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El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló un nuevo capítulo este jueves después del fallo que habilitó a la Corte Suprema a tratar un recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo tras el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

En esta oportunidad, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se expresó sobre la medida que aprobó la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y señaló: “Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley”.

El reclamo de las autoridades universitarias tiene que ver con que el Poder Ejecutivo “está obligado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario“, según aclaró Yacobitti. ”La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional. Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país“, agregó.

“La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso. Las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley”, continuó el vicerrector.

Por último, remarcó: “No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia”.

En ese marco, este jueves, los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández firmaron un fallo en el que se propició la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe el reclamo del gobierno contra la medida cautelar que ordena el cumplimiento inmediato de la norma votada por el Congreso.

Cuando el Máximo Tribunal reciba el expediente deberá definir si analiza el recurso o lo rechaza. Según fuentes de la Procuración del Tesoro, mientras se defina este trámite, la decisión de lo magistrados tiene carácter suspensivo, por lo que el Estado Nacional no está obligado a transferir los fondos que reclama el Consejo.

La Cámara entendió que, si bien en marzo de este año decidió confirmar la resolución de primera instancia que había admitido la medida cautelar solicitada por las universidades, “no reviste el carácter de sentencia definitiva”, por lo que corresponde pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada.

No obstante, consideró que no resulta procedente el planteo de arbitrariedad y de gravedad institucional a la que aludió el Ejecutivo, porque indicó que “los eventuales defectos del juicio que se invocan sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas, lo cual no autoriza a descalificar el pronunciamiento dictado”.

Todo se da en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria que está prevista para el próximo martes 12 de mayo. Las columnas de estudiantes, organizaciones y militantes se confluirán en la Plaza de Mayo, donde se espera el epicentro de la manifestación para las 17.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades.

La citación se realizó oficialmente a través de un video, en el cual las instituciones subrayaron: “Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley. Vos ya decidiste. El pueblo argentino ya decidió. Eso es vivir en democracia”.

El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú figura en todos los rankings como una de las instituciones de ingeniería más prestigiosas de Rusia, comparable en reputación al MIT estadounidense. Fundada en 1830, cuenta con más de 30.000 estudiantes matriculados y forma a las generaciones de informáticos e ingenieros que sostienen el aparato tecnológico del Estado. Lo que no aparece en ningún folleto oficial es que, dentro de sus instalaciones, opera una facultad secreta que entrena a hackers, saboteadores y especialistas en desinformación para el GRU, la inteligencia militar rusa.

Una investigación publicada este miércoles por The Insider, en colaboración con Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Delfi y VSquare, revela el funcionamiento interno del Departamento 4 del Centro de Entrenamiento Militar de la universidad. El consorcio analizó más de 2.000 documentos internos filtrados por una fuente anónima —planes de estudio, contratos, listas de estudiantes y docentes— correspondientes al periodo 2022-2024. Un funcionario de inteligencia occidental describió el material como “un anuario de los futuros operativos del GRU”.

El Departamento 4 opera bajo el título deliberadamente anodino de “Formación Especial” y no figura en la página web del centro. Su especialidad con código 093400, denominada “Servicio Especial de Inteligencia”, incluye materias de guerra informativa, reconocimiento electrónico y hacking ofensivo. El programa es supervisado directamente por el GRU, que define los requisitos académicos, aprueba a los candidatos y firma los presupuestos.

Uno de los cursos centrales ocupa 144 horas distribuidas en dos semestres e incluye el arsenal completo del ciberatacante moderno: técnicas de spearphishing, explotación de vulnerabilidades conocidas, troyanos y, como trabajo final, el desarrollo de un malware propio. Los ataques de denegación de servicio distribuido —que colapsan servicios en línea mediante redes de ordenadores infectados— también forman parte del temario.

