Tras la constitución del jurado popular, este martes 8 comenzará en Concepción del Uruguay el juicio contra Eric Javier Stegeman, imputado por los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado.
El debate se desarrollará a partir de las 8 en el Salón Arturo Illia de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y se extenderá hasta el viernes 11. La conducción del proceso estará a cargo del juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Fernando Martínez Uncal.
El hecho
La causa investiga los dramáticos hechos ocurridos la madrugada del jueves 5 de septiembre de 2024. Todo comenzó cuando la madre de Pablo Ignacio Bedogni denunció haber sido víctima de un violento asalto en su vivienda de calle España al 300.
Al menos dos sujetos con los rostros cubiertos ingresaron al domicilio utilizando la llave del garaje —lo que orientó la sospecha hacia su propio hijo—, la maniataron, la agredieron físicamente hasta casi ahogarla y le sustrajeron 210 mil pesos, alhajas, una billetera y una hidrolavadora antes de darse a la fuga.
Sin embargo, la pesquisa dio un vuelco fatal horas más tarde. Tras la alerta policial por un automóvil Volkswagen Gol Trend gris abandonado en el ingreso al ex Circuito Mena (sobre calle Carlos Gardel, a metros de avenida Frondizi y cerca del Barrio 100 Viviendas), los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de Bedogni en el asiento trasero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Bedogni entregó las llaves y coordinó el atraco contra su madre junto a los dos agresores. Tras concretar el botín, sus propios cómplices lo traicionaron: lo torturaron con descargas eléctricas y lo asesinaron por estrangulamiento.
Condena previa y roles
La causa tuvo originalmente dos imputados. En febrero pasado, Jonatan David Coloca, de 39 años, reconoció voluntariamente su participación en los hechos durante una audiencia ante el vocal de Cámara, Rubén Chaia. Mediante un juicio abreviado acordado entre las partes, Coloca fue condenado a 15 años de prisión efectiva.
En esta nueva instancia, la acusación ante el jurado estará representada por la fiscal María José Labalta junto al coordinador de fiscales de la jurisdicción, Fernando Lombardi. En tanto, la defensa técnica de Stegeman estará a cargo de los abogados Félix Pérez y Leandro Monje.
Al finalizar las jornadas de debate, los doce ciudadanos que integran el jurado popular deberán deliberar para determinar, mediante un veredicto unánime, si Stegeman es culpable o inocente del crimen.
La discusión por el destino de los fondos que pagan en el campo llegó a la Justicia en el partido bonaerense de Adolfo Alsina. Un grupo de 26 productores rurales presentó un amparo de acceso a la información pública contra el municipio para reclamardocumentación sobre la recaudación y el uso de los recursos correspondientes a distintas tasas. La acción fue presentada por el abogado Pablo Torres Barthe y el planteo apunta a obtener información que, según sostienen, el gobierno local no entregó en su totalidad después de un pedido realizado previamente. Entre la documentación solicitada figuran las rendiciones de cuentas enviadas al Tribunal de Cuentas de la provincia, balances anuales y trimestrales, anexos y libros de ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026. El reclamo incluye además información específica sobre distintos servicios municipales.
Los productores sostienen que el acceso a esos datos es necesario para conocer cómo se utilizan los recursos que aportan como contribuyentes y, al mismo tiempo, evaluar la prestación de los servicios. En el escrito plantean que existe una relación directa entre el pago de las tasas y servicios como el mantenimiento de los caminos rurales, la seguridad y la expedición de guías.
El partido tiene unas 590.000 hectáreas y unos 2500 km
En ese sentido, el amparo cuestiona la respuesta que recibieron de la municipalidad de Adolfo Alsina. Según consta en la presentación, la comuna conducida por Javier Andres (Juntos por el Cambio) informó que la documentación requerida alcanzaba las 1845 fojas y propuso que los productores la consultaran personalmente en dependencias municipales.
La respuesta también estableció un costo para quienes quisieran obtener copias. La municipalidad indicó que cada fotocopia tenía un valor de $520, por lo que la reproducción completa de las 1845 fojas representaría un desembolso de $959.400. “La documentación indicada contiene la totalidad de los estados contables, anexos, balances, cuadros, informes y documentación respaldatoria”, respondió la Contaduría municipal, según reproduce el escrito judicial.
Sin embargo, los productores objetaron esa modalidad porque, según surge del propio expediente, parte de la información solicitada ya se encuentra en formato digital. La Municipalidad reconoció que los libros de ingresos y egresos de los ejercicios reclamados no están impresos porque son enviados de manera digital al Tribunal de Cuentas.
Javier Andres, intendente de Adolfo Alsina
Por eso, uno de los pedidos centrales del amparo es que la documentación que se encuentre disponible digitalmente sea entregada en ese mismo formato. En el petitorio final, los productores solicitan que el municipio entregue la información que todavía no fue proporcionada, “en lo posible en formato digital”, para evitar costos innecesarios.
Uno de los puntos que más preocupa a los productores está relacionado con los caminos rurales. En el amparo solicitaron documentación que permita identificar los gastos destinados a la conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal durante 2023, 2024, 2025 y 2026. La respuesta municipal, según reproduce la demanda, fue que el sistema contable organiza los gastos mediante partidas presupuestarias y que no existe una identificación específica de las erogaciones asociadas individualmente a cada tasa. Por ese motivo, la comuna señaló que no dispone de documentación que discrimine los gastos exclusivamente por cada concepto tributario.
