El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.
En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.
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Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada”, afirmó el vicerrector.
Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.
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Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.
Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.
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La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.
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La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.
La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.
Personal policial de San José realizó múltiples allanamientos y procedimientos vinculados a una investigación por un robo cometido en un comercio ubicado sobre calle Cettour al 2400.
La causa se inició tras una denuncia radicada el pasado jueves y permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables luego de tareas investigativas, análisis de indicios, relevamientos y utilización de herramientas tecnológicas.
Según se informó, los investigadores lograron establecer la identidad del supuesto autor del hecho delictivo, quien habría contado con apoyo logístico de otras personas que se movilizaban en un vehículo durante la comisión del ilícito.
Con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, se solicitaron órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria ante el Juzgado de Garantías local.
Secuestros de droga, dinero y un vehículo
Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda de calle Caseros, donde reside un joven de 22 años. En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el test orientativo correspondiente, dio resultado positivo para cannabis sativa.
En simultáneo, otra comisión policial allanó una casa ubicada sobre calle Moreno, entre Estrada y Juan José Paso, donde viven una mujer de 49 años y un hombre de 37.
Durante ese operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un automóvil Renault 9 que tendría vinculación con la causa investigada.
La continuidad de las pesquisas derivó luego en un rastrillaje en un terreno cercano a la intersección de calles Estrada y 2 de Abril, donde hallaron una caja fuerte metálica dañada y una bolsa con prendas de vestir, elementos que fueron incorporados como evidencia al expediente judicial.
Un detenido en la Terminal de ómnibus
El despliegue policial finalizó en inmediaciones de la Terminal de ómnibus de San José, donde fue aprehendido un hombre de 58 años que llevaba dinero en efectivo entre sus pertenencias.
Por disposición de la Justicia, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial y permanece alojado con arresto preventivo mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada una de las personas identificadas.
La Unión Europea (UE) instó al régimen de Irán a tomar “todas las medidas necesarias” para que la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, reciba atención médica “de forma definitiva y urgente” tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan.
“La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán”, expresó en un comunicado el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.
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El portavoz agregó que la UE insta “a las autoridades iraníes a que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para que Narges Mohammadi reciba, de forma definitiva y urgente, la atención médica adecuada”.
También recordó que los cargos contra Mohammadi “se basan únicamente en su defensa legítima y pacífica de los derechos humanos, y seguimos pidiendo su liberación inmediata e incondicional”.
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Narges Mohammadi, periodista y defensora de los derechos humanos, cumple una condena de siete años y medio por diferentes cargos. Según su defensa, ha perdido cerca de 20 kilos durante su reclusión y tiene dificultades para expresarse.
La Fundación Mohammadi —con sede en París— comunicó que desde el 24 de abril, Mohammadi sufre episodios recurrentes de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y fluctuaciones severas de presión arterial. Este jueves, la fundación informó que los médicos consideran probable un diagnóstico de angina de Prinzmetal.
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Los especialistas alertaron que cualquier retraso en su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado y una angiografía podría representar “riesgos irreparables que amenazan la vida” de la nobel.
Pese a los pedidos de la familia y del equipo médico, la fundación denunció que el fiscal de Teherán sigue oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní.
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Por último, el comunicado europeo solicitó a las autoridades iraníes la liberación de “todas las personas detenidas injustamente por el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas”, así como el respeto de “las obligaciones de Irán en virtud del Derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte”.
Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz
En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.
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“Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.
Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.
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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.
Un incendio en el entrepiso de una vivienda ubicada en calle Cortada 1327 de la ciudad de Paraná demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Paraná durante la madrugada de este sábado.
Al arribar al lugar, personal bomberil trabajó rápidamente en tareas de control y extinción del fuego, evitando su propagación hacia otros sectores de la propiedad. Posteriormente se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación del ambiente afectado.
En el lugar también trabajó personal policial y servicios de emergencia para asegurar la zona.
(foto Bomberos Voluntarios de Paraná)
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, afortunadamente, no se reportaron lesionados porque al momento del incendio no había moradores en el domicilio siniestrado.
“Vecinos alertaron sobre la presencia de humo y se estima que un cortocircuito, posiblemente, en la heladera, habría desencadenado el fuego”, indicaron a Elonce.
Se trata de casas muy pegadas y el incendio no pasó a mayores porque un vecino vio humo y dio aviso a Bomberos voluntarios de Paraná.
La admisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la petición presentada por las víctimas del excura Justo José Ilarraz no es un hecho aislado. Se inscribe en una línea de jurisprudencia interamericana que en la última década ha venido consolidando un principio claro: cuando se trata de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cometida en contextos institucionales cerrados, la prescripción aplicada sin perspectiva de niñez ni control de convencionalidad se convierte en una herramienta estatal de impunidad.
