El Gobierno libertario volvió a izar ayer con orgullo una de sus banderas de campaña: la pelea contra la inflación. El índice de precios de agosto marcó el 1,7%, y mostró una importante desaceleración. Fue el dato mensual más bajo en 14 meses, pero además fue la primera vez en 9 años que todos los rubros aumentaron menos de un 3% mensual, según consignó un informe de Facimex. Es un logro que en otro momento hubiera dominado la agenda, pero que hoy, con la campaña en marcha, no parece suficiente. El foco de la política, del empresariado y de las encuestas está en otro lado. A nadie se le escapa que el nivel de actividad, en los sectores más generadores de empleo, sigue sin levantar.
Atentos a ello, en el Gobierno empiezan a mostrarse cada vez más activos. Aunque son pocas las herramientas disponibles dentro del programa económico, la creatividad está a la orden del día. Algunas medidas son bien publicitadas; otras, tal vez las más fuertes, se dan por omisión. Esta semana, se puso en marcha el esquema para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses financie hipotecas con tasas de hasta 7,5% más UVA. Los bancos, rápidos, empezaron a promocionarlas. Las entidades del Grupo Petersen (Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe), por caso, estaban ofreciendo desde ayer créditos de hasta 150.000 UVA (equivalentes a US$208.860) a 20 años de plazo. En el Banco Galicia, incluso antes de publicitar la herramienta, ya estaban recibiendo entre 30 y 40 solicitudes de créditos por día. En la entidad bancaria estiman que, con el dinero que recibieron en la primera licitación, podrían dar unos 270 créditos por un promedio de US$100.000 cada uno. Aunque positivo, el fondeo de la Anses es una gota de agua en un desierto. Para tener una idea de la dimensión: esta semana se licitaron $200.000 millones; solo el Banco Nación, que tiene 61% del mercado de hipotecas, tiene un stock de créditos para la vivienda de $3,8 billones.
De todas maneras, en las mesas de las que participan banqueros y miembros del equipo económico se empiezan a plantear ideas complementarias. Entre otras, se habla de la posibilidad de que el FGS no solo licite plazos fijos en pesos, para así fondear hipotecas, sino también plazos fijos en dólares. Hoy, si bien el sistema financiero tiene dólares de sobra para prestar, los préstamos en moneda extranjera no superan el año de duración. Difícil que, con la elección presidencial en la agenda, alguien se anime a un plazo tan corto. Un fondeo de la Anses ayudaría, aseveran en el sector financiero, a extenderlos a por lo menos 3 años. Otra gota de agua más, pero que suma.
El Banco Central (BCRA), por su parte, volvió a poner el pie en el acelerador en el proyecto en el que venía trabajando desde comienzos de año, para armar un mercado secundario de cupones de tarjeta de crédito. La idea es que los comercios puedan descontar los cupones a precios más competitivos, y así también fondearse a tasas menores. Son todas iniciativas que apuntan a lo mismo: inyectar crédito y aire a la actividad sin salirse del programa.
La semana que viene, en tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estaría publicando la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según se estableció, empezaría a estar operativo a partir del primero de noviembre (aunque, por decreto, el Gobierno todavía tiene margen para prorrogarlo un mes más). El FAL serviría también de motor del mercado de capitales, que desde que se estatizaron los fondos de pensión, tiene pocos inversores institucionales de mediano y largo plazo.
Pero, tal vez, una de las medidas que mejor están funcionando entre las empresas es una de la que se habla poco en público, pero que está vigente desde ya hace algunos meses. En mayo pasado, la CNV eliminó el límite al número de endosos que pueden tener los cheques e indirectamente habilitó a las empresas a canalizar sus flujos de caja a través de sus cuentas comitentes (bursátiles) de los agentes de Bolsa o ALyC, en la jerga, en lugar de tener que hacerlo exclusivamente a través de una cuenta bancaria tradicional. ¿El beneficio? Están exentas del impuesto a los débitos y créditos (mejor conocido como el impuesto al cheque), que llega al 1,2% (0,6% en la acreditación y 0,6% sobre los débitos). Así, por ejemplo, una ALyC hoy recibe un cheque de una empresa A, y puede acreditarle los pesos en la cuenta comitente, o puede emitir otro cheque y pagarle a nombre de esa compañía a una empresa B. “Cualquier tesorero despierto hoy lo sabe y no está pagando el impuesto al cheque”, explican en la City. En la agencia recaudadora, ARCA, los ingresos por este impuesto caen con fuerza desde hace tiempo. En parte, por la menor actividad económica; pero, por otra parte, aseguran quienes lo siguen de cerca, este fenómeno está haciendo cada vez más mella.
