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La desnutrición infantil en Afganistán alcanzó niveles críticos y se prevé que continúe deteriorándose, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), que alertó sobre el impacto directo de los recortes en la ayuda internacional.

Se prevé que casi 3,7 millones de niños afganos sufran desnutrición aguda este año, junto con 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes. El fenómeno alcanzó índices sin precedentes en 12 provincias y empeoró en la mayor parte del país respecto del año anterior.

La emaciación —la forma más letal de desnutrición— se produce cuando un menor está demasiado delgado para su estatura por alimentación insuficiente o enfermedad. Según John Aylieff, director del PMA en Afganistán, alrededor del 80% de los casos más graves corresponden a menores de dos años, muchos de los cuales llegan a las clínicas cuando ya no es posible salvarlos.

“Esta es una crisis que empeora día a día y, trágicamente, que no podemos contener”, declaró Aylieff ante la prensa en Ginebra. “Los estamos rechazando con las manos vacías, sin absolutamente nada”, añadió.

La reducción del financiamiento externo forzó el cierre de 142 centros de salud en 2025 y dejó a más de 13.000 menores sin acceso a tratamiento nutricional. Olga Cherevko, vocera de la oficina de asuntos humanitarios de la ONU en Afganistán, señaló que demasiados pacientes llegan a las instalaciones en estado severo, mientras otros ni siquiera logran llegar.

La capacidad operativa del PMA se contrajo de forma pronunciada: si en marzo podía atender a 1 de cada 4 casos que requerían tratamiento, hoy solo alcanza a 1 de cada 7 mujeres y niños con desnutrición aguda. El organismo atribuye el deterioro al conflicto prolongado, el desempleo extendido, los brotes de enfermedades y las deficiencias en agua y saneamiento.

La agencia advirtió que las distribuciones de alimentos orientadas a prevenir la hambruna en las zonas más afectadas quedarán suspendidas entre agosto y octubre, precisamente el período de mayor incidencia de desnutrición. La escasez de suministros vinculada al conflicto en Oriente Medio y el cierre durante nueve meses de la frontera con Pakistán interrumpieron además la cadena de entrega de productos nutricionales, dejando a cerca de un millón de personas sin servicios esenciales durante cinco meses consecutivos.

Para sostener sus operaciones durante los próximos seis meses, el organismo necesita 540 millones de dólares. La asistencia alimentaria disponible para Afganistán cayó aproximadamente 59% desde 2022, pese a que las necesidades crecieron en sentido contrario.

Estados Unidos —históricamente el principal donante— y varios países europeos redujeron sus aportes desde enero de 2025, aunque el PMA no mencionó donantes específicos en su comunicado. En junio, Washington comprometió 800 millones de dólares al organismo para distribuir entre al menos 37 países y beneficiar a más de 38 millones de personas.

El monto solicitado para atender la crisis humanitaria en Afganistán asciende a 1.700 millones de dólares y está cubierto en poco más del 26%, una proporción que Cherevko calificó de “alarmante”. En febrero, Aylieff ya había descrito los recortes como “devastadores”.

(Con información de AP y Reuters)

La vicepresidente y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el pedido de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) para que pueda participar de la tensa sesión de pasado mañana, en la que se definirá la ley de propiedad privada y un nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. La legisladora no pidió licencia y se encuentra de reposo en su distrito por un embarazo avanzado, aunque la decisión final quedará en manos del recinto y agrega un condimento extra en un proyecto ya muy manoseado y, por ahora, con más dudas que certezas en cuanto a votos.

Infobae tuvo acceso al reciente decreto firmado por Villarruel. En su primer artículo se señala: “Autorízase, ad referéndum del H. Senado de la Nación, a la señora Senadora Nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota o virtual, con voz y voto, en las sesiones de este Honorable Senado de la Nación, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

En tanto, el siguiente artículo manifiesta que “la participación remota” se “realizará, preferentemente, desde la sede de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, sin que la utilización de dicho ámbito constituya condición de validez de la autorización, pudiendo la señora Senadora participar desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas en caso de ser necesario”.

¿Qué implica todo esto? Primero, una casi segura discusión en el recinto sobre si debe incorporarse la cuestión al temario de una sesión ya acordada. Después, el tema de la mayoría, en el sentido de si habrá que modificar el reglamento -imposible, ya que precisaría un dictamen- para validar todo esto. Demasiadas ventanas de interpretación aflorarán en las próximas horas, con el objetivo de sumar más condimentos a una ensaladera, a esta altura, a tope.

Por eso es importante lo que Villarruel dejó asentado en el decreto. “Una vez verificada la identidad de la señora Senadora”, su “participación remota se computará, a los fines del quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial, sin perjuicio de las constancias adicionales que la Presidencia estime pertinente disponer”, reza el artículo cuarto, mientras que el quinto expresa que “la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento de esta H. Cámara ni la instauración de un régimen de alcance general”. De nuevo, la última palabra la tiene el recinto -que es soberano- y no la vicepresidenta.

