Esta semana el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó con el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, el convenio marco para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita de la administración provincial.
El acuerdo firmado en la Casa Rosada incluyó el traspaso del Tren del Valle y se cerró sin que el gobierno nacional que preside Javier Milei transfiera recursos.
De esta manera, el gobierno nacional continúa con su plan para, según ellos, “fomentar la inversión privada” y habilitar a las provincias “a concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios”. En los hechos, al menos hasta ahora, la medida implica una paulatina retirada del Estado nacional de la inversión y parte de la gestión de estas rutas, que pasarán a la órbita provincial.
Según difundieron desde Nación, el convenio establece un marco para que Río Negro asuma la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de las RN 22 y 151, incluyendo obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se concretará tramo por tramo mediante convenios específicos.
En cuanto al Tren del Valle, el acuerdo establece que, una vez que entre en vigencia el convenio, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio que une Neuquén Capital con Plottier, garantizando su continuidad y “las inversiones necesarias para su sostenimiento”, un punto para nada menor.
RÍO NEGRO SE HACE CARGO DE LAS RUTAS 22 Y 151 Y DEL TREN DEL VALLE
Hoy dimos un paso enorme para Río Negro. Junto al jefe de Gabinete de Ministros, @diegosantilli y al ministro de Economía, @LuisCaputoAR firmamos los convenios para avanzar en la gestión de las rutas nacionales… pic.twitter.com/LUYSYdj5rL— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 24, 2026
Financiamiento, el punto central
“La Provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica”, aseguraron desde el Gobierno nacional. El acuerdo también establece un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.
La cuestión del financiamiento es central, y pone el foco en un eje transversal de la política mileísta: la transferencia de responsabilidades y funciones del Estado nacional a las provincias, pero sin transferir los fondos.
¿Y de dónde saldrá el financiamiento? Para financiar esas intervenciones, en este caso el Ejecutivo provincial rionegrino solicitará autorización legislativa para acceder a un crédito de hasta US$ 60 millones gestionado ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), un banco internacional para el desarrollo, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta entidad otorga créditos y a veces recursos no reembolsables a los gobiernos.
Este proceso de financiamiento se enviará a la Legislatura. Allí estarán contemplados los proyectos para ratificar los convenios con la Nación y declarar la emergencia vial en las rutas cedidas.
Weretilneck ya se reunió con intendentes, sindicalistas y representantes de los sectores productivos esta semana en Cipoletti, para explicar el alcance de los convenios, y firmar el proyecto de ley. El mandatario presentó el traspaso como una «decisión histórica» que permitirá a la provincia intervenir sobre dos corredores atravesados por años de abandono.
El tablero federal
De esta manera Río Negro se suma las provincias que ya firmaron este tipo de convenios con el gobierno nacional, como Santa Fe, San Juan y San Luis. Otras provincias que mantienen negociaciones avanzadas en este sentido son Córdoba, Neuquén y Corrientes.
En forma paralela a estos acuerdos provinciales, Nación ejecuta licitaciones a privados bajo la figura de peaje. En ese contexto, se adjudicó por 20 años la explotación comercial de las Rutas Nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, y de las Rutas Nacionales 12 y 14 en Corrientes.
Pero no todos los gobernadores dijeron que sí, y tampoco no todos son invitados. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo rechazó la transferencia de trazas nacionales y advirtió que “no será posible” aceptar la cesión si eso implica desequilibrar las finanzas provinciales.
En La Rioja, el gobierno conducido por el mandatario Ricardo Quintela presentó una denuncia ante la Justicia Federal para reclamar por la presunta retención y desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que tienen como destino específico la conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales.
Esta semana, también, la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente ante el Gobierno nacional una solicitud para asumir las facultades de gestión y concesión del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón, y de la Ruta Nacional 33, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 3. Desde la administración bonaerense recordaron que la primera reunión por este tema fue en mayo de 2024, incluso con otros funcionarios sentados frente a algunos teclados de la «botonera» del Estado nacional. La espera continúa.