El caso entrerriano llega al sistema interamericano con un recorrido inusualmente sólido en sede interna. El excura Ilarraz fue condenado en 2018 por la Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná a 25 años de prisión como autor de promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado, ambos calificantes por su condición de encargado de la educación. La sentencia fue confirmada en 2019 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná y en 2020 por la Sala I en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Tres instancias provinciales coincidieron, sin fisuras, en la responsabilidad penal del imputado y en el carácter imprescriptible de los hechos, después de la denuncia de la revista ANÁLISIS en 2012, que derivó en la apertura de una causa judicial. Recién el 1° de julio de 2025, después de años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió la decisión: declaró extinta la acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento del condenado.
Sobre esa decisión, calificada por la presentación ante la CIDH como un acto estatal que consolida la impunidad y configura una violación autónoma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se construye el reclamo internacional. La denuncia, formulada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que la sentencia de la Corte Suprema omitió ejercer el control de convencionalidad interno y aplicó automáticamente el instituto de la prescripción sin considerar la condición de niñez de las víctimas, el vínculo de autoridad del agresor y el entorno institucional cerrado en que ocurrieron los hechos.
El precedente Angulo Losada: el corazón doctrinario
El antecedente más cercano y directamente aplicable al caso Ilarraz es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada vs. Bolivia, notificada en enero de 2023. Brisa de Angulo Losada, abusada por un primo cuando tenía 16 años, recorrió más de dos décadas de obstáculos judiciales en Bolivia. La Corte responsabilizó al Estado boliviano por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez. Lo más relevante para la causa entrerriana: ordenó a Bolivia adecuar su legislación interna para eliminar los obstáculos legales que perpetúan la impunidad, en particular los plazos de prescripción que no consideran el trauma de la víctima.
La sentencia fue más allá. Sostuvo la obligación del Estado boliviano de mantener abierto el proceso judicial pese a que el imputado se encontraba fuera del país y su extradición desde Colombia había sido denegada por prescripción según la normativa colombiana. El mensaje doctrinal es nítido: la aplicación interna de la prescripción no clausura la responsabilidad internacional del Estado cuando se trata de violencia sexual contra menores. Es justamente el argumento que se está esgrimiendo ahora contra Argentina en la causa Ilarraz.
Sobre la base de Angulo Losada, organizaciones bolivianas impulsaron la “Ley Brisa”, un proyecto que propone eliminar el delito de estupro, redefinir la violación bajo el principio del consentimiento e instaurar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. La iniciativa, todavía en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional, muestra cómo una sentencia interamericana puede traducirse en reformas legislativas concretas.
Guzmán Albarracín, VRP-VPC y López Soto: la trama jurisprudencial
El caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, fallado por la Corte IDH en 2020, aporta otro estándar central: la responsabilidad del Estado por la tolerancia de las instituciones educativas frente a los abusos. Paola Guzmán Albarracín, adolescente, fue víctima durante más de un año de agresiones sexuales del vicerrector de su colegio. La Corte determinó que Ecuador no actuó con la diligencia debida y aplicó la Convención Belém do Pará junto al artículo 19 de la Convención Americana, que protege específicamente los derechos del niño. El paralelo con el Seminario Menor de Paraná, contexto institucional cerrado donde operó Ilarraz, es directo. La Corte sostuvo que las instituciones educativas no pueden mantener una posición de tolerancia o connivencia frente a quienes ejercen autoridad sobre menores; cualquier omisión compromete la responsabilidad estatal.
El caso VRP, VPC y otros vs. Nicaragua de 2018, donde una niña de 8 años fue violada por su padre y revictimizada por las autoridades, introdujo un concepto que ha resultado decisivo: la “violencia institucional” como categoría que describe las prácticas revictimizantes durante la investigación y enjuiciamiento de delitos sexuales contra menores. Allí la Corte estableció el estándar de “debida diligencia reforzada” para los casos donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes. Los exámenes médicos forenses inadecuados, la toma reiterada de testimonios sin acompañamiento profesional, la repetición innecesaria de declaraciones: todas son prácticas que la Corte considera violaciones autónomas de derechos humanos, independientes del delito originario.
El caso López Soto vs. Venezuela, también de 2018, completa esta tríada al fijar la obligación de los Estados de adecuar su tipificación penal a los estándares interamericanos. Junto con Guzmán Albarracín y Angulo Losada, configura lo que la doctrina ha denominado el bloque jurisprudencial sobre violencia sexual: un conjunto de sentencias que obliga a los Estados a revisar sus regímenes penales para incorporar el consentimiento como elemento central, eliminar figuras como el estupro y rever los plazos de prescripción.