El claustro no está compuesto por académicos ordinarios. El teniente coronel Kirill Stupakov, subdirector del departamento, tiene vínculos documentados con la Unidad 61230 del GRU, especializada en inteligencia de señales, y en 2022 firmó un contrato con la Unidad 45807 de la misma agencia. Sus clases cubren técnicas de escucha y contravigilancia. Los documentos internos lo retratan como un oficial modelo.

En privado, sin embargo, los chats de Telegram analizados por los periodistas muestran otra cara: Stupakov llama a Putin “el viejo”, tacha a Medvédev de alcohólico e insulta al jefe del Estado Mayor. Sobre la guerra en Ucrania escribe que “terminará mal para nosotros”. Un contraste brutal con los materiales que él mismo imparte en clase, donde la invasión aparece descrita como “inevitable” ante el gobierno de “nacionalistas y neonazis” en Kiev.

Más revelador aún es el nombre que figura en uno de los documentos administrativos como supervisor del departamento: Viktor Netyksho, general del GRU que comandó la Unidad 26165 —conocida públicamente como Fancy Bear— cuando esta atacó el Comité Nacional Demócrata estadounidense en 2016. El fiscal especial Robert Mueller lo imputó el 13 de julio de 2018 junto a once oficiales de inteligencia rusa por interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Netyksho nunca ha comparecido ante ningún tribunal. Que su firma aparezca en documentos académicos de Bauman en 2024 ilustra con exactitud el grado de impunidad con que operan los cuadros del GRU dentro del Estado ruso.

Varios egresados del Departamento 4 ya prestan servicio en la Unidad 74455 del GRU, conocida como Sandworm, autora del peor ciberataque de la historia. En junio de 2017, el malware NotPetya —diseñado para destruir infraestructura ucraniana— se propagó a más de 160 países y causó daños estimados en más de 10.000 millones de dólares.

Entre sus víctimas figuraron la naviera danesa Maersk, el laboratorio farmacéutico Merck y hospitales en Pensilvania. Desde entonces, Sandworm ha atacado la red eléctrica de Ucrania, ministerios del gobierno georgiano, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Corea del Sur y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Las prácticas de los alumnos se realizan en empresas estatales, varias de ellas ya sancionadas. Granit, especializada en sistemas de defensa antiaérea, fue incluida en la lista negra de la UE en febrero de 2024 por su apoyo a la Flota del Mar Negro. Malajit, empresa naval de San Petersburgo vinculada a la industria de submarinos, también acoge estudiantes en prácticas y está sancionada tanto por Bruselas como por Washington.

Un analista del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar las Amenazas Híbridas advirtió a The Insider que las universidades y empresas implicadas son “cómplices del desarrollo de las capacidades de guerra híbrida de Rusia” y que podrían ser objeto de medidas como sanciones. Con más de 2.000 documentos sobre la mesa, esa advertencia tiene ahora nombre, firmas y número de unidad.

A partir del 29 de noviembre, dos vuelos semanales unirán a la Argentina con Israel en un trayecto sin escalas. El servicio estará a cargo de la aerolínea de bandera israelí El Al Israel Airlines, con una duración estimada de entre 15 y 16 horas, a bordo de aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina.

Los pasajes ya están a la venta desde este jueves. Los precios de lanzamiento arrancan en USD 1.349 por ida y vuelta en clase turista “Classic” y alcanzan los USD 7.000 en clase ejecutiva. Las tarifas promocionales también permiten adquirir tramos individuales por USD 773, con equipaje de mano, una pieza de bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento incluidos. La compañía señaló que esta oferta inicial apunta a captar distintos segmentos de viajeros, desde turistas hasta pasajeros de negocios.

La concreción del vuelo directo fue posible luego de la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que otorgó la aprobación reglamentaria en el marco del acuerdo de Cielos Abiertos firmada durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Jerusalén semanas atrás.

Ese entendimiento abrió espacio para la modernización del esquema de rutas y la llegada de nuevas conexiones internacionales. “La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, dice el documento que compartió la Secretaría de Transporte el miércoles al momento de la confirmación de la ruta.

