En medio de las proyecciones de una gran cosecha, que solo entre maíz y soja superará los 110 millones de toneladas, el negocio agrícola muestra un deterioro claro por el lado de la rentabilidad. Un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, advierte que los márgenes actuales se ubican por debajo del promedio de los últimos ocho años, en un contexto donde el Estado se queda con una parte importante de la renta y la ecuación económica se vuelve cada vez más ajustada. En los últimos meses, además, la presión se intensificó: entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, los ingresos cayeron 2% en dólares reales mientras que los costos aumentaron entre 6% y 8%. En este contexto, Coninagro, por su parte, advirtió que la suba de costos —en especial en fertilizantes y combustible— está presionando la rentabilidad y propuso reducir los derechos de exportación en trigo para compensar ese impacto.
El trabajo del Ieral, que analiza la evolución de la rentabilidad agrícola entre enero de 2018 y marzo de 2026, pone números concretos a ese deterioro y lo ubica en perspectiva. Los márgenes actuales se encuentran entre US$140 y US$190 por hectárea por debajo del promedio del período enero 2018–diciembre 2025.
En ese marco, el informe remarca que el resultado económico del productor viene condicionado por una combinación de factores que actúan en simultáneo. Por el lado de los ingresos, la evolución reciente muestra un leve retroceso, asociado principalmente al comportamiento del maíz. Por el lado de los costos, en cambio, la tendencia es claramente alcista, impulsada por insumos estratégicos que tienen un peso determinante en la estructura productiva.
En particular, el trabajo destaca el impacto del aumento en fertilizantes —especialmente la urea— y del gasoil, que incide de manera directa en labores y fletes. El maíz es el cultivo más afectado: “Uno de los insumos que más aumentó fue la urea, fertilizante utilizado en maíz, pero no en soja”, por lo que “la caída reciente de los márgenes del establecimiento se explica, sobre todo, por el deterioro de los márgenes netos del maíz”.
Cuando se desagregan los números, aparecen diferencias muy marcadas según el tipo de esquema productivo. Para marzo de 2026, el informe estima que en campo propio los márgenes netos alcanzan US$402 por hectárea en la zona núcleo y alrededor de US$81 en regiones extrapampeanas. En los campos alquilados la situación cambia de manera significativa: los márgenes caen a US$26 por hectárea en la zona núcleo y pasan a ser negativos, con -US$78 por hectárea, en regiones extrapampeanas.
En ese escenario, el financiamiento termina de inclinar la balanza. Para los productores que necesitan cubrir parte de los insumos con crédito, la ecuación se vuelve todavía más exigente. Según las estimaciones, los márgenes se reducen entre US$44 y US$69 por hectárea adicionales. “Bajo este supuesto, el margen de los arrendatarios de zona núcleo también pasaría a ser negativo”, advierte el informe. “Solo los productores propietarios mantendrían márgenes positivos en ambas zonas.”
A este escenario se suma el peso de la carga tributaria, que aparece como uno de los factores estructurales más relevantes del informe. En promedio, durante los últimos 12 meses, el Estado capturó el 55% del excedente económico en la zona núcleo y el 76% en regiones extrapampeanas. Esa carga incluye derechos de exportación, impuesto a las ganancias, débitos y créditos bancarios y tributos provinciales, lo que en la práctica implica que una porción muy significativa del resultado generado por la actividad no queda en manos del productor.
El trabajo también permite ver la evolución del negocio en el tiempo. Los mejores niveles de rentabilidad se registraron entre 2021 y 2022, cuando los precios internacionales impulsaron los resultados. A partir de ese momento, el escenario comenzó a cambiar. Los márgenes mostraron una recuperación hacia fines de 2025, pero volvieron a deteriorarse en el primer trimestre de 2026, reflejando la volatilidad de la ecuación económica y la dependencia de factores externos.
En ese recorrido, el problema no está en la producción. El agro logró sostener altos niveles de volumen a lo largo de los últimos años. Sin embargo, ese desempeño no se tradujo en una mejora equivalente en los resultados económicos. La combinación de precios más moderados, costos en alza y una carga impositiva elevada terminó erosionando los márgenes.
El informe concluye que “los márgenes actuales son bajos, incluso negativos en algunos casos, y que el sistema tributario vigente amplifica las diferencias entre zonas y entre tipos de productores, en lugar de atenuarlas”. Y, dentro de esa estructura, son los derechos de exportación los que explican en mayor medida por qué esa carga “puede resultar más pesada precisamente cuando la situación del productor es más difícil”.
En paralelo a ese diagnóstico, desde Coninagro plantearon que el aumento reciente de los costos —especialmente en fertilizantes y combustible— está generando un nuevo punto de presión sobre la próxima campaña de trigo. La entidad advirtió que el conflicto en Medio Oriente impactó de lleno en los insumos: la urea registró subas muy fuertes y el gasoil también aumentó. En ese contexto, remarcaron que, sin cambios en la carga impositiva, la ecuación productiva se vuelve cada vez más ajustada.
Según sus estimaciones, producir trigo ahora implica un costo adicional de unos US$110 por hectárea en promedio. Frente a ese escenario, la entidad puso el foco en los derechos de exportación —actualmente en 7,5%— y propuso su reducción o eliminación como una forma de compensar el impacto. “La eliminación de este impuesto generaría un beneficio directo de 72 dólares por hectárea para el productor”, señalaron, al calcular que esa medida permitiría cubrir cerca del 65% del aumento de costos generado por la suba de insumos.
El planteo volvió a colocar a las retenciones en el centro de la discusión, en línea con lo que ya marcaba el informe del Ieral sobre el peso de los impuestos en la renta agrícola.
Para Coninagro, más que un costo fiscal, la eventual baja debería entenderse como una herramienta para sostener la siembra y evitar un freno en la producción en un contexto de fuerte volatilidad internacional. “Estas medidas no deben verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para garantizar la siembra”, remarcaron, al advertir que sin algún tipo de alivio el aumento de costos puede trasladarse directamente a una menor intención de siembra en la campaña 2026/27.
Para la entidad, la eliminación de las retenciones para la campaña 2026/27 “implicaría una resignación fiscal estimada en 232 millones de dólares, considerando una exportación proyectada de 12,9 millones de toneladas, con impacto fiscal a partir de diciembre de 2026″.
