Un operativo realizado en Islas del Ibicuy permitió la detención de una mujer y el secuestro de droga en la terminal de ómnibus de la ciudad. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.
El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21, cuando personal de la División Drogas Peligrosas intervino en el lugar y realizó una requisa sobre una persona que se encontraba en la estación.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron la presencia de estupefacientes dentro de un pañal, lo que derivó en la inmediata actuación de la Justicia.
Según se informó, en poder de la mujer se hallaron 59 envoltorios de nylon que contenían cocaína, con un peso total de 19,6 gramos.
Tras el hallazgo, se dispuso la detención de la involucrada, quien quedó incomunicada y a disposición de la autoridad judicial interviniente.
En el mismo operativo también se identificó a un hombre, quien no fue detenido, pero quedó vinculado a las actuaciones que se llevan adelante.
El procedimiento se desarrolló en la terminal de ómnibus de Islas del Ibicuy, un punto de circulación habitual de pasajeros en la ciudad.
Las tareas fueron realizadas por personal especializado en la lucha contra el narcomenudeo, en el marco de controles orientados a detectar la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las circunstancias del hecho y el posible destino de la sustancia incautada en Islas del Ibicuy.
Tras el fuerte impacto político de la sanción judicial por irregularidades administrativas, La Libertad Avanza (LLA) de Corrientes informó que presentó el informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales del 26 de octubre pasado. Con esa presentación, la fuerza busca dar cumplimiento a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y destrabar la suspensión de los aportes estatales.
La reacción del partido llegó después de que el Juzgado Federal N.° 1, mediante la Resolución N° 69, aplicara una multa del 20% sobre los fondos de funcionamiento y suspendiera cautelarmente la entrega de recursos públicos. La falta administrativa alcanzó a la campaña que llevó a Virginia Gallardo a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
El descargo del partido y apelación
En un comunicado firmado por Laura Marcoré, presidenta de LLA en el distrito Corrientes, el partido sostuvo que la intervención de la Justicia se limitó a una “intimación formal” y que no existen cuestionamientos de fondo sobre el origen ni el destino de los fondos. “No existe observación alguna respecto a la rendición”, subrayaron desde la fuerza oficialista.
No obstante, el partido del presidente Javier Milei rechazó la sanción. Informaron que ya presentaron un recurso de apelación contra la multa impuesta por el juez federal con competencia electoral. En su descargo, sostienen que la penalidad es “jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad”.
Transparencia e institucionalidad
Desde la conducción local de LLA enfatizaron que la presentación documental se efectuó en los ámbitos correspondientes y reafirmaron que la fuerza “siempre actuará conforme a derecho, con transparencia y respeto por las instituciones”.
Con la documentación en manos de la Justicia, se espera que en los próximos días se defina si se levanta la suspensión de los aportes públicos, un recurso vital para el funcionamiento cotidiano de la estructura libertaria en la provincia. Por ahora, la cuestión pasará a la instancia de alzada, donde se decidirá si la multa económica se mantiene o se revoca.
El palacio judicial de San Isidro volvió a amanecer con una escena similar a la de hace exactamente 399 días: vallas, un operativo de seguridad reforzado y cámaras de televisión instaladas desde temprano en la calle Ituzaingó al 340, donde se espera el reinicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona a partir de las 10 de la mañana de este martes.
La fecha demoró en confirmarse: tras la nulidad del primer debate oral por el escándalo del documental que protagonizaba la entonces jueza Julieta Makintach, la causa atravesó una serie de planteos que postergaron en varias ocasiones el inicio del nuevo proceso. El último traspié ocurrió en marzo, cuando —a pocos días de la fecha prevista— se resolvió pasar la audiencia a este 14 de abril.
Nada de eso impidió la masiva convocatoria al juicio por el Diez. Para la primera jornada se espera la presencia de prensa local e internacional, además de seguidores de todo el país que se concentrarán en las inmediaciones de los tribunales para seguir minuto a minuto la audiencia.
