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  • El Colegio Nacional Buenos Aires retomó la toma, luego de que la UBA dictara normas para garantizar la seguridad

    El Colegio Nacional Buenos Aires retomó la toma, luego de que la UBA dictara normas para garantizar la seguridad

    Colegio Nacional de Buenos Aires

    Luego de que los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) levantaran la toma durante el jueves, se confirmó que reanudaron la medida de fuerza apenas finalizó el turno vespertino. La decisión se conoció poco después de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictara una serie de medidas para garantizar la seguridad del alumnado involucrado.

    La medida fue informada oficialmente por la rectora de la institución, Valeria Bergman, quien se comprometió a cumplir con las máximas dispuestas por el Consejo Superior de la UBA. De esta manera, afirmó que habrá personal docente presente en la institución mientras los alumnos permanezcan dentro del establecimiento por fuera del horario de clases.

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    De acuerdo con la resolución “RESCS-2026-730-E-UBA-REC”, publicada el miércoles 27 de mayo, las autoridades universitarias facultaron a la Secretaría de Educación Media a arbitrar “los medios necesarios para garantizar la presencia permanente de autoridades de la institución siempre que exista actividad alguna en los colegios preuniversitarios”.

    En el marco del reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, establecieron que los padres y/o tutores de los alumnos deberán ser informados sobre la evolución de la situación. Asimismo, deberán modificarse los calendarios académicos para garantizar que no se pierdan los días de clase.

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    El comunicado emitido por la rectoría del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA)

    A raíz de esto, la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires confirmó que se suspenderán todas las actividades académicas, extracurriculares y administrativas hasta que se restablezca el normal funcionamiento interno.

    “Como ya lo hemos hecho en situaciones similares, solicitamos a las familias que reflexionen junto con sus hijos e hijas sobre los riesgos y responsabilidades que implica tomar este tipo de acciones de protesta”, reiteraron. Asimismo, pidieron a los padres retirar a sus hijos de la institución, para poder garantizar la integridad durante el regreso a casa.

    En el marco del conflicto, la rectora Bergman reiteró que la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, así como la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras, constituye una preocupación urgente para la comunidad educativa.

    Por este motivo, mantendrán abiertos los canales de comunicación con todos los claustros para consensuar acciones en defensa de la educación pública sin afectar el desarrollo normal de las clases. Finalmente, informaron que se readecuará el calendario académico para garantizar la compensación de todas las horas de clases perdidas durante la vigencia de la medida.

    Alumnos del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini decidieron tomar los colegios por tiempo indeterminado

    En línea con esto, desde la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP) confirmaron que las actividades escolares continuarán suspendidas también este viernes. “En el turno mañana, en el turno tarde y en el turno vespertino no habrá actividades académicas, extracurriculares ni administrativas”, aclararon.

    Los dos colegios dependientes de la UBA resolvieron en asambleas de alumnos la toma de sus instalaciones el martes pasado, como medida de protesta para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

    Pese a que fue promulgada en octubre de 2025, su aplicación se encuentra suspendida por decisión judicial, mientras el Poder Ejecutivo promueve en el Congreso un proyecto alternativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a un nivel inflacionario anual superior al 14,3 %.

    Sin embargo, el Colegio Nacional Buenos Aires había comunicado que iba a levantar la toma el miércoles, tras una jornada marcada por la tensión. En el caso del Carlos Pellegrini adoptó un enfoque diferente, ya que tanto directivos de la UBA como del propio colegio ofrecieron permanecer en el edificio para mantener contacto directo con los estudiantes.



    Según explicó Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del CNBA, el objetivo de la comunidad estudiantil es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Por esta razón, indicó que la continuidad de la ocupación se analizaría en asambleas diarias. La modalidad de la toma permitía que cada alumno decidiera si adherirse a la protesta, en tanto se organizaron clases públicas simultáneas.

    El reclamo central responde a una brecha salarial que afecta a los docentes de los colegios preuniversitarios. Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la UBA, declaró a Infobae que los docentes de estos establecimientos cobran un 30 % menos que sus pares de las escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires, situación opuesta a la de años anteriores.

    “Cuando yo era rector, cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó Zorzoli, y sostuvo que la Corte Suprema debe pronunciarse “ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires”. En línea con esto, Pitrola denunció que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.

    Frente a esto, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó un paro total de 24 horas para el viernes, en reclamo de la convocatoria urgente a paritarias y recomposición salarial. Los sindicatos Conadu y Conadu Histórica adhirieron a la medida.

    Según Fedun, los salarios del sector han perdido un 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Por esto, el martes, docentes y no docentes realizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales en reclamo de una definición de la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento.

    Al menos cuatro movilizaciones federales tuvieron lugar desde 2024, encabezadas por estudiantes y trabajadores universitarios. Sin embargo, la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 no resolvió el conflicto, ya que la implementación quedó sujeta a la asignación presupuestaria, mientras el Gobierno impulsa una nueva propuesta que excluye compensaciones por lo ocurrido en 2024 y 2025.

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  • Presunto enriquecimiento ilícito de Bordet: allanaron propiedades de un empresario vinculado al ex gobernador

    Presunto enriquecimiento ilícito de Bordet: allanaron propiedades de un empresario vinculado al ex gobernador

    El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa judicial al ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial.

    Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación impulsada por el fiscal José Arias, quien busca reconstruir presuntos movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por el ex mandatario provincial.

    Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Concordia y apuntaron principalmente a comercios vinculados al rubro pinturería y a una residencia ubicada en el exclusivo barrio privado Altos de Zorraquín, en la zona Norte de esa ciudad. Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los operativos tuvieron como objetivo el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y cualquier elemento considerado de interés para profundizar la pesquisa.

    Dos de los allanamientos se realizaron en sucursales de la firma “Colorshop”, una emplazada sobre avenida San Lorenzo Este al 21 y otra en la intersección de Urquiza y Salta. El tercer procedimiento tuvo lugar en el comercio “Super Color”, situado sobre avenida Independencia al 350, en inmediaciones del barrio La Bianca. El cuarto operativo -considerado el más sensible desde el punto de vista investigativo- se concretó en una vivienda del barrio Altos de Zorraquín perteneciente al empresario Salvador Carubia.

    El nombre de Carubia aparece en el expediente como uno de los presuntos testaferros vinculados al entorno económico de Bordet. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como intermediario o titular aparente de bienes y movimientos patrimoniales que serían objeto de análisis judicial. El dato adquiere además un peso institucional significativo debido a que Salvador Carubia es sobrino del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Daniel Omar Carubia.

    Las medidas adoptadas durante el allanamiento en el barrio privado revelan la orientación que tomó la investigación en esta nueva etapa. De acuerdo con la información difundida por el portal Concordia Policiales, la policía secuestró el teléfono celular del empresario, dos notebooks y un pendrive. Todo ese material tecnológico será sometido a pericias informáticas y de extracción de datos, una instancia considerada clave para determinar eventuales vínculos financieros, comunicaciones, transferencias o registros documentales que permitan seguir la ruta del dinero investigado.

    En los restantes procedimientos, los efectivos buscaron documentación comercial, registros contables y otros elementos susceptibles de aportar evidencia sobre posibles maniobras económicas irregulares. La hipótesis de la fiscalía apunta a determinar si existió una estructura destinada a ocultar o disimular bienes mediante terceros, una modalidad que suele ser objeto central en las investigaciones por enriquecimiento ilícito.

    La causa ya había tenido movimientos de fuerte repercusión pública a comienzos de mayo, cuando la Justicia ordenó allanamientos en propiedades directamente vinculadas al ex gobernador. En aquella oportunidad, los operativos incluyeron la vivienda de Bordet sobre calle Urquiza, en cercanías del numeral 800, además de una propiedad lindera y otra residencia ubicada en Villa Zorraquín. Aquellas medidas marcaron el inicio visible de una investigación que desde entonces comenzó a expandirse hacia personas y ámbitos comerciales ligados al círculo de confianza del ex mandatario.

     

     

    El expediente judicial se desarrolla en un contexto político particularmente sensible para el peronismo entrerriano. La figura de Bordet conserva peso dentro de la estructura partidaria provincial y su situación judicial genera atención tanto en ámbitos políticos como institucionales. Cada nuevo procedimiento ordenado por la Fiscalía incrementa la expectativa sobre el volumen de pruebas que podrían surgir en torno al patrimonio acumulado durante los años de gestión.

    Fuentes judiciales señalaron que las pericias sobre los dispositivos secuestrados podrían demandar varias semanas debido al volumen de información a analizar. En investigaciones de esta naturaleza, los mensajes, archivos digitales, movimientos bancarios, correos electrónicos y registros contables suelen transformarse en piezas determinantes para reconstruir relaciones comerciales y posibles triangulaciones patrimoniales.

    Mientras tanto, el avance de la causa vuelve a colocar en el centro de la escena el debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos y el alcance de las investigaciones por corrupción en Entre Ríos.

    En Concordia, los allanamientos de este jueves dejaron una postal contundente: móviles policiales frente a comercios céntricos, efectivos retirando material informático y una investigación que continúa avanzando sobre el entramado económico que rodeó al ex gobernador.

  • Una veintena de proyectos para el agro “duermen” en la Legislatura bonaerense

    Una veintena de proyectos para el agro “duermen” en la Legislatura bonaerense

    Mejoras en los caminos rurales, proyectos para reforzar la seguridad en el campo, cambios en las herramientas de asistencia ante sequías e inundaciones y otras iniciativas vinculadas con la producción forman parte de una lista de entre 20 y 25 proyectos que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), permanecen “durmiendo” en la Legislatura bonaerense. Gustavo Frederking, coordinador de la Comisión de Infraestructura Rural de la entidad, cuestionó la falta de avances en las comisiones y reclamó mayor actividad parlamentaria para debatir temas que considera prioritarios para el sector.

    “Necesitamos legisladores más activos que entiendan su responsabilidad con la gente que los votó: legislar. Hoy, con tan poco movimiento a junio de 2026, parece que estuvieran viviendo una beca”, afirmó el dirigente.

    La crítica de Carbap apunta tanto al oficialismo como a la oposición. Según explicó Frederking, desde hace más de un año representantes de la entidad vienen manteniendo reuniones con legisladores provinciales para impulsar distintas iniciativas vinculadas con la actividad agropecuaria, aunque aseguró que la mayoría de esos proyectos no logra avanzar en el recorrido legislativo que deben cumplir antes de llegar al recinto.