El caso Próvolo: el antecedente argentino ante la CIDH
En suelo argentino, el antecedente más próximo al caso Ilarraz es el caso Próvolo, presentado ante la CIDH en una audiencia temática histórica en diciembre de 2020. Los abogados de la ONG Xumek, Sergio Salinas y Lucas Lecour, expusieron ante la Comisión la situación de los abusos cometidos contra niños y niñas sordas en el instituto religioso de Mendoza, donde los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron condenados a 45 y 42 años de prisión respectivamente. La audiencia fue convocada por la organización internacional ECA (Ending Clergy Abuse) y marcó la primera vez que la CIDH abordó la pederastia clerical en América Latina como problema sistémico de la región.
La relatora de la CIDH Julissa Mantilla destacó durante la audiencia que la violencia sexual contra niños constituye una forma de tortura y que el sistema interamericano tiene estándares claros sobre la imprescriptibilidad de estos hechos. La relatora Esmeralda Arosemena, de la Relatoría de Derechos de los Niños, comprometió a la Comisión a usar todas sus herramientas para dar seguimiento a los casos de impunidad. La CIDH no ha emitido aún resolución de fondo sobre el caso Próvolo, pero la audiencia abrió un canal institucional que el caso Ilarraz, ahora en etapa de admisibilidad, viene a profundizar y consolidar.
Las quince causas pendientes en la Corte Suprema
El caso Ilarraz no llega solo al sistema interamericano. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperan resolución al menos otras quince causas similares, en las que se discute si los abusos sexuales cometidos antes de la sanción de las leyes 26.705 (Ley Piazza, de 2011) y 27.206 (Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, de 2015) deben considerarse prescriptos o pueden avanzar a la luz de los estándares convencionales. En esas causas, fiscales del Ministerio Público Fiscal han presentado recursos extraordinarios sosteniendo que la doctrina de la prescripción aplicada sin control de convencionalidad compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino. Algunos de esos recursos cuentan con el respaldo del propio Procurador General.
La decisión de la Corte Suprema en el caso Ilarraz funciona, en este escenario, como un precedente disruptivo. Si el máximo tribunal argentino consolida esa línea, las quince causas pendientes podrían correr la misma suerte. Si, en cambio, la presión internacional —que ya empezó con la admisión de la denuncia en la CIDH— modifica el clima jurídico interno, la doctrina podría revisarse. Lo cierto es que el caso entrerriano se ha convertido, sin proponérselo, en el caso testigo de un debate nacional sobre los límites de la prescripción frente a delitos cometidos contra menores en relación de autoridad.
Andrés Gil Domínguez.
El abogado: perfil del litigante
La presentación ante la CIDH lleva la firma del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, una de las voces más reconocidas del derecho constitucional argentino. Nacido en Santa Rosa en 1968 y discípulo del histórico Germán Bidart Campos, Gil Domínguez es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la UBA, dirige el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y fue declarado Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2025 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
Su trayectoria como litigante incluye intervenciones en causas constitucionalmente paradigmáticas: el caso Tobías sobre co-paternidad registral igualitaria, la primera inscripción de un niño como hijo de una relación poliamorosa, la acción que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias durante el kirchnerismo y su rol como amicus curiae en la causa Grupo Clarín. En 2020 integró la Comisión Beraldi, convocada por Alberto Fernández para estudiar reformas en el Poder Judicial. Su especialización en control de convencionalidad —el eje técnico central del planteo— lo ubica entre los abogados más adecuados del país para esta clase de litigación.
Los tiempos: la otra cara de la justicia internacional
La cuestión de los plazos es, sin embargo, el punto donde la justicia interamericana muestra sus límites. El procedimiento ante la CIDH prevé etapas reglamentarias: el Estado tiene tres meses para responder, prorrogables a cuatro; los peticionarios cuentan con cuatro meses para presentar observaciones de fondo; el Estado tiene otros cuatro meses para contestar; luego viene la deliberación y, eventualmente, el Informe de Fondo con recomendaciones. Si el Estado no cumple en tres meses, el caso puede ser remitido a la Corte IDH.
Pero la propia Comisión reconoce que trabaja en orden cronológico y que actualmente está analizando peticiones presentadas entre 2010 y 2014. Los ejemplos contra Argentina son elocuentes. El caso Furlan, sobre demoras en un proceso civil por daños cerebrales a un menor, fue enviado a la Corte IDH en 2011 después de quince años de tramitación. El caso Boleso, sobre la remuneración de un juez correntino, llegó a la Corte recién en 2021, tres décadas después de su presentación inicial. El caso Lhaka Honhat, sobre comunidades indígenas, demoró veintisiete años desde la solicitud original. El caso Moliné O’Connor, sobre la destitución del juez de la Corte Suprema, fue remitido a la Corte IDH en 2024, veintiún años después de los hechos.