Entre los grupos que estarán presentes figura “JusticiaxD10S”, que en 2025 estuvo día a día en la puerta del palacio judicial con pancartas, pelotas y banderas de Diego Maradona. Ahora regresan con el mismo propósito.
“Comienza el juicio por la trágica muerte de Diego Maradona. Él siempre se la jugó. Ahora nos toca a nosotros, su pueblo. Acompañamos a sus hijos e hijas en este momento tan difícil. Neceistamos que todo el pueblo grite ‘Justicia’”, reza la convocatoria para este martes difundida en sus redes sociales, publicó Infobae.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Son siete los acusados, trabajadores de la salud señalados por presunto descuido en el tratamiento que terminó con la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El delito que se les imputa es homicidio simple con dolo eventual, con una pena prevista entre 8 y 25 años de prisión.
Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; su jefe, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini.
Todos ellos estarán presentes en la audiencia de este martes y, junto a sus defensores, escucharán los lineamientos de apertura del juicio. Esta será la única jornada que la Suprema Corte Bonaerense transmitirá en vivo, ya que no se prevé que declare ninguno de los 127 testigos propuestos.
Por ese mismo motivo podrán permanecer en la sala todos los familiares de Diego Maradona, quienes luego deberán esperar su turno para declarar y así poder seguir asistiendo a las audiencias.
¿La muerte de Maradona se podía evitar?
La acusación estará a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que intentarán demostrar que Diego Maradona fue víctima de la irresponsabilidad del cuerpo médico tratante y que su deceso pudo haberse evitado.
Esa teoría del caso es respaldada por las querellas, integradas por los abogados Fernando Burlando (por Dalma y Giannina Maradona); Félix Linfante y Gustavo Pascual (por Jana Maradona); Mario Baudry (por Dieguito Fernando y Verónica Ojeda); Eduardo Ramírez (por Diego Junior); y Pablo Jurado (por las hermanas de Diego: Rita, Claudia y Ana).
En la defensa, los letrados intentarán probar que la muerte de Maradona era inevitable y que se debió a sus antecedentes de salud. Sostendrán además que el fallecimiento respondió a un evento cardíaco y que ninguno de los imputados está especializado en cardiología.
Los equipos defensores están encabezados por Francisco Oneto (por Leopoldo Luque); Vadim Mischanchuk (por Agustina Cosachov); Diego Olmedo (por Carlos Díaz); Nicolás D’Albora (por Nancy Forlini); Miguel Ángel Pierri (por Mariano Perroni); Franco Chiarelli (por Ricardo Almirón); y María Julia Marcelli (por Pedro Di Spagna).
Momentos de temor y tensión se vivieron en horas de la noche de este lunes en el barrio El Pozo de Paraná y alrededores, ante una nueva balacera y luego un enfrentamiento de una de las bandas del lugar con la Policía. La semana pasada, un hecho violento en plena mañana obligó a la suspensión de las clases de la escuela Bazán y Bustos.
En el operativo desplegado durante la noche de este lunes, personal de la comisaría sexta de la Jefatura Departamental Paraná, con el apoyo del Grupo Especial (G.E.P), logró la detención de nueve personas (cuatro mayores y cinco menores de edad) tras el grave incidente que incluyó tiroteos y persecuciones.
El hecho comenzó alrededor de las 22, cuando múltiples llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de armas de fuego en la zona de calle Simeón Vázquez al final. Al arribar al lugar, los efectivos fueron informados por los vecinos sobre la presencia de una banda que efectuaba disparos. En una primera instancia, la policía localizó una vivienda con impactos de bala, i identificaron a un joven de 26 años, César Nicolás Romero, como uno de los presuntos autores.
Mientras las autoridades procedían a la aprehensión de Romero, el resto del grupo continuó efectuando disparos contra el personal policial. Ante la peligrosidad de la situación, se inició una recorrida peatonal de urgencia para cercar a los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga por las inmediaciones.
