Las autoridades ucranianas enfrentan una carrera contrarreloj para abastecer al país con sistemas de defensa aérea ante la intensificación de los ataques rusos con misiles y drones.
El reciente asalto masivo, que dejó un saldo de al menos 16 muertos y más de un centenar de heridos, puso de manifiesto la urgencia con la que el gobierno de Volodímir Zelensky busca reforzar la protección del espacio aéreo ucraniano.
Las reservas de interceptores avanzados se encuentran en niveles críticos tras el uso de cerca de 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero en la última ofensiva.
El parte militar precisó que 19 de los misiles eran balísticos, un tipo de armamento que requiere interceptores avanzados para su neutralización efectiva.
Durante la madrugada y las primeras horas del jueves, el sistema de defensa aérea ucraniano logró neutralizar una parte considerable de los proyectiles, pero no pudo evitar la caída de doce misiles y veinte drones en distintas regiones.
En este contexto, el jefe de comunicaciones de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat, advirtió al canal de televisión privado ucraniano 1+1. que solo los sistemas Patriot de fabricación estadounidense ofrecen garantías sólidas para interceptar misiles balísticos y subrayó la necesidad de recibir nuevos suministros.
La búsqueda de refuerzos llevó a Zelensky a desplegar una intensa agenda diplomática, que incluyó una visita de 48 horas a Alemania, Noruega e Italia con el propósito de obtener sistemas de defensa aérea adicionales y misiles de última generación.
La preocupación por el agotamiento de los sistemas de defensa se agrava por el contexto internacional. El gobierno ucraniano teme que el conflicto en Irán esté drenando los suministros de misiles Patriot y rechaza cualquier relajación de las sanciones petroleras que pueda beneficiar a Rusia.
“Otra noche más ha demostrado que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de las sanciones”, publicó el presidente Zelensky en la red social X, enfatizando la necesidad de mantener la presión internacional.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, denunció los ataques rusos calificándolos de “crímenes de guerra” y solicitó a la comunidad internacional una reacción inmediata.
Sybiha pidió que se desbloqueen todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre Moscú y describió como inmoral y peligroso cualquier retraso en la aplicación de sanciones o en la entrega de ayuda militar. “Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata”, escribió.
La respuesta defensiva de Ucrania se ha acompañado de medidas de emergencia para proteger a la población civil. En las ciudades más afectadas, las autoridades establecieron refugios y coordinaron operaciones de rescate en los lugares impactados por los misiles y drones rusos.
La organización de funerales y días de luto en regiones como Cherkasy, donde se celebró el sepelio de un niño fallecido en un ataque con drones, evidencia el impacto humano de la crisis.
Además, Zelensky reiteró que no puede haber una normalización de las relaciones internacionales con Rusia mientras sigan los ataques y reclamó la entrega puntual de la ayuda prometida.
Las autoridades ucranianas advirtieron que cualquier pausa en el apoyo internacional puede tener consecuencias directas sobre la protección de la población y la integridad territorial del país.
En paralelo, las fuerzas ucranianas han incrementado sus ataques contra infraestructuras rusas, como el reciente asalto con drones al puerto de Tuapse, en el mar Negro, que dejó víctimas mortales y daños materiales.
El gobierno de Kiev insiste en que la única forma de contener la ofensiva rusa es mediante el refuerzo inmediato de las defensas aéreas y la imposición de sanciones más severas contra Rusia.
Las próximas semanas serán determinantes para verificar si la diplomacia internacional y las alianzas militares logran revertir la tendencia y garantizar la llegada de los equipos necesarios para la protección del espacio aéreo ucraniano.
Los intendentes que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM) analizan denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según anunciaron en un comunicado, si el ministro no los convoca a “trabajar en conjunto para normalizar el flujo de fondos, que el Gobierno retiene indebidamente, incumpliendo la ley”, los jefes municipales realizarán una presentación judicial en su contra.
El lunes pasado, un masivo grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero también de varias provincias del país, marcharon a la sede del Ministerio de Economía y entregaron un documento para reclamarle a Caputo por los fondos que la Nación les recortó a las provincias -y por goteo a ellos- en materia de coparticipación, como así también por la reactivación de la obra pública y vial a partir del cobro del impuesto a los combustibles, publicó el diario Página/12.
Según recordaron los intendentes, el artículo 19 de la ley 23.966, modificada por ley 27.430, establece que un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene afectación específica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. “La ley determina que el fideicomiso puede aplicar hasta el 20% de lo recaudado en infraestructura ferroviaria, debiendo invertir el porcentaje restante en obras viales, conforme se especifica en el decreto 976/2001″, indicó la FAM este jueves en un comunicado.
La retención indebida de esos recursos que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante causa graves perjuicios en las familias argentinas y “configura en principio el delito de malversación de caudales públicos”, sostienen los intendentes detrás de este reclamo.
“Caputo está reteniendo, entre otras cosas, dinero del Impuesto a los Combustibles que debe ser utilizado para reparar y mejorar la red vial nacional. Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, con intereses altísimos, compra de dólares y, fundamentalmente, favorecer el Carry trade y la especulación financiera”, sostuvo uno de esos intendentes.