Los propios casos que configuran el bloque jurisprudencial sobre violencia sexual contra menores siguen patrones similares. Angulo Losada tardó veintidós años desde los hechos hasta la sentencia. Guzmán Albarracín, dieciocho. VRP-VPC vs. Nicaragua, también dieciocho. Una proyección razonable para la causa Ilarraz, presentada en 2025 y admitida en mayo de 2026, ubica una eventual decisión final del sistema interamericano —si llegara a la Corte IDH— hacia la próxima década. Las víctimas tendrán entonces, en muchos casos, más de cincuenta años. Algunas, probablemente, no llegarán a verla.
El efecto inmediato
Hay, sin embargo, un horizonte más cercano. La sola admisión de la petición ya produce efectos políticos e institucionales: pone al Estado argentino en el banquillo del sistema interamericano, condiciona la jurisprudencia que la propia Corte Suprema deberá aplicar en las quince causas similares hoy pendientes, y construye un precedente moral de uso inmediato para el movimiento contra la prescripción de los delitos sexuales contra menores. El gobierno argentino tendrá que defender ante la CIDH el fallo de su propia Corte Suprema. En términos diplomáticos y políticos, es una posición incómoda.
El caso también ofrece una oportunidad para reformas legislativas. La experiencia boliviana con la “Ley Brisa” demuestra que las sentencias interamericanas pueden empujar cambios legales internos. En la Argentina, la imprescriptibilidad plena de los delitos sexuales contra menores —cuestionada por algunos sectores en nombre del principio de legalidad penal— vuelve a quedar en el centro del debate público.
Lo que se está discutiendo en Washington es si la República Argentina puede seguir convalidando, mediante la doctrina de la prescripción aplicada sin enfoque de niñez ni control de convencionalidad, la impunidad de delitos cometidos en condiciones de extrema vulnerabilidad institucional. La respuesta tardará. Pero la pregunta ya está planteada, y el reloj internacional empezó a correr.
EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del LíbanoEl coronel Avichay Adraee indicó que, “ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las Fuerzas de Defensa se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella”
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicó el cronograma oficial de pagos para mayo de 2026. Los beneficiarios con DNI terminado en 4 tienen fechas específicas según la prestación que perciben, con haberes actualizados un 3,38% respecto a abril, ajuste realizado conforme al índice de inflación de marzo. El recibo de haberes puede consultarse desde la fecha de inicio del cronograma a través de la plataforma Mi ANSES.
Quienes reciben haberes previsionales superiores al mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.
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Jubilaciones y pensiones mínimas
Los jubilados y pensionados con haber igual o inferior al mínimo y DNI terminado en 4 acceden a su pago el 15 de mayo de 2026. El haber mínimo para este mes asciende a $393.174,10, resultado del ajuste del 3,38% aplicado sobre el valor de abril.
ANSES liquida además un bono extraordinario de $70.000 en forma automática para quienes perciben ese monto, lo que eleva el total efectivo a $463.174,10. Para quienes cobran un haber inferior al mínimo más el bono, el organismo aplica un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor total.
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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los beneficiarios con ingresos previsionales superiores al haber mínimo y DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, en el mismo turno que los DNI terminados en 5. Este grupo no accede al bono extraordinario de $70.000.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sigue el mismo esquema de acreditación que las jubilaciones mínimas. Los titulares con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. Con el bono extraordinario, el total percibido alcanza $384.539,28.
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Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas tienen un calendario diferenciado. Los DNI terminados en 4 y 5 cobran juntos el 13 de mayo. El monto establecido para mayo de 2026 es de $275.221,87. Al sumar el bono extraordinario vigente, el total asciende a $345.221,87.
Pensión Madre de 7 Hijos
La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo jubilatorio, por lo que su monto para mayo de 2026 es de $393.174,10. Con el bono extraordinario, el total llega a $463.174,10. Los DNI terminados en 4 cobran el 15 de mayo, en línea con el cronograma de jubilaciones mínimas.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 cobran el 15 de mayo. El monto de la AUH para mayo de 2026 asciende a $141.285,31. La AUH con Discapacidad se eleva a $460.044,10, según informó ANSES.
Asignación por Embarazo
La Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH. Los DNI terminados en 4 tienen acreditación el 15 de mayo de 2026.
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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Para la Asignación por Prenatal, los DNI terminados en 4 y 5 cobran el 15 de mayo. La Asignación por Maternidad puede percibirse en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Las asignaciones de pago único —matrimonio, adopción y nacimiento— no se organizan por terminación de DNI. Todos los beneficiarios pueden cobrar entre el 12 de mayo y el 10 de junio, o entre el 22 de mayo y el 10 de junio según el tramo correspondiente.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas se abonan para todos los DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2026, sin distinción por terminación de documento.
