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Los proyectos de infraestructura ocupan un lugar central en el debate económico desde hace años. Rutas, gasoductos, la red eléctrica y la hidrovía forman parte de un conjunto de temas que, según distintos análisis, condicionan la capacidad de producción y de comercio exterior del país. En ese marco, avanza en distintas etapas de ejecución un conjunto de obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales que, en un horizonte de cinco años, podría modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta.

La mayoría de estas iniciativas comparte un mismo rasgo: son financiadas con capital privado, en varios casos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que el Gobierno nacional impulsó para atraer desembolsos de gran escala en sectores estratégicos.

En otros casos, son obras internacionales desarrolladas en gran medida por los países vecinos, pero que tendrán impacto directo en la economía argentina. Los montos comprometidos, tomados de manera individual, van desde USD 800 millones hasta USD 50.000 millones, según el proyecto.

Más allá de la magnitud de cada inversión, lo que las vuelve relevantes es el tipo de restricción que buscan resolver: la escasez de divisas y los costos logísticos que, durante años, condicionaron la competitividad de la economía.

Energía y divisas: el eje central

El bloque energético concentra la mayor parte de la inversión proyectada y también los plazos más cortos de ejecución. La ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), fue incorporada al RIGI a través de la Resolución 676/2026 y demandará una inversión de USD 550 millones. La obra prevé instalar 95.400 HP ISO de potencia de compresión entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en Buenos Aires, con el objetivo de sumar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo bonaerense antes del invierno de 2027.

Según el Ministerio de Economía, ese volumen adicional permitirá abastecer a usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica a un costo menor que el del gas natural licuado importado. De hecho, la cartera económica destacó que se trata del regreso del capital privado al financiamiento y la venta de capacidad de transporte de gas entre privados, algo que no ocurría hacía más de veinte años.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya superó la mitad de su ejecución. Se trata de una traza de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro, con capacidad para transportar 550.000 barriles diarios hacia 2027. La obra, impulsada por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandará una inversión total de USD 3.000 millones. Para financiarla se utilizó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones que fue distinguido como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco financiamientos más grandes del sector de petróleo y gas en América Latina.

El proyecto energético de mayor escala, sin embargo, es Argentina LNG, el desarrollo de YPF para producir y exportar gas natural licuado. Según explicó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, la inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. La iniciativa contempla llevar gas de Vaca Muerta hasta un puerto sobre el Atlántico, en Río Negro, para licuarlo en dos unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una.

La meta inicial es alcanzar 12 millones de toneladas de GNL por año hacia 2030, con exportaciones que podrían llegar a los USD 14.000 millones anuales. El proyecto contempla además una expansión a 18 millones de toneladas anuales, lo que elevaría las ventas externas hasta USD 20.000 millones al año.

YPF avanzó también en acuerdos con las petroleras Eni y XRG, que se sumarán al segmento de producción del proyecto con una participación del 32% cada una, mientras la compañía argentina conservará el 36 por ciento.

A esa oferta de GNL se suma el Gasoducto San Matías, la obra de USD 1.300 millones que unirá Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro, incorporada al RIGI en junio. El ducto abastecerá al proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción, Hilli Episeyo y Esperanza, con capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.

Según el Ministerio de Economía, el gasoducto habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, mientras que el consorcio proyectó exportaciones totales de hasta USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Corredores para conectar con el mundo

Otro grupo de obras apunta a reducir distancias con los mercados internacionales. Una de ellas es el Corredor Bioceánico Capricornio, una traza de 2.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con un costo estimado de USD 10.000 millones, pensada para competir con el Canal de Panamá como alternativa de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. El tramo argentino, que une Salta con Jujuy, es el que registra mayor atraso en su ejecución respecto del resto del trazado regional.