Los productores cuestionan esa explicación y sostienen que la información resulta necesaria para poder determinar cómo se utilizan los recursos que ingresan por las tasas. En el escrito remarcan que la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de Calles y Caminos Rurales Municipales corresponde a un servicio que consideran esencial para quienes viven y trabajan en el campo. “Este servicio en particular es el que más nos preocupa”, expresaron en la presentación al referirse a los caminos rurales. Y agregaron que, como usuarios de esa red, necesitan conocer la calidad y eficiencia de las prestaciones municipales.
En Adolfo Alsina, la tasa de red vial se calcula a partir de una fórmula que combina el precio del litro de gasoil común con los valores del kilo de novillo y de trigo. El resultado determina un monto anual por hectárea, que se abona en seis cuotas bimestrales. El planteo va incluso más allá y sostiene que, por las características del servicio, la tasa puede ser considerada como una prestación específica para los usuarios rurales. “La tasa es asimilable a la tarifa de un servicio público específico y esencial para el hombre de campo”, afirmaron los productores en el escrito.
Andres, por su parte, dijo estar al tanto de la presentación del amparo: “El municipio respondió oportunamente el pedido de acceso a la información, entregando documentación y poniendo a disposición la información solicitada, por lo que entendemos que no hubo una negativa. No tenemos ningún inconveniente en que se conozca cuánto recauda el municipio, cómo se usan los recursos y qué trabajos se hacen, incluida la tasa vial”.
Los números que aparecen en el amparo
Otro de los puntos analizados está relacionado con la tasa de Marcas y Señales. Según la rendición de cuentas publicada por el propio municipio, al 1° de julio de 2026 la recaudación alcanzaba los $313.984.688,05. Los productores toman ese monto y lo relacionan con los 4875 trámites registrados durante el año. De acuerdo con sus propios cálculos, el promedio sería de $64.407,11 por trámite, una cifra que consideran elevada y sobre la cual reclaman conocer el destino de los recursos.
“Un simple cálculo matemático arroja una cifra excesiva para el servicio de expedición de formularios, razón por la cual también necesitamos saber el destino de ese dinero”, indicaron en el escrito.
Cuadro tarifario vigente en el partido de Adolfo Alsina
La presentación también pone la lupa sobre los gastos vinculados con la red vial durante los dos primeros bimestres de 2026. En la rendición específica de caminos rurales aparece un gasto identificado como “YPF” por $165.354.222,37.
A partir de ese dato, los productores realizan una estimación propia: si la totalidad de ese gasto correspondiera a gasoil, equivaldría a unos 68.897 litros, tomando un valor de $2400 por litro. El escrito calcula que ese volumen alcanzaría para cubrir alrededor de 1900 kilómetros de caminos bajo un determinado supuesto de consumo, si se toma como estándar 35 litros por kilómetro de camino: “Es decir que habrían mantenido prácticamente la totalidad de la red vial, situación que sabemos de los propios informes que no es así”. El partido tiene unas 590.000 hectáreas y unos 2500 km.
La acción se apoya en el derecho de acceso a la información pública y sostiene que conocer el destino de los recursos constituye una herramienta para controlar la gestión municipal. Los productores afirman que necesitan acceder a los datos para poder evaluar tanto la utilización de los fondos como la prestación de los servicios que reciben. En el escrito sostienen que el derecho a recibir información adecuada y veraz está relacionado con la posibilidad de evaluar la calidad de los servicios públicos. “No podemos meritar la calidad y la eficiencia si no sabemos cómo se gasta el dinero que se recauda”, plantearon.
El gobierno de Javier Milei efectuó la primera licitación de $200.000 millones para poner en marcha el esquema de los nuevos créditos hipotecarios UVA, con recursos que buscarán ampliar la oferta de préstamos para la compra de viviendas.
Los fondos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Según el Banco Central, que actuó como colaborador técnico y operativo de la Anses, la convocatoria recibió 42 ofertas de 18 bancos, por un total de 258.640 millones de pesos. De ese conjunto, 13 entidades resultaron adjudicatarias. El monto asignado representó cerca del 77% de las propuestas recibidas.
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La colocación se dividió en dos tramos. El primero, a un año de plazo, concentró $35.570,7 millones y se adjudicó a una tasa UVA más un spread promedio ponderado de 2,67 por ciento.
El segundo tramo, con vencimiento a cinco años, reunió la mayor parte de los recursos: 164.429,3 millones de pesos. En este caso, la tasa fue UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los fondos obtenidos a través de estos depósitos a plazo quedarán orientados al financiamiento de préstamos hipotecarios para vivienda.
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El esquema de los nuevos créditos hipotecarios
El plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una serie de licitaciones de $200.000 millones hasta completar 2 billones de pesos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad invertirá esos recursos en plazos fijos de largo vencimiento en bancos, con la condición de que las entidades los canalicen hacia préstamos hipotecarios para adquirir, construir, ampliar o refaccionar la vivienda única.
Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% de cada licitación. Ese límite buscó distribuir entre varias entidades los $200.000 millones de la primera etapa. Una vez constituidos los depósitos, los adjudicatarios dispondrán de 90 días corridos para otorgar nuevos créditos; para esta primera colocación, el plazo vence el 1° de diciembre.
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Los préstamos tendrán un tope de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), una suma cercana a 200.000 dólares. La iniciativa apunta a sectores medios y a personas que busquen comprar su primera propiedad, aunque la capacidad de financiamiento variará según los valores inmobiliarios de cada localidad. El límite puede alcanzar para ciertas viviendas en el interior, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los precios de algunos barrios reducen las alternativas disponibles.
Los depósitos del FGS administrado por Anses serán la fuente de financiamiento del esquema. Cada banco decidirá si crea una línea hipotecaria específica o refuerza una ya vigente, además de establecer las condiciones bajo las cuales ofrecerá esos recursos a sus clientes.
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A quiénes apunta
Desde el Palacio de Hacienda se tomó como referencia préstamos hipotecarios por un promedio de $114 millones para calcular el universo potencial de beneficiarios. Con esa base, Caputo estimó que el programa, si completa el financiamiento de $2 billones previsto, podría facilitar el acceso a una vivienda a entre 17.000 y 18.000 familias.
Durante la presentación oficial de las medidas, el titular de Economía utilizó el ejemplo de un inmueble valuado en 106.000 dólares. Bajo una relación préstamo-valor del 75%, habitual en el sistema bancario, el comprador debería obtener cerca de USD 80.000 de crédito, una cifra equivalente a unos 114 millones de pesos.
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El caso expuesto consideró un préstamo a 25 años, con una tasa de UVA más 7 por ciento. La cuota inicial alcanzaría $865.000 mensuales. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos, el hogar necesitaría acreditar un ingreso neto de 3.460.000 pesos.
De acuerdo con la estimación oficial, una pareja joven cuyos integrantes perciban ingresos netos cercanos a $1.800.000 cada uno podría reunir ese requisito y acceder a un financiamiento de esas características.
El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a Hela, la perra de la Policía Federal Argentina que se retiró tras participar en importantes investigaciones contra el narcotráfico.
La Chesapeake Bay Retriever, que ingresó a la fuerza en 2021, colaboró en procedimientos contra una organización vinculada con Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y en los operativos posteriores al caso de la cocaína adulterada con fentanilo en Puerta 8, en el partido bonaerense de San Martín.
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El encuentro puso el foco en la trayectoria del animal, un can detector de narcóticos de laPFA, que dejó la actividad junto con su guía, la sargento Susana Viamonte, quien también fue recibida por el mandatario y su hermana.
De la actividad también participó la secretaria general, Karina Milei, quien organizó el encuentro para felicitar al animal por su labor durante este periodo de 5 años.
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La agente había cumplido en 2024 el plazo de servicio requerido para tramitar su retiro, pero optó por permanecer dos años más en la institución para finalizar al mismo tiempo que la perra.
Hela nació el 17 de enero de 2018 en la Argentina. Su nombre original era Catalina, aunque luego fue adaptado para facilitar el adiestramiento a través del juego. El 27 de julio de 2021 ingresó a las filas de la PFA, donde recibió la matrícula D099.
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La perra, de pelaje chocolate, fue incorporada al plantel de detectores de narcóticos de la fuerza. Más tarde quedó asignada a la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná, dependencia desde la que intervino en numerosos procedimientos judiciales relacionados con el comercio y la distribución de estupefacientes.
Hela desarrolló tareas de detección de drogas durante más de cinco años dentro de la Policía Federal Argentina. Su labor consistía en acompañar requisas y allanamientos para identificar posibles ocultamientos de sustancias ilegales en los lugares alcanzados por las investigaciones.
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La participación de canes especializados es parte de las herramientas que utilizan las fuerzas de seguridad en causas de narcotráfico. Su intervención puede orientar las inspecciones en domicilios, vehículos, depósitos u otros espacios donde los investigadores presumen que existen drogas, elementos de fraccionamiento o sitios de almacenamiento.
Uno de los procedimientos más relevantes de los que participó Hela fue una investigación dirigida contra una organización narcocriminal vinculada con Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Según la información difundida, la estructura se dedicaba al comercio y a la distribución de cocaína y marihuana en distintos barrios del partido bonaerense de San Martín.
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En el marco de esa causa, el can colaboró durante una serie de allanamientos. Las diligencias permitieron el secuestro de varios kilogramos de estupefacientes.
La investigación se centró en una red de distribución de drogas en el conurbano bonaerense. Hela fue parte de los operativos que derivaron en el decomiso de cocaína y marihuana en esa causa judicial.
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Hela también participó de procedimientos realizados en Puerta 8, en San Martín, luego de la venta de cocaína adulterada con fentanilo que provocó la muerte de 24 personas.
El caso derivó en una investigación judicial y en una serie de allanamientos para identificar a los responsables de la comercialización de la droga. En ese contexto, la PFA desplegó a sus equipos especializados, entre ellos los canes detectores de narcóticos.
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Los procedimientos en los que intervino la perra posibilitaron el secuestro de más de 25 mil dosis de cocaína que estaban listas para ser comercializadas.