Prestación por Desempleo
Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo (Plan 1) con DNI terminado en 4 cobran el 27 de mayo, junto con los DNI terminados en 5. Los titulares del Plan 2 pueden acceder al pago hasta el 12 de mayo, para todas las terminaciones de documento.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen persa en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de la incertidumbre
La medida ocurre en la antesala de un viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping y en un contexto de estancamiento en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, mientras el inquilino de la Casa Blanca aguarda la respuesta del régimen a su propuesta para la paz.
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En un comunicado, el Tesoro aseguró que continuará adoptando acciones económicas dirigidas a la base industrial militar iraní para impedir que Teherán recupere su capacidad productiva.
La cartera advirtió que también está dispuesta a actuar contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito de Irán, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras que colaboren con los esfuerzos iraníes, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.
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Entre las empresas que se enfrentarán a las sanciones emitidas por la administración de Trump se encuentran la empresa china Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, la cual facilitó los esfuerzos de adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, fue sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.
A su vez, HK Hesin Industry Co. Ltd, con sede en Hong Kong, y a Armory Alliance LLC, con sede en Bielorrusia, fueron las compañías que trabajaron como intermediarios en las adquisiciones y recibieron el revés económico de EEUU.
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La empresa Mustad Ltd, con su central en Hong Kong, según la información del gobierno estadounidense, fue contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y también resultó sancionada.
En los detalles del informe, también se conoció que Pishgam Electronic Safeh Co., con sede en Irán, se encargó del suministro de motores utilizados en drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd, con sede en China, suministró materiales utilizados en misiles balísticos.
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Irán, uno de los principales fabricantes de drones, cuenta con capacidad industrial para producir cerca de 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, financiado por el gobierno británico.
Brett Erickson, director gerente de Obsidian Risk Advisors, explicó que las sanciones buscan frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y a sus aliados regionales. El régimen persa cerró esta vía estratégica, por la que circula una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a objetivos iraníes el 28 de febrero. El transporte marítimo en la zona se paralizó desde el inicio de la guerra, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel internacional.
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Erickson señaló que las sanciones estadounidenses siguen centradas en objetivos específicos, lo que permite a Irán adaptarse y buscar nuevos proveedores, y remarcó que el Tesoro aún no ha actuado contra los bancos chinos que sostienen la economía iraní.
Por otra parte, las autoridades estadounidenses informaron en el documento del Tesoro que ampliaron las medidas contra Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., empresa china previamente señalada por riesgos asociados a sanciones vinculadas a Rusia y que ahora también figura bajo restricciones relacionadas con el programa armamentístico iraní.
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La cartera a cargo del secretario Scott Bessent revisó la información sobre el llamado Centro de Exportación del Ministerio de Defensa iraní, conocido como “MINDEX” o “MODLEX”, entidad acusada por Washington de participar en actividades de exportación vinculadas al sector de defensa de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advirtió que varias de las personas y empresas incluidas en esta nueva ronda de sanciones quedan expuestas a sanciones secundarias, una medida que puede afectar también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ellas.
El gobierno empieza a entender cuáles son, y dónde están, las verdaderas fuerzas del cielo. Esta semana el interbloque de los 44 amigos que tiene en el Senado volteó por completo el capítulo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que hundía el proyecto de Barrios Populares, Ley de Villas o como se le quiera llamar.
El colectivo que coordina Patricia Bullrich, y que le asegura una mayoría cómoda al gobierno en el Senado, acordó eliminar ese proyecto rechazado por la Iglesia y sectores de la oposición. Es una derrota en donde más le duele al gobierno, que es la guerra cultural.
La iniciativa de darle a los ocupantes de más de 6.000 villas de todo el país la propiedad de la tierra fue del papa Francisco y del gobierno de Macri, que gestionaron las organizaciones sociales del tridente cayetano que coordina Juan Grabois, hoy diputado del bloque Unión por la Patria.
Es un programa que ya está escorado por el desfinanciamiento de la actual administración. La Iglesia logró frenar el golpe final dedicando una semana de encuentros en torno al primer aniversario de la muerte del papa Bergoglio, que surtió efecto. “- No es momento de avalar este tipo de medidas”, se escuchó en el interbloque.
Quizás, dirán algunos, porque las fuerzas del cielo las maneja el finado pontífice en la conciencia de los legisladores. Otros admiten que es insoportable para un gobierno débil meterse con la Iglesia y un proyecto de marca Bergoglio.
