El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó hoy al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a 12 años de prisión por ser autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes desarrolladas entre 2019 y 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos, y por el acopio de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad santafesina de Puerto Gaboto. El tribunal también le impuso una multa de 118.404.000 pesos.
El fallo fue dado a conocer este mediodía por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que estuvo a cargo del juicio junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
La condena al productor rural se dio en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal aunque fue algo inferior a los 14 años de prisión que en su alegato habían solicitado el fiscal general ante el TOF de Paraná, José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Martín Uriona.
La condena a Leonardo Airaldi por narcotráfico cerró este jueves una extensa etapa judicial en el Tribunal Oral Federal de Paraná, donde el principal acusado recibió una pena de 12 años de prisión al ser considerado responsable de organizar actividades vinculadas al comercio de estupefacientes. El veredicto, adoptado por unanimidad, también alcanzó a otros integrantes de la estructura investigada y dejó un saldo de siete condenados y dos absueltos.
Tras la lectura de la resolución, el fiscal general ante el TOF de Paraná, José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y la fiscal ad hoc Valeria Esponda analizaron ante Elonce el alcance del fallo. Más allá de la pena impuesta, pusieron el foco en las pruebas que, según la acusación, permitieron reconstruir una organización que habría recibido droga mediante avionetas, utilizado una pista de aterrizaje y distribuido estupefacientes en distintos puntos de Entre Ríos.
“Ha terminado hoy el juicio luego de casi seis meses de audiencias y el tribunal ha dado su veredicto”, resumieron desde el Ministerio Público Fiscal. Airaldi, fue considerado responsable “del delito de organizador de actividades vinculadas al comercio de estupefacientes”, una calificación particularmente grave dentro de la legislación penal sobre drogas, sostuvo Candioti.
Una condena de 12 años después de casi seis meses de juicio
Los representantes de la Fiscalía destacaron que el proceso atravesó distintas instancias antes de llegar al debate oral: Airaldi había sido indagado por el juez federal, posteriormente procesado, se había requerido la elevación de la causa a juicio y finalmente fue acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el debate.
“El tribunal ha establecido una pena de 12 años de prisión”, señaló Candioti a Elonce. Y explicaron por qué la calificación atribuida a Airaldi resultaba central para comprender la magnitud de la condena: “Se lo consideró responsable del delito de organizador de actividades vinculadas al comercio estupefaciente, que es la figura que más severamente penada tiene la ley”, remarcó.
La sentencia no se limitó al principal acusado. El tribunal impuso condenas a otros involucrados y ordenó además la prisión preventiva de Herbes, a quien los fiscales ubicaron en un segundo nivel de responsabilidad dentro de la estructura. “Era la persona que nosotros considerábamos en segundo grado, si se quiere, de responsabilidad. Le habíamos pedido una pena de siete años de prisión y el dictado de la prisión preventiva. El tribunal también así lo entendió”, explicó el fiscal general.
“Las pruebas eran muy contundentes”
Una de las escenas que los fiscales recuperaron tras conocerse el fallo fue la dimensión que adquirió la investigación antes de llegar al Tribunal. Según señalaron, la prueba no surgió de una única pesquisa, sino de actuaciones realizadas en distintas jurisdicciones y con intervención de fuerzas provinciales y federales.
“A criterio nuestro, en el alegato lo habíamos dicho, las pruebas eran muy contundentes”, afirmaron. En ese sentido, destacaron que existió “una investigación muy seria por parte de distintas fuerzas de seguridad” y mencionaron la participación de la Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas que intervinieron en las pesquisas.
El material probatorio, indicaron, reunió información proveniente tanto de la investigación desarrollada por la Justicia Federal de Paraná como de actuaciones realizadas en Santa Fe. Ese cruce fue particularmente relevante debido al hallazgo de casi 30 kilos de cocaína, una de las evidencias de mayor peso mencionadas por la acusación durante el juicio.
El secuestro de casi 30 kilos de cocaína
“Decíamos que era una causa muy, muy importante”, expresó el fiscal Candioti al referirse a la conexión entre ambas investigaciones. Para la acusación, el volumen de droga secuestrado permitió dimensionar el alcance de las maniobras atribuidas al grupo.
El tribunal terminó acompañando buena parte de esa interpretación mediante las sentencias condenatorias. Además de las penas de prisión, la resolución contempló sanciones económicas. “Dispuso también penas pecuniarias millonarias”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luego de meses de audiencias y de la presentación de las pruebas, Candioti sintetizó la valoración de la acusación sobre el resultado: “Creo que es una buena sentencia y, fundamentalmente, creo que se hizo justicia, que es lo importante”. También destacó la decisión coincidente de los magistrados: “El tribunal estuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros habíamos dicho en el alegato que confiábamos en la Justicia”, consideró.
Cómo funcionaba la organización según la acusación
Una parte central de la investigación estuvo orientada a reconstruir la logística utilizada para trasladar, almacenar y posteriormente distribuir los estupefacientes. Según explicaron los fiscales después del veredicto, el debate permitió acreditar un mecanismo que incluía el uso de aeronaves.
“Creemos que quedó acreditado a lo largo de toda la investigación y también con toda la prueba producida en el juicio oral que este grupo de personas se dedicaba al comercio de estupefacientes”, señaló el fiscal auxiliar Juan Podhainy al dialogar con Elonce.