Con un objetivo similar, aunque orientado al transporte ferroviario, avanza el proyecto del Tren Trasandino, con una inversión prevista de USD 9.600 millones a cargo de un consorcio integrado por la chilena Beler S.A. y la singapurense International Nusantara Investment. La obra contempla un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad chilena de Los Andes, una doble vía electrificada de 420 kilómetros, un centro modal de cargas en Longotoma y un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, pensado especialmente para exportar granos de Argentina, Brasil y otros países de la región hacia Asia.

El tercer eje de conectividad externa pasa por la vía fluvial. El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio formado por la belga Jan De Nul y Servimagnus, que conformaron la sociedad Vía Navegable Argentina (VNA).

La firma tendrá a cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial durante los próximos 25 años, con inversión privada, equipamiento propio y tecnología de última generación.

Rutas, electricidad y ferrocarriles

El resto de las obras está orientado a mejorar la circulación de bienes y energía dentro del país. El esquema de Corredores Viales fue reemplazado por la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que prevé licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión totalmente privada.

Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, alrededor del 80% del tránsito nacional circula por los corredores incluidos en ese esquema. El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que en 2023 había generado un resultado negativo superior a $142.000 millones, lo que representaría un ahorro fiscal estimado en USD 6.100 millones.

El proceso avanza en tres etapas: la primera ya fue licitada, la segunda incluye tramos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y 193 en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, con ofertas económicas abiertas en julio, y la tercera abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores, con ofertas presentadas en mayo.

En el segmento eléctrico, el Gobierno lanzó un programa de obras por USD 6.600 millones enmarcado en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, destinado a evitar cortes de suministro. El mismo contempla 17 proyectos financiados y ejecutados íntegramente por empresas privadas bajo un esquema de concesión.

Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento. Entre los proyectos figuran refuerzos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), líneas de 500 kV que conectarán Puerto Madryn con Bahía Blanca y otras que unirán Mendoza con Buenos Aires, además de interconexiones internacionales con Bolivia y Paraguay y una vinculación eléctrica entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El décimo proyecto corresponde al transporte ferroviario de cargas. En el Gobierno afirman que la publicación de los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas y Logística está próxima a concretarse, con un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y la adjudicación prevista para fin de año o comienzos de 2027. El proceso incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitará la posibilidad de que un mismo grupo empresario se presente por la totalidad de la red.

La compañía Ferromex, del Grupo México, es la principal candidata extranjera y ya delineó un plan de inversiones de hasta USD 3.000 millones para modernizar las líneas. El objetivo declarado es revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura ferroviaria, en un esquema en el que las obras estatales previstas rondan los USD 800 millones y la venta del material rodante cubriría algo más de la mitad de ese monto.

El impacto económico

Para el economista Sebastián Laza, este conjunto de obras permitiría aprovechar mejor sectores en los que Argentina tiene una ventaja comparativa, como la energía, el agro y la minería. En un primer momento, sostuvo, los beneficios se concentrarán en esas actividades y en la construcción, la metalmecánica, el transporte y los servicios asociados.

Sin embargo, Laza planteó que, si las obras logran aumentar las exportaciones, generar más divisas y bajar los costos logísticos y energéticos, el efecto terminará alcanzando al resto de la economía, en la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares.

José Vargas, economista y director de Evaluecon, consideró que estos proyectos tienen el potencial de producir un cambio estructural en la economía argentina, porque apuntan a uno de sus problemas históricos: las restricciones de infraestructura que limitan la producción, las exportaciones y la competitividad.

Vargas destacó que “mientras en el corto plazo el beneficio aparece sectorizado, en el mediano y largo plazo puede extenderse a toda la actividad productiva”.

Qué condiciones macroeconómicas se necesitan

Ambos economistas coincidieron en que la concreción de estas obras depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica. Laza remarcó que se trata de inversiones que se recuperan en muchos años, por lo que requieren inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y reglas cambiarias, impositivas y regulatorias estables, y cierta continuidad política.

Vargas planteó, que el capital privado invierte en la medida en que percibe que podrá recuperar esa inversión en un contexto estable y con baja incertidumbre. La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen y logren sostenerse en el tiempo.