Los números no cierran
Según el análisis de los expertos de la FAM, el año pasado el Gobierno recaudó para el fideicomiso de infraestructura de transporte 3.5 billones de pesos. De esa cifra, aproximadamente el 80% va para el fideicomiso de mantenimiento de rutas y de esa suma, otro 80% va para obras viales.
“Eso significa que a Vialidad deberían haberle transferido $2.25 billones, pero, según los propios números de Economía, a Vialidad se le transfirieron sólo $1.2 billones. Es decir, $1.15 billones se dedicaron a otros fines, con muchos indicios de que fueron al circuito financiero”, señaló la FAM en el comunicado, donde explicó que es sobre esa base que se analiza presentar una denuncia por malversación de caudales públicos.
Por otra parte, en el documento presentado por los intendentes en Economía se establece que, desde el 1 de enero de este año y hasta el 31 de marzo último, el Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando para bajar el precio de la nafta o el gasoil ni para hacer obras en rutas, publicó el diario Página/12.
“Es evidente que Caputo y su equipo están desviando fondos que son de nuestras vecinas y vecinos a actividades de especuladores financieros que ganan fortunas apretando un botón y con el gobierno actuando como seguro de cambio para que no corran riesgos”, aseguró uno de los miembros de la FAM.
La posibilidad de realizar una presentación judicial se planteó en una reunión que existió este lunes en la sede de la FAM, a partir de una propuesta de una comisión encabezada por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y con integración de jefas y jefes comunales de todo el país pertenecientes al peronismo, partidos vecinalistas, radicales y de Juntos por el Cambio.
“La situación es tan apremiante, porque los recursos se acaban, que pedimos sentarnos a trabajar en conjunto para alcanzar soluciones que mejoren la espantosa situación que observamos en nuestras comunidades. Pero si no somos escuchados, no tenemos más opción. Entendemos que no es una solución para la gente, lo tenemos claro. Por eso apelamos al llamado al diálogo, aunque el Gobierno da señales permanentes de no escuchar”, concluyó la fuente.
Según trascendidos, en la Casa Rosada crece la preocupación por eventuales denuncias por estos desvíos, ya que Comodoro Py estaría investigando este tipo de maniobras.
MAR DEL PLATA.- En un escenario global atravesado por conflictos geopolíticos, cambios en la demanda y una reconfiguración del mercado de aceites, la Argentina se posiciona en un lugar que incluso dentro del propio sector reconocen que era difícil de imaginar pocos años atrás. Con una producción que se acerca a los 7 millones de toneladas, niveles récord de molienda y un salto en las exportaciones, referentes de empresas líderes coincidieron en que el país está frente a una ventana de oportunidad para consolidarse como un jugador relevante en el negocio global del girasol. , Aunque alertaron que sostener ese lugar dependerá de resolver limitaciones estructurales y consolidar condiciones que permitan sostener el crecimiento.
Ese diagnóstico surgió durante un panel sobre comercio global en el Congreso Argentino de Girasol, organizado por la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) en Mar del Plata, donde participaron ejecutivos de Cofco, Bunge y la Unión Agrícola de Avellaneda. Allí, los referentes del sector coincidieron en que el nuevo escenario internacional —marcado por la guerra en la región del Mar Negro, la volatilidad en los flujos comerciales y una demanda global sostenida de aceites— generó condiciones que hoy favorecen a la Argentina y le permiten ganar protagonismo como proveedor confiable en un mercado que busca diversificar orígenes.
“Creo que nadie podía pensar hace 5 años atrás en el récord que íbamos a tener hoy de producción”, señaló Jaime Acuña, gerente senior de crushing de Cofco. Según explicó, el cambio para el sector posiciona al país en un lugar distinto, con capacidad para sostener ese crecimiento en el tiempo.
Para las empresas, la demanda global sigue firme con un actor central: India, el mayor importador de aceites del mundo. A esto se suma el avance de los biocombustibles, que impulsan el uso de aceites de soja, palma o canola para fines energéticos. Este proceso tiende a liberar espacio en el mercado de alimentos, donde el girasol puede ganar participación.
La Argentina también tiene margen para diversificar su negocio, con el girasol alto oleico como una oportunidad para avanzar en productos de mayor valor. Según Alfredo Castiglione, director de trading de girasol de Bunge, se trata de un segmento diferenciado, con demanda creciente en mercados como Europa, donde se priorizan aceites de mejor calidad y perfil nutricional.
A diferencia del girasol tradicional, se comercializa bajo esquemas más específicos —generalmente por contrato— y está orientado a usos más exigentes, como la industria alimenticia y el consumo premium. Aunque todavía representa una porción menor del total, su participación viene creciendo en los últimos años en línea con la expansión del cultivo y con una tendencia global hacia productos más saludables.
Jaime Acuña, de Cofco
En paralelo a ese escenario internacional favorable, la Argentina también fue mejorando sus propias condiciones productivas y su capacidad de respuesta. Según Castiglione, mientras la producción crecía, también aumentó la capacidad de molienda —de unas 5,2 millones de toneladas a 6,6 millones— y se usaron más las plantas industriales. En paralelo, en zonas como el norte del país la producción pegó un salto fuerte, con campañas que pasaron de alrededor de 700.000 toneladas a más de 2 millones.
