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Hace unos 22.000 años, un oso pardo recorría los territorios que hoy conforman Portugal. Sus huesos, recuperados en cuevas de Cadaval, permiten estimar que ese ejemplar alcanzó alrededor de 385 kilogramos, uno de los mayores pesos documentados en el registro fósil europeo para la especie.

Los osos pardos ibéricos actuales pesan en torno a 144 kilogramos los machos y 102 kilogramos las hembras, una reducción superior al 40% respecto de sus antepasados del Pleistoceno. Un trabajo liderado por Darío Estraviz-López, paleontólogo de la NOVA School of Science and Technology de Portugal, atribuye ese cambio a transformaciones ambientales y a presión humana acumulada durante milenios.

El estudio, publicado en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, se basa en el análisis de más de 500 fósiles procedentes de seis yacimientos portugueses: la Gruta da Furninha (Peniche), la Gruta das Fontainhas (Cadaval), Serra de Molianos (Alcobaça), la Gruta do Caldeirão (Tomar), la Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) y la Gruta da Oliveira (Torres Novas). A partir de mediciones morfométricas y estimaciones de masa corporal, el equipo reconstruyó cómo evolucionó la especie durante decenas de miles de años.

La ausencia del oso de las cavernas en Portugal

Cuando se estudia la fauna del Pleistoceno europeo, el oso de las cavernas (Ursus spelaeus) ocupa un lugar central: fue un animal de grandes dimensiones que pobló numerosas cuevas del continente antes de extinguirse hace unos 24.000 años. El estudio confirma que, pese a décadas de excavaciones, no existe evidencia de que esta especie llegara a establecer poblaciones estables en territorio portugués.

Según explicó Estraviz-López en declaraciones recogidas por Phys.org, los osos de las cavernas requerían cavidades mucho más amplias para hibernar y los mismos linajes maternos regresaban a las mismas cuevas durante miles de años, lo que habría impedido su expansión hacia el extremo occidental de la península.

Ante esa ausencia, los osos pardos ocuparon el espacio ecológico vacante que en otras regiones del continente estaba cubierto por esa especie. Los ejemplares de la Gruta da Furninha, con una antigüedad de alrededor de 80.000 años, presentaban una robustez ósea que recuerda a la del oso de las cavernas. Los investigadores interpretan esa convergencia morfológica como consecuencia de haber asumido ese papel sin competencia.

La reducción de tamaño y la presión humana

El trabajo identifica una tendencia: a lo largo del tiempo, el oso pardo ibérico fue perdiendo masa corporal de forma sostenida. Durante el Holoceno temprano, entre hace 12.000 y 8.000 años, los machos de la zona noroccidental de España pesaban en torno a 260 kilogramos.

El comunicado institucional de la NOVA School of Science and Technology señala que esta reducción está asociada a la presión humana y a la alteración de los hábitats. El mecanismo que proponen los investigadores no es una caza directa e intensiva, sino un proceso prolongado y difuso.

“Esta presión prolongada pudo haber eliminado desproporcionadamente a los individuos más grandes y audaces, favoreciendo a los osos más pequeños“, afirmó Ana García-Vázquez, bióloga y coautora del estudio en la Universidad de Bucarest.

El proceso habría avanzado por etapas: primero, las poblaciones humanas comenzaron a compartir cuevas con los osos; después, la agricultura y la deforestación fragmentaron sus territorios; finalmente, la caza con armas de fuego aceleró el declive.

Qué hipótesis siguen abiertas

Los autores comparan esta dinámica con el fenómeno documentado en elefantes modernos que nacen sin colmillos como respuesta evolutiva a siglos de presión cazadora. García-Vázquez añadió una cautela: los osos del Pleistoceno y los actuales podrían no pertenecer a la misma población, y la dieta también pudo influir, dado que los osos con alimentación más carnívora tienden a mayor masa corporal.

El análisis de ADN antiguo y los estudios de isótopos estables podrán aportar respuestas más precisas. El equipo también considera prioritarias nuevas dataciones radiométricas para precisar la historia evolutiva de la especie.

El aporte del estudio para la conservación

El estudio también plantea la utilidad de la paleontología para la conservación actual. Los osos pardos desempeñan funciones ecológicas de amplio alcance: regulan las poblaciones de ciervos y jabalíes, aprovechan carroñas y participan en la dispersión de semillas. “Una sola deposición de un oso puede contener más de 70.000 semillas“, precisó Estraviz-López.

El oso pardo se extinguió en Portugal en el siglo XIX a causa de la actividad humana, según el comunicado. Comprender cómo los gigantes ibéricos del Pleistoceno se transformaron en los supervivientes actuales es, según Estraviz-López, la mejor guía disponible para proteger a los que aún quedan.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la “BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

A pesar de ser los dos países más fuertes de la región a nivel industrial, la verdadera integración de Argentina y Brasil en el rubro automotor data de diciembre de 1990 a raíz de la creación del Mercosur. Ese acuerdo se puso en práctica en 1991, aunque todavía con preferencias arancelarias pero no con el actual esquema, por el cual tanto cada país pueden exportarle autos al otro sin pagar arancel alguno.

El acuerdo para el sector se denomina ACE14 (Acuerdo de Complementación Económica) y a lo largo de 35 años se fue renovando con un esquema de regulación progresiva llamado Flex, un coeficiente que regula el comercio bilateral para equilibrar la balanza comercial automotriz entre ambos países. Actualmente, y hasta julio de 2027, por cada dólar que un país le importa al otro, puede exportarle dos dólares.