Hasta el inicio de la ruta en noviembre, los viajes entre Buenos Aires y Tel Aviv exigen al menos una escala en ciudades como Madrid, Roma o Miami. Los pasajeros tenían la posibilidad de iniciar el viaje en vuelos de Aerolíneas Argentinas o Iberia hasta uno de esos destinos para luego conectar con El Al Israel Airlines rumbo a Israel. Este esquema replica el modelo de otras líneas internacionales como Emirates, que utiliza Río de Janeiro o San Pablo como puntos intermedios en sus rutas desde Buenos Aires hacia Dubái o Qatar, por razones de demanda y geografía. Con la nueva frecuencia directa, el tiempo total de traslado se reduce de manera considerable respecto de cualquiera de esas alternativas con escala.

La supresión de la parada intermedia se inscribe dentro de una política de apertura aerocomercial que el gobierno argentino lleva adelante desde el inicio de la actual gestión. Desde entonces, el mercado local sumó más de 50 rutas nuevas, entre domésticas e internacionales. Según la Secretaría de Transporte, la iniciativa busca promover la competencia, ampliar las opciones disponibles para los pasajeros e integrar a la Argentina con los principales nodos de conectividad global. La ruta Buenos Aires–Tel Aviv representa, en ese contexto, uno de los hitos más salientes del esquema, al tratarse de la primera conexión directa entre ambos países en la historia bilateral.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, reaccionó a la noticia: “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. Argentina e Israel tendrán vuelo directo”. En una segunda declaración, Wahnish amplió: “Se trata de un hito que abre una nueva era entre nuestros países. Más comercio. Más inversiones. Más turismo. Más cultura. Más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Javier Milei genera beneficios. Y este es uno de ellos”.

El vuelo inaugural está programado para el 29 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual los pasajeros podrán volar entre ambas capitales sin necesidad de transitar otros hubs internacionales. La puesta en marcha del servicio se presenta como un impulso para los intercambios turísticos, culturales y comerciales entre Argentina e Israel, dos países que hasta ahora no contaban con una vía aérea directa para conectar a sus ciudadanos y sus economías.

La administración estadounidense pidió la liberación inmediata de Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, luego de que organizaciones y allegados advirtieran sobre el riesgo de muerte de la activista durante su encarcelamiento en Irán.

Narges Mohammadi, de 54 años, defensora de los derechos humanos y de las mujeres, permanece detenida tras varias décadas de persecución, con su salud gravemente deteriorada. Según allegados, habría sufrido dos infartos en las últimas semanas.

“Exigimos al régimen iraní que la libere de inmediato y le brinde la atención que necesita. El mundo está observando”, publicó en las redes sociales Riley Barnes, subsecretario de Estado de Estados Unidos encargado de los derechos humanos.

Mohammadi enfrenta una situación crítica de salud desde el 24 de abril, con episodios de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y bruscas variaciones de presión arterial.

De acuerdo con la Fundación Narges Mohammadi, con sede en París, la activista permanece en una unidad de cuidados cardíacos en un hospital de Zanjan, Irán. Los médicos consideran probable un diagnóstico de angina de Prinzmetal, una afección caracterizada por espasmos en las arterias coronarias, que puede derivar en infartos, arritmias graves y alteraciones de la presión arterial.

Especialistas advirtieron que demorar el traslado de Mohammadi a Teherán para un tratamiento especializado y una angiografía podría generar riesgos irreparables para su vida. A pesar de las solicitudes de su familia y de los médicos, el fiscal de Teherán se niega a autorizar la derivación, lo que agrava la preocupación por su estado.

El caso de Mohammadi se inscribe en un contexto judicial y político restrictivo. Cumple una condena de seis años por cargos vinculados a la seguridad nacional. Su defensa sostiene que perdió unos 20 kilos desde el encarcelamiento y enfrenta dificultades para expresarse, lo que agrava su estado médico.