La causa por la cocaína adulterada tuvo impacto en San Martín y otros distritos del conurbano bonaerense. La presencia de fentanilo en la sustancia elevó el riesgo para los consumidores y motivó una alerta sanitaria, además de las acciones judiciales destinadas a establecer el origen y el circuito de distribución de las dosis.
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La historia de Hela dentro de la fuerza quedó ligada a la decisión que tomó Viamonte en 2024. Tras cumplir los años de servicio correspondientes, la agente buscaba iniciar su trámite de retiro de la Policía Federal Argentina.
La sargento Viamonte, por su parte, permaneció dos años más en la fuerza para retirarse junto con Hela. La decisión evitó que la perra dejara anticipadamente sus funciones como detectora de narcóticos y permitió que concluyera el período previsto de servicio.
El encuentro con Milei en Casa Rosada marcó el cierre de la etapa operativa del can. Desde su ingreso a la PFA, en julio de 2021, intervino en importantes causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y este lunes finalizó sus tareas con un saludo del Presidente.
Un niño de nueve años murió este lunes tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo y falleció poco después de ser trasladada al Hospital Regional.
El trágico episodio ocurrió durante el mediodía en la Torre 3 del Complejo Las Torres, un conjunto habitacional situado cerca de la avenida Yrigoyen y el Paseo Costero. Luego de la caída, el cuerpo del menor impactó contra el techo y el toldo de un kiosco ubicado en la planta baja, informó Diario Río Negro.
Los vecinos alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia e intentaron practicarle maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Los profesionales sanitarios lo trasladaron de urgencia al hospital, situado a pocas cuadras del lugar.
El niño sufrió un grave traumatismo de cráneo
Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el niño falleció poco después como consecuencia de las múltiples heridas que presentaba. Según informó ADN Sur, entre las lesiones se constató un gravísimo traumatismo de cráneo.
Bomberos y efectivos de la Policía de Chubut también acudieron al complejo para colaborar con el operativo, resguardar la escena y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios. La tragedia provocó una profunda conmoción entre los habitantes del edificio.
Personal policial y miembros de la Brigada de Investigaciones iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la caída.
Investigan cómo ocurrió la caída
De acuerdo con las primeras versiones difundidas por Diario Jornada, el episodio habría ocurrido de manera accidental cuando el menor se encontraba al cuidado de una niñera y en compañía de sus hermanos.
La cuidadora fue entrevistada por los investigadores en medio de un fuerte estado de conmoción. Una de las hipótesis indicaba que la mujer se encontraba realizando tareas en otra habitación de la vivienda cuando ocurrió el accidente.
Los peritos concentraron parte de la investigación en las características arquitectónicas de los departamentos del complejo. Las unidades de la Torre 3 no cuentan con balcones y sus ventanas poseen estructuras metálicas de protección.
Analizan las condiciones de la ventana
Según señalaron residentes del lugar, esas protecciones requerían un mantenimiento sostenido. Por ese motivo, los especialistas debían establecer si alguna estructura pudo haberse roto o cedido antes de la caída.
Otra de las posibilidades analizadas era que el accidente se hubiese producido mientras el niño jugaba cerca de una ventana. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente ninguna de las hipótesis.
Un hombre de 30 años fue detenido este lunes acusado de disparar con una escopeta recortada contra un joven de 20 años en inmediaciones de calles Rosario y Manzoni, en Gualeguaychú. La víctima no sufrió lesiones y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento se inició durante el mediodía, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre una persona que habría efectuado un disparo con un arma de fuego. Personal de Comisaría Tercera acudió al lugar e identificó al presunto responsable.
Según se informó oficialmente, el hombre entregó voluntariamente una escopeta recortada, presumiblemente calibre 16, que no tenía marca ni numeración visibles. Junto con el arma, los efectivos secuestraron tres cartuchos.
El joven resultó ileso tras el disparo
En el lugar, los policías entrevistaron al joven de 20 años, quien manifestó que el acusado se habría dirigido hacia él sin motivos aparentes y posteriormente habría realizado el disparo. Pese al ataque denunciado, el proyectil no lo alcanzó.
La Fiscalía tomó intervención y dispuso el secuestro del arma y las municiones, además de ordenar la aprehensión del hombre señalado como autor del hecho.
El detenido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.
Del operativo participaron efectivos de Comisaría Tercera, con colaboración del Grupo Especial y del Comando Radioeléctrico.
Después de casi dos décadas de hacer inversiones, compras de maquinaria y trabajos de reparación, Jorge Heredia tiene prácticamente terminado un molino harinero en Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero asegura que desde hace dos años no puede ponerlo en funcionamiento porque no consigue la potencia eléctrica que necesita para hacer trabajar los motores. Argumenta una decisión política en el medio y falta de respuesta de parte de EDEN, la compañía distribuidora de energía eléctrica que abastece y comercializa en el norte y el centro de la provincia de Buenos Aires. El establecimiento está ubicado sobre la ruta provincial 41 y, según explicó, tendría capacidad para producir unos 50.000 kilos diarios de harina.
Heredia, de 64 años, comenzó a invertir en el proyecto en 2008. Según relató, fue comprando máquinas usadas y reparándolas hasta dejarlas prácticamente a nuevas. El molino, explicó, es de una escala intermedia dentro de la industria: “De los chicos, el más grande, y de los más grandes, el más chico”, lo definió.
