La Sociedad Rural Argentina (SRA) está a un paso de definir lo que probablemente sean las elecciones más tensas y polémicas en sus 160 años de historia.
La disputa por la conducción de una de las principales entidades gremiales del agro nacional se da en un contexto en el que el sector “vuela”, con una cosecha total de más de 170 millones de toneladas –unos USD 50.000 millones en exportaciones– y con el reclamos por la baja de retenciones siempre sobre la mesa.
La “guerra” –por varios motivos, termina siéndolo– es entre dos ex socios que ahora no se pueden ni ver. Nada nuevo bajo el sol argentino: una pelea más entre un presidente y su vice. Llegaron juntos al poder y terminaron mal.
Nicolás Pino y Marcos Pereda Born fueron la renovación que destronó al status quo ruralista y se quedaron con la conducción de la entidad con el discurso de “somos distintos”. Renovaron el estatuto y reeligieron. Luego, empezaron las tensiones hasta que llegó la ruptura por la interpretación de cada una sobre la idea de alternancia, que supuestamente juraron que existiría.
Pino, muy cercano al presidente Javier Milei, quiere mantener el poder y Pereda jura que es su turno y que su ahora rival quiere entronizarse. Incluso, días atrás, emitió un comunicado diciendo que la SRA corre riesgo de “convertirse en la Formosa de Gildo Insfrán”. Fuerte. Al Gobierno no le da lo mismo que gane uno u otro aunque en el fondo ambos sectores son cercanos a la apertura y el tono general de la gestión Milei. “No nos metemos, pero es verdad que Nicolás es más cercano”, dijo una fuente oficial la semana pasada.
Así, esta interna caliente entra en su recta final hacia la asamblea general prevista para el 9 de septiembre, mientras los 3.000 socios de la entidad están votando de manera electrónica estos días. Ambos sectores dicen que “están bien”, que creen que van ganando (cerca de Pino arriesgan un 70-30 en su favor). En medio de la contienda surgieron sospechas sobre que una inversiones para aggiornar el sistema de registros genealógicos. “Nada que ver”, dicen desde el búnker de Pino, aunque debió pedir perdón por la situación en su último discurso en Palermo, con Milei a pocos metros.
La SRA es lo que podría definirse como el club de los “ruralistas VIP”: el espacio donde se reúnen los grandes terratenientes y propietarios del ganado argentino. Es la aristocracia agraria histórica, más allá del intento de sus autoridades por ampliar la base de socios y de cierto baño de popularidad que se dieron junto a las otras entidades cuando se conformó la famosa Mesa de Enlace que enfrentó a Cristina Kirchner por la Resolución 125, aquella que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos. Pasaron casi dos décadas y los derechos de exportación que paga principalmente la soja siguen siendo el gran flagelo del sector.
La entidad nació en 1866 con un objetivo fundacional ambicioso: “velar por el patrimonio agropecuario del país”. Tiene unos 3.900 socios y en sus cúpulas se sucedieron apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers, Zorreguieta, Crotto, Alchouron y Etchevehere. Muchos de sus dirigentes pasaron luego por cargos públicos en gobiernos tanto democráticos como dictaduras. La SRA integra el Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país, junto a los bancos, la bolsa, el comercio, la construcción y la industria. En ese contexto, asoma como una entidad de las más alineadas con el Gobierno: no es para menos, el agro es uno de los ganadores del modelo. En esa postura de “aguante” a Milei están junto a la Cámara de Comercio y la Bolsa de Comercio, mientras que la UIA y la Cámara de la Construcción parecen haber notado el contexto y ahora empezaron mostrarse algo más críticos, luego de casi tres años de caída constante de sus actividades (habrá que ver qué dice la UIA esta semana en el Día de la Industria).
Pino (62) estudió Producción Agropecuaria en la UCA, lleva más de tres décadas como miembro de la entidad y no tiene campos propios. Esa es una de las principales críticas que le hacen en un mundo de dueños.
Pereda Born (62), en tanto, es descendiente de la familia Bunge y Born —su bisabuelo cofundó el holding— y preside el Grupo Bermejo, un conglomerado de agronegocios con campos en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El primero dice que el segundo quiere manejar la SRA como una empresa, y el segundo dice de su ex compañero de fórmula que rompió promesas de alternancia y sospecha de los datos del balance que presentó.
La disputa central de la campaña y los señalamientos tienen que ver con los llamados registros genealógicos, un tema explotó públicamente en marzo, cuando cabañeros de todo el país denunciaron que el sistema no funcionaba y que estaban imposibilitados de inscribir sus animales. Hubo presentaciones judiciales y la oposición reveló que la erogación prevista para la actualización del sistema se había cuadruplicado.
La lectura opositora del balance difundido en la recta final de la campaña especifica $7.410 millones gastados en concepto de desarrollo de software y otros $1.613 millones en concepto de previsión por el reclamo de facturas impagas a la empresa proveedora, lo que equivale a aproximadamente 6 millones de dólares en total. Está escrito en la presentación financiera. La empresa contratada fue Mobile Computing, que luego cambió su nombre por Grid Dynamics Holdings y se negó a someterse a la auditoría externa que ordenó la SRA.
Infobae habló con ambos postulantes. Pino asegura que Pereda continúa siendo vicepresidente de la entidad y que participó activamente de todos los procesos vinculados a los registros, del plan estratégico y, en forma personal, de la designación de equipos. “No puede presentarse ahora como un tercero ajeno, ni menos aún hacerse el distraído. El proveedor incumplió en tiempo y forma y estamos actuando administrativa y judicialmente para resguardar a la institución”, destacó.
