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Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que busca regular los créditos que las billeteras virtuales ofrecen a personas que cobran prestaciones de la ANSES y establecer límites a las condiciones de esos préstamos. La iniciativa, que lleva la firma de otros 26 diputados, apunta a evitar situaciones de sobreendeudamiento y contempla medidas específicas para proteger ingresos de carácter alimentario como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Gustavo Lazzari y Malena de los Ríos en Infobae al Regreso, Tolosa Paz explicó que la propuesta apunta a que el Banco Central establezca parámetros para las tasas de interés, los montos y los plazos de los créditos otorgados por las fintech. También plantea modificar los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes y evitar que las prestaciones sociales sean utilizadas como garantía o mecanismo de cobro automático.

La diputada aseguró que el objetivo no es restringir el acceso al financiamiento de los sectores de menores ingresos. “No decimos cortar el crédito, todo lo contrario: es la persona que más lo necesita para llegar a fin de mes”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca establecer condiciones que permitan acceder a préstamos sin que el costo financiero comprometa una parte significativa de los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.

El proyecto busca regular las tasas y los algoritmos de las fintech

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un marco de referencia para las tasas de interés. Según explicó Tolosa Paz, el proyecto plantea tomar como referencia las condiciones ofrecidas por la banca pública y privada para evitar que los beneficiarios de prestaciones sociales enfrenten costos financieros desproporcionados.

La legisladora también cuestionó los criterios utilizados por las fintech para determinar el riesgo crediticio de cada usuario. “El algoritmo de las fintech trabaja sobre una valoración negativa de quien es informal y no tiene ingresos registrados, pero no considera la regularidad de la AUH o las becas Progresar como garantía positiva”, sostuvo.

En ese sentido, la iniciativa propone que la percepción regular de ingresos provenientes de la ANSES sea considerada favorablemente al momento de evaluar una solicitud de crédito. La intención es que la continuidad de esos ingresos forme parte de los parámetros utilizados para determinar tanto el acceso al financiamiento como sus condiciones.

Tolosa Paz relató que realizaron una comparación para analizar las diferencias en el costo de los préstamos según el perfil del solicitante. “Hicimos una prueba en un barrio donde una beneficiaria de la AUH enfrentaba un costo financiero del 477% frente al 38% que me ofrecían a mí, con empleo registrado”, contó.

Para la diputada, esa diferencia está vinculada con los criterios utilizados por los sistemas automatizados de evaluación crediticia, que pueden considerar el empleo informal como un factor de riesgo sin ponderar de la misma manera la regularidad de una prestación estatal.

La protección de la AUH y otras prestaciones sociales

El segundo eje de la iniciativa apunta a impedir que las cuotas de los préstamos sean cobradas automáticamente sobre prestaciones sociales. El proyecto contempla la protección de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones de carácter alimentario.

Tolosa Paz sostuvo que esos recursos tienen una finalidad específica y que no deberían quedar sujetos a mecanismos de débito directo por parte de las empresas que otorgan créditos.

“El Estado pone ese dinero para alimentar a los niños y no puede terminar en manos de las fintech por débito directo”, afirmó.

La diputada sostuvo que el Banco Central podría avanzar con una regulación en ese sentido y mencionó como antecedente el sistema implementado en Brasil con el programa Bolsa Familia.

Además, el proyecto plantea establecer límites para los montos y los plazos de los préstamos. Según explicó Tolosa Paz, la regulación debería contemplar la capacidad de pago de quienes reciben prestaciones sociales para evitar que asuman obligaciones difíciles de afrontar con sus ingresos mensuales.

Tolosa Paz advirtió por el nivel de endeudamiento

Durante la entrevista, la diputada expuso los datos que, según sostuvo, muestran la dimensión del fenómeno. Afirmó que alrededor de 1,1 millones de personas cobran sus prestaciones a través de fintech y estimó que ese movimiento representa unos USD 270 millones mensuales, aproximadamente USD 3.200 millones al año.

“Ese dinero ingresa al sistema, rinde al 20% anual, pero a la misma persona le prestan al 477%”, cuestionó. A partir de esos números, Tolosa Paz planteó que el acceso al crédito debería mantenerse, pero bajo condiciones que considere razonables para los sectores de menores ingresos.