Durante la huida, uno de los individuos fue interceptado portando un arma entre sus ropas. Poco después, el resto de la banda fue capturado. Además se hallaron otras tres armas de fuego que habían sido descartadas o utilizadas durante el intento de escape.
Entre los adultos detenidos se encuentran jóvenes de entre 18 y 26 años (de apellidos Alem, Mendoza, Shueder y Romero). Por otro lado, el grupo de menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, quedó a disposición de la División Minoridad.
El operativo culminó con el secuestro de un importante arsenal y cartuchería: una pistola Bersa calibre .22 LR con cargador y 9 cartuchos, un revólver calibre .38 largo (marca Dos Leones) con tres vainas servidas, un revólver calibre .32 largo (marca Vigilante) con un cartucho percutido, y un revólver calibre .32 largo (marca Tanque) con seis cartuchos percutidos no disparados.
La fiscal Huerto Felgueres ordenó el traslado de los cuatro mayores a la Alcaidía de Tribunales. Por su parte, desde la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes se dispuso que los cinco menores fueran derivados a la División Minoridad. Asimismo, se ordenó realizar la prueba de dermotest a todos los involucrados para determinar quiénes efectuaron los disparos durante el enfrentamiento. El caso ha sido caratulado inicialmente como portación ilegal de arma de fuego y abuso de arma.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrollará este martes desde las 8 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, mientras que por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda, quien postergó su viaje a Estados Unidos para estar presente.
Caputo se unirá el miércoles a la delegación que desde este lunes participa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial.
La actividad será, para el presidente Milei, la antesala a un nuevo viaje al Estado de Israel: el viernes 19, iniciará su tercera visita oficial a ese país medioriental para participar en los actos por el 78° Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) y cumplir con el rol simbólico de encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl. Esa visita culminará el miércoles 22 de abril.
En lo que respecto al Summit, se desarrollará bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y la jornada abordará los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.
En este escenario, el debate se centrará en la actividad de sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud, cruzado por el accionar de los estados provinciales y de la nación.
El tradicional encuentro, adicionalmente, funciona como espacio en el que se espera quede plasmado el alineamiento argentino con las políticas de los Estados Unidos y la relación entre Milei y su par Donald Trump. Es por ello que también se escuchará con atención el discurso que pueda dar el embajador norteamericano Peter Lamelas
Al respecto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”.
Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.
Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento.
También habrá espacios dedicados al futuro del trabajo, el sindicalismo, el neuroliderazgo y la reconversión de los modelos de negocios.
Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA), Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).
El ámbito legislativo y ejecutivo estará representado por Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo Vischi, Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri, junto a secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura).
AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales, según un comunicado.
El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras.
El evento también tendrá un enfoque en la diversidad y la inclusión, contando con servicio de interpretación de lengua de señas y una alianza con ASDRA para promover la integración laboral.
En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel advirtió sobre el impacto de la caída de la recaudación y el ahogo financiero de las provincias. Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, el legislador señaló que esta retracción de ingresos, que ya lleva ocho meses consecutivos, se traduce de forma directa en un freno a la obra pública y la imposibilidad de abrir nuevas escuelas.
Michel describió una situación crítica en su provincia, Entre Ríos, donde algunas comunas ya no pueden afrontar el pago de servicios básicos. Afirmó que el estancamiento de los ingresos públicos provocó un cierre de puertas institucional ante la dificultad para costear el mantenimiento de la luz y otras prestaciones esenciales. Este escenario reflejó, para el referente de la oposición, la gravedad de un ajuste que ya golpeó la base operativa de los gobiernos locales y municipales.
Para Guillermo Michel, el programa de Gobierno es regresivo para las provincias
En materia económica, el diputado marcó que el país enfrenta un crecimiento constante de la inflación junto a cinco meses de caída en el poder adquisitivo de los trabajadores. Definió el programa actual como un esquema ortodoxo que buscó contener la inflación mediante una fuerte restricción de la demanda, apoyada en tarifazos e impuestazos. Para Michel, el problema no es solo técnico, sino una decisión política que trasladó el costo de la estabilización al consumo cotidiano de los sectores medios y bajos.