Esa evolución también se reflejó en la dinámica comercial. Más que la aparición de nuevos canales, lo que empezó a verse fue un mayor peso de las exportaciones de semilla —algo poco habitual para el cultivo, históricamente más volcado a la industrialización—. Según Mariano Tortul gerente de Agronegocios de la Unión Agrícola de Avellaneda, este flujo ya alcanza cerca de un millón de toneladas y “complementa con la industrialización y da mayor fluidez a la salida”.
Alfredo Castiglione, de Bunge
Sin embargo, el propio crecimiento dejó en evidencia una serie de desafíos que pueden limitar ese proceso. “Al expandir el área productiva se hace más evidente el desafío de infraestructura general y logística”, advirtieron en el panel. A esto se agregan las exigencias de calidad para acceder a mercados más demandantes, como la Unión Europea, donde los controles sobre residuos de pesticidas son cada vez más estrictos y requieren mayores niveles de control a lo largo de toda la cadena.
En ese punto, Tortul reconoció: “Nos cuesta todavía ser competitivos para salir al mundo más allá de las barreras arancelarias”, especialmente en productos con mayor valor agregado, lo que refuerza el peso que hoy tiene la exportación de grano y aceite crudo dentro del negocio.
Mariano Tortul, de la Unión Agrícola de Avellaneda
En ese contexto, el consenso dentro del sector es que la Argentina logró posicionarse en un lugar que pocos anticipaban, impulsada por un escenario internacional particular y por la capacidad de reacción de toda la cadena. “Tenemos una oportunidad única”, sintetizó Castiglione.
Israel y Líbano lograron este jueves un cese de hostilidades de diez días, tras intensas negociaciones directas celebradas en Washington bajo la mediación de Estados Unidos.
El entendimiento establece medidas inéditas para reducir la tensión en la frontera norte de Israel, abordar el papel de grupos armados no estatales en territorio libanés y sentar las bases para una negociación de paz integral.
El nuevo escenario incluye compromisos de ambas partes sobre soberanía, desarme y mecanismos de monitoreo internacional, así como la apertura de un canal diplomático permanente para dar seguimiento a los temas pendientes.
A continuación, los puntos clave del acuerdo, según el esquema divulgado por el Departamento de Estado estadounidense, y cómo se desplegarán en el terreno:
Cese de hostilidades de diez días
El acuerdo prevé la implementación de una tregua temporal que comenzará este jueves a las 17:00, hora de Washington. El fuego inicial tiene un plazo de diez días y es presentado como un gesto de buena voluntad por parte de Israel para crear el clima necesario que permita el avance de negociaciones permanentes.
Posibilidad de extensión de la tregua
Ambas partes dejaron abierta la posibilidad de extender el cese de hostilidades si las negociaciones muestran avances concretos y Líbano logra fortalecer el ejercicio de su soberanía sobre el territorio, en especial en el control de grupos armados no estatales como Hezbollah.
Compromiso con negociaciones directas y reconocimiento mutuo
Israel y Líbano se comprometieron a mantener negociaciones directas de buena fe, con la facilitación de Estados Unidos, con el objetivo de lograr un acuerdo integral y duradero. Ambas partes afirmaron que no están en guerra y buscan sentar las bases para la paz y la seguridad en la frontera común.
Exclusividad de las fuerzas estatales libanesas en la defensa nacional
Uno de los ejes del acuerdo establece que la defensa del país y el control del territorio quedan exclusivamente en manos de las instituciones de seguridad libanesas, entre ellas el Ejército, la Policía Interna, los organismos de inteligencia, la Aduana y la Policía Municipal. El texto deja expresamente fuera de ese esquema a cualquier actor armado no estatal, al señalar que ninguna milicia —incluido Hezbollah— podrá atribuirse funciones de resguardo nacional ni mantener armamento al margen de las autoridades.
Rol de Líbano en la contención de ataques desde su territorio
A partir del inicio de la tregua, el gobierno del Líbano se compromete, con apoyo internacional, a adoptar medidas efectivas para impedir que Hezbollah y cualquier otro grupo armado no estatal lleven a cabo ataques, operaciones o acciones hostiles contra objetivos israelíes desde suelo libanés. Este compromiso apunta a reducir la capacidad ofensiva de milicias irregulares y a consolidar el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado libanés.
Derecho de Israel a la autodefensa
El entendimiento reconoce que Israel conserva el derecho a responder con todos los medios necesarios ante ataques inminentes, planeados o en curso, incluso durante la vigencia del cese de hostilidades. No obstante, Israel se compromete a no realizar ofensivas contra objetivos civiles, militares o estatales libaneses por tierra, mar o aire, salvo en caso de defensa propia.
Facilitación de negociaciones y agenda de temas pendientes
Israel y Líbano solicitaron que Estados Unidos continúe como mediador en las negociaciones directas para resolver los asuntos pendientes, incluyendo la delimitación de la frontera internacional y la consolidación de un acuerdo que asegure la estabilidad y la paz a largo plazo. El propósito es concluir un tratado que blinde la seguridad de ambas naciones y garantice la prosperidad regional.
Apoyo internacional y próximos pasos
El Departamento de Estado estadounidense anunció que encabezará los esfuerzos internacionales para respaldar al Líbano en la aplicación de los términos del acuerdo y en el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.