    Según la entidad rural, entre 20 y 25 iniciativas relacionadas con la producción permanecen sin avances en la Legislatura bonaerense
    Según la entidad rural, entre 20 y 25 iniciativas relacionadas con la producción permanecen sin avances en la Legislatura bonaerenseConinagro

    “Uno va a La Plata, tiene reuniones, buenas fotos, buenos encuentros, pero después no hay interés y los proyectos no avanzan”, señaló. Según indicó, para que una iniciativa se convierta en ley debe atravesar generalmente tres comisiones legislativas, una instancia en la que, según denunció, muchos expedientes quedan estancados.

    Entre los temas que más preocupan a la entidad aparece el estado de los caminos rurales. Por eso, uno de los principales reclamos pasa por la modificación de la Ley 13.010 de Caminos Rurales, que regula cómo se distribuyen a los municipios los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para el mantenimiento de la red vial. Según recordó Frederking, cuando la norma fue creada establecía que el 25% de lo recaudado por ese tributo debía destinarse obligatoriamente a caminos rurales. Sin embargo, con modificaciones posteriores ese porcentaje se redujo al 12%.

    Desde Carbap consideraron que ese nivel de recursos resulta insuficiente frente al deterioro acumulado de la infraestructura y plantean que se vuelva al esquema original.

    “Los caminos rurales que tenemos tienen 50 años. La tecnología mejoró muchísimo y necesitamos profesionalizar la gestión. Hoy están en condiciones que no responden a la producción actual”, sostuvo.

    En ese marco, indicó que desde Carbap vienen impulsando desde hace tiempo que el porcentaje vuelva al 25% por el deterioro de la infraestructura y las demandas que reciben desde las sociedades rurales del interior.

    El dirigente cuestionó el funcionamiento de la Legislatura bonaerense. Según afirmó, hasta junio de este año hubo solo dos sesiones y sostuvo que muchos proyectos no logran siquiera avanzar en comisiones.

    Además de la modificación de la Ley 13.010, Carbap reclamó avanzar en iniciativas vinculadas con seguridad rural, patrullas rurales, cambios en la Ley de Emergencia Económica y la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario, que la entidad considera “inconstitucional”.

    La entidad también pide por iniciativas ligadas con la seguridad rural
    La entidad también pide por iniciativas ligadas con la seguridad rural

    También propuso analizar esquemas similares a los implementados en Córdoba para desarrollar seguros multirriesgo con apoyo provincial.

    Frederking sostuvo, además, que tanto el oficialismo como la oposición tienen responsabilidad en la falta de actividad legislativa. “No queremos más que se echen la culpa entre uno y el otro y mientras tanto no avanzamos en leyes”, afirmó. En ese contexto, Carbap cuestionó el costo de funcionamiento del Poder Legislativo bonaerense. Según señaló la entidad, para este año se asignaron $386.000 millones de presupuesto a la Legislatura provincial, lo que, según sus cálculos, implica un costo de unos $2200 millones por legislador.

    Desde la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador opositor Luciano Bugallo (Coalición Cívica) coincidió con el diagnóstico de Carbap respecto a que varios proyectos vinculados con la producción llevan años sin avanzar en la Legislatura. Según señaló, muchas iniciativas relacionadas con caminos rurales, fitosanitarios, seguridad rural, reforma fiscal y eliminación de impuestos incluso perdieron estado parlamentario sin haber sido tratadas en comisión.

    “Tengo alrededor de 20 proyectos presentados vinculados a la agenda productiva y varios los tuve que presentar hasta tres veces porque terminan perdiendo estado parlamentario sin siquiera tener tratamiento. Es vergonzoso”, afirmó. Bugallo señaló que recién esta semana quedaron constituidas las comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que a partir de ahora podrán comenzar a sesionar y tratar los expedientes pendientes.

    En ese sentido, indicó que junto con Carbap promovieron reuniones entre legisladores y representantes de la Mesa de Enlace bonaerense para intentar acelerar el tratamiento de distintos proyectos, aunque aseguró que en muchos casos las gestiones quedaron solo en compromisos sin resultados concretos.

    Consultada por LA NACION, la diputada provincial Silvina Vaccarezza (UCR + Cambio Federal) señaló que el funcionamiento de la Legislatura responde a dinámicas que exceden la voluntad individual de los legisladores y remarcó que el avance de los proyectos depende de distintos factores políticos e institucionales.

    “Nosotros integramos un bloque de apenas tres diputados, en una Cámara donde gran parte de la agenda la termina definiendo el Poder Ejecutivo. A eso se suma que las internas de los oficialismos, provincial y nacional, muchas veces ralentizan el tratamiento de iniciativas importantes”, sostuvo.

    La legisladora agregó que los tiempos parlamentarios suelen ser diferentes a los del Poder Ejecutivo debido al recorrido que deben atravesar las iniciativas antes de llegar al recinto. En ese sentido, destacó que este jueves se realizó una nueva sesión en la Cámara de Diputados bonaerense en la que se trataron distintos temas de agenda.

    “Los tiempos legislativos son muy distintos de los del Ejecutivo, y todo proyecto tiene que pasar primero por comisión, donde sufre modificaciones, y recién después llega al recinto”, explicó.

  • PANORAMA  Reforma electoral y alianzas con gobernadores: la doble apuesta del Gobierno para llegar fuerte a 2027

    PANORAMA Reforma electoral y alianzas con gobernadores: la doble apuesta del Gobierno para llegar fuerte a 2027

    El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío estructural que condiciona tanto su agenda legislativa como su proyección electoral: no tiene gobernadores propios. Desde que asumió, la Casa Rosada construyó su mapa de apoyos provinciales a través de acuerdos circunstanciales, favores cruzados y negociaciones caso por caso. Ahora, con el año electoral en el horizonte y una batería de reformas que necesitan votos en el Congreso, ese vínculo con los mandatarios provinciales se volvió determinante.