“Lo que parece una solución termina siendo una cadena de sobreendeudamiento que nadie mira”, sostuvo. La legisladora también señaló que la discusión no debería limitarse a los nuevos préstamos, sino incluir a las personas que ya contrajeron deudas bajo las condiciones actuales.

Qué propone hacer con las deudas ya contraídas

Consultada sobre el stock de deuda existente, Tolosa Paz sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos para aliviar la carga mensual de las familias sin asumir directamente el pago de las obligaciones.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de extender los plazos y mejorar las condiciones de los créditos, incluso mediante herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “No se trata de pagar la deuda, sino de permitir que las familias aplanen su curva de endeudamiento y accedan a mejores términos”, explicó.

La propuesta contempla así dos frentes: establecer nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran endeudados.

La denuncia contra Caputo y su definición sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la entrevista, Tolosa Paz también cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación por el manejo del fideicomiso SISVIAL.

Según sostuvo, una parte de los recursos no estaría llegando al destino previsto y reclamó que las herramientas financieras del Estado sean utilizadas para promover la producción y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el escenario político bonaerense, la diputada fue consultada por una eventual candidatura a gobernadora. Tolosa Paz evitó confirmar formalmente si será precandidata, aunque aseguró que participará de la disputa política.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, afirmó.

Aziz le preguntó entonces por la posibilidad de una nueva competencia electoral contra Diego Santilli. “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz. Vamos a esperar quién es el candidato opositor y capaz tenemos revancha”, respondió.

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YPF alcanzó en el segundo trimestre de 2026 el mayor resultado operativo de su historia, con un margen del 43% sobre los ingresos y una utilidad neta de USD 1.205 millones, la segunda cifra más alta registrada por la empresa. Además, un Ebitda –siglas en inglés para beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– ajustado de USD 2.804 millones, el valor más alto en sus registros.

“Cabe resaltar que el trimestre de mayor utilidad neta corresponde al Q3 del año anterior. El Ebitda del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale, la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas y la dinámica alcista de precios. Durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gas oil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales”, detalló la empresa que preside Horacio Marín.

Desde la empresa atribuyeron este desempeño a un crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta, mejoras en la eficiencia interna y una política de precios que priorizó la competitividad.

El documento remarca que “la utilidad neta más alta de la historia corresponde al tercer trimestre del año anterior”, aunque el segundo trimestre de 2026 consolida el camino ascendente de la petrolera.

La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, lo que implica un incremento del 47% respecto del mismo período de 2025. YPF anticipó que, para finales de este año, espera llegar a los 250.000 barriles diarios de shale, apoyada en proyectos estratégicos como Loma La Lata Oil, presentado en mayo ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión anunciada para este desarrollo asciende a 25.000 millones de dólares.

En materia de inversiones, la compañía destinó USD 1.340 millones durante el segundo trimestre, un 16% más que el año pasado. De ese total, el 77% se orientó a la actividad no convencional, con foco principal en Vaca Muerta. El comunicado remarca que se prevé una aceleración en la segunda mitad del año, lo que acompañaría el aumento proyectado de la producción de shale.

El segmento de Downstream (venta de combustible y refinación de petróleo) también entregó resultados históricos. Las refinerías de YPF alcanzaron un récord de procesamiento, con 351.000 barriles diarios y una utilización del 104 por ciento. Este desempeño permitió registrar máximos en la producción de naftas y gas oil. La petrolera señaló que esto facilitó “evitar importaciones, abastecer a refinadores locales y exportar excedentes a países de la región”. Las ventas de combustibles aumentaron un 10% en volumen respecto al año anterior, consolidando una participación de mercado del 59% en el trimestre.

Durante este período, YPF implementó un esquema temporal de buffer de precios para naftas y gas oil, con el objetivo de no trasladar al surtidor la totalidad del impacto por la suba de precios internacionales.

El avance del Oleoducto VMOS representa otro de los hitos del trimestre, con más del 77% de la obra ejecutada al cierre de junio de 2026. Se prevé que tanto el nuevo oleoducto como su terminal inicien operaciones de exportación de crudo a comienzos del año próximo.