Ley de tierras, otra derrota
El proyecto de protección de la propiedad privada —un empeño ocioso en un país como la Argentina donde está asegurada — sufrió otros cambios, también acordados por Los 44 que coordina Patricia. Modifica también los capítulos que se refieren a las prohibiciones de venta de tierras a extranjeros, especialmente en zonas de frontera. El proyecto proponía eliminar las restricciones.
El consenso de Los 44 traslada la responsabilidad a las provincias, que determinarán cuáles son las condiciones para que extranjeros puedan comprar tierra. Y si están en zonas de frontera, las fuerzas armadas y de seguridad lograron imponer que puedan entrar y salir cuando lo requiera el servicio. Se mantiene siempre la prohibición de venta de tierras a Estados nacionales.
La PASO no se va
Estos cambios exponen un capítulo interesante de la agenda política marcada por el clima preelectoral y el juego de las expectativas. Primó la consigna que Bullrich llevó a la casa de gobierno: “- Si atropellamos, no sacamos nada”.
Ya avisó que tampoco hay votos para eliminar las PASO. Y que, si se le hacen reformas al proyecto, tampoco insistan en que se agregue a la Boleta Única el tilde de lista completa. Este recurso es pedido por el mileísmo y también por algunos sectores de la oposición, que sueñan con un sistema de arrastre que conserve los efectos de la lista sábana.
Pero hay partidos del interior que no quieren saber nada con que un candidato nacional a presidente, en el caso de coincidencia de fechas, arrastre las candidaturas provinciales. El proyecto también propone que cuando haya simultaneidad, las listas nacionales vayan adheridas a las locales. Si eso sale, no habrá tilde de lista completa.
“Apoyamos la gestión, no la política” (Gobernadores)
El gobierno se resigna a que los gobernadores van a separar las elecciones locales de las nacionales. La excepción es Buenos Aires. Kicillof aspira a una candidatura presidencial, y quiere que el distrito más grande del país lo empuje hacia arriba.
Ese ánimo autonomista ha decantado las posiciones de los gobernadores amigos del gobierno, un grupo que tiene eje en el trío del norte Jaldo-Jalil-Sáenz. Le han comunicado al gobierno que van a apoyar lo que proponga la Nación en materia de gestión. Pero no habrá apoyo para la agenda política.
El tucumano Osvaldo Jaldo ya adelantó su rechazo a la eliminación de las PASO. Las mismas dudas han expresado otros mandatarios, como el catamarqueño Raúl Jalil y el jujeño Carlos Sadir. Estuvieron este fin de semana en San Juan en una cumbre de la minería.
Se sentaron con Diego Santilli, la hermana Karina y los primos Menem, frente a otros mandatarios de provincias mineras – el local Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Maxi Pullaro y Martín Llaryora. Reclamaron que Nación acelere los RIGI (sigla que encubre una nueva versión de la promoción industrial que rigió con costos carísimos durante años) demorados y que se eliminen las retenciones a la exportación del litio y la plata. De política ni hablaron.
Adorni, amargo caramelo de madera
No está claro que el gobierno haya provocado el caso Adorni, más allá de las responsabilidades que le caben al funcionario. Pero lo aprovecha con éxito para darle a sus contradictores un caramelo de madera. Es la razón de la defensa a capa y espada.
Desde que estalló el caso mantiene distraída a una buena parte de los medios de comunicación, y de la oposición, en el debate de los actos aún no probados del vocero-jefe de gabinete. Encima afectan a un funcionario intrascendente. Ni es vocero ni tampoco jefe de ningún gabinete.
La fuerza con la cual se lo defiende aumenta la debilidad del gobierno, que entra en estado de parálisis. Ha intoxicado la agenda en el Congreso y dilata la gestión. Pero garpa porque encubre y demora el debate sobre problemas que necesitan solución.
Adorni, prenda de cambio
Otra ventaja que tiene la defensa de Adorni es que sirve para negociar con la oposición amigable. La convenció en diputados para que haya una sesión el próximo 20 de mayo con temas irrelevantes. Un grupo de la oposición dura se les adelantó con el pedido de una sesión especial para tratar el caso Adorni.
La quieren el jueves de la semana que inicia, el 14 de mayo. No están seguros de tener los 129 votos para arrancar, pero les sirven las expresiones de minoría, en caso de que no lo logren. El grupo nuclea peronismo, Encuentro y Coalición, y discutieron la oportunidad de presionar con pedidos de informe.
El debate sobre ese pedido de sesión desnudó que el gobierno busca dividirlos con el caso Adorni. Ante ese peligro los diputados de la Coalición Maxi Ferraro y Mónica Frade rompieron con el interbloque Unidos. Creen que los compromisos de esos bloques con gobernadores limitan su independencia. La Coalición no gobierna distritos y tiene la libertad para estos actos de emancipación.