    La estrategia tiene dos carriles que avanzan en paralelo: consolidar la reforma electoral -con la eliminación de las PASO como bandera- y definir con qué gobernadores se llega a 2027. Ambos objetivos están entrelazados: sin apoyo provincial no hay reforma, y sin reforma el escenario electoral de Milei luce más complicado.

    La reforma electoral, prioridad uno

    Desde la Casa Rosada no hay ambigüedad respecto de las prioridades legislativas. El proyecto, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento partidario, permanece trabado en el Senado por la resistencia de varios aliados que no quieren resignar ese instrumento electoral.

    El encargado de destrabar esa resistencia es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya mantuvo reuniones con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, además de un encuentro con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En paralelo, el armador nacional del partido, Eduardo “Lule” Menem, delegado de Karina Milei para diseñar la estrategia electoral, participó de los encuentros más vinculados al escenario de 2027.

    En el oficialismo calculan que los votos eventualmente estarán, aunque reconocen que los gobernadores “están todos especulando, midiendo cómo llega con los números”. La excepción son las provincias que ya sellaron acuerdos electorales el año pasado -Mendoza, Entre Ríos y Chaco- y que el Gobierno da por seguras.

    El mapa de alianzas y las diferencias internas

    Más compleja es la discusión sobre con quién acordar de cara a 2027. En la mesa política que sesiona semanalmente en el despacho de Manuel Adorni conviven al menos dos posiciones.

    La línea que impone Karina Milei es selectiva: acordar solo con los gobernadores que demostraron sintonía real con la administración. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, en cambio, apuestan a una estrategia más amplia: tejer alianzas macro con el mayor número posible de representantes provinciales para garantizar “sustentabilidad” legislativa y electoral.

    El resultado de esa tensión todavía no está resuelto. Por ahora, el oficialismo avanza con definiciones parciales: competirá con listas propias frente al peronismo crítico en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Formosa, y Karina Milei apunta también a disputar en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, donde el vínculo con los gobernadores fue fluctuante.

    Lo que sí está claro es que el Gobierno entiende el vínculo con las provincias como una pieza clave de su estrategia hacia 2027: sin esos apoyos, ni la reforma electoral prospera ni el mapa legislativo se sostiene.

  • El gobernador de Salta le pidió a Santilli y a Lule Menem recursos para infraestructura en la provincia

    El gobernador de Salta le pidió a Santilli y a Lule Menem recursos para infraestructura en la provincia

    Tres hombres sentados en un despacho. Diego Santilli y Lule Menem en sillones, Gustavo Sáenz en un sofá beige, frente a una mesa de cristal

    El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intensificó su agenda en Buenos Aires con una serie de reuniones en las que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de compromisos de obra pública y la resolución de problemas estructurales que afectan a la provincia. En Casa Rosada, se encontró con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para coordinar acciones conjuntas orientadas al crecimiento regional y al fortalecimiento institucional de Salta.

    El encuentro con Santilli y Menem se produjo un día después de que Sáenz se reuniera con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para exigir la regularización de fondos destinados a proyectos de infraestructura sanitaria, vial y educativa comprometidos bajo los acuerdos firmados en abril de 2024. En ambas instancias, el mandatario salteño llevó el mismo mensaje: la provincia necesita respuestas concretas del Estado federal para sostener obras que, en varios casos, ya están siendo financiadas con recursos propios.

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    La visita a la sede del Poder Ejecutivo nacional forma parte de una estrategia de gestión directa que Sáenz mantiene con las distintas carteras del gobierno central. Según informó la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia, el objetivo es “gestionar, coordinar y articular líneas de trabajo conjuntas” que redunden en beneficios para el territorio salteño.

    En la reunión con Santilli y Menem, las autoridades repasaron distintos ejes de la administración pública, con foco en el diseño de políticas que promuevan el equilibrio federal y atiendan las prioridades del interior del país. Se evaluó el avance de los acuerdos vigentes y se fijaron prioridades en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional. Sáenz ratificó, según la gacetilla oficial, “la disposición del Gobierno de la Provincia para dar continuidad al trabajo técnico con los ministerios nacionales”.

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    Las autoridades nacionales, por su parte, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo institucional directos con Salta para consolidar objetivos comunes de desarrollo regional y descentralización.

    Gustavo Sáenz

    La jornada previa había sido igualmente intensa. Ante Caputo, Sáenz planteó la necesidad de destrabar recursos para proyectos paralizados o demorados, entre ellos las plantas depuradoras de Salta capital y Cafayate, tramos de rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y obras de infraestructura escolar. El gobernador advirtió que la Provincia viene asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden a la Nación, una medida adoptada para evitar la paralización de los trabajos.

    En materia energética, Sáenz planteó ante Economía previsibilidad en el abastecimiento de gas para la región y reclamó la inclusión de nuevos departamentos salteños al sistema de zonas cálidas, que otorga subsidios de energía a los usuarios. Remarcó que el Norte Grande sufre de manera recurrente la falta de suministro cada vez que descienden las temperaturas, una situación que paraliza la actividad productiva y afecta la vida cotidiana de miles de familias.