En línea con su estrategia de foco en los recursos no convencionales, YPF continuó el proceso de venta de activos convencionales considerados no estratégicos. El jueves 6 de agosto, la empresa acordó desprenderse de dos grupos de áreas en la provincia de Mendoza por un monto cercano a los 400 millones de dólares. Una vez concretada la operación, el 95% de la producción de la compañía en Vaca Muerta responderá a la lógica no convencional, con lo que la empresa quedará cerca de su meta de transformarse en una operadora integrada de este segmento.

La generación de flujo de caja libre fue de 824 millones de dólares, posicionándose como el tercer mejor registro histórico. El informe aclara que esta cifra incluye un efecto extraordinario derivado de la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. Excluyendo este efecto, la generación de caja hubiese alcanzado los 1.000 millones de dólares. “Esto demuestra el sólido desempeño operativo y financiero alcanzado durante el trimestre”, señala el comunicado.

El cierre del segundo trimestre permitió a YPF mostrar una liquidez récord de casi 2.500 millones de dólares y reducir su ratio de endeudamiento neto a 1,09 veces, el nivel más bajo en los últimos 11 años.

En el plano operativo y de inversiones, el 77% de los fondos desembolsados se destinó a la actividad no convencional, con foco especial en Vaca Muerta, lo que refuerza el giro estratégico de la empresa hacia el desarrollo de este tipo de recursos. El comunicado subraya que se espera “una aceleración importante durante la segunda mitad del año, en línea con el crecimiento de la producción de petróleo shale”.

En cuanto a la política comercial, la compañía decidió “no trasladar al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales” durante el trimestre, aplicando un esquema temporal de amortiguación de precios para naftas y gas oil.

La venta de activos convencionales en Mendoza, por aproximadamente 400 millones de dólares, y la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta, marcan un trimestre de movimientos estratégicos en el portafolio de la compañía.

Un ataque contra la refinería de Zawiya, la principal de Libia, provocó este lunes un incendio de gran magnitud y el colapso de un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina, en un episodio que volvió a golpear una infraestructura clave para el abastecimiento energético del oeste del país. El complejo, situado a unos 45 kilómetros de Trípoli, tiene capacidad para procesar 120.000 barriles por día y ya había sido alcanzado por otra agresión durante el fin de semana.

La Corporación Nacional de Petróleo de Libia (NOC) informó que el depósito afectado fue el tanque 402-T, perteneciente a la Compañía de Petróleo Brega, destinado al almacenamiento de gasolina. De acuerdo con la entidad, el tanque fue blanco de un impacto directo que desató un fuego severo antes de que la estructura se desplomara por completo, lo que agravó el riesgo dentro de una de las áreas más sensibles del complejo industrial.

Los equipos de emergencia fueron movilizados de inmediato para intentar controlar las llamas y evitar que el siniestro alcanzara otros puntos de almacenamiento. La Compañía de Petróleo Brega indicó que “se están realizando operaciones de enfriamiento de los tanques adyacentes para evitar la propagación del incendio”.

Hasta el momento no había confirmación oficial sobre muertos o heridos. Tampoco se había precisado el mecanismo utilizado en la agresión. La administración de la refinería emitió un llamado urgente para frenar cualquier actividad armada cerca del complejo y pidió alejarse de inmediato de las instalaciones petroleras y de los depósitos de combustible mientras continuaban las tareas de contención.

En ese mismo mensaje, la dirección de la planta remarcó el valor estratégico de la infraestructura atacada. “Las instalaciones petroleras son infraestructuras vitales y pertenecen a todos los libios”, señaló la empresa, que además advirtió que la protección de esos activos constituye una obligación nacional. La declaración fue difundida en medio de la preocupación por la reiteración de ataques sobre instalaciones energéticas en el oeste del país.

El episodio se produjo dos días después de otra ofensiva contra la misma refinería. Según la información oficial difundida entonces, un dron impactó sobre un tanque de nafta y también sobre una planta desalinizadora de agua ubicada dentro del mismo complejo. Ese hecho causó daños materiales, aunque no dejó víctimas, y abrió un nuevo frente de alarma sobre la seguridad de una instalación decisiva para el sistema energético libio.

