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Desde 2023 rige entre la Argentina y Estados Unidos un acuerdo por el cual el fisco estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS), informa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras de ese país. Se firmó el 5 de diciembre de 2022, entró en vigor el 1° de enero de 2023, sigue vigente y el intercambio se produce en septiembre.

El mecanismo, conocido como Fatca, tiene un alcance más acotado que otros intercambios: llegan datos para identificar cuentas e ingresos, pero no saldos ni movimientos.

El intercambio fiscal entre Estados Unidos y ARCA permite que el organismo argentino reciba información sobre determinadas cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras estadounidenses. El mecanismo tuvo su primer envío de datos en septiembre de 2024, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El alcance del convenio es limitado frente a otros sistemas de intercambio automático vigentes con países que aplican el estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estados Unidos no envía de forma automática los saldos de las cuentas ni el detalle completo de las operaciones financieras.

Qué se informa

Fatca es una ley estadounidense que obliga a las instituciones financieras a informar sobre cuentas de personas de otros países. Diez días después de firmado el acuerdo, el 15 de diciembre de 2022, la entonces AFIP dictó la Resolución General 5303 para adaptar el régimen local. Según ARCA, el 18 de enero de 2023 el IRS notificó que la infraestructura de resguardo de datos del organismo era adecuada.

La información que el IRS puede transferir a ARCA incluye datos que permiten identificar cuentas e ingresos de fuente estadounidense de residentes argentinos.

Entre ellos figuran:

• Identificación del titular de la cuenta, cuando se trate de una persona humana o una entidad residente en Argentina.
• Nombre de la institución financiera estadounidense donde se encuentra abierta la cuenta.
• Número de cuenta informado por la entidad financiera.
• Intereses cobrados en cuentas de depósito, como cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos u otros productos bancarios similares, cuando los intereses de fuente estadounidense superen los USD 10 anuales.
• Dividendos de fuente estadounidense, sin un monto mínimo anual para su información.
• Otros ingresos de fuente estadounidense acreditados en cuentas financieras, si la normativa tributaria de Estados Unidos exige que sean declarados ante el IRS.
• Ingresos obtenidos por inversiones en acciones de empresas estadounidenses, incluidos los dividendos.
• Dividendos de fondos cotizados en bolsa (ETF), siempre que sean considerados de fuente estadounidense.

Lo que no forma parte del envío automático

El punto central del acuerdo es que Estados Unidos no remite de manera automática los saldos de las cuentas ni el detalle de los movimientos bancarios. Tampoco envía, como regla general, la composición completa de una cartera de inversiones.

Por eso, la información recibida puede servir para detectar una cuenta o un ingreso que no aparece en las declaraciones juradas de un contribuyente, pero no alcanza por sí sola para determinar cuánto dinero había en ella en una fecha determinada.

Si ARCA necesitara información adicional sobre una cuenta específica, como saldos, transferencias o movimientos, debería iniciar un pedido puntual de datos a las autoridades estadounidenses por los canales de cooperación tributaria disponibles entre ambos países.

El acuerdo es recíproco: las instituciones financieras argentinas informan a ARCA sobre cuentas de personas estadounidenses, incluidos saldos, para su intercambio con Estados Unidos. Especialistas lo describen como automático pero no simétrico, porque el lado argentino informa más datos.

Qué cuentas e ingresos pueden quedar fuera

El intercambio bajo Fatca no abarca todos los activos que un residente argentino puede tener vinculados con Estados Unidos.

Quedan fuera del envío automático, entre otros casos:

• Los saldos de cuentas bancarias y de inversión.
• Las cuentas cuyos únicos rendimientos provengan de activos que no sean de fuente estadounidense.
• Los dividendos distribuidos por sociedades europeas u otras compañías extranjeras, aunque la cuenta donde se acrediten esté abierta en Estados Unidos.
• Los ingresos de inversiones estructuradas fuera de Estados Unidos.
• Los inmuebles ubicados en territorio estadounidense.
• Las cuentas abiertas a nombre de sociedades que no sean residentes en Argentina, incluso si sus beneficiarios finales viven en el país.
• La identificación automática del beneficiario final de una sociedad o estructura jurídica titular de una cuenta.