    Dentro del paquete de obras hídricas y de saneamiento, se evaluó la situación de la Planta Depuradora Sur en Salta capital y la de Cafayate, cuyo desarrollo se encuentra actualmente detenido. En conectividad vial, se analizó el avance del puente sobre el río Vaqueros, obra en la que la Provincia también intervino financieramente.

    Se repasaron además las tareas sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo Seclantás-Molinos; la Ruta Nacional 51 en los tramos Mina Poma-Alto Chorrillos y Alto Chorrillos-Campo Amarillo. En relación con la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, Sáenz confirmó que Salta financiará de manera transitoria las tareas básicas sobre la traza, con un plan de contingencia que incluye saneamiento integral de la calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas.

    Finalmente, se revisó el estado de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán y el avance de la Escuela de Educación Técnica N.º 3102 “Ing. Nikola Tesla” de la ciudad de General Güemes.

  • Casación dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por casi $685 mil millones

    Casación dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por casi $685 mil millones

    La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner contra el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad.

    La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y ratifica la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el decomiso de 111 inmuebles para intentar cubrir el monto fijado en la condena.

    Según recordó el fallo, el decomiso alcanza una suma que “al día de aquella resolución ascendía a $684.990.350.139,86”. El tribunal sostuvo que las defensas no lograron demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

    En uno de los tramos de la resolución, el juez Gustavo Hornos afirmó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y agregó que el decomiso busca “impedir que el delito rinda beneficios”.

    Para los magistrados, los planteos de Cristina Kirchner y de las otras defensas fueron una simple discrepancia con lo resuelto anteriormente y no demostraron arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales. “La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación de los recursos”, sostuvo Hornos.

    En el mismo sentido, el juez Diego Barroetaveña señaló que las defensas “se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido” y remarcó que los cuestionamientos planteados giran sobre temas de derecho común, ajenos —como regla— al recurso extraordinario.

    El fallo también rechaza la idea de que existiera arbitrariedad en la sentencia. Según Casación, las defensas no pudieron demostrar “defectos graves” que invalidaran la decisión judicial.

    Sin embargo, hubo una diferencia parcial dentro del tribunal. El juez Mariano Borinsky consideró que algunos planteos de Lázaro Báez y de Máximo y Florencia Kirchner merecían ser revisados por la Corte Suprema.

    Borinsky advirtió que ciertos bienes decomisados habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada como punto de partida para definir qué propiedades podían quedar alcanzadas. Entre esos bienes mencionó departamentos en Río Gallegos y lotes vinculados al complejo Los Sauces.

    “El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo”, sostuvo Borinsky, quien entendió que en esos casos podía existir afectación al derecho de propiedad y al principio de legalidad.

    Pero esa postura quedó en minoría. Finalmente, por mayoría, Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de todos los imputados y terceros involucrados. El caso queda en condiciones de ser llevado en queja ante la Corte Suprema, aunque mientras tanto continúa vigente el decomiso multimillonario dispuesto en la causa Vialidad.

     

    Fuente: Ámbito Financiero.

     
     
     
  • Argentinos “de bien” y “de mal”

    Argentinos “de bien” y “de mal”


    “Los argentinos de bien”, al decir de Milei, fueron quienes lo recibieron en la Bolsa de Cereales con aplausos y una fuerte expectativa nacida de sus afanes de ganancias y negocios. El Presidente no los defraudó, particularmente atendiendo a la prosapia de la institución empresaria más antigua del país, representativa de la oligarquía vacuno – triguera. Allí anunció que reducirá impuestos en trigo y cebada del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciaría un sendero descendente a partir del 2027, claro que les espetó descarnadamente: “si reelegimos”. Los especialistas en cuestiones agrarias aclaran que puede parecer poco, pero en realidad significa una rebaja de más del 25% que “les ahorraría” unos 150 millones dólares. Aplausos y “pelito para la vieja”. Claro que los grandes capos de la Sociedad Rural Argentina se quejaron por razones de principios, que vienen a ser sus aspiraciones de negocios y más ganancias. N. Pino, presidente de los ruralistas declaró que es “insuficiente”. Su vice y actual competidor, portador de un apellido más rancio, M. Pereda Born también se quejó: lo anunciado “tiene gusto a poco”. Continúan reclamando por retenciones cero, o sea, no tributar nada. Esta muchachada aristocrática falta que entone aquello de “y al que no le gusta, se jode, se jode”. Gente tan seria se privó de esos cánticos en la tradicionalísima Bolsa de Cereales. Esta narrativa presidencial no es novedosa. La usó durante su exitosa campaña en el 2023 con un sentido más amplio, ya que había que juntar votos. Hasta ese momento, cualquier persona podía sentir que formaba parte de los argentinos de bien, en oposición a la casta política que Milei venía a destruir. La realidad va desnudando el verdadero sentido de los acontecimientos. Al correrse el velo discursivo se aprecia quienes son los argentinos de bien merecedores de ser incluidos en esa selecta lista de la verdadera casta. Los de siempre: las élites, a las que premia con baja de impuestos, los grandes propietarios de tierras, corporaciones financieras, beneficiarios de la nueva oleada de privatizaciones, contrarreformas laborales, leyes de glaciares a pedido de las mineras, y algunos otros de esa membresía de suertudos. Todos los demás vienen a ser “los argentinos de mal”, es decir, la mayoría del pueblo y del sistema productivo y de trabajo, todos merecedores de que les quiten subsidios y derechos sociales y culturales. La némesis a castigar serán los que inevitablemente van quedando del otro lado, los grandes núcleos de ciudadanos humildes, las clases medias, universitarios, científicos y la educación y salud pública. En suma, para el Presidente las mayorías ciudadanas no son dignas de vivir bien. Claro que además siguen viniendo extranjeros “de bien”, como los financistas de Wall Street, ahora los próximos concesionarios de la “hidrovía”, y los que gozarán del RIGI y el súper RIGI. La tríada Milei y Kristalina del Fondo, bajo el abrazo de Trump, representa a los verdaderos argentinos de bien en estos tiempos de reivindicadores neo colonialistas. Por su lado, millones “de mal” van asumiendo conciencia de que la calle y los lugares públicos son su ámbito político principal.