De cara a los próximos años, la combinación de estas diez obras ubica a la energía como el sector con mayor volumen de inversión comprometida, con Argentina LNG a la cabeza de un conjunto que, entre gas, petróleo y electricidad, supera ampliamente los USD 60.000 millones proyectados para lo que resta de la década.

El suspendido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, designado como próximo candidato a la presidencia de Turquía, ha respaldado en un mensaje difundido este sábado al partido Yeni Parti (“Nuevo Partido”), fundado ayer como escisión del socialdemócrata CHP, hasta entonces el mayor de la oposición.

El que fue líder del CHP desde 2023 hasta su destitución por orden judicial en mayo pasado, Özgür Özel, abandonó ayer la histórica formación junto con otros 90 diputados para fundar el Yeni Parti, tras fracasar todos los intentos de la cúpula depuesta de convocar un congreso para dirimir la cuestión del liderazgo.

“Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro. Todos juntos con nuestro presidente del Yeni Parti”, escribió el alcalde, en prisión preventiva por cargos de corrupción desde marzo de 2025, en un mensaje difundido por la emisora Halk TV.

Özel fue depuesto en mayo pasado como medida cautelar por orden de un tribunal, mientras se sigue dirimiendo una acusación de compra de votos en el congreso del partido de noviembre de 2023, en el que Özel fue elegido con clara mayoría, reemplazando en el cargo a Kemal Kiliçdaroglu, quien dirigía la formación desde 2010.

La orden judicial devolvió el cargo de forma temporal a Kiliçdaroglu, quien se ha negado a convocar un nuevo congreso, alegando que primero se deben nombrar nuevos delegados para “limpiar” el partido.

Kiliçdaroglu ha dado credibilidad a las acusaciones de corrupción que en el último año han llevado a prisión preventiva a decenas de alcaldes de CHP, entre ellos Imamoglu, que entonces acababa de ser designado por el CHP como futuro candidato presidencial para los comicios que deben celebrarse en 2028.

Özel y sus seguidores, no obstante, consideran los juicios una maniobra política del presidente turco, Recep Tayip Erdogan, y su partido, el islamista AKP, para erosionar a sus rivales, y muchos acusan a Kiliçdaroglu de actuar como peón de Erdogan para debilitar la oposición.

Del total de los 135 parlamentarios del CHP en el Parlamento, 91 se dieron ayer de baja de la formación para afiliarse al Yeni Parti, que ahora es la segunda fuerza del hemiciclo, mientras que el CHP, con 44 escaños, ha pasado al cuarto puesto.

Las encuestas aseguran que la nueva formación de Özel cuenta con una intención de voto por encima del 30 %, cerca de las mejores marcas del CHP en la década pasada y similar o incluso superior al nivel que los sondeos atribuyen al AKP.

Ayer, la Internacional Socialista, a la que el CHP pertenece desde 1995, celebró la creación del Yeni Parti “como un compromiso renovado con la democracia, el pluralismo político y el Estado de derecho”.

La federación difundió en la red X una carta de su presidente, Pedro Sánchez, en la que el político español expresaba su respaldo a Özel por su “decisión valiente” y adelantó que la Internacional Socialista colaboraría “de forma estrecha con la nueva iniciativa”.

(Con información de EFE)

Aunque el precio internacional del petróleo había llegado a USD 122 el barril en la etapa inicial del conflicto en el Golfo Pérsico, la baja posterior al cese del fuego y el inicio de negociaciones de un acuerdo de paz definitivo habían creado la expectativa de que los precios de los combustibles podían bajar en Argentina cuando se compensara la cuenta entre productoras y refinadoras derivada del “amortiguador” (buffer) de precios que en su momento lideró YPF.

Esa expectativa se desvaneció con el recrudecimiento de la guerra en el Golfo Pérsico y la intensificación de los ataques de EEUU a Irán y del régimen iraní y sus aliados (como los hutíes de Yemen) a países vecinos, incluida su infraestructura energética y sus rutas comerciales.