El Congreso, otro frente
En cualquier caso, son todas medidas que, si bien colaboran, lejos están por ahora de modificar el humor general. La política lo piensa aprovechar en el Congreso. “La campaña arrancó y ya nuestros proyectos están cayendo en un embudo”, admitía un funcionario libertario. Y no se vienen discusiones fáciles: al proyecto de ley para endurecer sanciones contra empresas que operen en Malvinas (se les sumarán a las petroleras, empresas pesqueras y navieras), se le agregará la semana que viene el Presupuesto Nacional 2027. La denominada ley de leyes nunca está exenta de polémicas, y el Gobierno necesita mostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que logra el aval del Congreso para su programa anual.
Pero incluso provincias aliadas están animándose a levantar temas que, en otro momento, hubieran quedado silenciados. Es el caso de Chaco, que le reclamó por carta formal a la Nación que los ramales ferroviarios que atraviesan la provincia sean incluidos en las obras obligatorias en los pliegos de licitación del Belgrano Cargas. Los diputados de Chaco, junto con los de Corrientes y Entre Ríos, esperan además avanzar en un proyecto de ley para que los buques de bandera extranjera (sobre todo paraguayos) que ya circulan por la Hidrovía puedan hacer escalas en puertos argentinos dentro de un mismo itinerario, sin tramitar autorización en cada parada. A diferencia del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no reclaman abrir el cabotaje de par en par. El argumento es logístico y de costos: para exportar, una barcaza debe hacer aduana por ejemplo, en Corrientes, luego otra vez en Rosario y una vez más para salir al extranjero. “Sturzenegger fue a fondo, sin consensuar. Ellos tienen que sentarse con los gremios, habilitar el cabotaje internacional, pero con algún esquema de revalorización del cabotaje nacional”, explicaba un legislador. “Hoy nosotros desde las provincias vemos pasar la flota de Paraguay y no podemos cargar nada. Lo ideal sería lograr que vengan con bandera argentina, pero eso va a llevar años, porque muchas se fueron hace tiempo a radicar a Paraguay”, concluyó.
Las negociaciones políticas empiezan a chocar así con reclamos que los gobernadores deben resolver puertas adentro de sus provincias. No todas hoy tienen la holgura de Neuquén o de San Juan para responder en estos tiempos.
Tal como sucede a nivel nacional, también en el interior el nuevo escenario geopolítico global pesa cada vez más en el desarrollo de los negocios del sector privado. La cláusula anti–china en sectores estratégicos no es exclusiva de la administración Trump. Por estos días, el destino de un salar en Salta se está decidiendo en Ottawa, Canadá. La operación es sencilla de enunciar: una inmobiliaria china, China Union Holdings, quiere pagar US$175 millones por Argentum Lithium, la subsidiaria argentina de la canadiense Lithium Chile, dueña del proyecto Arizaro. Pero el gobierno canadiense activó una revisión por seguridad nacional sobre el activo, que no está en Canadá, no tiene empleados canadienses y produce en territorio argentino.
No es un episodio aislado, sino el último eslabón de una cadena. En 2022, Canadá ya había forzado a tres empresas chinas a desprenderse de sus participaciones en mineras de litio, y una de ellas era, justamente, Lithium Chile en el mismo Salar de Arizaro. Un año antes había dejado pasar, en cambio, la compra de Neo Lithium y su proyecto en Catamarca por la estatal china Zijin, con el argumento de que no era “realmente” una empresa canadiense. El giro de Ottawa —de la permisividad al veto extraterritorial— es el reflejo de una disputa mayor entre Washington y Beijing por el control de la cadena de suministro de las baterías. Y la Argentina, que tiene el recurso pero no escribe las reglas, aparece una vez más como objeto y no como sujeto de la partida: el litio estará en el territorio nacional, pero la decisión se toma afuera.