  • Milei está en sus días de cosecha financiera

    Milei está en sus días de cosecha financiera

    Dios aprieta, pero no ahorca. Tras varios meses de fuertes bajas en la recaudación, mayo estaría por cerrar con una sorpresa por demás agradable para las provincias y la Nación. Y es que el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias, estaría recaudando por estos días bastante más de lo previsto. Un alivio no menor para los gobernadores, que hace meses ven caer sus ingresos, y para la Nación, que ya comenzó a adelantar pagos para así poder compensar aquellos meses en los que vino esquivando compromisos.

    Son semanas de mayor sosiego para el equipo económico, que por estos días parece estar más inquieto con resolver algunos problemas de abundancia que de escasez. No solo adelantando pagos de proveedores. El martes pasado, el Tesoro recibió los US$1040 millones que debía desembolsar el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar la segunda revisión del programa. El dinero, adelantaron las fuentes, se utilizará para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado en los últimos años al Banco Central (BCRA), tal cual se había previsto en el acuerdo firmado con el organismo multilateral el año pasado. La operación implica darle al BCRA un activo líquido, cash, contra una serie de pagadioses que habían servido en estos años para ocultar contablemente el vaciamiento de la autoridad monetaria. Esta semana, según se publicó en el Boletín Oficial, ya se habían recomprado letras por otros $18,4 billones con el dinero que el mismo BCRA había transferido al Tesoro como parte de las utilidades obtenidas en 2025. Un paso más para limpiar el balance de la entidad. Desde 2025 a la fecha, las letras intransferibles bajaron a menos de la mitad.

    En el mercado cambiario, en tanto, la entidad que preside Santiago Bausili parece estar haciendo esfuerzos por evitar que el dólar se aprecie más de la cuenta. “Preparáte Santiago porque te van a salir dólares por las orejas”, había vaticinado hace dos meses, en Argentina Week, el presidente Javier Milei. “Que no se vayan a inflación. O sea, cuidado cómo los comprás. Ya saben que si fuera por mí…”, había advertido. Pero en el equipo económico parecieran tener en claro que un exceso de apreciación cambiaria solo afectará la actividad. Con el bajo perfil que lo caracteriza, Bausili está comprando dólares con fuerza, y no solo eso. El BCRA sumó solo este jueves a sus reservas US$447 millones, la segunda mayor compra en el año, y ya acumula en 2026 más de US$9600 millones. También en la City aseguran que empezó a cerrar su posición en el mercado de futuros, donde en tiempos turbulentos supo intervenir agresivamente para contener la escalada del billete norteamericano. El tipo de cambio, casi imperceptiblemente, está reaccionando con una pequeña mejora: pasó de $1390 a fines de abril a $1430 este jueves. “El dólar viene subiendo un poco; parecería que están incómodos con un tipo de cambio tan bajo, pero quién sabe”, dice un operador de la City de los más experimentados.

    Son días en los que las variables financieras también acompañan. En el mercado bursátil, las acciones acumulan una mejora del 9% en el mes y el riesgo país, un indicador clave para un país que tiene que refinanciar deuda, cayó de nuevo por debajo de los 500 puntos básicos. Un argumento más para los bancos internacionales que siguen sugiriéndole al ministro Luis Caputo que pruebe suerte en los mercados. Tal vez, de continuar por este sendero, hasta terminen de convencerlo.

    De todos modos, antes de fin de junio, el Gobierno anunciará el acuerdo con bancos internacionales para financiar US$4000 millones con garantía de organismos multilaterales. También se busca avanzar rápido con las privatizaciones, que le permitirán a Economía recaudar otro tanto, y tranquilizar a los inversores que quieren ver que en 2027, año en el que los vencimientos de deuda superan los US$20.000 millones, la plata para ellos estará garantizada.

    Se espera que en los próximos días la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym) termine por anunciar la siempre polémica licitación de la hidrovía, en la que la belga Jan de Nul corre con ventaja frente a su competidora, la también belga DEME. Esta semana, en paralelo, se terminaron de armar los pliegos para la compulsa por el Belgrano Cargas, otra de las grandes licitaciones estatales, que ya podría estar lanzándose la semana que viene.

    Curiosamente, las variables financieras están de mejor ánimo que la política. Con el affaire Adorni, el Gobierno desperdició un tiempo precioso. En agosto, se sabe, ya la conversación estará copada casi exclusivamente por la cuestión electoral.

