El crecimiento que convirtió a Brasil en una de las principales potencias agropecuarias mundiales no respondió a un único factor ni se produjo de un día para otro. Detrás del salto productivo de las últimas cuatro décadas hubo una combinación de seguridad sobre la propiedad privada, disponibilidad de tierras para expandir la frontera agrícola, financiamiento e inversión pública y privada en investigación y tecnología. Durante décadas, buena parte de la producción se concentró en el sur del país, pero desde los años ochenta comenzó a avanzar hacia el Centro-Oeste, una región que entonces funcionaba como nueva frontera agrícola y tenía tierras considerablemente más baratas.
En un análisis presentado por Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) e Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios e investigador asociado de Cippec, se reconstruyó la transformación productiva brasileña y su impacto más allá del sector agropecuario. Uno de los puntos centrales del estudio es el desplazamiento territorial de la agricultura brasileña.
Según los datos presentados, en el 2000 una hectárea agrícola en el Centro-Oeste costaba alrededor de 56% menos que en el sur de Brasil. En valores constantes de diciembre de 2025, el precio era de 3,4 mil reales por hectárea en el Centro-Oeste frente a 7,8 mil en el sur. Por tanto, destacaron que “esa diferencia incentivó el traslado de productores hacia nuevas zonas”.
Con el avance productivo, esa brecha comenzó a cerrarse. En 2024, el valor de la hectárea se ubicaba en 36.000 reales en el Centro-Oeste y en 41.800 reales en el sur, una diferencia del 16%. En 2000, en cambio, la distancia entre ambas regiones había alcanzado el 129%. El Centro-Oeste, que en los años ochenta representaba una proporción reducida de la superficie agrícola brasileña, pasó a concentrar alrededor del 45% del área sembrada, según explicó Ordóñez.
La disponibilidad de tierra fue solo una parte de la transformación. “Durante un período de 25 años el productor brasileño obtuvo, en promedio y por hectárea de soja, una facturación cercana al doble de la registrada por el productor argentino”, dimensionó. Esa diferencia, entre otros factores, está vinculada con las retenciones y las distorsiones cambiarias que afectaron a la producción local.
“Entre 2002 y 2025, por cada tonelada vendida, el productor argentino recibió en promedio el 60% de lo percibido por uno brasileño en soja, el 65% en maíz y el 72% en trigo; en soja, la facturación por hectárea argentina fue apenas el 53% de la brasileña”, indicó.
Esa diferencia terminó influyendo sobre las decisiones de inversión. Mientras en “Brasil se consolidó una agricultura orientada a reinvertir y expandir la producción”, en la Argentina se desarrolló una estrategia más defensiva, con una menor exposición de capital y, en determinados casos, una reducción del uso de insumos.
El tercer elemento que influyó fue el financiamiento. “A medida que aumentó la superficie sembrada brasileña, el volumen de crédito disponible creció a una velocidad todavía mayor, lo que implicó una expansión sostenida del financiamiento por hectárea durante aproximadamente dos décadas”, destacó.
Una de las herramientas fue la Cédula de Produto Rural (CPR), un mecanismo privado que permite utilizar como garantía la producción agrícola, incluso cultivos en pie. La posibilidad de respaldar el financiamiento con la propia cosecha redujo el riesgo para el acreedor y, según dijo, “ayudó a ampliar el mercado crediticio”.
“A esa herramienta se sumó el Crédito Rural, un programa público de subsidio de tasas de interés. De acuerdo con los cálculos expuestos por el economista, el costo promedio para el gobierno federal brasileño de esos subsidios fue de unos US$3000 millones anuales, equivalentes a cerca de US$53 por hectárea.
Ordóñez contrastó esa cifra con lo ocurrido en la Argentina. Según precisó, en un período comparable el Estado argentino recaudó en promedio unos US$5000 millones por año solo por derechos de exportación vinculados con el agro.
La cuarta condición fue la inversión en investigación, desarrollo y tecnología. La expansión desde el sur hacia el Cerrado implicaba trasladar cultivos como la soja y el maíz desde ambientes templados hacia zonas tropicales, con suelos ácidos y condiciones productivas diferentes. “En una primera etapa tuvieron un papel decisivo organismos públicos y asociaciones de productores”, explicó Ordóñez. Posteriormente, con el crecimiento del negocio y un “marco de protección de la propiedad intelectual”, aumentó la participación de las empresas. “El gasto en agroquímicos por hectárea pasó de alrededor de US$42 a unos US$240, mientras que también se duplicaron las dosis de fertilizantes utilizadas”, dijo.
En soja, entre los años 2000-2003 y 2020-2024, el rinde de las zonas tradicionales de Brasil pasó de 2,6 a 3,2 toneladas por hectárea, un incremento del 24%. En las regiones de frontera aumentó de 2,9 a 3,6 toneladas, un 23%. “En la Argentina, en el mismo esquema comparativo, la región tradicional pasó de 2,9 a 3,3 toneladas de soja por hectárea, un 14%, mientras que en la zona de frontera la variación fue de 1,8 a 1,9 toneladas, apenas un 2%”, destacó.
Las diferencias son todavía mayores en maíz. En las zonas de frontera brasileñas, el rendimiento pasó de 4,9 a 9,3 toneladas por hectárea, un salto del 89%. En la región tradicional de Brasil aumentó de 4,3 a 6,6 toneladas, un 52%. En la Argentina los incrementos fueron del 9% en la región tradicional y del 33% en las zonas de frontera.
El efecto combinado de más superficie y mayor productividad produjo un cambio de escala. Según las cifras presentadas, “Brasil pasó de producir 15 millones de toneladas de soja en 1980 a 169 millones en 2025″. Del aumento total, unos 102 millones de toneladas, “el 66%, se explicaron por la expansión de la superficie, que pasó de 8,7 millones a 47,6 millones de hectáreas”. Los restantes 52 millones de toneladas, el 34%, provinieron de la mejora de la productividad, que creció de 1700 a 3560 kilos por hectárea.
En maíz ocurrió lo contrario. La cosecha aumentó de 20 millones de toneladas en 1980 a 132 millones en 2025, pero el 65% de ese crecimiento se originó en mejoras de productividad y el 35% restante, en una mayor superficie. “El rendimiento pasó de 1752 a 6122 kilos por hectárea, un incremento del 249%, mientras que el área sembrada aumentó 85%”, destacó. Esa abundancia de granos permitió desarrollar un segundo escalón de agregado de valor: la producción de proteína animal.
Agregó que el Centro-Oeste, por ejemplo, pasó de tener en 2002 un PBI per cápita de US$3200, 4% inferior al del Sudeste —la región históricamente industrializada donde se encuentran San Pablo y Río de Janeiro—, a alcanzar US$12.400 en 2023, un nivel 11% superior al del Sudeste, que se ubicó en US$11.200.
“No es un derrame. El agro necesita un ecosistema para producir, no produce de manera aislada. Necesita que haya un banco, necesita que haya empresas de servicios, necesita que haya un lugar donde dormir”, resumió.