Con el precio del Brent -de referencia en Argentina- que el jueves 23 llegó a superar los USD 100 el barril (aunque cedía levemente el viernes), ¿volverán a aumentar los combustibles en la Argentina?

La respuesta general es que por ahora no. De momento, el principal efecto, positivo para el país, es la mejora de los precios de exportación de crudo, principal fuerza detrás del aumento de casi 62% del superávit comercial energético del país, a USD 5.076 millones en el primer semestre.

Expectativas sobre combustibles y agroindustria

La expectativa de una baja inmediata tampoco estaba bien fundada. Según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la baja del precio del petróleo en junio había reducido en apenas un cuarto el saldo a favor de las productoras en la “cuenta compensadora” entre productoras y refinadoras iniciada con la instrumentación del “amortiguador” (buffer) de precios internos, para aislarlos de la volatilidad internacional, por lo que para eliminar esa brecha era necesario una caída muy pronunciada del precio internacional, lo contrario de lo que sucedió.

El propio presidente de YPF, Horacio Marín, había declarado que se estaba lejos de un eventual ajuste de precios a la baja.

Según Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la futura evolución del precio interno de los combustibles dependerá no solo del precio internacional del crudo, sino también de la decisión de traslado de los productores locales y de las decisiones del gobierno sobre los impuestos a los combustibles, que en marzo pasado, en el momento más álgido de precios, llegó a postergar.

En un país en condiciones normales, los aumentos del crudo se trasladan, pero no es uno-a-uno: no hay un traslado total, explicó Carnicer, aunque también depende de cuánto tiempo se mantengan los precios internacionales en los niveles actuales.

“Llevamos solo 4 o 5 días con estos precios, si eso continúa va a haber traslado”, estimó. En todo caso, agregó, la Argentina como exportador neto está mejor que cuando era importador neto. Su referencia hoy es el precio de “paridad de exportación” (export parity), que al precio de referencia internacional resta el costo de transporte. Como importador debía aplicar “paridad de importación” (import parity) y al precio internacional debía sumar el costo de transporte.

Más allá de la evolución del conflicto, dijo Carnicer a Infobae, muchos países ya habían pasado 120 días sin o con poco abastecimiento de crudo; su prioridad ahora es aumentar sus reservas para llevarlas al nivel más alto posible hacia el inicio del invierno del norte. Es la situación de las economía europeas de y grandes economías de Asia, como China, Japón, Corea del Sur. Esto otorga firmeza a los precios. Sigan o no aumentando, las chances o el margen para que bajen es escaso.

En cuanto al campo, muy sensible al precio de los combustibles, por el uso de gasoil (que incide en la producción y en los costos de transporte) y de fertilizantes, Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores, dijo que el mundo ya vio el barril de petróleo arriba de los USD 100 el barril y por ahora para el agro argentino “no es un tema: la urea (principal fertilizante) tocó los USD 1.000 la tonelada, luego se acomodó. Pronto llegarán 120.000 toneladas, más la producción de Profertil y ya se compraron varios barcos, no hay inconvenientes”.

Consecuencias financieras y perspectivas

En cambio, Preciado Patiño destacó: “sí hay efectos, por ahora positivos, del lado del precio de los granos porque los problemas de tránsito en el Estrecho de Ormuz y de Bab al-Mandab (ataque de los hutíes de Yemen a buques en el Mar Rojo) se sumaron a la escalada en el Mar Negro, con ataques (recíprocos) de Ucrania y Rusia a sus infraestructuras granarias, lo que impulsó el precio del trigo y en menor medida los del girasol y el maíz (la producción maicera también sufre por la ola de calor en Europa y en algunas regiones de Estados Unidos).

De este modo, el mercado está bullish para el trigo por la situación en el Mar Negro, caliente en maíz por cuestiones climáticas, y el precio de la soja está siendo traccionado por la demanda de aceite para producción de biocombustibles debido a los problemas de provisión de petróleo, dijo Preciado. Un combo que mejora la relación insumo-producto y la rentabilidad de los productores locales. Y eso tras un primer semestre en que las exportaciones agroindustriales ya sumaron USD 27.000 millones.