Esto último implica que, si una cuenta estadounidense está a nombre de una sociedad radicada en otra jurisdicción, el intercambio no necesariamente revelará de forma automática que detrás de esa estructura hay un residente argentino.

Qué puede hacer ARCA con los datos recibidos

La información recibida desde Estados Unidos puede ser utilizada por ARCA para comparar los registros enviados por el IRS con las declaraciones juradas presentadas en Argentina.

Si el organismo detecta una cuenta, una inversión o ingresos que no fueron declarados, puede requerir explicaciones, documentación respaldatoria o rectificaciones. La recepción de información, de todos modos, no implica de forma automática una determinación de deuda ni el inicio de una fiscalización.

Para quienes tienen bienes e ingresos correctamente exteriorizados, el intercambio permite contrastar que los datos disponibles en ambos países sean consistentes. En cambio, para quienes registren diferencias entre la información enviada por Estados Unidos y sus presentaciones ante ARCA, el mecanismo aumenta la posibilidad de que el organismo identifique esas inconsistencias.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.

El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.

El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.

Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.

Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.

“Resguardar los derechos de Misiones”

La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.

El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.

Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.

Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.

Qué pide la cautelar

Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.

La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.

Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.

El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.

La salida que propone para el Gobierno

Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.

Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.

“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.

Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.

También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.

“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.

Negociaciones antes del 15 de octubre

De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.

“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.

Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.

“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.

El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.

Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.

“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.

La situación del PRO y el rol de Lacunza

En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.

“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.

El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.

Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.

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Un economista argentino con más de tres décadas de trayectoria en los mercados financieros globales, doctorado en Harvard y con pasado en Goldman Sachs, puso en valor este viernes el programa económico de Javier Milei: habló de un “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” como el principal activo de credibilidad del Gobierno ante los inversores internacionales. La afirmación fue de Alberto Ades, hoy estratega global en Vector Alpha, quien disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) bajo el título “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

El diagnóstico de Ades no fue, sin embargo, sin matices. Junto al reconocimiento del avance fiscal, el economista lanzó una advertencia sobre el horizonte de 2027: ese año, dijo, Argentina deberá enfrentar “una pared de vencimientos y mucha incertidumbre política”, una combinación que calificó de “riesgosa” y que, a su juicio, exigirá del Gobierno una gestión muy activa para diferir o garantizar financiamiento antes de que el ciclo electoral complique aún más el escenario. El contraste entre los logros recientes y los desafíos que se avecinan estructuró buena parte de su exposición ante el público de la casa de estudios porteña.

Como telón de fondo, Ades trazó un mapa del nuevo orden económico mundial. Sostuvo que “dinero, energía y seguridad” son los tres ejes que comenzaron a pesar desde 2022 y que hoy condicionan a todos los países. Añadió que el capital será más caro por un período prolongado, que las tasas largas seguirán elevadas en ausencia de consolidación fiscal en las grandes economías, y que la geopolítica pasó a ser “una variable de primer orden”. En ese marco —donde el rol del Estado se amplía en Estados Unidos, Europa, China, Corea y Japón con agendas industriales activas— planteó su tesis central: “Los mayores movimientos del mercado ocurren cuando cambia el régimen económico, no cuando cambia el ciclo”.

Sobre la situación argentina, Ades reconoció que la suba del riesgo país a 633 puntos puede resultar llamativa, pero la relativizó con perspectiva histórica.

“La suba del riesgo país a 633 puntos parece bastante dramática, y en un punto lo es, pero también está bien comprobar lo que ha caído en los últimos dos años y medio”, señaló.