Sin embargo, sostuvo en conversación con LA NACION que el principal obstáculo apareció cuando comenzó a gestionar ante EDEN SA, la distribuidora eléctrica que opera en Mercedes, la infraestructura necesaria para poner en marcha la planta. “Yo tengo luz, quiero que quede claro. Yo tengo luz. Lo que ellos me tienen que dar es la potencia”, afirmó. De acuerdo con su cálculo, el molino necesita alrededor de 240 kVA, y Heredia asegura que “está dispuesto a hacerse cargo del cambio de transformador y de los demás costos de conexión”.
El conflicto gira principalmente alrededor de cómo realizar el tendido eléctrico hasta el establecimiento. Según reconstruyó, inicialmente se planteó hacer un cruce de la ruta 41 y tramitar la autorización correspondiente ante Vialidad Provincial. Heredia afirmó que recibió como referencia que ese procedimiento administrativo podría extenderse durante varios años. Luego propuso realizar el cruce de manera subterránea, una alternativa más costosa, pero que tampoco habría prosperado. Heredia dio a conocer su caso a través de un video publicado en las redes de Horacio Minadevino.
Desde 2008 comenzó a invertir en la planta, pero todavía no consigue la potencia de energía que necesita para ponerla a funcionar
Para esa obra, que incluiría el cruce, el transformador y los cables necesarios,estima una inversión de entre US$23.000 y US$25.000. “Prácticamente la obra está hecha. Se enganchan de los cables, de los palos que están”, señaló.
De acuerdo con su relato, posteriormente apareció otra posibilidad: alimentar eléctricamente el molino desde otro punto de la red, mediante un recorrido de aproximadamente dos kilómetros. Esa solución, afirmó, fue propuesta por un gerente regional de la distribuidora, pero tendría un costo cercano a los US$120.000, casi cinco veces el monto que calcula para la conexión por el frente del establecimiento. “Yo no puedo pagar eso”, dijo.
Heredia cuestionó los argumentos técnicos que, según dice, recibió para descartar otras alternativas. Una de las posibilidades consistía en realizar el tendido por un lateral de la ruta, pero aseguró que desde la distribuidora le explicaron que existían inconvenientes de seguridad por la coexistencia de líneas de 13.000 y 33.000 voltios.
Su principal planteo es que, a unos 8 kilómetros de su establecimiento, dice haber encontrado una instalación realizada para otro empresario en la que, según sostuvo, se utilizó una solución similar a la que a él le habían señalado que no era posible ejecutar. Heredia afirmó que “habló con el propietario de ese establecimiento y que este le aseguró que la distribuidora realizó el cruce correspondiente y que no tuvo que efectuar personalmente trámites ante Vialidad”.
Jorge Heredia lleva dos años con el reclamo (Gentileza Horacio Toti Minadevino)
Heredia también vinculó las dificultades para destrabar la conexión con “una cuestión política”. Según relató, buscó ayuda del intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz (UxP), pero afirmó que no logró ser recibido personalmente y que, tras mantener contacto con una secretaria, no obtuvo nuevas respuestas del municipio ni del área de Producción.
También dijo que intentó plantearle la situación a Eduardo “Wado” de Pedro, oriundo del lugar, a quien aseguró haber cruzado en Mercedes y explicado el problema, pero sostuvo que tampoco volvió a tener respuesta. “El problema es la política. No aflojan a la producción acá. El intendente, en ocho años, no trajo una fábrica, teniendo de su lado a Wado de Pedro, que es senador, que está al lado de Máximo Kirchner. Tiene posibilidades. Sin embargo, no, nunca les interesó”, afirmó Heredia, quien considera que detrás de las trabas existe una decisión que excede las cuestiones técnicas vinculadas con la obra eléctrica.
Heredia explicó la conexión que, a su entender, debe hacerse
Afirmó haber realizado gestiones ante autoridades municipales de Mercedes y haber presentado reclamos ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) y Defensa del Consumidor. También señaló que interviene un abogado de San Antonio de Areco, por los temas sanitarios posteriores, y que incluso se enviaron cartas documento en reclamo por el pedido: “Se te ríen. No les importa nada”.
“Era un sueño que tenía de pibe. Dejé la escuela a los 15 años y dije: ‘Voy a poner un molino. Hasta que no tenga el último tornillo puesto, el sueño no se cumple”, sintetizó.
LA NACION intentó conocer la opinión de la firma eléctrica vía el municipio, pero hasta el momento no tuvo respuestas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios y rompió una racha compradora de 27 jornadas consecutivas. Se trata de la tercera vez en el año en la cual la autoridad monetaria decide no intervenir en la plaza cambiaria.
Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario, a comienzos de enero de 2026, la entidad presidida por Santiago Bausili ya adquirió 14.176 millones de dólares. De esta manera, el BCRA ya cumplió largamente la meta anual estipulada de USD 10.000 millones y no se descarta que alcancen los USD 16.000 millones antes de que concluya el año.
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En cuanto a la no intervención de este lunes, la falta de actividad en los mercados de Estados Unidos por el feriado redujo este lunes la liquidez de la plaza financiera argentina. En el segmento de contado se negociaron USD 299,8 millones, menos de la mitad del volumen registrado durante la semana previa.