“Estoy cursando arriba de las 32 semanas. Es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”, afirmó la mendocina en diálogo con Infobae Al Mediodía. Y agregó: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia. Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”.

La movida de Villarruel, que siempre estuvo en contra de la venta ilimitad de tierras a extranjeros, queda en segundo lugar ya que, en el fondo, lo que ocurre con esta ley es que dejó de ser un debate técnico y pasó a ser uno político. Este medio consultó a cuatro senadores de distintas bancadas dialoguistas desde la tarde de hoy: todos coinciden en que el oficialismo -Patricia Bullrich y la Casa Rosada- no defendió casi nada el proyecto y dejó germinar, durante semanas, la idea de “regalar” el país a manos que no sean argentinas.

Bajo este escenario, ahora hay un par de aliados más asustados que seguros de votar, ya sea de la UCR, el PRO y silvestres provinciales. Y los libertarios ya los cuentan como cerrados. No debiera extrañar que, mañana, algunos sugieran una reunión para analizar, una vez más, el estado de situación.

La paralización de los puertos argentinos que mantuvo a más de 185 buques varados comenzó a destrabarse tras el anuncio oficial de un entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y los representantes del sector de practicaje. Según el comunicado difundido por la administración central, el acuerdo “contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.

El Gobierno precisó que “se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”. La coordinación de esta instancia estará a cargo del propio Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”.

De acuerdo con el texto oficial, “los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”. La medida busca poner fin a una de las mayores interrupciones en la operatoria portuaria reciente, que afectó la circulación de buques y la cadena exportadora en los principales puertos del país.

El conflicto se había desencadenado el sábado 1° de agosto, tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991: creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), habilitó a los usuarios a elegir libremente prestadores y eliminó barreras de ingreso para nuevos operadores. También asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios para fomentar la competencia.

Solo este martes, más de 45 barcos se sumaron al polo exportador del Gran Rosario a la espera de los servicios de practicaje, que se agregaron a los 140 registrados el lunes. “Si la situación no se resuelve durante la jornada, podrían sumarse otros 30”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), quien comparó el sobrecosto con “un taxi” que seguía corriendo sin moverse.

Idígoras también alertó sobre el riesgo reputacional del conflicto para la Argentina como proveedor global: el país podría quedar catalogado como inseguro para el cumplimiento de contratos de exportación, una señal que favorecería a competidores directos como Brasil. El dirigente reclamó desde temprano la convocatoria a una mesa de trabajo que permitiera aplicar el decreto sin interrumpir la actividad.

El impacto del paro no se limitó al sector granario. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.

El principal cuello de botella era el flujo de combustible desde las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece gran parte de la Patagonia sur. Fuentes del sector advirtieron que, de extenderse el conflicto, el riesgo de desabastecimiento en el sur del país era real.

Antes del acuerdo, la PNA había ordenado por edicto el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial, con advertencia de sanciones disciplinarias y denuncias penales. El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reforma al sostener que el objetivo era “bajar el costo argentino” mediante competencia, y aseguró que “habrá castigos” para los responsables del paro. Los datos del Ministerio de Desregulación indicaban que el practicaje argentino se encuentra entre los más caros del mundo: para un buque Panamax, la tarifa en el Río de la Plata más Puerto Buenos Aires asciende a USD 16.903, más del triple que en Gdańsk, Polonia (USD 4.729), o Everglades, Florida (USD 4.476).

Con el acuerdo anunciado este martes, la mesa de trabajo quedó formalmente constituida para revisar los alcances del Decreto 690/2026, mientras los prácticos retoman sus funciones en los puertos del país.

Ucrania acusó el martes a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra después de que se difundiera un video en el que un dron ataca y hiere a un vendedor ambulante de verduras en la ciudad de Kherson, en el sur del país. Las imágenes, distribuidas por la policía ucraniana, muestran cómo el aparato persigue al hombre alrededor de la furgoneta que usaba como puesto de venta hasta que explota cuando este intenta refugiarse detrás del vehículo.

El herido, identificado por las autoridades como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió un cuadro de shock y heridas de metralla en ambas piernas y en la espalda. Desde una cama del hospital donde permanece internado, relató el momento del ataque en una entrevista difundida por Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Kherson, a través de Telegram.

Yurii explicó que acababa de instalar su puesto y comenzaba a descargar la mercancía junto a su esposa cuando escuchó un zumbido que no pudo identificar de inmediato. “Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo”, relató. Describió el terreno abierto de la zona como una trampa sin escapatoria: “Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico”.