    Los gobernadores lo saben también. Es por eso que muchos coordinaron con los bancos con los cuales operan para que en estos días salgan con planes de refinancianción de deudas para los empleados públicos provinciales. Con el impulso de una leve mejora en la recaudación, en particular en la coparticipación, algunos hasta acordaron subsidios para poder darle oxígeno a los deudores que en los últimos meses habían caído en mora. Está en línea con lo que hicieron ya el Banco Nación y el Provincia, dos de los primeros en avanzar en este sentido. Ahora se les sumaron los bancos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Macro (que es agente financiero de provincias como Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy). El Ciudad, en tanto, estaría por hacer el anuncio con pompa en los próximos días. En la mayoría de los casos apuntan a las deudas con tarjeta de crédito y préstamos personales de empleados públicos y jubilados. A los morosos se les ofrecen tasas más bajas y una extensión de plazos que puede ir hasta las 70 cuotas.

    Para las entidades financieras es una forma también de adelantarse a los proyectos de ley que hay tanto en el Congreso como en algunas legislaturas provinciales, para que el Estado se haga cargo de muchas de estas deudas. En algo están de acuerdo con Milei: mejor si se puede resolver entre privados.

    En el sistema financiero reconocen que, pese a la mejora en las variables financieras, todavía el gran pendiente de la gestión libertaria pasa por la actividad y, sobre todo, la mejora en el poder adquisitivo de la gente. Los clientes, admiten, hace tiempo que vienen cambiando su patrón de consumo: ya no muchos se animan a las cuotas y, al mismo tiempo, las entidades son mucho más cautas con sus ofertas. “Todos: empresas, bancos, hablan solo de eficiencia. En este nuevo escenario, muchos quedan afuera. El negocio es más chico y más conservador, las promociones se enfocan en los mejores clientes y además son acotadas”, explica el número uno de una entidad financiera. “Hay que hacerse a la idea de que la mora normal es más alta que la que teníamos en tiempos de inflación; un 6 o 7% de la cartera irregular ahora va a ser la norma”, continuó. Es un motor que, aunque empieza a aceitarse, no será el mismo que en el pasado. Al menos, no por ahora.

    El Gobierno también va haciendo escuela sobre la marcha. Son muchos los vicios a los que estaba acostumbrada la economía argentina. La Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó nota de esto en las últimas ruedas. En un afán desregulador, eliminó el límite de dos pagos diarios por cliente mediante cheques para las sociedades de Bolsa. El mercado, acostumbrado a los “rulos”, yeites y piruetas financieras reaccionó al instante, y empezó a ofrecer servicios con un mensaje explícito: convocar a las empresas a volcar sus cajas en las sociedades de Bolsa para “evitar el impuesto al cheque”. La libertad duró dos semanas. La CNV tuvo que volver atrás y restablecer el límite anterior, aclarando que nunca había querido tocar la normativa impositiva. Claro que no. Pero el mercado, fiel a su lógica, aprovechó el centímetro que le dieron para tomarse un kilómetro. A veces, regular no es socialismo. Es simplemente necesario.



  • Santiago Casas: “Las metas de crecimiento que plantea Caputo para 2027 son poco realistas”

    Santiago Casas: “Las metas de crecimiento que plantea Caputo para 2027 son poco realistas”

    Santiago Casas calificó de poco realistas las metas de crecimiento económico propuestas por Caputo para 2027 en el LATAM Economic Forum

    El economista Santiago Casas advirtió en Infobae al Regreso que las recomendaciones del FMI para elevar el monotributo y ampliar el impuesto a las ganancias no serán implementadas en el corto plazo por el gobierno, que retrasa la reforma fiscal y apuesta a una mejora gradual de las variables económicas.

    En diálogo con el equipo, Santiago Casas sostuvo: “Lo que a mí me llamó mucho la atención fue Caputo sosteniendo que para fin de 2027 la economía iba a estar 20% por encima de como la agarraron. Y la verdad que me cuesta creer de sobremanera que eso vaya a pasar”.

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    El FMI pidió una reforma tributaria y el Gobierno la descartó

    Matías Barbería expuso que el informe conocido como “revisión del capítulo cuatro” del FMI incluyó propuestas para elevar los costos impositivos del monotributo, ampliar el universo alcanzado por ganancias y modificar tributos sobre empresas.

    “El Gobierno, después de que trascendió esto y que tuvo mucha repercusión, salió a decir que no está en la ideología del presidente. Esto es una sugerencia del FMI, está perfecto, la hace, nosotros no tenemos por qué tomarla”, detalló Barbería.

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    El FMI recomendó subir el monotributo y ampliar Ganancias, pero el Gobierno argentino pospuso cualquier reforma tributaria a corto plazo (Europa Press)

    Según la visión oficial, “no es el momento” para avanzar en una reforma impositiva y cualquier cambio quedará postergado. El gobierno remarcó que “recibimos la sugerencia del FMI. Muy lindo todo. Chau, nos vemos”, graficó Barbería sobre la posición que transmitieron fuentes oficiales.

    El ministro Caputo y las proyecciones para 2027: “La economía se va a llevar puesta a la política”

    El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del gobierno en el Latam Economic Forum y anticipó: “La economía se va a llevar puesta a la política” de cara a un 2027 electoral atípico. Santiago Casas cuestionó las previsiones oficiales: “Caputo sostuvo que para fin de 2027 la economía iba a estar 20 % por encima de como la agarraron. Me cuesta creer que eso vaya a pasar”.

    Casas explicó que para concretar ese crecimiento “debería crecer la economía desde el último dato de actividad económica, que es marzo, 5,2% de acá a fin de año y 7% en 2027. Es un número muy irrealista en un año electoral donde se cambia presidente”.

    El economista alertó sobre la volatilidad política: “Esa situación disruptiva va a generar mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduce en demanda de activos precautorios. En Argentina el activo precautorio es el dólar”.