“El BCRA tuvo saldo neutro el día de hoy, con USD 299,88 millones operados totales en la rueda. Recordar que hoy es feriado en EE.UU. por lo que no había rueda con liquidación en el exterior”, explicó Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group.
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En ese contexto, el dólar mayorista subió $3,50, equivalente a 0,2%, y cerró a $1.511,50. En lo que va de septiembre acumula un avance de tres pesos, mientras que en 2026 aumenta $56,50, o 3,9 por ciento.
A la vez, el Banco Central elevó el límite superior de las bandas cambiarias a 1.889,06 pesos. Así, la cotización mayorista quedó $377,56 —un 25%— por debajo de ese techo de libre flotación.
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Cabe destacar que en agosto, las compras de dólares del BCRA sumaron USD 768 millones, cifra que evidenció una desaceleración frente a los meses anteriores y que marcó el nivel mensual más bajo de 2026. En julio, la incorporación de divisas había alcanzado USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones de pesos.
El menor ritmo respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más limitada, que redujo la capacidad de la autoridad monetaria para sostener el nivel de compras que había mostrado durante los meses previos.
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Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.733 millones este lunes, con una baja intradiaria de 23 millones de dólares. Más allá de la leve reducción, el stock del Central se consolidó por encima de los USD 50.000 y se acerca nuevamente al nivel más alto en la era Milei y desde septiembre de 2019.
Un nuevo canje
El Ministerio de Economía y el BCRA realizaron un canje de deuda que permite a la autoridad monetaria incorporar letras del Tesoro vinculadas a la evolución del tipo de cambio por hasta 2.000 millones de dólares. La transacción le aporta al organismo instrumentos para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin desprenderse de reservas internacionales. El acuerdo se celebró el jueves 4 de septiembre y tuvo liquidación este lunes 7.
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Como parte del intercambio, el BCRA cedió al Tesoro las LECAP S30O6, títulos en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y rendimiento a tasa fija. A cambio, recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense: las LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 y un valor nominal original de hasta USD 800 millones, y las LELINK D30O6, que vencen el 30 de octubre de 2026 y pueden alcanzar un VNO de 1.200 millones de dólares.
El monto máximo de la operación es de 2.000 millones de dólares. La cantidad final de cada instrumento, no obstante, queda sujeta a las cotizaciones de mercado vigentes al momento de efectuar la conversión.
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El resultado es un cambio en la cartera del Banco Central. La entidad deja de tener un título en pesos que capitaliza intereses a una tasa fija y pasa a contar con activos cuyo valor acompaña el movimiento del dólar oficial. Las letras dollar-linked le permiten vender cobertura cambiaria en los mercados financieros, un recurso que el equipo económico utilizó ante períodos de presión sobre el tipo de cambio en 2025 y 2026.
Para la consultora Max Capital, el efecto directo del canje es claro: “ampliará el margen del banco central para vender instrumentos de cobertura cambiaria”. La consultora Outlier, por su parte, señaló que “la operación busca nutrir al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, donde lo hemos visto muy activo durante los últimos meses”.
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Del lado del Tesoro, el canje también implica una modificación de sus compromisos. Sustituye una deuda denominada en pesos y atada a una tasa fija por obligaciones cuyo rendimiento se ajusta según la evolución cambiaria. Así, reduce la sensibilidad de esos vencimientos a las tasas en moneda local, aunque incorpora una mayor exposición a las variaciones del dólar.
La operación replica otra realizada en julio entre el Tesoro y el Banco Central, también por un tope de 2.000 millones de dólares. Con esta nueva transferencia, el BCRA amplía la disponibilidad de títulos dollar-linked para negociar en el mercado secundario.
La Uzi se convirtió en una de las armas más famosas del siglo XX. La Argentina también desarrolló su propio subfusil, pero su historia es mucho menos conocida: el FMK-3, diseñado y fabricado en Rosario, fue producido por decenas de miles de unidades, llegó a la guerra de Malvinas y todavía permanece en los arsenales de algunas fuerzas casi medio siglo después de su creación.
El proyecto nació a mediados de los años 70, cuando las Fuerzas Armadas argentinas buscaban resolver un problema que no era exclusivamente militar. El país había acumulado una gran variedad de subfusiles de diferentes épocas y diseños, algo que complicaba la capacitación del personal, el mantenimiento y la logística. La respuesta fue desarrollar un modelo nacional que pudiera unificar parte de ese armamento y fabricarse en cantidad.
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La tarea quedó en manos de la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, en Rosario. Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont reconstruyó la historia del arma y explicó que aquella diversidad había generado una verdadera “ensalada logística”, con diferentes manuales, cargadores y necesidades de mantenimiento según el modelo utilizado.
Un diseño argentino con influencia de la Uzi
Argentina ya tenía experiencia en la fabricación de subfusiles. Antes del FMK-3 habían sido desarrollados modelos como las Halcón, las MEM y las Ballester-Rigaud, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron también las PAM-1 y PAM-2, derivadas de la estadounidense M3A1 y adaptadas al calibre 9 milímetros.
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Para la década de 1970, sin embargo, la industria internacional había avanzado hacia diseños más simples y económicos de fabricar. El uso de metales estampados había permitido reducir costos y acelerar la producción, y esa lógica también estuvo presente en el nuevo proyecto argentino.