Respecto a la supuesta “cosecha récord”, el diputado desmintió que los números de producción se traduzcan automáticamente en un alivio de divisas. Explicó que el atraso del tipo de cambio, sumado al alza de insumos como el gasoil (que en Entre Ríos llegó a los 2275 pesos) y los fertilizantes, desincentivó la liquidación masiva por parte de los productores. Bajo estas condiciones, aseguró que el sector agropecuario solo venderá lo “justo y necesario”, lo que obligará al Gobierno a insistir con beneficios fiscales temporales.
Finalmente, criticó la implementación de esquemas como el “dólar soja” por considerarlos regresivos y concentradores. Estimó que el Estado regalará cerca de 2 mil millones de dólares en beneficios fiscales asolo siete empresas, mientras se recortan fondos para áreas sensibles como salud, discapacidad y educación. Para el legislador, este desvío de recursos confirmó una visión económica que priorizó la rentabilidad de grupos concentrados por sobre las necesidades básicas de la población.
Crisis de largo aliento
Michel reclamó la necesidad de una industria nacional fuerte consalarios que recuperen su capacidad de compra. Propuso un programa de sustitución de importaciones en lugar de una apertura indiscriminada que actualmente permite el ingreso de alimentos y maquinaria agrícola usada. Para el diputado, resulta un “absurdo” importar bienes que el país puede producir de manera eficiente, destruyendo el tejido productivo y el empleo calificado en el proceso.
El legislador también denunció el desmantelamiento sistemático de los organismos públicos, citando el caso alarmante del INTA. Relató que se intentó instalar en los empleados públicos la idea de que su labor no sirve para nada, afectando la moral y la eficiencia de las instituciones encargadas del desarrollo tecnológico y productivo. Este proceso de degradación estatal generó, según Michel, un daño institucional profundo que llevará mucho más tiempo del esperado para ser revertido.
De cara al futuro, el diputado admitió que será muy difícil imaginar el rumbo del país en el próximo año y medio sin un cambio significativo en las políticas económicas. Sostuvo que para revertir el actual proceso será necesario un programa inteligente que recupere la soberanía productiva y el mercado interno. Concluyó que la reconstrucción del Estado será una tarea de largo aliento tras el desmantelamiento que sufrieron las oficinas de fomento y control en los últimos meses.
A través de un proyecto de declaración que ingresó en las últimas horas a la Unicameral, el legislador radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) propone que el pleno legislativo, de forma orgánica, solicite la renuncia del titular del PAMI en la provincia, frente a un organismo que, denunció, exhibe “crueldad e insensibilidad” ante la situación de los jubilados. En el orden nacional, la senadora Alejandra Vigo pidió explicaciones por“la gravísima situación” de afiliados de PAMI ante el corte de la atención médica, en sintonía con el reclamo del gobernador Martín Llaryora.
La iniciativa de Rossi se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del servicio que reciben los adultos mayores en territorio mediterráneo. Según planteó el radical, el PAMI Córdoba “está al borde del colapso”, con demoras de hasta cuatro meses para acceder a turnos médicos y con casos en los que, aun obteniéndolos, los afiliados no logran ser atendidos por cupos agotados. El alfonsisnista graficó la situación con el caso reciente de una jubilada con una fractura que, desde el viernes, no consigue atención.
Asimismo, advirtió sobre un cuadro estructural crítico que incluye recortes de fondos, deudas millonarias con farmacias y clínicas privadas, falta de vacunas y escasez de medicamentos. A esto se suma un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, que comenzó este lunes en reclamo por los bajos honorarios que perciben.