De acuerdo con la reconstrucción expuesta por la Fiscalía y considerada en el juicio, parte de la droga “venía en avionetas” y era descargada en una estancia vinculada a Airaldi. Allí, el fiscal Podhainy, sostuvo que existía “una pista de aterrizaje preparada para tales fines”. La estructura logística habría permitido recibir los cargamentos para luego iniciar otra etapa del circuito de distribución.
Avionetas, una pista y órdenes a distancia
Los fiscales atribuyeron a Airaldi un papel de conducción que, según plantearon, excedía su presencia física en el establecimiento. “Organizaba y diagramaba todo, incluso estando en ausencia del lugar”, explicó el fiscal auxiliar.
Entre los detalles incorporados a la investigación aparecieron indicaciones relacionadas con las propias aeronaves. Según la Fiscalía, Airaldi intervenía incluso en decisiones sobre “cómo debían cargarse de combustible esos aviones”, elemento que fue presentado como parte de la estructura de organización atribuida al condenado.
Después del ingreso de la droga, la investigación reconstruyó una segunda etapa. “Luego lo distribuía tanto en Paraná como en Diamante para que ese estupefaciente sea comercializado”, explicó a Elonce Podhainy a Elonce. A su vez, parte del material era resguardado en Puerto Gaboto, en Santa Fe, punto relacionado con la investigación en la que fueron encontrados los casi 30 kilos de cocaína.
El carácter organizado, una clave de la causa
Para los fiscales, uno de los aspectos determinantes no fue solamente la existencia de operaciones vinculadas con estupefacientes, sino la actuación coordinada de varias personas. Esa organización colectiva, remarcaron, incrementó la gravedad penal de los hechos juzgados.
“Esto demuestra un actuar coordinado y conjunto de un grupo de personas en la comercialización de estupefacientes y es un hecho grave”, señaló Candioti. En ese punto, explicaron que la propia Ley de Estupefacientes contempla agravantes para los casos en los que varias personas se organizan para cometer esta clase de delitos.
Según plantearon, esa circunstancia atravesó las diferentes etapas del expediente. “No solo lo decían las fuerzas de seguridad, no solo lo dijeron los dos juzgados federales de Santa Fe y Paraná durante la instrucción de la causa, no solo lo dijimos nosotros en el alegato, sino que ahora lo dijeron los tres jueces del tribunal de manera unánime”, remarcó el fiscal general que dialogó con Elonce.
Una estructura que se sostuvo en el tiempo
Otro elemento utilizado por la acusación para solicitar las penas fue la duración de las maniobras. La Fiscalía entendió que no se trató de hechos aislados, sino de actividades sostenidas que requirieron coordinación entre los involucrados.
“Este accionar conjunto y organizado fue el que les permitió realizar todas estas actividades durante largo tiempo”, indicó Candioti. Al momento de cuantificar las penas reclamadas, agregaron, se tuvo especialmente en cuenta “la permanencia en el tiempo”.
La combinación de esos factores —organización, coordinación, logística y continuidad— fue presentada durante el juicio como uno de los elementos que diferenciaron la causa. Para los fiscales, el secuestro de la cocaína también permitió dimensionar cuál podría haber sido el impacto de la droga en caso de completar el circuito de comercialización.
“Imagínense el daño que se hubiera causado”
“Imagínense ustedes que si esos casi 30 kilos de cocaína, que por suerte se secuestraron y las fuerzas de seguridad hallaron, hubiesen llegado a la población. Imagínense el daño que se hubiera causado”, expresó Candioti al analizar la dimensión social del caso.
El fiscal vinculó esa reflexión con una experiencia reciente en unas jornadas organizadas por Suma de Voluntades en Paraná, donde observó el trabajo realizado con niños y adolescentes para prevenir consumos problemáticos. “Mostraban el trabajo que hacen con los chicos, con los niños en los barrios, para tratar justamente de sacarlos de las adicciones”, recordó en su charla con Elonce.
“Ojalá que todos esos chicos puedan estar en las escuelas, puedan estar en los clubes y no estén siendo víctimas de los narcotraficantes que les venden sustancias estupefacientes y les causan un gran perjuicio”, manifestó Candioti. Y volvió sobre el cargamento secuestrado: “Imagínense el daño que se le hubiera causado a la sociedad por el accionar de este grupo de personas si esa cantidad de cocaína hubiese llegado a su destino”, remarcó el fiscal.
La defensa anticipó que recurrirá el fallo
La sentencia conocida este jueves todavía tendrá instancias posteriores. Antes de que se comunicara el veredicto, la defensa de Airaldi había anticipado que, en caso de una condena, recurriría la decisión judicial.
Consultados al respecto, los fiscales remarcaron que se trata de una facultad prevista por el sistema judicial. “Una vez que conozca los fundamentos brindados por el tribunal, está en su derecho de recurrir vía casación la sentencia condenatoria”, señaló Podhainy a Elonce.
De esta manera, el pronunciamiento del Tribunal Oral Federal cerró el debate iniciado casi seis meses atrás, aunque no necesariamente el recorrido judicial del expediente. Para la Fiscalía, sin embargo, el veredicto confirmó el núcleo de la acusación: la existencia de una estructura organizada para el tráfico de estupefacientes y el papel atribuido a Airaldi dentro de ella. El fallo dejó siete condenas, dos absoluciones y una pena de 12 años de prisión para el principal acusado.