Con todo, sería erróneo asumir que son todos beneficios para la economía argentina. Por empezar, el aumento del petróleo podría frenar la secuencia bajista de la inflación interna, además de presionar hacia arriba la inflación en Estados Unidos, lo cual a su vez enfría las expectativas de una baja de tasas de interés por parte de la Fed.

El comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el Banco Central de EEUU, se reunirá el próximo miércoles y las chances de un aumento de tasas se triplicaron en la última semana, debido a las presiones inflacionarias derivadas del aumento del petróleo (que en EEUU se traslada de inmediato a los precios) y de la nueva ofensiva arancelaria del gobierno de Donald Trump.

De hecho, la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años ya tocó el 4,7% anual, a lo cual hay que sumarle el “riesgo país” para determinar el costo del crédito soberano argentino, en vísperas de un 2027 que además de ser electoral incluirá vencimientos de capital e intereses por USD 29.400 millones, como el propio Ministerio de Economía precisó en su programa financiero hasta fines del año próximo.

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, propuso congelar la guerra en Ucrania durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la ‘Fórmula de Estambul 2.0’, dado que allí se lograron resultados significativos”, expresó Tokáyev al líder del Kremlin en un encuentro celebrado en la ciudad rusa de Omsk.

El mandatario kazajo, citado por la agencia Interfax, sostuvo que la paralización de los combates debería producirse “naturalmente, bajo las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia”.

Según sus palabras, este paso permitiría “avanzar hacia una paz muy esperada”.

Tokáyev remarcó además que su país mantiene la cooperación estratégica con la vecina Rusia, a la que describió como un “gran país” con un “gran pueblo”.

En 2022, pocos meses después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Tokáyev afirmó ante Putin que Astaná nunca reconocería la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia.

El encuentro se produjo luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunciara que el Ejército de su país llevó a cabo con éxito ataques en el mar Caspio contra un buque de guerra ruso y varios barcos usados para transportar material militar desde Irán.

El mandatario afirmó en redes sociales que esos ataques de largo alcance dieron resultados “muy buenos”, e indicó que las Fuerzas Armadas ucranianas golpearon objetivos en varias regiones rusas durante los últimos días.

“Ucrania continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos. Anoche, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa golpearon objetivos en diferentes regiones de Rusia que están alimentando esta guerra”, señaló.

Entre esos ataques, Zelensky mencionó una refinería en Filanovski, vinculada a Lukoil, además de una refinería rusa de petróleo en Tiumén y un almacén ruso en Rostov del Don.

El mandatario también habló de un nuevo ataque contra una planta militar en Kirov. Según dijo, desde allí Rusia suministra componentes para ataques contra Ucrania, y precisó que la instalación está a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana.

El viernes, Zelensky había dicho que el Ejército alcanzó con misiles de crucero una planta de Avitek en la región de Kirov. Según esa descripción, en esas instalaciones se fabrican productos militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea, componentes de aeronaves, asientos eyectables, sistemas de elevación de aeronaves, cabrestantes, soportes de vigas y otros equipos de aviación.

Zelensky agregó que Ucrania atacó con éxito objetivos en Kirov, situada a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y en Ekaterimburgo, a 1.740 kilómetros de la capital rusa. En esa ciudad, añadió, el blanco fue un centro logístico.

En la parte de la región ucraniana de Zaporizhzhia ocupada por Rusia, las autoridades prorrusas acusaron a Kiev de atacar un campamento turístico en Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol. El gobernador leal a Moscú Evgueni Balitski aseguró que murieron ocho personas, entre ellas dos niños, y que otras 14 resultaron heridas.

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron haber atacado instalaciones petroleras de Arabia Saudita en la costa del Mar Rojo, y el grupo, respaldado por Teherán, amenazó con intensificar su respuesta si la monarquía del Golfo los atacaba.

En un comunicado, el portavoz militar Yahya Saree declaró que el grupo había atacado instalaciones operadas por la petrolera saudí Aramco en Jizan y Yanbu utilizando drones y misiles.