Frente a este escenario, el radical anti-Milei cuestionó con dureza la actitud de las autoridades del organismo en Córdoba, a quienes acusó de no dar explicaciones ni asumir la gravedad de la crisis. “La situación se agrava por la crueldad de quienes deberían dar respuestas y no lo hacen”, sostuvo, al tiempo que señaló como “un contrasentido” que el sitio oficial del PAMI promocione el lema “PAMI escucha y responde”, mientras —según afirmó— ocurre exactamente lo contrario en la práctica.
De hecho, el parlamentario radical remarcó que no se trata de un problema ajeno a la provincia ni de una discusión exclusivamente nacional. “Son miles de jubilados cordobeses los que están desamparados”, advirtió, y vinculó la situación con lo que definió como un “gobierno nacional cruel e insensible”.
No obstante, Rossi también introdujo una crítica al rumbo económico. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal, advirtió que “no puede sostenerse sobre el sufrimiento de los jubilados ni sobre el colapso del sistema de salud”. En esa línea, cuestionó que existan recursos para reducir impuestos a grandes capitales, impulsar blanqueos o beneficiar a inversores, mientras —según planteó— no se garantiza la atención sanitaria de los adultos mayores.
Pero, sobre todo, el legislador puso el foco en la responsabilidad directa de la conducción local del PAMI. Afirmó que el titular del organismo “no da la cara, no atiende ni explica lo que está pasando”, y lo acusó de permanecer pasivo frente al padecimiento de miles de afiliados.
Con este argumento, Rossi concluyó que la permanencia del funcionario es “inadmisible” y reclamó su renuncia, al considerar que su gestión vulnera el derecho a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Reclamo en el Senado
Por su parte, la senadora nacional Alejandra Vigo trasladó la preocupación al ámbito del Congreso. La dirigente peronista presentó un pedido de informe para que el Ejecutivo libertario brinde explicaciones urgentes sobre la “gravísima situación” que atraviesan los afiliados del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.
Asimismo, la legisladora impulsó un proyecto de declaración en el que expresa su “profunda preocupación” por el recorte de fondos y la falta de pago a prestadores del organismo, una situación que —según advirtió— está dejando sin cobertura a adultos mayores en todo el país y, especialmente, en Córdoba.
Frente a este escenario, Vigo reclamó precisiones sobre las medidas que adoptará la administración nacional para garantizar la continuidad de la atención y regularizar los pagos adeudados. De igual modo, puso el foco en el impacto directo que la crisis tiene sobre uno de los sectores más vulnerables, al advertir que la interrupción de servicios compromete tratamientos y agrava el estado de salud de miles de jubilados.
Con este argumento, la senadora del PJ cordobés se sumó a las críticas hacia la gestión del organismo que hoy tuvo como protagonista central al gobernador Martín Llaryora y reforzó la presión política para que el Gobierno de Javier Milei dé respuestas ante una situación que, tanto en la provincia como a nivel país, escala en tensión y reclamos.
En una resolución de fuerte impacto jurídico, la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) rechazó este lunes el acceso a la vía extraordinaria federal pedido por la defensa de Juan José Canosa, imputado por enriquecimiento ilícito.
El fallo, suscripto por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawak y Daniel Omar Carubia, confirma la continuidad del proceso penal y frena, al menos por ahora, cualquier intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa centró su planteo en una supuesta vulneración del derecho constitucional a ser juzgado en un “plazo razonable”. Los abogados de Canosa sostuvieron que la causa arrastra una demora cercana a una década —desde su salida del directorio de Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer)— y denunciaron una presunta inacción del Ministerio Público Fiscal que, dijeron, habría “jugado” con los tiempos procesales. Invocaron, además, precedentes de la Corte Suprema y tratados internacionales para afirmar que la sola demora constituye una lesión a las garantías judiciales.
El tribunal provincial desestimó esa argumentación. En el voto que abrió el acuerdo, Miguel Ángel Giorgio consideró que el recurso extraordinario federal es “palmariamente inadmisible” porque carece de un requisito esencial: no se dirige contra una sentencia definitiva ni contra algo equiparable a tal. En términos técnicos, explicó que la negativa al sobreseimiento —el eje del reclamo defensivo— no pone fin al proceso ni provoca un perjuicio irreparable; por el contrario, permite la continuación del procedimiento hacia etapas en las que la cuestión podrá volver a discutirse.