La NOC declaró el estado de emergencia y reclamó una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque de este lunes y de los incidentes previos. A su vez, el Consejo Municipal de Zawiya ya había exigido una pesquisa urgente tras la agresión del sábado, con el objetivo de identificar tanto a los autores directos como a los responsables de planificar la acción.

Las autoridades locales también reclamaron medidas de seguridad adicionales para resguardar las infraestructuras consideradas vitales en Zawiya, una ciudad expuesta de forma periódica a choques entre milicias y grupos armados. Los representantes municipales advirtieron que dejar esas instalaciones sin protección suficiente expone no solo a los trabajadores del sector, sino también a las áreas residenciales cercanas.

El nuevo ataque ocurrió en un contexto de tensión persistente en el oeste de Libia, donde facciones armadas vinculadas al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) mantienen enfrentamientos frecuentes, sobre todo en zonas próximas a la capital.

El primer ministro Abdulhamid Dbeibah, jefe del gobierno asentado en Trípoli, mantuvo este lunes una reunión con funcionarios de seguridad y mandos de grupos armados para seguir la evolución de la situación. Según la versión oficial, durante ese encuentro remarcó “la necesidad de actuar con firmeza frente a cualquier acción que amenace la seguridad o dañe instalaciones y servicios vitales”.

Libia cuenta con las mayores reservas de petróleo de África, pero permanece atravesada por una crisis política y militar desde la caída de Muamar Gadafi en 2011.

El gobernador Hugo Passalacqua concluyó el movimiento de pinzas sobre su ex socio y actual adversario Carlos Rovira. Primero se quedó con los intendentes. Luego sumó una de las dos bancas en el Senado de la Nación. El paso siguiente fue atraer a la mayoría de los representantes en la Legislatura provincial.

En esta última jugada, Passalacqua se quedó con 15 oficialistas y sumó a dos que llegaron por otros espacios. Una es Rita Flores, que ingresó en 2025 por la lista del ex cabecilla del levantamiento policial Ramón Amarilla. El otro es Juan Alberto Ahumada, que llegó a la Cámara tras la renuncia de Pedro Puerta, el hijo del exgobernador y presidente temporal Ramón Puerta.

La maniobra lo deja con 17 de las 40 bancas de la Cámara.

El pase de la senadora Sonia Rojas Decut redondeó la faena. En plena sesión por la ley de tierras, la senadora emitió un comunicado en el que informó que formaría un monobloque. Se llamará Movimiento por Misiones (MPM). “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, expresó en el escrito.

La frutilla del postre será que el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador, también salte a las filas del mandatario. En Posadas toman este movimiento como un hecho consumado al que solo resta ponerle fecha. Hasta lo imaginan candidato a intendente de la capital. Su compañero en la bancada “Innovación Federal”, Alberto Arrúa, lo acompañaría

Rovira quedó con poco. Casi nada. En el Congreso, aún conserva un resto de lealtad en el senador Carlos Arce. Y en dos diputados cuyo futuro aún es incierto: Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.

El próximo jueves 13 se retomarán las sesiones en la Legislatura unicameral misionera. No está confirmado que Rovira, representante con mandato hasta 2027, participe. Si lo hace, se verá rodeado por cuatro leales. El quinto es Sebastián Macías, que estará presidiendo la sesión. Su idea de gobernar desde la Cámara de Representantes se esfumó antes de terminar de perfilarse.

El pacto

La Casa Rosada tenía, hasta hace poco, un acuerdo con Rovira. Bajo el precepto de «gobernabilidad con gobernabilidad se paga», el hombre fuerte de la tierra colorada puso los votos para acompañar todas las políticas de Balcarce 50. El nuevo esquema de poder misionero obligará a barajar y a dar de nuevo.

El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, estará el miércoles en Posadas. Participará del encuentro de gobernadores del Norte Grande. El ámbito reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.

Santilli tendrá que aprovechar el viaje. Tiene buen diálogo con Passalacqua. Es algo que en el entorno del mandatario misionero siempre destacan. Sobre esa base deberá recrear las condiciones de un nuevo pacto. Solo así el Gobierno podrá seguir contando con los votos misioneros en un Congreso con el «poroteo» cada vez más ajustado.

La reacción libertaria

En paralelo a estos sucesos, La Libertada Avanza (LLA) de Misiones lanzó días atrás un espacio para la formación de dirigentes. El objetivo es formar cuadros que permitan ocupar lugares en la Administración Pública. La meta es ganar las elecciones del año próximo.