La vigencia del actual esquema es hasta el 30 de junio de 2029, fecha a partir de la cuál, en teoría, debería desaparecer el Flex y la relación entre ambas industrias automotrices pasaría a ser libre, sin ese tope en la relación de importaciones y exportaciones. Dicho de otro modo, más allá del conflicto diplomático como el que la Argentina y Brasil atraviesan en la actualidad, el comercio de ambos países en el rubro automotor no debería verse alterado al menos hasta mitad de 2029.

Un sistema de bloque

Durante estos 35 años, las automotrices argentinas y las brasileñas fueron creciendo como un bloque, y la mayoría de ellas dejaron de reportar directamente a casa matriz, creando una instancia local generalmente llamada Latam, Sudamérica o Latinoamérica, con una cabeza regional que dirige la producción de cada marca en las distintas plantas de ambos países o incluso de otros como Uruguay o Colombia.

El poderío de ese bloque generó productos propios, autos regionales que solo se producen para abastecer a los países del Mercosur y no se venden en ninguna otra parte del mundo. El símbolo de este cambio de paradigma fue el Volkswagen Gol, un vehículo de dos puertas derivado del Voyage, que se empezó a producir en Brasil en los años 80 y que llegó a Argentina en 1991 para convertirse en el auto más vendido del mercado en poco tiempo. Hoy, de hecho, es el auto usado más vendido en Argentina.

Incluso en los años de mayores restricciones a las importaciones, como fueron 2022 y 2023, la cuota de autos brasileños en el mercado local fue siempre de relevancia, manteniéndose entre el 27% y el 35%.

Hoy, sin restricciones de acceso al mercado oficial de cambios para pagar las importaciones, esa proporción promedia el 60% de los autos que se venden localmente, aunque con distintas configuraciones de acuerdo a las marcas, mientras que el 65% de las exportaciones de autos argentinos van para Brasil, su principal comprador.

La única automotriz argentina que no trae autos desde Brasil es Ford, que cerró su planta de Camacari en enero de 2021, tras la decisión de la compañía de concentrarse únicamente en SUVs, pickups y vehículos utilitarios y dejar de producir autos de pasajeros. Actualmente, la marca produce la pickup Ranger en General Pacheco y trae desde China, México, Tailandia, Uruguay y Estados Unidos el resto de sus modelos.

La otra marca que no tiene fábrica en Brasil y sí en Argentina es Peugeot, que produce localmente los modelos 208 y 2008, y el resto de sus modelos vienen desde Europa o Uruguay. Este año se empezará a vender un nuevo furgón utilitario chico, un derivado de Fiat Fiorino que se llamará Peugeot Partner Rapid, y que vendrá de Brasil, pero actualmente no hay modelos de la marca que se importen desde ese país.

La cuota brasileña en el mercado argentino

El resto de las automotrices argentinas traen gran parte de su portafolio desde Brasil. Toyota importa Corolla Cross, Corolla, Yaris Cross y Yaris, que equivalen aproximadamente el 49% del volumen de ventas en Argentina, que se complementa con otro 49% con los productos nacionales Hilux, SW4 y Hiace.

Volkswagen es una de las marcas que trae más modelos con Tera, Polo, Nivus, Virtus, T-Cross y Saveiro, y que representan el 60% del total de autos que venden localmente. A nivel nacional solo se fabrica la pickup Amarok ya que desde 2025 se decidió importar Taos desde México.

Fiat también tiene muchos productos importados de Brasil con Mobi, Argo, Pulse, Fastback, Fiorino, Strada y Toro, lo que suma el 55% de su gama de productos en Argentina conformado por Cronos y Titano.

Chevrolet tiene un esquema similar, pero con mayor peso aún de autos brasileños ante la baja producción de la planta de Rosario. Se traen desde ese país los modelos Onix, Sonic, algunas versiones de Tracker, Spin, y Trailblazeer, más las dos pickups Montana y S10. Los autos brasileños tienen un peso del 58% en el mercado argentino.

Renault sumó más modelos brasileños a su lineup en los últimos dos años, al traer Kardian, recuperar Kwid y ahora lanzar Boreal. Estos se sumaron a Oroch que ya estab en el mercado. La transformación de Santa Isabel para producir la nueva pickup Niágara, hizo que se discontinuaran modelos locales y solo quede Kangoo este año, con lo cuál la proporción de autos brasileños representa una cuota del 54%.

Citroën es el caso inverso de Peugeot, porque ya no produce modelo alguno en Argentina tras la finalización del ciclo de Berlingo, y trae casi toda la gama desde Brasil y Uruguay, que ahora se vio reforzada con dos nuevos modelos desde Europa. Los autos brasileños son los tres de mayor demanda de la marca: C3, Basalt y Aircross, que representan el 75% de las ventas locales.

Jeep y Ram van en conjunto para Stellantis, con una producción nacional solo de un modelo, Ram Dakota en Córdoba, pero con cuatro modelos que vienen desde Brasil como Renegade, Compass, Commander y Rampage. El impacto de esas importaciones en el volumen de ventas de ambas marcas es aproximadamente un 84%.

Por último quedan Nissan y Hyundai, que no tienen producción local de automóviles pero traen desde Brasil los modelos de mayor volumen de ventas en Argentina. En el caso de la marca japonesa, los Nissan Kicks y Kait representan el 45% del mercado local, mientras que en la coreana los HB20 y Creta son el 95% del volumen que comercializan en Argentina.