La resolución también cuestiona el andamiaje constitucional planteado por la defensa. Para los jueces, la apelación no configura una verdadera “cuestión federal”, sino que refleja, en esencia, una discrepancia con interpretaciones de derecho procesal local. “Bajo la ampulosa cosmética de agravios al debido proceso, en verdad no se logra fundamentar ninguna articulación constitucional suficiente”, expresa el voto principal, resumido en esa frase.
Los votos de Mizawak y Carubia
Claudia Mónica Mizawak coincidió en rechazar la apertura de la vía federal, aunque introdujo un matiz: admitió que la resolución impugnada podría, en determinados supuestos, asimilarse a una sentencia definitiva. No obstante, sostuvo que la defensa se limitó a reiterar argumentos ya planteados sin aportar una fundamentación nueva que habilite la intervención de la Corte Suprema. Daniel Omar Carubia adhirió sin reservas a esa posición.
El dictamen del Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, había anticipado este desenlace. En su intervención, no sólo cuestionó la admisibilidad del recurso, sino que atribuyó a la defensa un “afán dilatorio” frente a un cuadro probatorio que —según indicó— anticipa una eventual condena. García también subrayó la complejidad de la investigación y la multiplicidad de medidas probatorias desplegadas, factores que, a su juicio, explican la extensión temporal del proceso.
Con esta decisión, el STJER reafirma una línea jurisprudencial estricta respecto del acceso al recurso extraordinario federal: se trata de una vía excepcional, limitada a cuestiones constitucionales de entidad y excluida de revisiones sobre derecho común o procesal. En consecuencia, la causa seguirá su curso en la justicia entrerriana, mientras la defensa analiza nuevas estrategias en un expediente que, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos en los tribunales.
A partir de una falta de acuerdo entre los distintos actores del transporte de cargas para solucionar un conflicto que viene desde la semana pasada, las bolsas de cereales y entidades del sector decidieron solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la circulación hacia los puertos. En las rutas aseguran que el entendimiento está lejos de cerrar la crisis, ya que la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac) y los autoconvocados mantienen las protestas en distintos puntos del país. El principal detonante de la protesta que se ha realizado en más de 50 puntos del país, responde al incremento del costo del gasoil, que en los últimos meses deterioró de manera significativa la ecuación económica de los fletes.
A través de un comunicado, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del puerto local, junto a numerosas entidades agroindustriales, entre ellas Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carbap y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), informaron que se alcanzó un “acuerdo parcial” en el conflicto. Hay enojo en el sector de quienes protestan porque la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) avaló un 14% de suba en las tarifas del transporte de cereales, oleaginosas y subproductos para enero 2026. Los transportistas movilizados reclaman al menos un 30%.
Para destrabar las rutas, las entidades del agro señalaron que se reforzará la presencia de fuerzas de seguridad nacionales, en coordinación con la policía bonaerense, con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas de acceso y en zonas clave. La medida busca brindar garantías a los transportistas para retomar la carga y descarga de mercadería “sin temor a represalias” y avanzar hacia la normalización de la operatoria portuaria.
Desde elsector exportador dijeron a LA NACION que hay transportistas que quieren trabajar, por lo que esto posibilitó “avanzar algo en un entendimiento para normalizar en el momento pico de la cosecha”, indicaron. En la zona de Necochea hay bloqueos.
Los transportistas están a la vera de las rutas desde hace varíos días
Del lado de los transportistas disidentes hay rechazo. Carlos Geneiro, secretario general de Untra, aseguró que el 14% que avaló Catac “no representa el costo real del transporte”. Se quejó: “Levantar la medida con esa tarifa es seguir en el mismo lugar”.