    (Infobae en Vivo)

    Martín Tetaz sumó que si el crecimiento se diera en esa magnitud, “Milei gana en primera vuelta”. Casas coincidió: “Sí, si se da un crecimiento del siete por ciento el año que viene, Milei gana en primera vuelta”.

    Inflación, salario real y expectativas: ¿hay margen para la recuperación?

    Consultado sobre la dinámica de los salarios, Casas señaló: “Más allá de que el salario real viene cayendo siete meses seguidos y que debe haber acumulado una pérdida, si no recuerdo mal, del 4,8%, yo creo que debería empezar a recuperarse el salario real en la medida que la inflación también vaya desacelerando”.

    El propio Caputo había anticipado que la inflación “seguirá bajando” y pronosticó que “mayo dará menos que el 2,6% de abril”, además de asegurar que, sin intervención del Banco Central, el dólar “ya valdría $1.100”.

    Martín Tetaz interpretó: “Si efectivamente baja la inflación, pasa el Mundial y mirás para atrás y tenés tres meses donde la inflación se acerca más al dos que al tres, es muy probable que la capacidad adquisitiva de los salarios recupere. Si eso ocurre, el consumo empuja y despeja incertidumbre política”.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió las proyecciones oficiales y afirmó que la economía superará a la política en 2027 (REUTERS/Yuri Gripas)

    Malena de los Ríos planteó la inquietud sobre el uso del salario como ancla inflacionaria. Casas respondió: “Desde mi punto de vista no. De hecho, un gran problema de la política monetaria es que no tiene un ancla nominal clara y eso hace que se desangre en expectativas inflacionarias”.

    Tetaz agregó que la insistencia oficial para negociar paritarias por debajo de la inflación responde más bien a un tema de expectativas: “No es que controlando salario controlás la inflación, pero si transmitís la expectativa de que ningún precio corre arriba del dos por ciento, es difícil que después en los supermercados los precios corran más arriba”.

    Deuda, vencimientos y financiamiento: riesgos de cara al año electoral

    El debate también abordó los vencimientos de deuda previstos para 2027. Diego Iglesias recordó que el próximo año electoral habrá compromisos por 28 mil millones de dólares. “Yo creo que eventualmente el Gobierno va a buscarle la vuelta, como vino haciéndolo estos últimos años, a conseguir financiamiento por alguna vía”, opinó Casas.

    (Infobae en Vivo)

    El economista remarcó que el financiamiento obtenido en los últimos meses “ha sido bastante barato, en realidad. Porque el AO27 está saliendo al 5,12%. Mucho menor al del mercado. La demanda por esos bonos también está sostenida por los controles cambiarios que están remanentes en el mercado”.

    Tetaz subrayó el impacto del riesgo político en los bonos: “El bono que vence antes de las elecciones del 27 tiene una tasa, y el bono que vence después, la tasa es mucho más grande, porque ahí está el riesgo político en el medio”.

    Consultado sobre los mecanismos de esterilización, Casas advirtió: “Eso te generará un problema en la medida que esa forma de retirar los pesos sea con bonos que pagan una tasa de interés muy alta. Hoy no estás pagando una tasa de interés muy alta con esos bonos, con lo cual estás haciendo un buen negocio”.

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  • Dictaron prisión preventiva para cuatro acusados de presunto abuso sexual en Feliciano: uno es policía

    Dictaron prisión preventiva para cuatro acusados de presunto abuso sexual en Feliciano: uno es policía

    Cuatro hombres identificados como M.R., M.A.G., E.D.B. y J.A.C. fueron enviados a la Unidad Penal N°1 de Paraná tras la decisión de la Justicia de Garantías de Feliciano de dictar 60 días de prisión preventiva en una causa que investiga un presunto abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en San José de Feliciano. El hecho habría ocurrido el pasado domingo.

     

    La resolución fue adoptada este jueves durante una audiencia en la que se debatieron los riesgos procesales planteados por las partes, principalmente el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación judicial, publicó Análisis.



    La fiscal María Soledad Bordoy había solicitado 90 días de prisión preventiva, mientras que las defensas de los imputados rechazaron el pedido y cuestionaron la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

     

    La decisión judicial y los argumentos

     

    Tras la resolución, el abogado y exfiscal local Ricardo Temporetti explicó a medios locales los fundamentos debatidos durante la audiencia. “Se discutieron los riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento a la averiguación de la verdad. La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva y como defensor me opuse. El juez de Garantías resolvió 60 días de prisión preventiva”, señaló.



    El letrado también confirmó que la defensa presentó un recurso de apelación contra la medida. “Interpusimos en el mismo momento un recurso de apelación. El juez lo tuvo por admitido y esta cuestión la tendremos que discutir ante el juez de Apelaciones en Paraná”, indicó.

     

    Un policía entre los imputados

     

    La causa generó especial atención debido a que entre los cuatro acusados se encuentra un funcionario policial, quien permanecerá detenido junto a los demás imputados en la Unidad Penal N°1 de Paraná mientras avanza la investigación.

     

    Los otros dos abogados defensores que intervinieron en la audiencia fueron Ricardo Temporetti, Roberto Alsina (La Paz) y Enzo Procetti (Feliciano), quienes representaron a los acusados durante el proceso judicial.

     

    Temporetti sostuvo además que la investigación se encuentra en una etapa inicial. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, afirmó.