Los ingenieros de la fábrica rosarina tomaron como referencia algunos de los subfusiles más influyentes de la época, entre ellos los CZ 23 y CZ 25, de origen checoslovaco, y la Uzi israelí. Esa influencia puede verse en dos características del FMK-3: el cargador colocado dentro de la empuñadura y el sistema de cerrojo telescópico, que contribuía a mantener un arma compacta.
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El resultado fue un subfusil de 9 milímetros, con culata extensible y una concepción deliberadamente sencilla. La prioridad no era crear un diseño revolucionario, sino contar con un arma funcional, resistente y relativamente económica para equipar a las fuerzas argentinas. “Eran armas que estaban pensadas en torno a barato y funcional”, resumió Serbin Pont.
La producción comenzó alrededor de 1974-1975 y el Ejército Argentino se convirtió en uno de sus principales usuarios. Con el tiempo, el modelo también se incorporó a fuerzas de seguridad y policías.
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Del taller de Rosario a Malvinas
El FMK-3 tuvo su bautismo de fuego en uno de los episodios centrales de la historia argentina reciente. En 1982, durante la guerra de Malvinas, efectivos argentinos utilizaron el subfusil y existen numerosas fotografías del conflicto en las que puede identificarse el modelo.
Para entonces, el FMK-3 llevaba pocos años en producción y representaba una de las apuestas más recientes de la industria militar nacional. “Terminan teniendo un rol súper importante durante la guerra de Malvinas. Hay un montón de imágenes de esta guerra”, explicó Serbin Pont.
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La producción continuó durante más de una década después de la guerra y finalizó en 1993. Las estimaciones más difundidas ubican la fabricación en torno de las 30.000 o 31.000 unidades, aunque no existe un registro definitivo que permita establecer con precisión la cifra total.
La dificultad para reconstruir el número de ejemplares también refleja los problemas documentales que existen alrededor de parte de la producción de la industria militar argentina. Aun así, el volumen permite dimensionar el alcance que tuvo el proyecto: no fue un desarrollo experimental, sino un arma fabricada en cantidades importantes y utilizada durante décadas.
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El FMK-3 también llegó al exterior
La historia del subfusil no terminó en los arsenales argentinos. Parte de la producción fue utilizada fuera del país y se identificaron ejemplares en Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala, según detalló Serbin Pont.
El vínculo con Uruguay se inscribió, además, dentro de una relación más amplia con la industria de defensa argentina. “Uruguay siempre ha sido un cliente de Fabricaciones Militares”, explicó, que recordó también la presencia de fusiles FAL de fabricación argentina en las fuerzas uruguayas.
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El recorrido internacional del FMK-3 tuvo otros capítulos más difíciles de reconstruir. Serbin Pont mencionó también su presencia entre fuerzas croatas y señaló que parte del armamento argentino circuló hacia el exterior durante períodos en los que las transferencias no siempre se realizaron por canales legales.
Así, un arma pensada originalmente para ordenar y modernizar el equipamiento de las fuerzas argentinas terminó teniendo una vida internacional bastante más amplia de la que podría suponerse por su origen.
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Medio siglo después, una tecnología que quedó atrás
La paradoja del FMK-3 aparece cuando se lo mira desde el presente. El arma dejó de fabricarse en 1993, pero algunos ejemplares todavía permanecen en inventarios de fuerzas argentinas. Es decir, un diseño nacido a mediados de los años 70 continúa formando parte del equipamiento disponible en 2026.
Para Serbin Pont, la longevidad del modelo ya no puede confundirse con vigencia tecnológica. El desarrollo fue pensado para las necesidades de otra época y, aunque su sencillez contribuyó a prolongar su vida útil, el paso de las décadas dejó al diseño muy por detrás de las alternativas actuales.
“Estamos en el año 2026. Es tecnología ampliamente desfasada. Están todas recontrabaqueteadas”, afirmó. Por eso, planteó que las Fuerzas Armadas y de seguridad que todavía conservan estas armas deberían evaluar su reemplazo.
El FMK-3 nunca alcanzó la fama internacional de la Uzi ni se transformó en un ícono de la cultura popular. Su importancia fue más silenciosa: fue un desarrollo de la industria militar argentina que nació para resolver un problema concreto, se fabricó por decenas de miles, llegó a Malvinas, cruzó las fronteras y permaneció durante décadas en servicio.
Medio siglo después de su aparición, su historia funciona también como el registro de una época en la que la Argentina todavía tenía la capacidad de diseñar y producir localmente una parte importante del armamento de sus fuerzas. Una capacidad que dejó marcas concretas en sus arsenales y que, en el caso del FMK-3, todavía puede verse en algunas armas que esperan su reemplazo.
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El Gobierno celebró como un acierto político y comunicacional haber recuperado el control de la agenda pública con la defensa de la soberanía de Malvinas. Pero, tras la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas, un frente inesperado se abrió en el Congreso.
Si bien la oposición acompañó el giro discursivo del Presidente, también desplegó una catarata de exigencias concretas ligadas a la soberanía nacional y al vínculo con el Reino Unido que no estaban previstas en la agenda oficial.