La relevancia internacional del caso creció tras el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 2023, que reconoció su lucha por los derechos de las mujeres y las libertades civiles en Irán. En diciembre, las autoridades la arrestaron nuevamente luego de que criticara a la República Islámica durante el funeral de un abogado.

Ella también manifestó su rechazo al conflicto bélico en la región. En el comienzo de la guerra, había indicado que la violencia perjudica a la población civil y fortalece al régimen clerical.

Washington reiteró la exigencia de liberación y acceso a atención médica. Además, insistió en la responsabilidad del régimen iraní ante la comunidad internacional.

La Fundación Narges Mohammadi, conformada por familiares y allegados fuera de Irán, difundió los detalles médicos y reiteró el pedido de traslado urgente a la capital para recibir tratamiento especializado. La organización advirtió que cada día sin atención adecuada incrementa el riesgo de daños irreversibles.

(Con información de EFE y AFP)

Mientras el Gobierno impulsa una reforma en el Congreso de la Nación, este jueves se anunció que Juan Pablo Limodio será el nuevo titular de la Dirección Nacional Electoral. Quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) reemplazará en el cargo a María Luz Alegría Landivar, quien ocupaba el cargo desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei.

Según se informó desde el Ministerio del Interior, la decisión fue tomada, justamente, “teniendo en cuenta la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional”. En ese marco fue que “se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la Dirección Nacional Electoral”.

“Asimismo, dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Diego Santilli le pidió a María Luz Landivar que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al secretario de Interior, Gustavo Coria”, agregaron.

Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, antes de dirigir el rumbo de la empresa minera interestatal situada en Catamarca, Limodio había sido subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires entre enero de 2022 y diciembre de 2023, momento en el que Horacio Rodríguez Larreta dejó la Jefatura de Gobierno porteña.

La modificación en la cúpula de la Dirección Nacional Electoral se da en medio del desafío parlamentario que atraviesa el Gobierno, que busca lograr la eliminación de las PASO, pero no cuenta con la mayoría que precisa para aprobar la iniciativa.

En el oficialismo reconocen que no están los votos para eliminar las PASO en el corto plazo. Según pudo saber Infobae, la falta de consenso no se limita a la oposición peronista: también existen resistencias en sectores dialoguistas y en espacios que consideran a las primarias un mecanismo indispensable para ordenar la competencia política.

El Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso para eliminar las PASO, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios y debe negociar con gobernadores, el PRO y otros sectores. Por ello, el oficialismo evalúa alternativas, como modificar el carácter obligatorio del sistema, en busca de una reforma electoral viable.

Transformar las PASO en optativas reduciría la capacidad del Gobierno de ordenar el sistema político, pero se presenta como una salida posible para destrabar la discusión. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral, una etapa clave para ordenar el debate sobre su alcance y contenido en el Congreso. Ese es el contexto en el que asumirá Limodio.

A la dimensión política se suma el argumento económico: el Gobierno estima que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, obligando al Estado a destinar más de 30.000 millones de pesos, financiados con ingresos fiscales. En la Casa Rosada sostienen que ese gasto, que recae sobre los contribuyentes, no se justifica en el contexto actual de ajuste y restricción presupuestaria.

La meta buscada con la reforma electoral fue una misión encarada por el Gobierno a sabiendas de las dificultades que tendría para lograr la mayoría parlamentaria. La propia senadora Patricia Bullrich lo había advertido puertas adentro.

Para convencer a los aliados, el Gobierno incorporó el tratamiento de un proyecto de Ficha Limpia como anzuelo ante la falta de apoyo para eliminar las PASO. Trabajó en la redacción el mismo equipo que logró cambios el año pasado, con la suspensión de esa instancia y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP): la ex subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, hoy diputada; y la ahora saliente directora Nacional Electoral, María Luz Landívar.

Si no se trata antes del Mundial, el proyecto cae. No hay posibilidades de adecuar una iniciativa de esta magnitud sin contar con al menos un año de preparación, desde licitaciones hasta avales partidarios necesarios para todo comicio.