De acuerdo con la administración Trump, el compromiso simultáneo de ambas partes con los puntos del acuerdo busca crear las condiciones para negociaciones de buena fe y para el establecimiento de una paz estable.
“Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo histórico con Líbano”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje televisado, al tiempo que subrayó que la principal exigencia de Israel sigue siendo que Hezbollah, respaldado por Irán, “debe ser desmantelado”.
Por su parte, el grupo terrorista rechazó cualquier acuerdo que permita la libre circulación de tropas israelíes en territorio libanés y defendió el derecho de Líbano a resistir mientras exista presencia militar extranjera.
Axel Kicillof llegó este miércoles 15 a España para participar del evento internacional Movilización Progresista Mundial (Global Progressive Mobilisation), que se celebrará entre el viernes y el sábado, al que fue invitado por Pedro Sánchez.
Antes de su arribo a Barcelona para el encuentro, pasó por Madrid, donde se entrevistó con Yolanda Díaz Peña, vicepresidenta de España, y mantuvo reuniones con empresarios españoles con el objetivo de atraer inversiones para la provincia de Buenos Aires; además, incluyó en su agenda la presentación de su libro. Esa doble vía le permite mostrarse tanto como dirigente con vínculos internacionales como gestor activo en la búsqueda de recursos.
La vicepresidante de España, Yolanda Díaz, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“La verdad que fue una reunión muy buena, se trataba de ponerse a disposición y contestar preguntas de los empresarios que participaron. Nosotros tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión, pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando”, declaró el gobernador.
En ese espacio, tuvo la oportunidad de expresar su postura sobre el presente de Argentina. “Estas consecuencias de las decisiones que va tomando la ultraderecha en Argentina no las podemos resolver desde la provincia; hay que discutirlas a nivel nacional. Pero tampoco las vamos a resolver a nivel nacional, porque son cuestiones claramente del orden internacional. Entonces, a mí me parece que hay que dar una respuesta internacional, tiene que ser internacional”.
Y agregó, “lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, indudablemente, y desde Europa también. Y si lo podemos pensar juntos, para mí que es esto original y novedoso, y potente, potente. Me parece que hoy lo que estamos es observando una disputa, está en discusión, en disputa, hacia dónde va el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Una nueva hegemonía? ¿Un mundo de nuevo dividido en bloques, como fue durante la Guerra Fría?”.
La invitación a Axel Kicillof para formar parte de la cumbre en España no es un gesto menor dentro del mapa político internacional. El llamado fue realizado de manera personal por el presidente Pedro Sánchez, en un contexto donde el mandatario bonaerense empieza a ser leído como uno de los referentes del progresismo latinoamericano.
Además de él, asistirán Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil), Gustavo Petro (presidente de Colombia), Claudia Sheinbaum (presidenta de México) y Yamandú Orsi (presidente de Uruguay), entre otras figuras destacadas.
La Movilización Progresista Mundial es una cumbre que se hará el 17 y 18 de abril en Barcelona y reúne a líderes, partidos y referentes de la centroizquierda global. Su objetivo es articular una agenda común frente al avance de la derecha y la extrema derecha a nivel internacional.
Su participación en el encuentro también adquiere una dimensión interna, ya que refuerza su proyección nacionalde cara a 2027. Asimismo, el viaje combina actividad política con gestión.
Políticamente, la gira persigue varios objetivos: por un lado, construir una imagen internacional junto a otros líderes progresistas y robustecer alianzas en un escenario global cada vez más polarizado; por el otro, marcar un contraste con el gobierno de Javier Milei, alineándose con una agenda ideológica distinta. Más allá del formato formal del encuentro, la participación actúa como una vidriera internacional desde la cual Kicillof busca ganar volumen político y consolidarse dentro de un espacio progresista con proyección futura.
La cumbre
El presidente español, Pedro Sánchez, procura consolidar un nuevo bloque progresista junto a líderes internacionales en la cumbre que se realizará en la Fira de Barcelona los días 17 y 18 de abril, bajo el lema Movilización Global Progresista. En ese marco, el mandatario plantea la necesidad de articular una respuesta frente a lo que describe como una “creciente ola de la ultraderecha”, con críticas apuntadas especialmente a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.
Global Progressive Mobilisation es un espacio común en el que cada participante contribuye desde sus propias perspectivas, regiones y tradiciones políticas, aportando su experiencia, liderazgo, identidad y diversidad a una movilización colectiva basada en el respeto mutuo, la igualdad y un compromiso claro con los principios democráticos.
El 17 de abril, los seminarios dirigidos por los socios se concentrarán en la política y en las herramientas de comunicación esenciales. El evento concluirá el 18 de abril con una jornada pública de solidaridad, que incluirá discursos de líderes globales para traducir los valores compartidos en una acción coordinada de cara al futuro.
“La ultraderecha nos pone un desafío a todos los que creemos en cuestiones básicas: la justicia social, hay cuestiones básicas, hasta dónde el libre mercado, la libertad de mercado y la libertad de empresa van a resolver los problemas de las mayorías. Me parece que hay discusiones que hay que dar sobre cómo se posicionan las regiones y los países en un mundo como el actual. Y ya no solo defensivamente; me parece que lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva, sino qué proponemos para el mundo que viene”, expresó el gobernador en consonancia con su invitación a la cumbre, en las reuniones de los días previos.