Los pedidos van desde suprimir los beneficios fiscales de empresas británicas en la Argentina hasta revisar las compañías adheridas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), constituir una mesa de discusión interpartidaria y robustecer el equipamiento para la defensa.
Javier Milei anunció el jueves pasado por cadena nacional el endurecimiento de sancionaes para empresas que exploten recursos en las Islas MalvinasPresidencia
Estas iniciativas y denuncias se solaparán con el proyecto que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso. Según adelantó Milei, será una ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propondrá modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, contemplará la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus principales lineamientos la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado” y un marco para la protección de la infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.
Lo que en el Gobierno se festejó como un “triunfo”, entonces, en el Congreso puede convertirse en una incomodidad. Si bien el oficialismo cuenta con bloques de 95 diputados y 21 senadores, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Es decir, no puede imponer por sí solo la agenda legislativa y necesita negociar para avanzar.
La oposición ya empezó a ponerle contenido propio a esa discusión. Desde Unión por la Patria (UP), el entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto para derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido y eliminar así los beneficios tributarios que reciben empresas británicas que operan en el país. Según el diputado, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años ese régimen preferencial, que tendría un costo fiscal promedio de US$50 millones anuales.
“Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, sostuvo Michel en X.
El diputado Leiva, de UP, fue a la Cámara de Diputados con un saco que tenía la inscripción “Las Malvinas son argentinas”
Su compañera de bloque Agustina Propato propuso, en tanto, crear un Fondo Nacional para la Defensa Marítima y la Soberanía del Atlántico Sur, financiado con el 100% de las multas y decomisos previstos en la ley 26.659, cuyo texto Milei pretende modificar para endurecer las sanciones. Los recursos serían destinados a modernizar el equipamiento militar y reforzar las bases navales.
También desde UP, el diputado Juan Marino reclamó constituir una mesa de conducción nacional con representación de todos los partidos políticos y concentrar la ofensiva en frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Advirtió además que la causa Malvinas no debe utilizarse para profundizar el alineamiento con Estados Unidos.
Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a EEUU en su disputa con Gran Bretaña. El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump.…
Los cuestionamientos también llegaron desde bloques dialoguistas. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió explicaciones al Gobierno porque Southern Energy, una empresa beneficiada por el RIGI, está integrada en un 15% por Harbour Energy. Según denunció, esa firma es la misma que antes se llamaba Premier Oil y que fue sancionada en 2013 por operar sin autorización argentina cerca de Malvinas.
La sanción contra Premier Oil le impide operar en la Argentina hasta 2028. Ferraro sostiene que el cambio de nombre a Harbour Energy no dejó sin efecto esa prohibición y cuestiona, por eso, que una empresa de la que forma parte haya recibido los beneficios del RIGI.
Ferraro dialoga con Menem durante una sesión en Diputados
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió dar marcha atrás con la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el “vaciamiento operativo” de la Base Aeronaval Punta Indio. También exigió reforzar la presencia científica y logística argentina en la Antártida.
Incluso el gobernador Raúl Jalil (Catamarca), que sostiene un vínculo cercano con la Casa Rosada, celebró que el Gobierno haya “revisado su mirada sobre Malvinas”, pero pidió traducir ese giro en una mayor presencia estatal. En particular, planteó avanzar con infraestructura militar argentina en Tierra del Fuego para consolidar la capacidad y la presencia del país en el Atlántico Sur.
Durante mi formación en el Ejército aprendí que la soberanía no se declama, se ejerce y se defiende con una presencia efectiva del Estado. Por eso considero importante que el Gobierno nacional haya revisado su mirada sobre Malvinas y haya recuperado una agenda necesaria para la…
En ese escenario, Santiago Caputo, artífice comunicacional de la última cadena nacional, ya salió a presionar a la oposición a través de sus redes sociales. Fiel a su estilo confrontativo, desafió: “Vamos a ver ahora si todos los que se pasaron décadas hablando sobre soberanía nacional tienen lo que hay que tener para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para proteger la seguridad nacional”.
En otro mensaje, Caputo aseguró que las medidas anunciadas por Milei tuvieron un “enorme apoyo popular” y reclamó que el “sistema” acompañe al Presidente “sin titubeos”. El tono de las advertencias contrasta con el espíritu de “unidad nacional” que Milei intentó exhibir durante su discurso.
Vamos a ver ahora si todos los que se pasaron décadas hablando sobre soberanía nacional tienen lo que hay que tener para dotar al gobierno de las herramientas necesarias para proteger la seguridad nacional.
La intervención de Caputo también introduce una tensión hacia adentro del oficialismo. El asesor presidencial mantiene una puja interna con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien durante los últimos dos años y medio tejió un canal de diálogo permanente con los bloques opositores.
Menem está concentrado ahora no solo en hacer avanzar la agenda oficial -que incluye la eliminación de las PASO y otros proyectos económicos-, sino también en desactivar los intentos de la oposición por imponer sus propios temas.
La cuestión Malvinas introduce así un eje adicional en una agenda parlamentaria ya cargada. El Gobierno consiguió recuperar la centralidad política con un tema históricamente transversal, pero ahora deberá discutir en el Congreso hasta dónde está dispuesto a llevar ese giro y cuál de todas las exigencias planteadas por la oposición está dispuesto a incorporar.