“Nos están tratando de amedrentar por medio de la Policía. No nos dejan manifestarnos, nos están amedrentando con denuncias. Todo muy mal. Hay algunos puntos que se están resistiendo, que no quieren levantar la medida, y está perfecto, pero tenemos compañeros que ya fueron denunciados por manifestarse”, avisó.
En Córdoba, Pablo Trapani, de Fatrac, confirmó que no hubo avances en las mesas provinciales y cuestionó la falta de una negociación integral. “La solución siempre fue una mesa nacional y mesas provinciales”, afirmó.
Cientos de camiones detenidos y choferes que reclaman una recomposición tarifaria frente al alza del combustible y otros costos en la rotonda de ruta 88 y entrada a QuequénMauro V. Rizzi
Vale recordar que la Secretaría de Transporte de la Nación se despegó de la discusión tarifaria del transporte de cargas. A través de un comunicado señaló que la cartera ya no tiene ninguna injerencia en la tarifa de referencia, que ahora es acordada exclusivamente entre privados (productores y transportistas). Explicó que esta decisión se tomó en 2025 para eliminar la “mesa de negociación” estatal, que era considerada poco funcional y no representaba a todos los actores. Desde entonces, se promueve un esquema de libre negociación sin intervención del Estado.
La falta de mesas de negociación a nivel nacional y provincial, fue uno de los puntos que profundizó el conflicto. “Acá seguimos como el primer día a la espera de soluciones”, graficó un transportista desde Necochea, quien reflejó el clima entre los transportistas que continúan con las medidas de fuerza a la vera de la ruta. En Bahía Blanca, contó, a muchos de sus colegas les comenzaron a pedir los datos y creen que es para “hacer denuncias penales”. “Estamos manifestándonos pacíficamente, sin hacerle daño a nadie”, advirtió.
Los camiones a la vera de la ruta en Vicuña Mackenna
Las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, que se hicieron en los últimos encuentros en La Plata, y que finalmente fue avalado por una entidad, como se mencionó. Para los autoconvocados y otras federaciones estos números están lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quieren los transportistas adheridos a las movilizaciones a lo largo y ancho del país. Según confirmaron a este medio para poder salir a trabajar piden entre un 30 y 35%. Denuncian que las recientes subas del gasoil ya consumen el 65% del valor del flete.
Pablo Agolanti, de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), defendió la propuesta en discusión y sostuvo que, aun con una suba del 14%, “la tarifa sigue estando unos cinco puntos por debajo de la referencia nacional que maneja la entidad”. En ese sentido, relativizó el alcance del conflicto y aseguró que “los problemas más marcados se registran en el sur de Córdoba, mientras que en el resto del país los camiones están llegando con relativa normalidad”.
No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos y señaló que la propuesta “formaba parte de una base de negociación” que no logró consenso entre todos los actores del sector. “Muchos de los que hoy reclaman venían trabajando con valores que no se sostenían”, indicó, y apuntó también contra los dadores de carga.
Catac avaló un 14% de las tarifas de referencia
Por otra parte, Agolanti señaló que cualquier solución deberá contemplar las particularidades regionales y sostuvo que “los acuerdos deben resolverse en el ámbito provincial”.
Ocurrió este lunes por la tarde en un domicilio de Paysandú al 900, en Colón. Se trata de una mujer de 76 años de edad que habría fallecido por causas naturales.
El hallazgo se produjo tras el aviso de vecinos que alertaban sobre la prolongada ausencia de la señora en su rutina habitual. Ante la falta de respuestas desde el interior de la propiedad, los efectivos policiales realizaron una inspección a través de una ventana lateral, logrando ver el cuerpo, informaron desde jefatura departamental.
La vivienda se encontraba cerrada desde adentro y no habría indicios de violencia ni de la participación de terceros.
Trabajó en el lugar la Fiscal María Noelia Batto junto a Policía Departamental. En tanto, se solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios para retirar el cuerpo.
Se aguarda el dictamen forense para determinar fehacientemente las causas del deceso.