En lo que respecta a Kicillof, tendrá cuatro participaciones. La primera será sobre las relaciones entre la UE y América Latina en tiempos de disrupción, en la que será parte de un panel compartido con Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Aloizio Mercadante, Leire Pajín, Pedro Silva Pereira y Nathalie Tocci. No se trata de una intervención aislada, sino de su incorporación a una red de discusión estratégica del progresismo global.
Luego será parte de un espacio de diálogo y debate sobre la movilización progresista local, organizado por distintas redes políticas europeas.
El sábado 18 abrirá la jornada con otro panel, compartido por representantes de distintos países, sobre “Soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizado por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D con invitados internacionales.
Para cerrar el día y las sesiones, se desarrollará una discusión titulada “La respuesta progresista local: la primera línea de la democracia”. La participación de Axel Kicillof en un panel junto a dirigentes como Roberto Gualtieri, Jaume Collboni, Ana María Archila, Alejandra Bravo, Ahmet Aras y Kata Tüttő expone un denominador común: la construcción de una agenda progresista con anclaje en la gestión local y la proyección global.
En ese marco, su presencia refuerza su posicionamiento dentro de una red internacional de dirigentes que buscan articular respuestas frente a desafíos como la desigualdad, el desarrollo urbano y la gobernabilidad.
“Y yo creo que hay una oportunidad enorme para algo que nosotros cosechamos y pregonamos hace muchísimo tiempo, de un mundo más multipolar…”, sostuvo Kicillof en Madrid.
La oposición a las cumbres derechistas
En los últimos años, la Conservative Political Action Conference (CPAC) se consolidó como el principal punto de encuentro de la derecha global, con fuerte impronta estadounidense. Javier Milei participó en sus ediciones más recientes, al igual que Donald Trump, figura central del espacio.
En paralelo, el Foro de Madrid, promovido por el partido español Vox, funciona como una red que articula a dirigentes de derecha de Europa y América Latina, con eje en el rechazo al progresismo, la defensa del libre mercado y una agenda cultural conservadora.
Ambos espacios muestran la intención de construir una derecha internacional coordinada. En ese esquema, la participación de Milei consolidó su perfil global.
En espejo, la presencia de Axel Kicillof en la cumbre progresista impulsada por Pedro Sánchez sugiere un movimiento similar en el campo opuesto. Aunque no es presidente, su participación puede leerse como un gesto de proyección política internacional, en línea con dirigentes que buscan posicionarse dentro de un espacio global con aspiraciones de poder.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este jueves una adecuación en las “normas de efectivo mínimo” con el objetivo de otorgar a las entidades financieras una mayor flexibilidad en la administración de su liquidez de corto plazo a fin de reducir las tasas de interés.
La medida, oficializada mediante la Comunicación A 8423, representa un avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios tras las distorsiones generadas por la caída de la demanda de dinero observada durante el segundo semestre del año pasado.
A través de esta resolución, la autoridad monetaria dispuso que, con vigencia a partir del 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos no podrá ser inferior al 65%. Esta decisión profundiza el camino iniciado en noviembre de 2025, cuando dicho límite se había reducido del 95% al 75%. El objetivo central de esta flexibilización es permitir que los bancos operen con un margen más amplio en el manejo de sus recursos diarios, lo que contribuye directamente a reducir la volatilidad de la tasa de interés en el mercado mayorista.
El esquema de encajes o efectivo mínimo es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados, ya sea en cuentas en el Banco Central o en activos autorizados, como resguardo de seguridad. Al permitir que la integración diaria pueda bajar hasta el 65%, las entidades cuentan con mayor libertad para volcar excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin incumplir las normas de seguridad regulatoria.
Complementariamente, el directorio de la institución resolvió modificar las condiciones de los activos que los bancos pueden utilizar para cumplir con estas obligaciones de reserva. En concreto, la norma procede a “eliminar el plazo máximo previsto en el punto 1.3.17. y el plazo mínimo previsto en el punto 1.3.18. del texto ordenado sobre Efectivo Mínimo para los títulos públicos nacionales admisibles”. Esta remoción de topes temporales aplica para aquellos instrumentos financieros que sean adquiridos mediante suscripciones primarias.
Las Fuerzas Armadas y sus representantes civiles mantienen negociaciones contrarreloj para revertir la oficialización de un decreto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca reducir costos y simplificar regulaciones, propone una transformación profunda del sistema de practicaje y pilotaje y le quita atribuciones y presupuesto a la Armada para derivárselos a la Prefectura Nacional.
Es decir al Ministerio de Seguridad, con el que siempre hubo interna con la Armada y por lo tanto con Defensa en torno a cuestiones como estas y sobre quién custodia el mar y a quién le dan más o menos presupuesto.
La situación encuentra a las partes involucradas en una serie de reuniones entre jueves y viernes para intentar modificar la letra del decreto que, por un lado, reduce la obligatoriedad de lo que es la tarea de practicaje para realizar una transformación integral del sistema de formación del personal superior de la Marina Mercante, retirando escuelas y demás dependencias relacionadas que hoy están en manos de la Armada para transferirlas a la Prefectura Naval, entidad policial que no tiene expertise en esa materia.