Dónde hay un líder
Tanto el peronismo como el no peronismo carecen de un dirigente que asome con condiciones de liderazgo para unificar los electorados. La ventaja del peronismo es que no tiene que construir un electorado. Ya lo tiene, sacó 44 puntos en 2023 y 34 en 2025.
El electorado del no peronismo, en cambio, es una construcción nueva para cada elección. Se juntó en 2023 para hacerlo ganar a Milei, decayó en 2025 cuando pasó de los 54 puntos del balotaje a los 41 puntos históricos del voto de Cambiemos.
En dos años perdió electores que no se fueron al peronismo; se quedaron en casa y alimentaron una abstención récord. Es consecuencia de la crisis de liderazgo en las fuerzas mayoritarias que colapsaron en 2023.
¿Qué define a un líder? Primero que nada, que no es un gerente, a diferencia de lo que creen los tecnócratas. Un líder debe tener, ante todo, capacidad de identificarse con el electorado que aspira a representar. Hacer política es un negocio de representación, no de flautista de Hamelín.
El líder tiene que hacer sintonía con capacidad profética y tener una visión que interprete los sueños de quienes aspira a representar. Se lo dice el personaje de The Devil Wears Prada que encarna Meryl Streep cuando descalifica a su adversaria: “– No sos una visionaria, sos una vendedora” (“You’re not a visionary, you’re a vendor”).
Macri, el explicador embarcado por el Nilo
De esto habrá explicado algo Macri este fin de semana en el exclusivo crucero al que fue invitado con otros dirigentes como Felipe Calderón y Matteo Renzi. Fue una conferencia itinerante a bordo del coqueto crucero Crystal Serenity que navegó por el canal de Suez, Egipto.
Lo escucharon cerca de 300 empresarios y políticos que participaron en el Leadership Cruise 2026, organizado por el WTTC (World Travel & Tourism Council) para hablar de liderazgo y de cooperación en el turismo.
El sector dice haber perdido ya US$ 600 millones por día desde que comenzó la crisis con Irán. El anfitrión fue el presidente de Egipto, El-Sisi, preocupado por uno de sus principales ingresos.
Solos o en alianza 2027: Macri vs. los de abajo
Este episodio que Macri compartió con algunos de sus hijos fue un descanso para lo que le espera en Buenos Aires. Tiene en agenda de recorridos por el país para movilizar el PRO para el proyecto de presentar el año que viene listas propias en todas las categorías.
Apenas llegue en las próximas horas, tiene un compromiso con los legisladores del PRO de Buenos Aires y CABA. En esos dos distritos es donde le cuesta más el armado.
Él sostiene que el PRO tiene que jugar solo, salvo que la alianza con otros partidos le pague políticamente. Pero los dirigentes intermedios de su fuerza en el área metropolitana prefieren repetir en PBA y CABA las alianzas exitosas con La Libertad Avanza del año pasado.
En CABA, Jorge Macri querría ir a la reelección con Pilar Ramírez (ex PRO, hoy LLA) como vice. Hay quienes creen que Jorge tiene un entendimiento con Patricia Bullrich para que ella se dedique a una carrera nacional y no se meta en la ciudad.
¿Avalará esto Mauricio, que tiene todos sus intereses políticos en la CABA y no quiere compartirlos con nadie? Gobierna hace 20 años sin nadie que le haga sombra y puede querer seguir siendo el dueño exclusivo de la plaza.
Un nuevo Cambiemos, pero con pata peronista
El proyecto de Macri de presentar a un outsider como candidato del PRO tiene una tangente con el proyecto de sus ex armadores, Nicolás Massot y Emilio Monzó, que imaginan una recreación de Juntos por el Cambio con una pata peronista. No la hubo en 2015 porque se sacaron de encima a Sergio Massa, fruto de la convención radical de Gualeguaychú.
Esta vez la pata peronista la podría aportar el outsider Jorge Brito, de cuya campaña se ha responsabilizado Monzó. Afirma que Brito ha dicho en privado que quiere ser candidato a presidente. Es afiliado del peronismo en el distrito Salta, donde tiene domicilio electoral. Monzó viene de entrevistarse con Axel Kicillof para explicarle el frente multipartidario que frene la reelección de Milei.
Axel desembarcó el viernes en el segundo distrito con mayor cantidad de votantes, Córdoba. Hasta ahora lo acompañaba allí el exsenador Carlos Caserio. Pero esta vez fue de la mano de Rodolfo Daer, hombre fuerte del sindicalismo, que lo invitó a hablar en un congreso del gremio de la Sanidad.
Es un sector golpeado por el gobierno, y mantiene una guerra con el oficialismo. Julio Alak, a su vez, había recibido en la semana a Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio. Alak es uno de los cerebros políticos de Axel (hemisferio derecho) que además aspira a una candidatura a gobernador de Buenos Aires.