En el evento, Adrián Núñez, presidente del partido a nivel provincial, anunció: “Hoy se lanza formalmente la carrera para gobernar la provincia de Misiones para LLA”.

En las gateras de esa competencia por alcanzar «La Rosadita» (como se conoce a la sede del gobierno misionero) está el propio Núñez, actual diputado provincial. También el extenista y diputado nacional Diego Hartfield. No se sacan diferencias entre sí, por ahora. En LLA evalúan que en la decisión final sobre cuál de los dos encarnará la postulación pesará la preferencia de Karina Milei.

El espacio libertario viene de lograr dos resultados electorales históricos. En las legislativas provinciales del año pasado, realizadas en junio, quedó segundo a pocos puntos del oficialismo. Allí estuvo la génesis de la ruptura entre Passalacqua y Rovira. En octubre la tendencia se acentuó y LLA terminó imponiéndose.

La economía argentina enfrenta una situación en la que los niveles de mora y cheques rechazados permanecen elevados, a pesar de ciertas señales de estabilización financiera. Estos indicadores revelan que la falta de recuperación del crédito sigue afectando la actividad productiva y la cadena de pagos, especialmente entre empresas que operan con márgenes ajustados y liquidez limitada.

Según un informe de Fidelitas, en junio la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos aumentó 6,6% respecto del mes anterior y la tendencia se mantiene en torno a las 80.000 unidades mensuales, un volumen que evidencia las dificultades de liquidez dentro del entramado productivo. Esta cifra, que se sitúa en un nivel históricamente alto, afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que encuentran cada vez más restricciones para acceder a financiamiento y sostener su capital de trabajo.

El informe señaló que la mora empresarial continúa en niveles elevados, lo que agrava la presión sobre la cadena de pagos. Aunque el número de deudores en mora descendió 4,9% en junio tras el máximo histórico de mayo, Fidelitas advirtió que no se puede interpretar este retroceso como un cambio de tendencia consolidado. Tanto las empresas como las familias operan bajo condiciones de financiamiento costosas, en un contexto donde el mercado crediticio permanece restringido.

El SERF, el indicador sintético desarrollado por la firma para medir el nivel de riesgo económico y comercial de la Argentina, registró en junio una mejora de 2,7 puntos porcentuales. Este avance se explica principalmente por variables financieras, como una desaceleración de la inflación y una reducción en la presión sobre el riesgo país. Sin embargo, la economía real no logra acompañar estos progresos. El reporte apuntó que el índice se mantiene dentro de la categoría de “Señales Mixtas”, apenas 0,6 puntos por encima del umbral de “Riesgo Elevado”, lo que indica que la recuperación no se extendió al conjunto de la actividad productiva.

Félix El Idd, CEO de Fidelitas, sostuvo que “la mejora del SERF muestra que algunas variables macroeconómicas comienzan a ordenarse, pero la economía real todavía transita un escenario muy exigente. Los cheques rechazados siguen en niveles récord, la mora empresarial continúa elevada y el crédito permanece restringido. Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad”.

El documento subrayó que la cadena de pagos actúa como uno de los principales termómetros de la coyuntura. El incremento de los cheques rechazados refleja, en ese sentido, las dificultades de las empresas para sostener su operatoria diaria en un entorno de tasas de interés elevadas y escasa liquidez. Esta situación limita la capacidad de financiamiento, posterga decisiones de inversión y afecta la creación de empleo.

En cuanto a la mora, de acuerdo a Fidelitas, el descenso observado en junio respecto del pico de mayo no resulta suficiente para modificar el diagnóstico. El informe puntualizó que el elevado spread entre tasas activas y pasivas dificulta el desarrollo de un mercado de crédito más profundo y accesible, tanto para empresas como para consumidores. La persistencia de este fenómeno restringe el flujo de recursos y ralentiza la potencial recuperación del consumo y la inversión.

La evaluación de la compañía para el segundo semestre planteó que la evolución de la morosidad será una de las variables determinantes para consolidar la recuperación del sistema financiero. “Una reducción sostenida de la mora permitiría liberar recursos hoy inmovilizados por riesgo crediticio, favorecer una baja gradual de las tasas de interés y reactivar el financiamiento para empresas y consumidores”, explicó el informe. Mientras tanto, la fortaleza de la cadena de pagos continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía argentina.