El practicaje -la asistencia para el amarre seguro de los buques- y el pilotaje -el asesoramiento en la navegación en zonas complejas- son servicios obligatorios definidos por la autoridad marítima. Su aplicación resulta clave en áreas como los accesos al puerto de Buenos Aires y la Hidrovía. Y en ese marco, especialistas advierten que cualquier modificación sin consenso podría impactar en los estándares de seguridad bien prestigiosos que tiene la Argentina.
La Armada tiene cuatro componentes fundamentales. La flota de mar, la fuerza de submarinos, la aviación naval y la infantería de marina. Tras la debacle militar de la Argentina, la fuerza de submarinos no tiene submarinos, la aviación naval no tiene aviones de combate en este momento, y la flota de mar tiene como medio de ataque entre tres y cuatro destructores y seis corbetas, de los cuales apenas sí funcionan un destructor y tres corbetas. Subsidiariamente y como tarea colateral, tiene el control del mar, que lo hace con las patrulleras, y los intereses, la protección de los intereses marítimos, que es ahí donde impacta el decreto de la polémica.
Dentro de los intereses marítimos que la Armada tutela está la formación y capacitación del personal de la prestigiosa Marina Mercante y la representación de Argentina ante la Organización Marítima Internacional. En aras de desregular la actividad y abaratar costos Sturzenegger busca, en nombre de la motosierra libertaria, implementar un decreto que provoca enormes resistencias entre los militares y los marinos mercantes, además de preocupación en las navieras. Los uniformados quieren frenar el decreto y revertirlo pero hasta este jueves son había decisiones tomadas.
Por un lado, el sistema de practicaje -en el que ya se desempeñan también mujeres- tienen una titulación superior en la Marina, lo que elimina el decreto y por eso la Armada presiona por dar marcha atrás.
Aunque desde el lado positivo el decreto también se pretende romper con el esquema corporativo de la marina mercante, del practicaje y el pilotaje, liberaliza todo el sector en el sentido de que muchos más buques extranjeros puedan entrar sin prácticos a los puertos argentinos. Por ejemplo, un buque chino que vino más de tres veces con el mismo capitán podría entrar al río Paraná sin práctico, “lo cual es una locura que no tiene antecedentes mundiales”, señaló a este diario Fernando Morales, presidente de la Liga Naval.
De la lectura del texto del decreto, Morales se quejó de que se considere al practicaje “como un factor distorsionador de precios”; que las condiciones en las que se presta el servicio “deban ser revisadas” de manera que prevalezcan los derechos económicos por sobre la seguridad de la navegación”; y que la formación de marinos mercantes se considera “excesiva” al punto que el personal superior de la Marina Mercante egresa con título universitario. Morales consideró brutal que ello se considere ahora un requisito innecesario para que solamente sean “formados por la policía en menos tiempo permitiendo más egresos sin que importe la calidad profesional.”
El esquema tarifario vigente, señalan, no responde a decisiones arbitrarias de los profesionales, sino a parámetros regulados que contemplan variables como el tamaño de la embarcación, su calado, la duración del servicio y la necesidad de permanencia a bordo. Además, el costo es afrontado por las navieras extranjeras a través de las agencias marítimas, y representa una porción marginal dentro del valor total del flete.
Siria afirmó este jueves que asumió el control de todas las bases militares que anteriormente alojaban tropas de Estados Unidos, desplegadas durante años en el país como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico (IS). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria comunicó que la transferencia de las instalaciones militares se realizó “en plena coordinación entre los gobiernos sirio y estadounidense”.
Durante los últimos meses, el gobierno islamista amplió su dominio sobre zonas del noreste que estaban en manos de fuerzas kurdas respaldadas por Washington. Al mismo tiempo, el Estado sirio se incorporó formalmente a la coalición internacional anti-IS.
Damasco, capital y sede del gobierno, interpretó el retiro de Estados Unidos como resultado de una evaluación compartida sobre el cambio de situación que motivó la intervención militar de potencias occidentales. El comunicado oficial afirma que Siria se considera ahora “plenamente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro, en cooperación con la comunidad internacional”.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó: “Se completó la entrega de todas nuestras principales bases en Siria, como parte de una transición deliberada y basada en condiciones”. CENTCOM también aseguró: “Seguimos apoyando los esfuerzos antiterroristas liderados por socios, esenciales para garantizar la derrota duradera” del IS.
El Ministerio de Defensa sirio informó que el ejército asumió el control de la base aérea de Qasrak tras el repliegue de la coalición internacional. Según la institución, la instalación quedó vacía de personal norteamericano tras la salida total.
En paralelo, la agencia AFP reportó que un corresponsal cerca de Qamishli observó un convoy de vehículos militares estadounidenses desplazándose hacia la frontera con Irak. La base de Qasrak era utilizada operaciones logísticas con destino a ese país.