Completó ese cuadro con otros indicadores: las reservas crecieron, la inflación —que en 2023 alcanzó el 211% anual— “ha caído significativamente”, y el Tesoro recuperó acceso parcial al mercado doméstico de deuda. Al mismo tiempo, advirtió que un riesgo país de 633 puntos, sumado a un bono del Tesoro en 525, arroja un costo de financiamiento del 11,6%, al que definió como “problemático”.

Ades dedicó un tramo de su charla a distinguir la situación actual de la crisis de 2018, cuando la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos precipitó el colapso del programa económico de Mauricio Macri. “Yo creo que esto no es 2018. ¿Por qué? Porque los números son muy distintos”, afirmó.

Señaló que en aquel momento Argentina cerró el año con un déficit de cuenta corriente del 5,5% del PBI y un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, lo que generaba necesidades de financiamiento externo elevadas justo cuando el costo del dinero subía a nivel global. Hoy, en cambio, el déficit fiscal es mínimo —con discusión sobre si hay un pequeño superávit o un pequeño déficit, según la metodología— y el externo “tiene un pequeño déficit con potencial de convertirse en superávit”.

La conclusión fue directa: “Los desbalances externos y fiscales son mucho menores, es menor entonces la necesidad de financiamiento externo, todo lo cual nos torna mucho menos vulnerables” a lo que ocurra con las tasas en Estados Unidos.

Sobre el tipo de cambio, Ades constató que el peso está más apreciado que en 2017 —en los prolegómenos de aquella crisis— y por encima del promedio histórico del índice del Banco Central. Ante ese diagnóstico, evaluó tres vías posibles para lograr un tipo de cambio más depreciado:

• La primera: “Lograr más superávit fiscal, que requiere más ajuste fiscal en un año electoral y en el corto plazo a veces no funciona”.
• La segunda: aplicar una devaluación discrecional, opción que descartó porque “la devaluación pasa a precios muy rápido y se pierde rápido la ganancia de tipo real”.
• La tercera, y la que presentó con mayor potencial estructural: encarar reformas que eleven la productividad, lo que aprecia el tipo real de equilibrio y reduce la brecha con el tipo real de mercado.

Añadió que, en el contexto actual, lograr una depreciación cambiaria “no es fácil, mucho menos cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”.

El núcleo de la charla, en línea con el título que propuso para su exposición, fue la credibilidad fiscal como variable diferenciadora. “Argentina tiene lo que no tenía hace 3 años: más credibilidad fiscal”, afirmó Ades.

Y fue en ese punto donde apareció la caracterización más contundente de la noche: “Tenemos un presidente con un compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal, es un caso notorio que no se ve en ningún otro país del mundo, y eso le da mucha credibilidad en el sentido de que, si falla la recaudación, implementará más ajuste fiscal para equilibrar”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa credibilidad tiene una agenda pendiente: la reforma impositiva, la previsional y la del régimen de coparticipación, que “enfrentan dificultades políticas y por ahora no se han materializado”, pero que tendrían “un impacto muy positivo” si llegaran a concretarse.

Entre los factores externos que juegan a favor del país, Ades mencionó la relación bilateral con Washington. “Nos juega a favor nuestra amistad con Estados Unidos, que nos presta plata y nos da acceso privilegiado a su mercado”, señaló.

También subrayó que hay anuncios de inversión con “un potencial enorme”, tanto en la balanza de pagos como en el nivel de actividad, aunque aclaró que existe un desfase temporal: muchos de los proyectos anunciados se materializarán recién en cuatro o cinco años, mientras que las elecciones serán en 2027.

Fue en ese contexto donde reiteró su advertencia sobre el próximo año: “Veo al Gobierno muy proactivo, tratando de empujar esos vencimientos para atrás o asegurarse financiamiento oficial”, concluyó.

La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.

El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.

El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.

El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.

Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.

Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.

En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.

La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.

“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.

En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.

“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.

La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.

Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.

“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.

El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.

Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.