efectiva, sino la formalización multilateral de una política que Teherán ya venía aplicando de facto: desde mediados de marzo autorizó el paso de buques de India, Pakistán, Turquía y Tailandia tras coordinación bilateral. El canciller Abbas Araghchi había señalado que países como Japón —que depende del Golfo Pérsico para el 90% de sus importaciones de crudo— podían obtener garantías de tránsito mediante negociación directa.

La OMI celebró la semana pasada una sesión extraordinaria convocada por Francia, Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros. Su secretario general, Arsenio Domínguez, confirmó que al menos siete marinos habían muerto y que unos 20.000 tripulantes permanecían atrapados en la zona. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió que el bloqueo eleva los costos del flete, los seguros y los combustibles, con efectos directos sobre el precio de los alimentos en los países más vulnerables. Unos 3.200 buques siguen varados en el Golfo Pérsico y al menos 22 embarcaciones han sido atacadas desde el inicio del conflicto.

La nota iraní ante la OMI llega en un contexto de vertiginosa escalada diplomática. El sábado, Trump amenazó en su red Truth Social con “atacar y destruir” las plantas eléctricas de Irán si Teherán no reabría el estrecho en 48 horas. Irán respondió con su propia advertencia: la Guardia Revolucionaria anunció que atacaría las plantas eléctricas que abastecen a las bases militares estadounidenses en la región, así como infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que Washington tiene participación. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue aún más explícito y señaló que las plantas desalinizadoras de las que depende el agua potable de países como Baréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos serían también blancos legítimos.

Antes de que venciera el ultimátum, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” y ordenó al Departamento de Guerra posponer los ataques contra infraestructura energética iraní por un período de cinco días. El presidente añadió que el acuerdo podría materializarse en ese mismo plazo. Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan en los esfuerzos de mediación, según fuentes cercanas al asunto, aunque no había constancia de negociaciones directas entre Washington y Teherán desde el inicio de la guerra.

Desde Teherán, las autoridades negaron cualquier negociación con Washington y sostuvieron que las declaraciones de Trump buscaban influir en los precios de la energía en medio de la volatilidad global. Ghalibaf calificó el anuncio de “noticia falsa” y aseguró que el aplazamiento respondía al temor de Trump ante el alza del crudo, no a avances diplomáticos reales. Al formalizar sus condiciones por escrito ante instancias multilaterales mientras niega negociar, Teherán intenta consolidar su posición como árbitro del tránsito por el estrecho sin ofrecer concesión alguna a Washington.

El bloque de centroizquierda, encabezado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se impuso en las elecciones legislativas celebradas este martes, aunque los sondeos a pie de urna y los primeros resultados parciales apuntan a un parlamento fragmentado en el que ninguno de los dos grandes bloques logra la mayoría necesaria para gobernar. Ese escenario coloca al Partido Moderado, de perfil centrista, como árbitro de la próxima legislatura.

Las encuestas de salida difundidas por la televisión pública DR y la cadena TV2 asignaron al bloque “rojo” —integrado por los socialdemócratas de Frederiksen, el Partido Social Liberal, la Izquierda Verde ecosocialista, la Alianza Roja-Verde y el europeísta Alternativa— entre 83 y 86 escaños de los 179 que componen el Folketing, la cámara única del parlamento danés. El bloque “azul”, con Venstre, la Alianza Liberal, los Conservadores y otras tres formaciones, obtendría entre 75 y 78 diputados. Los Moderados, con 14 escaños proyectados, emergen como la bisagra decisiva.

No obstante, los primeros datos del escrutinio —con cerca del 30% de los votos contados— complicaron ese panorama: el bloque conservador tomó una leve ventaja, 82 a 80 frente al rojo, con los Moderados proyectados en 13 escaños. El recuento final se esperaba para las primeras horas del miércoles.

Frederiksen, de 48 años y primera ministra desde 2019, convocó elecciones anticipadas en febrero, varios meses antes de la fecha prevista. La decisión buscó capitalizar el respaldo popular que le reportó su postura firme frente al presidente estadounidense, Donald Trump, quien reclamó el control de Groenlandia —territorio autónomo del Reino de Dinamarca—. La primera ministra alertó en enero de que cualquier anexión forzada equivaldría al fin de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La crisis se desactivó cuando Washington acordó iniciar conversaciones técnicas con Copenhague y Nuuk sobre un acuerdo de seguridad ártico.

El efecto electoral de la crisis groenlandesa resultó más limitado de lo esperado. Aunque el episodio elevó la imagen de Frederiksen y produjo un repunte en las encuestas, no tuvo carácter divisivo en campaña porque existe un consenso transversal sobre la pertenencia del territorio al reino. La agenda la impusieron las preocupaciones domésticas: inflación, pensiones, costo de vida y la propuesta gubernamental de un impuesto a las grandes fortunas.

Los socialdemócratas obtuvieron cerca del 21% del voto, un resultado que, de confirmarse, representaría la peor marca del partido en más de un siglo, muy lejos del 27,5% de 2022. El gabinete saliente —una coalición inédita que por primera vez en décadas unió a socialdemócratas, el liberal Venstre y los Moderados— tampoco salió indemne: Venstre registraría su peor resultado en 156 años de historia.

El gran beneficiado del escenario fue Lars Løkke Rasmussen, canciller y líder de los Moderados, que podría ejercer de articulador de mayorías. Ex primer ministro y figura experimentada, Rasmussen afirmó al votar que el proceso trata de preparar a Dinamarca para “un mundo absolutamente más incierto que el que conocíamos”. Desde la derecha, el Partido Popular Danés —antiinmigración— se perfila como uno de los ganadores, con una remontada significativa respecto a 2022.

El sistema de representación proporcional danés produce habitualmente gobiernos de coalición tras semanas de negociación. Esta vez, el mapa electoral podría forzar pactos que superen las fronteras tradicionales entre bloques. Con un eventual tercer mandato, Frederiksen podría convertirse en la gobernante más longeva de Dinamarca desde la Segunda Guerra Mundial, aunque las negociaciones que se abren auguran ser las más complejas de su carrera política.