En febrero, antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, fuentes diplomáticas occidentales anticipaban que la retirada estadounidense de Siria se completaría en el plazo de un mes. Las fuerzas kurdas sirias cedieron territorio ante el avance gubernamental tras recientes enfrentamientos, lo que condujo a un acuerdo para la integración gradual de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y sus instituciones civiles en las estructuras estatales.
La SDF, junto con la coalición internacional, había liderado la ofensiva que logró la derrota territorial del IS en Siria en 2019.
Estados Unidos declaró este año que la alianza con las fuerzas kurdas había cumplido su principal objetivo. El mes pasado, Siria asumió el control de la base de Rmeilan en la provincia de Hasakeh tras la retirada de la coalición. También se anunció la salida de fuerzas estadounidenses de las bases de Al-Tanf en el sureste y Shadadi en el noreste del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio sostuvo que la expansión de la autoridad estatal sobre áreas antes fuera de control es resultado de “los sostenidos esfuerzos del gobierno sirio por unificar el país en el marco de un Estado único”. El comunicado subrayó “la integración exitosa de la SDF a las estructuras nacionales y la asunción por parte del Estado sirio de la responsabilidad total en la lucha contra el terrorismo y la gestión de amenazas regionales en su territorio”.
La llamada Causa Contratos II, que involucra a las principales figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a avanzar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente, el 23 de noviembre de 2025, la segunda etapa de la investigación por contrataciones irregulares en el ámbito legislativo.
Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron emplazados a designar representantes legales. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, seguirá con el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja José Allende eligieron a Leopoldo Lambruschini.
La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I, que está en plena remisión a juicio —con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9—, y la naciente Contratos II.
El conflicto de intereses
En la primera etapa de la investigación el foco se puso en empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, hoy quedan 18: 12 aceptaron la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado.
Un punto de tensión son las calificaciones legales. Mientras los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo —un delito con penas de multa y sin inhabilitación—, los empleados afrontan pedidos de prisión efectiva. Esa asimetría abre la posibilidad de un choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo enfrenta un pedido de pena muy superior al que podría recibir su jefe político por el mismo desfalco.
Sobre este punto habría algunos “cortocircuitos” entre los representantes legales de los imputados, ya que algunos letrados estarían analizando pedir que primero se determine qué tipo de responsabilidad tienen los “jefes políticos”.
Segunda etapa
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro apuntan ahora a establecer la responsabilidad política detrás de un perjuicio al Estado estimado en más de 53 millones de dólares.
La trama —calificada como el mayor caso de corrupción en la historia provincial— comenzó casi por azar en la primavera de 2018, cuando un agente policial advirtió que una sola persona retiraba dinero de un cajero automático en Paraná utilizando múltiples tarjetas de débito. Ese hallazgo fue el hilo que permitió desovillar una estructura de “prestanombres” y empresas fantasmas.
El laberinto judicial
Tras un largo parate por planteos de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa recuperó impulso en 2024. Las audiencias pusieron al descubierto una red compleja que involucraría a funcionarios, estudios contables y reclutadores de firmas. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero sustraído no solo financió la actividad política, sino que terminó en inversiones inmobiliarias y agropecuarias de carácter privado.
Luego de que ayer SanCor, concursada desde febrero de 2025, solicitara su propia quiebra ante el juez Marcelo Gelcich, volvió a quedar expuesto el abrupto deterioro de una empresa que durante décadas fue símbolo del cooperativismo exitoso en la Argentina. Con sede en Sunchales, la cooperativa supo consolidarse como un emblema de la industria láctea nacional, hasta quedar atrapada en una crisis que terminó por llevarla a esta instancia límite.
Nacida en 1938, la cooperativa llegó a convertirse en uno de los íconos de la industria láctea nacional, con miles de productores asociados, fuerte presencia en el mercado interno y exportaciones a distintos destinos. Su crecimiento la consolidó como una referencia del sector, con plantas industriales distribuidas en varias provincias y una marca de enorme penetración entre los consumidores.
En todo ese tiempo, destacó una fuente consultada, SanCor se convirtió no solo en una usina láctea, sino que fue una compañía que hizo mucho por la lechería argentina. “Desde caminos rurales, electrificación rural, desarrollo en las regiones y formación de técnicos que hoy están trabajando en todas las industrias del país. Creó una de las principales compañías de seguro del país, SanCor Seguros,yel frigorífico Uncoga. También creó el Banco Rural que ahora pertenece a Macro. Tenía una administradora de fondos de jubilación y pensiones, Unidos AFJP, entre otras cosas”, detalló una fuente que conoció de cerca a SanCor.
Pero ese liderazgo comenzó a mostrar señales de deterioro con el paso de los años. Problemas estructurales, altos costos, pérdida de competitividad, un creciente endeudamiento y la presión sindical, indicaron, fueron erosionando la solidez financiera de la cooperativa. A ello se sumaron años de volatilidad económica y dificultades para sostener inversiones en un negocio cada vez más exigente en escala y eficiencia.
Uno de los primeros grandes puntos de inflexión llegó en 2006, cuando la cooperativa estuvo cerca de cerrar un acuerdo con Adecoagro. Sin embargo, la operación se frustró por decisión política. Fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien ordenó parar todo y en su lugar impulsó un financiamiento desde Venezuela que gobernaba Hugo Chávez por US$80 millones.