Además, amenazó con “ampliar los movimientos y escalar la situación en las próximas horas y días”.

El Yemen registró este sábado nuevos ataques aéreos contra posiciones militares hutíes en dos provincias clave para la producción de petróleo y gas natural, según informaron medios estatales, en medio de una fuerte escalada entre los rebeldes y Arabia Saudita.

Una fuente militar del Gobierno yemení internacionalmente reconocido declaró a la agencia de noticias EFE bajo anonimato que la Fuerza Aérea llevó a cabo los ataques aéreos.

Aseguró que los ataques tuvieron como objetivo plataformas de lanzamiento de misiles y drones hutíes, así como depósitos de armas y refuerzos militares ubicados a lo largo del frente en las provincias de Marib y Al Jawf, en el centro-norte del país.

Asimismo, añadió que los objetivos atacados estaban siendo preparados para realizar ataques y que las fuerzas gubernamentales buscan debilitar la capacidad de los rebeldes para lanzar ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita y las zonas bajo control gubernamental.

La televisión estatal yemení había informado antes que los ataques alcanzaron refuerzos hutíes, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y depósitos de armas.

En Marib, los ataques se dirigieron contra objetivos en el distrito de Mahliyah y el Monte Harrah, en el distrito de Al Jubah, al sur de la capital provincial, así como contra posiciones en las zonas de Majzar y Al Safra, en el noroeste de la provincia, según las fuentes.

En la vecina provincia de Al Jawf, fronteriza con Arabia Saudita, los ataques alcanzaron posiciones hutíes en la zona de Al Shahlaa, al este de la provincia.

Según las fuentes, los ataques parecían ser una acción militar de represalia por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita tras el lanzamiento de misiles y drones por parte de los hutíes hacia territorio saudí.

No se reportaron de inmediato víctimas ni daños a causa de los ataques.

Los ataques se produjeron horas después de que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita anunciaran una “respuesta militar proporcionada” contra objetivos militares hutíes en la provincia occidental de Hudeida, tras un ataque hutí contra un buque saudí en el mar Rojo.

La coalición afirmó que la operación tenía como objetivo objetivos militares vinculados a amenazas contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo.

Sin embargo, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de ataques aéreos saudíes contra instalaciones de telecomunicaciones en Hudeida.

Esta escalada se produce tras el anuncio de los hutíes la semana pasada de un bloqueo marítimo a los puertos saudíes. Desde entonces, el grupo ha reivindicado ataques contra buques mercantes saudíes en el mar Rojo.

La reanudación de las hostilidades suscita preocupación por la seguridad de las rutas marítimas del mar Rojo, una ruta comercial global vital, y amenaza con romper años de relativa calma en el conflicto entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

Tras acercarse a los 400 puntos básicos a principios de la semana, el riesgo país revirtió la tendencia bajista, quedó al borde de las 440 unidades y no logró escapar a la volatilidad mundial que se acrecentó en las últimas jornadas por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Si bien la Argentina recibió noticias positivas como la mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody’s y la aprobación de garantías por USD 250 millones de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, el deterioro del contexto internacional por las hostilidades en el Golfo Pérsico barrió con el aumento de las cotizaciones de los títulos argentinos.

El índice, elaborado por JP Morgan, experimentó una suba semanal de 20 unidades y cerró en 437 puntos. La variable en cuestión calcula la probabilidad de que una nación no pague sus obligaciones en moneda extranjera. Se expresa en puntos básicos y representa la brecha entre el rendimiento de los bonos soberanos de ese país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Un valor elevado indica mayores dudas sobre la capacidad de pago del país y suele dificultar el acceso al financiamiento y las inversiones.

El motivo de la suba

La semana pasada, el indicador había tocado un mínimo desde abril de 2018 al ubicarse en los 403 enteros. Sin embargo, el agravamiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán, sumado a la caída de las bolsas de Wall Street por un mal desempeño de las acciones de las principales empresas tecnológicas del mundo, potenciaron la aversión de los inversores y derivaron en una caída de las cotizaciones de los bonos argentinos.