– Se cuestionó mucho su habilitación para presentarse a una nueva reelección.
– En 2023, en asamblea y con aprobación de una amplia mayoría de los socios, se decidió terminar con las reelecciones indefinidas y establecimos un límite de tres mandatos. Una obviedad: eso es a partir de la modificación del estatuto. Las normas rigen desde su sanción, no retroactivamente. Carlos Odriozola y yo estamos plenamente habilitados. No hay ninguna denuncia administrativa o judicial que invalide el proceso. Es un tema completamente resuelto. Todo está en orden y habilitado. Lo importante es que sea el socio quien elija.
– ¿La definición depende exclusivamente del socio?
– Exacto. En lugar de quejarse tanto, que me ganen y listo. La palabra y eso, todo muy lindo, pero lo que están planteando es muy raro. El socio es quien define, ni yo ni ningún otro dirigente. Es fundamental respetar la decisión del socio.
– ¿Por qué se pelearon?
– No hubo pelea, no es algo personal. Pereda no entendió su rol, el lugar importante que tenía y el funcionamiento que planteamos. Gestionamos con presencia y recorriendo el país, y vemos a la Rural como una institución gremial, no sólo como una empresa.
“Pino empezó a hablar de retenciones en campaña, antes no lo hacía. ¡Pedía paciencia!” (Pereda)
– ¿Qué proyectos quedan pendientes?
– Hay que resolver definitivamente el tema del software y cerrar el litigio judicial por el predio de Palermo. También queremos avanzar en genética y genómica para que Argentina cuente con laboratorios propios, y no dependa del exterior. Hacia afuera, seguimos trabajando contra los derechos de exportación y buscando mejores condiciones de infraestructura y líneas de crédito productivas para los productores.
Pereda, por su parte, confía en que va a ganar e insiste con que Pino inclumple contratos y acuerdos que firmó de puño y letra. Tuvo una suerte de revés mediático meses atrás cuando se conoció que su hija Milagros no sólo era vegetariana sino que criticaba la histórica actividad de su familia. “Sabe que el futuro tiene que ser sin carne”, dijo sobre su papá. Pereda dijo que respeto a mi hija y que tiene derecho a decir lo que piensa. “No representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaró que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”, aclaró el ganadero, por si quedaba alguna duda.
– ¿La alternancia era parte del acuerdo?
– Sí, exactamente. Al romperse ese compromiso surgió el conflicto. Se consolidó una tradición histórica que limitaba a tres mandatos, pero con el cambio de estatuto esa limitación se empezó a contar desde que la Inspección General de Justicia lo acepta, no desde la asamblea. Nuestro acuerdo era que iba a haber alternancia y otras reformas, como redactar un código de ética para el directorio y establecer una gestión por objetivos. Todo eso está firmado por Pino, quien sostiene que este es su primer mandato, pero en realidad es el tercero.
– Pino dice que usted quiere manejar la SRA como una empresa.
– Mi objetivo es que sea eficiente y que se defienda al productor. No quiero que la Rural sea vocera de gobiernos de turno. Él se presenta como empresario ganadero, pero yo tengo cinco generaciones en el sector agropecuario. Pino tiene campos arrendados y no siente el impacto de las retenciones como quienes hacen agricultura.
“En lugar de quejarse tanto, que me ganen y listo. La palabra y eso, todo muy lindo, pero lo que están planteando es muy raro. El socio es quien define” (Pino)
– ¿Cree que la cercanía de Pino con el Gobierno puede perjudicar al socio?
– Lo importante es que la entidad sea autónoma e independiente. Si la cercanía con el gobierno limita los reclamos, no es conveniente. Pino empezó a hablar de retenciones en campaña, antes no lo hacía. ¡Pedía paciencia!
Otra singularidad del balance que advirtieron una parte de los socios: por primera vez en varios años, el resultado operativo neto es negativo si se descuenta el canon y usufructo que ingresa por la explotación del predio de Palermo.
“El último balance, aprobado recientemente por la Comisión Directiva y que se remitirá a la Asamblea el 9 de septiembre, da un resultado económico-financiero positivo. Es más, resulta uno de los mejores balances de la historia de la institución y contrasta claramente con la situación deficitaria heredada al inicio de la actual gestión”, argumentaron desde el oficialismo, sin mucho más detalle.
En la recta final, la contienda adquirió una exposición renovada a raíz de los cuestionamientos de Pereda al uso de recursos institucionales en favor de la campaña del presidente. “La actual conducción puso al servicio de su continuidad los recursos humanos y económicos para propaganda electoral. Utilizan los canales oficiales de la institución para incidir en la votación. Creen que son los dueños de la Rural y por eso buscan asegurarse 10 años. Al final, Pino termina igual que Gildo Insfrán”, disparó Pereda, y recordó que “en su discurso de Palermo de un par de años atrás Pino criticaba a los políticos que se aferraban al poder y obturaban la alternancia. Al final, él mismo violenta el límite de los tres mandatos, por lo que es un deber moral impedir este avasallamiento institucional”.
Unos 3.o00 socios están habilitados para votar mediante el sistema electrónico, aunque la disputa por el cronograma fue otro frente de conflicto durante la campaña. El sector de Pereda denunció que Pino pretendía mantener la votación abierta durante casi 60 días —tres veces más que los 15 que rigieron la última elección— para aprovechar la presencia de productores en el predio durante la Exposición Rural de Palermo.
La asamblea del 9 de septiembre definirá no sólo al próximo presidente de la entidad, sino también el modelo de vínculo que la SRA mantendrá con el Gobierno y el grado de autonomía con que defenderá los intereses de sus socios ante la Casa Rosada.