Como contraprestación, SanCor devolvería ese crédito con miles de toneladas de leche en polvo durante 15 años. La cooperativa envió el producto y cumplió.
Después hubo un convenio de abastecimiento de SanCor a ese país, pero Venezuela no terminó de pagar: adeuda unos US$18 millones.
La cooperativa envió toneladas de leche en polvo. En tanto, empresarios privados enviaron vacas HolandoArchivo LA NACION
Aquella asistencia permitió descomprimir momentáneamente la situación financiera, pero no resolvió los problemas de fondo. La empresa continuó acumulando dificultades operativas y pasivos crecientes, mientras perdía capacidad de procesamiento y terreno frente a competidores más dinámicos dentro del mercado lácteo.
La crisis tomó una dimensión crítica en 2017, cuando la compañía inició una reestructuración profunda. Según explicó la propia empresa tiempo después, “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”. Ese plan incluyó cierres de plantas, venta de activos y reducción de personal.
Como parte de esa reestructuración, SanCor vendió plantas industriales y marcas emblemáticas para generar liquidez. En 2019, la firma transfirió instalaciones y marcas a Adecoagro por US$45 millones, en un intento por ordenar su estructura.
Aun así, la reducción de escala no logró revertir la tendencia. La empresa siguió perdiendo participación de mercado y capacidad industrial. En paralelo, varios negocios históricos fueron quedando en manos de terceros, como las líneas de yogures y postres, lo que fue achicando progresivamente la estructura comercial de la cooperativa.
La empresa que supo procesar millones de litros diarios llegó al colapso tras una larga secuencia de deudas, pérdida de mercado y frustrados intentos de salvataje
La falta de capital fresco fue otro obstáculo decisivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se analizó un fideicomiso privado para rescatar la empresa, pero el proyecto nunca prosperó. No se avanzó y la firma siguió con serias dificultades.
Para comienzos de 2025, la situación financiera ya era crítica. En febrero, la cooperativa se presentó formalmente a concurso preventivo de acreedores.
En ese momento, en el sector ya advertían que el concurso podía ser la antesala del colapso final. En ese tiempo, el exsecretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, sostenía que la situación era terminal y aseguraba que el concurso era “el principio de una quiebra”.
La empresa intentó entonces un nuevo salvataje judicial. En octubre pasado presentó ante la Justicia un “Plan de Crisis”, donde admitió que “el sostenimiento de la marcha del negocio de la cooperativa durante el proceso del concurso se está tornando dificultoso sin la participación de terceros”.
La compañía ya no lograba sostener su funcionamiento sin apoyo externo, en un escenario cada vez más delicado
Ese reconocimiento dejó expuesto el deterioro operativo: menor ingreso de leche, plantas paralizadas, caída en la presencia de productos y crecientes conflictos laborales. La compañía ya no lograba sostener su funcionamiento sin apoyo externo, en un escenario cada vez más delicado.
La tensión escaló con fuerza cuando comenzaron los incumplimientos salariales. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra) denunciaron deudas millonarias y reclamaron judicialmente la quiebra. Según el gremio, había una deuda preconcursal de $69.000 millones y otros $14.000 millones por obligaciones laborales impagas.
Vale recordar que en sus mejores tiempos, la cooperativa había llegado a procesar más de cuatro millones de litros diarios y a tener más de 4000 empleados, pero para septiembre de 2025 solo operaba apenas unos 300.000 litros a fasón para terceros y tenía un plantel de unos 850 operarios.
Poco después, exempleados que habían acordado retiros voluntarios presentaron otro pedido de quiebra. “La empresa tiene que pagar”, advertía el abogado patrocinante de ese grupo al fundamentar la presentación judicial.
Mientras tanto, el concurso avanzaba con datos alarmantes. Se verificó un pasivo cercano a los US$120 millones.
El juez del concurso también endureció su postura. En diciembre pasado intimó a la empresa a entregar información clave bajo apercibimiento de aplicar medidas más severas previstas en la ley concursal, abriendo incluso la puerta a una intervención judicial, lo que finalmente ocurrió con la designación de una coadministradora.
En paralelo, el derrumbe de firmas vinculadas a negocios históricos de SanCor profundizó la percepción de crisis en torno a la marca. La quiebra de ARSA,que elaboraba yogures y postres con marcas adquiridas a la cooperativa, fue otro golpe simbólico en la cadena de valor vinculada a la empresa.
En paralelo, el derrumbe de firmas vinculadas a negocios históricos de SanCor profundizó la percepción de crisis en torno a la marca
Finalmente, tras años de achicamiento, intentos fallidos de rescate, venta de activos, pérdida de mercado y creciente conflictividad laboral, llegó el pedido de quiebra. Lo que alguna vez fue una de las mayores cooperativas lácteas del país terminó atrapado en una combinación de deudas, falta de financiamiento y deterioro operativo que la dejó sin margen de maniobra.
“Es la empresa láctea que más sufrió el proceso de controles de precios, cierres de importaciones, presiones sindicales, entre otros factores”, dijo la fuente.
El pedido de quiebra presentado ayer marca un punto crítico en ese proceso y deja abierto el interrogante sobre si aún queda margen para preservar parte de una estructura que supo ser central para la lechería nacional.