Almorzaron en La Plata y especularon sobre la conveniencia de la unidad del peronismo para competir en representación del espacio. Hablan de un Frente en donde estén todas las expresiones del peronismo, pero con aliados de la UCR y de otras fuerzas. Un desafío a la elasticidad de la política.
Moscú lanzó un nuevo ataque con un misil balístico y drones contra Sumy y Odesa, dos de las regiones ucranianas más importantes para Kiev en el frente de la guerra, y transgredió el alto el fuego al que se comprometió horas antes con el presidente estadounidense Donald Trump.
El bombardeo asesinó a tres personas, padre e hijo y otro civil, generó dos incendios en casas particulares que fueron extintos por los bomberos del Servicio de Emergencia de Ucrania y conmocionó a los ucranianos que espera de una tregua duradera.
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Las imágenes compartidas por los rescatistas del cuerpo de emergencias a través de Facebook mostraron el desastre provocado por la última ofensiva militar del Kremlin contra Ucrania, en el marco del Día de la Victoria en Segunda Guerra Mundial que se celebrará en la capital rusa con poco armamento militar y sin comunicaciones.
Rusia atacó la región de Sumy, donde un incendio de grandes proporciones se desató en una vivienda particular de la comunidad de Berezivska. Ante la amenaza de nuevos ataques, los bomberos suspendieron sus labores y se trasladaron a un lugar seguro.
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En la región de Cherníhiv, un bombardeo ruso con dron alcanzó una granja en una aldea fronteriza del distrito de Nóvgorod-Siverskyi. El ataque provocó un incendio que causó la muerte de un hombre de 70 años y su hijo de 49. Un tercer hombre, de 55 años, resultó herido. Los rescatistas lograron extinguir el fuego.
Rusia lanzó un ataque con un misil balístico Iskander-M y 43 vehículos aéreos no tripulados (UAV), según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. A su vez, reportó que 34 drones fueron derribados o neutralizados. Se reportaron impactos de nueve proyectiles en seis ubicaciones distintas, además de la caída de escombros en dos lugares.
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Kiev y Moscú acordaron una tregua de tres días, desde este 9 de mayo hasta el 11, en los combates durante la conmemoración anual rusa de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La pausa incluirá un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo y señaló que tanto su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky como el presidente ruso Vladimir Putin aceptaron su solicitud de tregua.
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“La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria, pero también en Ucrania, porque fueron un factor importante en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Trump en Truth Social, y expresó su esperanza de que la pausa represente “el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”.
Zelensky y el Kremlin confirmaron la tregua como parte de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para negociar el final del conflicto. El presidente de Ucrania subrayó que aceptó la pausa como una oportunidad para el intercambio de prisioneros, y no por respeto al calendario festivo ruso. El presidente ucraniano resaltó que Ucrania ha utilizado su capacidad de drones de largo alcance para desafiar la seguridad de los desfiles militares rusos en el centro de Moscú.
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“La Plaza Roja es menos importante para nosotros que la vida de los prisioneros ucranianos que pueden ser repatriados”, escribió Zelensky en X. “Agradezco al presidente de los Estados Unidos y a su equipo su productiva labor diplomática. Esperamos que Estados Unidos garantice que la parte rusa cumpla con estos acuerdos”.
Funcionarios rusos también reconocieron el papel del presidente estadounidense Donald Trump en la mediación de la tregua. “Acogemos con satisfacción esta iniciativa, que se basa en una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos”, declaró Yuri Ushakov, asesor diplomático de Vladimir Putin.
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Ushakov explicó que Putin y Trump “enfatizaron que nuestros países fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial y discutieron la posibilidad de un alto el fuego durante las celebraciones del Día de la Victoria”.
Zelensky inicialmente rechazó el llamamiento ruso a una pausa porque, bajo su mirada, Moscú buscaba “un permiso para celebrar su desfile, para que puedan salir a la plaza con seguridad durante una hora una vez al año y luego seguir matando”.
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El desfile anual del 9 de mayo en Rusia, que conmemora el sacrificio soviético durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido durante años un símbolo central de la identidad ultraconservadora y militarista promovida por Vladimir Putin a lo largo de su mandato. La Unión Soviética perdió oficialmente 26,6 millones de personas en el conflicto, la cifra más alta de cualquier nación.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, el Día de la Victoria adoptó un nuevo significado: Putin y altos funcionarios utilizan la fecha para alimentar el fervor patriótico y justificar la guerra actual ante la población rusa.
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Sin embargo, el desfile se realizará sin la tradicional exhibición de armamento militar, recurso que Rusia había empleado para proyectar su poder, y contará con una disminución en el número de participantes. La exhibición aérea continuará según lo estipulado.
