Agustina Bordigoni
El proyecto de ley “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, remitido por el Ejecutivo al Congreso, sostiene que las auditorías detectaron “un conjunto significativo de irregularidades en la percepción de dichas prestaciones”. Sobre esa constatación se funda todo el texto, que, entre otras cosas, modifica la Ley de Emergencia en discapacidad.
PERFIL consultó a las autoridades de la Secretaría de Discapacidad y al Ministerio de Salud para que aportaran detalles sobre los resultados de esas verificaciones —qué irregularidades se detectaron y cuántos fraudes se comprobaron—.
Hasta la publicación de esta nota no recibieron respuesta.
Hay, sin embargo, otros números públicos que ayudan a comprender el contenido del proyecto.
1. Sólo el 20% de las personas con discapacidad cobra una pensión. El proyecto afirma que “entre los años 2003 y 2023 la cantidad de pensiones tuvo un crecimiento exponencial” y que “numerosas publicaciones” (sin mencionarlas) “han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento”.
Según reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ese aumento se explica, en buena medida, porque hasta 2003 existía en el país un sistema de “alta por baja”: la cantidad de pensiones por discapacidad se mantenía estable y sólo se incorporaba una pensión cuando otra se daba de baja.
Los datos oficiales indican que para marzo de este año 1.148.484 personas cobraban en Argentina una pensión no contributiva por “invalidez”. Como ya explicó este medio, eso representa el 20% de las personas con discapacidad del país.
“Nos quieren hacer creer que el problema somos nosotros”, agregó en diálogo con PERFIL Gabriela Bruno, activista y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista. “Mientras tanto, el Gobierno no explica la malversación de fondos en Andis, ni los privilegios de funcionarios, ni el uso discrecional de recursos públicos”, opinó. “Llamar a esta ley ‘contra el fraude’ es una fuerte posición política. El fraude es un delito. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que quienes acceden a una pensión somos potenciales delincuentes? Eso es violencia institucional”, argumentó.
2. Un 6% del presupuesto ejecutado. Una de las primeras modificaciones que introduce el proyecto afecta al artículo 4 de la ley de Emergencia. Entre otras intervenciones, elimina un párrafo del inciso c que se refería al financiamiento adecuado y a la actualización de los aranceles de las prestaciones: lo que quita es la obligación de pagar los montos adeudados a los prestadores.
Otro cambio relevante recae en el inciso d: mientras la Ley de Emergencia establecía que el Ejecutivo debía garantizar financiamiento adecuado para el funcionamiento de programas de atención médica, acciones de inclusión, prevención de las discapacidades y promoción de programas que reconozcan a empresas con prácticas de equidad laboral; el texto que lo modifica sólo llega hasta la prevención de las discapacidades, excluye los incentivos a empresas y aclara que el financiamiento para la atención de la salud estará garantizado únicamente cuando sea competencia del Estado Nacional.
En la “Atención médica a los beneficiarios de las pensiones no contributivas”, una responsabilidad del Ministerio de Salud, el Gobierno ejecutó, a abril de este año, apenas el 6% de los recursos previstos.
“Esto se traduce en atrasos de pagos, instituciones al borde del cierre y prestaciones que se sostienen con enorme esfuerzo”, explicó a PERFIL Alex Goldman, representante del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (Caidis) y secretario de Discapacidad de Cañuelas. “Recordemos que se adeudan pagos desde noviembre de 2025”.
El proyecto también prevé la eliminación de nomencladores con valores universales por prestación. “El nomenclador permite que, independientemente de la obra social o prepaga que tenga una persona, exista un piso común que garantice acceso a apoyos esenciales en todo el país”, afirmó Goldman.
3. Auditorías por $ 23 mil millones. La Ley de Emergencia vigente contempla auditorías periódicas mediante una “evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica”.
El proyecto actual modifica ese artículo (16) y lo amplía: con las auditorías resultantes del cruce de datos entre Anses y ARCA podrían imponerse suspensiones preventivas. Además incorpora un artículo que prevé un reempadronamiento.
De enero a octubre de 2025, según pudo constatar este medio, se gastaron $ 23 mil millones en el envío de cartas documento para auditorías que, en el 50% de los casos, no llegaron a destino, denunció ACIJ.
Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, sostuvo que el proyecto “elimina la pensión por protección social dirigida a personas en situación de pobreza”. Y agregó que eso dejaría a esas personas sin ningún tipo de apoyo, “porque no solamente era el dinero, sino el poder tener salud, educación o rehabilitación”.
4. Un ingreso mensual de $ 266 mil. La ley vigente establece que la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social (a la que el proyecto limita a una pensión para casos de invalidez laboral) consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y que se actualizará de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente.
Esa actualización también fue suprimida en el proyecto. En abril la pensión no contributiva asciende a $ 266 mil, a lo que se suma un bono de $ 70 mil.
5. Desocupación del 80%. El proyecto establece que las pensiones son incompatibles con cualquier vínculo de empleo formal. La Ley de Emergencia, en cambio, prevé la incompatibilidad cuando la persona perciba un ingreso superior a dos salarios mínimos, en cuyo caso se suspende la prestación.
La proporción de personas con discapacidad que pueden acceder a empleos registrados es “ínfima”, explicó Bruno. Según la OIT, el 80% está fuera del mercado laboral.
“Esto claramente no les mueve el amperímetro del presupuesto. Es ajuste puro, pero disfrazado de moralidad”, sintetizó.
“Hacer incompatible la pensión con el empleo genera un efecto perverso: empuja a las personas a elegir entre subsistir o desarrollarse. En la práctica, desalienta la inserción laboral formal”, agregó Goldman.
Además, concluyó, desconoce la realidad: “muchas personas con discapacidad necesitan apoyos incluso estando empleadas. La pensión no es un privilegio, es una herramienta de compensación frente a las barreras y desigualdades estructurales”.