El ataque se inscribe en una campaña de drones rusos contra la población civil de Kherson que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentan desde mediados de 2024. Human Rights Watch, tras entrevistar a 59 personas y analizar decenas de videos de ataques individuales publicados en canales de Telegram vinculados al Ejército ruso, concluyó que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a civiles que caminan, circulan en bicicleta o conducen por la ciudad. Solo entre mayo y diciembre de 2024, los ataques con drones dejaron al menos 30 civiles muertos y 483 heridos en la región, según la organización.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente de Naciones Unidas, fue más allá en un informe publicado en mayo de este año: concluyó que los ataques con drones contra civiles en la provincia de Khersona, ejecutados de forma sistemática desde julio de 2024 a lo largo de más de 100 kilómetros de la ribera del río Dniéper, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato. El organismo determinó que los ataques siguen un patrón regular que evidencia planificación, dirección y organización por parte de las autoridades militares y civiles rusas, sin que existan indicios de que estas hayan intentado detenerlos.

Los datos recopilados durante 2025 confirman la intensidad de la ofensiva. Según el proyecto de monitoreo de fuentes abiertas Tochnyi, citado por medios ucranianos, los ataques con drones dejaron 3.152 víctimas civiles en la región de Kherson a lo largo del año, incluidas 332 muertes, además de 384 heridos adicionales entre socorristas, muchos de ellos víctimas de los llamados “ataques de doble impacto”, en los que un segundo dron golpea a quienes acuden a asistir a las víctimas del primero.

Reuters verificó la ubicación del ataque a Yurii mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación visibles en el video, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La agencia no pudo confirmar la fecha exacta de forma independiente, aunque tanto la policía ucraniana como el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sitúan el episodio el martes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El presidente Volodímir Zelensky calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de lo que describió como el “safari” de drones rusos contra la población de Kherson, en un mensaje publicado en la red social X. “Rusia se ha vuelto loca”, escribió, antes de reclamar mayor presión internacional sobre Moscú y garantías de seguridad reforzadas para Ucrania. “Debemos actuar y defender la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones”, añadió.

Sybiha, por su parte, calificó el episodio como un “bárbaro crimen de guerra” que exige condena internacional y rendición de cuentas, aunque advirtió que la mayoría de los casos similares nunca trascienden. “Miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública”, escribió en Telegram.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó esta tarde que acordó con aliados -aunque persisten dudas allí- olvidar la venta libre de tierras a extranjeros y subir el tope actual de 15% a 25% para salvar la manoseada ley de propiedad privada, que es empujada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La porteña no precisó los votos y tampoco dijo si el Gobierno está de acuerdo, aunque luego de una conferencia insinuó que conseguirá las voluntades “suficientes” de cara a la sesión que se frenó en julio e ingresó en cuarto intermedio hasta pasado mañana.

Bullrich realizó un discurso más político que técnico junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente; y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. Bajo este escenario, el oficialismo se juega a todo o nada con la última versión -después de 17 borradores post dictamen, algo ocurrido en mayo- y tendrá que hacer un esfuerzo mayor no sólo para conseguir las adhesiones, sino para mantener el quorum -37 sentados- antes de la definición en el recinto, un ítem sobre el que la oposición tendrá la lupa encima y con lo que se jugará hasta el minuto final.

La versión, por ahora, final

En el festín de documentos que volaron durante las recientes semanas siempre se mantuvo la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”. Distinto caso para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que podrán hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Sobre el final de esa sección se aclara -y Bullrich lo defendió esta tarde, como si fuese algo trascendental- que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado”. Lo importante es lo siguiente a todo esto, donde aparece que “la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”.

Además, se agrega: “Toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente. En el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional”.

La iniciativa en cuestión quedó trabada por esta cuestión, aunque no debe dejarse de lado que el texto promueve cambios más que importantes sobre expropiaciones, desalojos veloces y la polémica ley de fuego impulsada años atrás por Máximo Kirchner, con una Libertad Avanza que ahora promueve dinamitar el bloqueo por décadas en tierras afectadas por incendios.

Al comienzo de la conferencia, Bullrich apuntó hacia al condenado multitasking kirchnerista Lázaro Báez y sus “415.000 hectáreas” y, para evitar críticas desde la oposición, dejó en claro que el sistema propuesto para la venta de tierras a extranjeros -límite de 25%- es el que hoy tiene Brasil, donde lidera “Lula” Da Silva, hoy enemigo feroz para el mandatario argentino, Javier Milei. “Nos estamos igualando”, señaló la ex candidata a presidenta del PRO en 2023.

La senadora luego infló los “refuerzos” reclamados por dialoguistas sobre la potestad de las provincias en cuanto a sus recursos. En realidad, esto ya está más que claro en la Constitución y otras tantas normas. Minutos más tarde, explicó que un punto es la “propiedad” y otro “la soberanía, que queda en manos del Estado argentino”. Para blindar este concepto, la legisladora recordó la cesión que en ese sentido hizo Cristina Kirchner con China y la base que hoy funciona en Neuquén.

Un tema no menor: fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el último borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los jefes locales o las respectivas legislaturas– en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes determinarán, si se avanza hasta el 25%, los límites dentro de esa porción de la torta. Ya no habrá techo de 1.000 hectáreas en zona núcleo.