El análisis concluyó que, pese a la estabilización de algunas variables financieras, la actividad productiva y el crédito mantienen un ritmo débil. El Idd, sintetizó: “Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad”. Las perspectivas para los próximos meses estarán atadas a la evolución de la mora y a la capacidad del sistema financiero para recuperar dinamismo en el crédito.

El Ministerio del Interior de Austria anunció este lunes el desmantelamiento de una red que suministró maquinaria de precisión a la industria militar rusa en violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea. La empresa, con sede en Viena y cuyo nombre no fue revelado, falsificó certificados de destinatario final para exportar herramientas de metalistería y máquinas de control numérico computarizado (CNC), equipos capaces de fabricar piezas y componentes de alta precisión.

Según el ministerio, el responsable de la compañía, un ciudadano bielorruso de 28 años, fue arrestado en mayo. Los investigadores determinaron que la red ocultó sus envíos mediante una cadena de sociedades pantalla radicadas en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Bielorrusia, Kirguistán, Corea del Sur, Polonia y Lituania, un entramado diseñado para dificultar el rastreo del destino final de la mercancía.

El día del arresto, la policía incautó máquinas CNC y herramientas especializadas por un valor aproximado de 162.000 dólares. El sospechoso permanece detenido mientras continúa la investigación. Cuatro allanamientos realizados en agosto del año pasado aportaron pruebas de que, desde 2022, la red había entregado bienes industriales por más de 3,3 millones de dólares a fabricantes de armamento rusos.

El equipo exportado llegó a compañías vinculadas a Rostec, el conglomerado industrial estatal que agrupa a la mayoría de los fabricantes de armamento de Rusia, entre ellos productores de motores para misiles de crucero y sistemas de defensa aérea. Las pesquisas más recientes indican que la maquinaria austríaca se empleó efectivamente en la producción de estos componentes militares.

“Es inaceptable que tecnología europea de alta precisión se desvíe hacia la fabricación de misiles de crucero y sistemas de defensa antiaérea”, declaró Joerg Leichtfried, secretario de Estado austríaco a cargo de los servicios de inteligencia. El funcionario añadió que su país “continuará tomando medidas contundentes” contra quienes intenten eludir las prohibiciones legales de apoyo a la industria armamentística rusa.

Tanto la embajada rusa en Viena como Rostec declinaron realizar comentarios sobre el caso.

El hallazgo se enmarca en un patrón más amplio de evasión de sanciones que la Unión Europea intenta contener desde 2022. Las máquinas CNC se han convertido en uno de los componentes de doble uso más codiciados por Moscú, ya que permiten un fresado de alta precisión imposible de replicar con maquinaria convencional, y su producción se concentra en un número reducido de países —Alemania, Japón, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur e Italia, entre otros— lo que ha empujado a las redes de contrabando a diversificar rutas de tránsito a través de terceros países. Según una investigación difundida por el Business and Human Rights Resource Centre, solo Japón ha prohibido por completo la exportación de estas máquinas a Rusia, mientras que otros fabricantes enfrentan dificultades para controlar la reventa a través de intermediarios.

Austria, además, ha sido escenario de otros episodios de tensión vinculados a las sanciones contra Moscú. A comienzos de octubre, el país bloqueó temporalmente un nuevo paquete de restricciones de la Unión Europea al exigir la liberación de activos vinculados al empresario ruso Oleg Deripaska, en un litigio relacionado con compensaciones al banco austríaco Raiffeisen. El episodio ilustró las tensiones internas que atraviesa la coalición europea de sanciones, entre la voluntad declarada de aislar a la industria armamentística rusa y los intereses económicos y financieros que distintos Estados miembros mantienen con Moscú.

El caso destapado esta semana en Viena confirma que, más de tres años después de iniciada la ofensiva rusa contra Ucrania, el régimen de sanciones europeo sigue enfrentando el desafío estructural de cerrar las rutas de triangulación comercial que permiten a Moscú abastecer su complejo militar-industrial pese a las restricciones formales.