Un choque en cadena en Concordia involucró a tres vehículos durante la noche del sábado 26 de septiembre. El siniestro vial ocurrió sobre calle Damián P. Garat, entre San Lorenzo y Tucumán, y uno de los automóviles se retiró del lugar después del impacto. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Personal de Comisaría Tercera intervino tras tomar conocimiento de la colisión. De acuerdo con las primeras actuaciones, los tres rodados estuvieron involucrados en un mismo episodio, aunque todavía se investigan las circunstancias que desencadenaron el choque.
Uno de los vehículos era un Volkswagen Suran que, luego de la colisión, abandonó el lugar en dirección sur por calle Damián P. Garat. La Policía inició las diligencias correspondientes para establecer los datos del automóvil y avanzar con la identificación de su titular.
La Policía identificó al titular del vehículo
A partir de la consulta de los registros correspondientes, los efectivos lograron determinar a nombre de quién se encontraba registrado el Volkswagen Suran. Posteriormente, se dirigieron al domicilio vinculado con el rodado para continuar con las actuaciones.
Por el momento, no se informó si el titular era quien conducía el automóvil al momento del choque ni se brindaron precisiones sobre las razones por las que se retiró del lugar.
En el operativo también participó personal de Tránsito Municipal de Concordia, que intervino en el marco de sus competencias para colaborar con el procedimiento.
Investigan las circunstancias del siniestro
Las autoridades confirmaron que el choque no dejó personas heridas. No obstante, se mantienen las actuaciones destinadas a reconstruir la secuencia de la colisión y determinar la responsabilidad de los involucrados.
El episodio ocurrido en calle Damián P. Garat quedó bajo investigación policial. Las diligencias buscan establecer cómo se produjo el impacto entre los tres vehículos y esclarecer las circunstancias en las que el Volkswagen Suran se retiró del lugar.
Siete años después de la presentación inicial del modelo y tras una etapa de entregas limitadas a clientes como PepsiCo, finalmente Tesla inauguró una planta en Sparks, Nevada, destinada a la producción en grandes volúmenes del camión eléctrico Tesla Semi.
La compañía prevé que la instalación, ubicada junto a su Gigafactory Nevada, alcance una capacidad de 50.000 camiones por año, unas 1.000 unidades por semana.
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Dan Priestley, director de ingeniería de Semi en Tesla, afirmó durante la inauguración que el aumento de la producción generará más de 3.000 empleos en Nevada.
La planta ocupa unos 167.000 metros cuadrados, donde se fabricarán las versiones Standard, Long Rangey una variante destinada al mercado europeo, todas en una misma línea de ensamblaje.
Tesla informó que la fábrica producirá internamente componentes como baterías, ejes motrices, módulos de refrigeración, sistemas de distribución de alto voltaje y asientos. La empresa presentó esa integración “in house” como parte de un programa tendiente a reducir los costos de fabricación del camión pesado eléctrico.
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El fabricante también informó que rediseñó el vehículo durante cuatro años para adaptarlo a una producción a gran escala. Entre los mayores cambios, ademas de un cambio estético que adoptó la firma digital de luces delgadas en posición horizontal, figura el empleo de celdas 4680 desarrolladas por la propia compañía en su paquete de baterías, en reemplazo de las celdas 2170 con las que estaban equipadas las primeras unidades.
Hasta 805 kilómetros de autonomía
Tesla mantiene dos configuraciones principales de su camión para el mercado estadounidense. La versión Standard ofrece una autonomía estimada de 523 kilómetros (325 millas), mientras que la Long Range llega a los 805 kilómetros (500 millas) con un peso bruto combinado de 37.195 kilogramos (82.000 libras).
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La compañía calcula un consumo cercano a 1,06 kWh por kilómetro, con una capacidad recuperar el 60% de la batería en sus cargadores Megacharger en tan sólo 30 minutos. La red de carga para el Semi se concentra por ahora en corredores viales de California, Texas y la costa este de Estados Unidos, aunque Tesla proyecta ampliar su despliegue.
Y un dato que resulta significativo y sobre el que hace especial hincapié Tesla, es la disponibilidad de más del 98% del tiempo de sus camiones durante lo que va de 2026, con un margen mínimo de mantenimiento que requirió unidades detenidas menos del 2% del tiempo. Los primeros pedidos
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El comienzo de la producción coincide con nuevos compromisos de compra. La coalición ZET SCALE eligió a Tesla como su principal fabricante para un pedido inicial de 2.500 Tesla Semi, dentro de un programa que contempla incorporar más de 10.000 camiones eléctricos de distintas marcas.
La firma de transporte Einride, por su parte, anunció recientemente un acuerdo para adquirir 500 unidades. En el evento de inauguración de la planta, en Nevada, también aparecieron vehículos con los logotipos de PepsiCo, DHL, US Foods, ABF, IMC Logistics y WattEV.
Tesla no comunicó el precio oficial del modelo. El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) estimó que las variantes de mayor autonomía se comercializan en torno a USD 290.000. El portal especializado Electrek, por su parte, señaló que la compañía habría establecido un precio base para la versión Standard cercano a los USD 260.000.
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Tesla vincula el camión con sus planes de conducción autónoma
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, fue parte de la apertura de la planta a través de un video en el que definió al Semi como un producto orientado al transporte pesado. En julio, Musk había anticipado que las funciones de conducción autónoma total de Tesla, denominadas Full Self-Driving (FSD), llegarían al camión en un plazo cercano, aunque sin precisar una fecha.