En paralelo, el barril de petróleo volvió a superar los USD 100 por barril. Este viernes registraron una baja cercana al 3%, aunque se mantienen encaminados a cerrar la semana con un saldo positivo, impulsados por la inquietud ante posibles interrupciones en el suministro energético en el Mar Rojo y la posibilidad de una escalada en el conflicto en el Golfo Pérsico.

El Brent del Mar del Norte, con entrega en septiembre, retrocedía 3,04 dólares, equivalente a un 3%, hasta ubicarse en USD 97,65 por barril. En la jornada anterior, el precio superó la barrera de los USD 100 por primera vez desde mayo, luego de que los hutíes, aliados de Irán, afirmaron haber atacado dos buques petroleros saudíes en el Mar Rojo. Pese a la caída de hoy, el contrato apunta a un avance semanal cercano al 9 por ciento.

Un informe de GMA Capital remarcó que la mejora de la nota soberana por parte de Moody´s “fue uno de los hechos más relevantes de la semana”. La agencia subió la calificación de largo plazo desde Caa1 a B3, igualando los recientes ajustes realizados por Fitch y S&P Ratings. A diferencia de esas agencias, Moody’s sostuvo su perspectiva positiva, lo que podría habilitar futuras mejoras en la nota crediticia en un plazo de entre seis y veinticuatro meses.

“La reacción del mercado fue inmediata. En la rueda posterior al anuncio, el riesgo país cayó 11 puntos básicos, hasta 410 pbs, mientras que el Merval avanzó 3% medido en dólares. Al mismo tiempo, el tipo de cambio revirtió parte de la suba acumulada en las jornadas previas: retrocedió 0,2%, hasta $ 1.478, y luego se estabilizó en torno a ese nivel”, detallaron desde la ALyC.

No obstante, los analistas destacaron que el impulso fue transitorio ya que el deterioro del escenario global “terminó revirtiendo gran parte de la reacción inicial del mercado: el riesgo país volvió a ubicarse en torno a 440 pbs, mientras que el tipo de cambio recuperó las bajas posteriores al anuncio y cerró la semana con una suba de 0,2%”.

“La mejora de la calificación no alcanzó para desacoplar la deuda argentina de la dinámica internacional. No obstante, en la medida en que el proceso de estabilización macroeconómica continúe, una mejor calificación podría ampliar el universo de inversores con capacidad de comprar estos activos y favorecer una compresión adicional de spreads”, sumaron.

Más allá de las noticias de Moody’s y la CAF, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a mayo arrojó la segunda caída intermensual seguida: 0,5 por ciento. A pesar de que la actividad económica mostró una variación interanual positiva de 0,2%, encadenó dos bajas consecutivas y profundiza la dinámica “en serrucho”: avances y retrocesos alternados, sin un crecimiento consolidado.

Por qué la baja es clave para el Gobierno

Reducir el riesgo país resulta clave para el gobierno de Javier Milei porque es una condición necesaria para recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, cerrados para la Argentina desde 2018.

Para que esto ocurra, el indicador debería ubicarse por debajo de los 400 puntos, e idealmente perforar el umbral de los 300 puntos. Solo en ese escenario sería factible que el país vuelva a financiarse en el exterior a tasas que el equipo económico considere razonables. Si se emitiera un bono en el exterior con los niveles actuales, rondaría el 9% anual, una tasa demasiado elevada bajo la consideración de la administración libertaria.

Aunque el programa financiero oficial está diseñado para cubrir los compromisos de deuda hasta fines de 2027 mediante alternativas que no incluyen la búsqueda de fondos en plazas internacionales (salvo por las garantías de organismos multilaterales), la compresión del riesgo país permitiría reducir considerablemente el costo del endeudamiento externo. Esto ampliaría el margen de maniobra ante eventuales imprevistos y abriría la puerta a nuevas fuentes de financiamiento de cara al proceso electoral del año que viene.