Tesla incorporó dirección eléctrica en el Semi, un sistema que elimina bombas y fluidos hidráulicos. Según explicaron desde la compañía, esta arquitectura facilitará futuras funciones automatizadas.
Adicionalmente a la tecnología de conducción autónoma, el vehículo incorporó además el Megamanifold, una bomba de calor de nueva generación que regula en simultáneo la climatización de la cabina y la calefacción y refrigeración del sistema motriz.
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Tesla indicó que, a diferencia de un camión diésel, el Semi puede aprovechar el excedente de calor del tren motriz para mantener la temperatura interior. El mismo sistema térmico se utiliza en el Tesla Cybercab, el taxi autónomo recientemente lanzado por la compañía en Estados Unidos.
La cabina incorpora cristales acústicos, una ventanilla que puede bajarse y espacio para que el conductor permanezca de pie dentro de la cabina. A nivel tecnológico, se automatizó gran parte de la inspección previa al viaje, que el vehículo incorpora en un registro electrónico que verifica la realización de esos controles.
La empresa anunció en su cuenta oficial que la producción en altos volúmenes ya está en marcha y que las entregas comienzan inmediatamente. El desafío será llevar la capacidad de la nueva planta a su nivel previsto y expandir la infraestructura de recarga para operaciones de larga distancia.
El Ministerio de Salud de Gaza informó que la cifra de palestinos muertos desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás superó los 74.000, cuando el conflicto se aproxima a cumplir tres años. El nuevo balance se conoce mientras el alto el fuego permanece mayormente estancado y continúan registrándose ataques israelíes en el territorio.
Según los datos difundidos el sábado por el organismo sanitario, al menos 74.016 palestinos murieron y otros 175.068 resultaron heridos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. El ministerio forma parte del gobierno encabezado por Hamás y sus registros son considerados, en general, fiables por agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.
El balance oficial no diferencia entre civiles y combatientes, aunque las autoridades sanitarias de Gaza sostienen que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de las víctimas fatales registradas desde el comienzo del conflicto.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego murieron otros 1.145 palestinos, según las autoridades gazatíes.
Más de 1.100 palestinos murieron desde el alto el fuego
El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre pasado y permitió detener los combates de mayor intensidad, aunque desde entonces continuaron los ataques israelíes. El Ejército de Israel aseguró que esas operaciones fueron realizadas en respuesta a amenazas o ataques.
Desde la entrada en vigencia del acuerdo, 1.145 palestinos murieron, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud gazatí. Durante ese mismo período también fallecieron siete soldados israelíes.
La tregua fue alcanzada después de una guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás ingresaron en territorio israelí, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.
Netanyahu sostiene que las tropas israelíes no se retirarán hasta que Hamás entregue sus armas.
El acuerdo permanece estancado en Gaza
Pese a la reducción de los enfrentamientos de mayor escala, varios de los principales puntos contemplados en el alto el fuego mediado por Estados Unidos todavía no avanzaron. Las fuerzas israelíes mantienen actualmente el control de más de la mitad del territorio palestino.
Al mismo tiempo, Hamás no se desarmó, todavía no asumió un nuevo gobierno palestino y el proceso de reconstrucción no comenzó. Estas cuestiones mantienen paralizadas partes centrales del acuerdo alcanzado entre las partes.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene que las tropas israelíes no abandonarán sus posiciones hasta que Hamás entregue las armas, una condición que continúa siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia las siguientes etapas del entendimiento.
Mientras tanto, la situación humanitaria continúa marcada por las consecuencias de casi tres años de guerra, con decenas de miles de muertos y heridos y una parte importante de la infraestructura del enclave afectada por el conflicto.
Un incendio de importantes dimensiones afectó a dos acoplados durante la madrugada de este domingo 27 de septiembre en Colonia Ayuí, departamento Concordia. El fuego se inició en un semirremolque cargado con carbón que estaba estacionado en un predio sobre avenida Patria y se propagó a otro vehículo cercano. El siniestro provocó daños materiales, pero no se registraron personas heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando un vecino advirtió la presencia de llamas y dio aviso a las autoridades. Personal de la comisaría de la localidad acudió al lugar y constató que el incendio se desarrollaba en el sector trasero de un semirremolque perteneciente a una empresa de transporte.
La carga de carbón resultó parcialmente afectada por el fuego, que alcanzó una intensidad considerable. A esa situación se sumaron los fuertes vientos registrados durante la madrugada, que favorecieron la propagación de las llamas hacia otro acoplado estacionado en las inmediaciones.
Los daños que dejó el incendio
De acuerdo con la información policial, en el semirremolque donde comenzó el siniestro se quemaron parte de la carga, cuatro cubiertas y la lona protectora. El segundo acoplado sufrió daños en dos neumáticos y en su sector delantero izquierdo.
Pese a la magnitud del episodio, las autoridades confirmaron que las consecuencias se limitaron a pérdidas materiales. No se informó sobre personas lesionadas ni fue necesario trasladar heridos a centros asistenciales.
En el predio de Colonia Ayuí trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, que realizaron las tareas correspondientes para controlar el fuego y evitar que continuara propagándose entre los vehículos estacionados.
Investigan cómo se inició el fuego
Una vez desarrolladas las tareas de emergencia, se avanzó con las actuaciones destinadas a establecer el origen del incendio. Las primeras evaluaciones indican que el episodio podría haber sido accidental, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada.
Los procedimientos se concentraron en determinar las circunstancias en las que comenzaron las llamas en el semirremolque que transportaba carbón y cómo se produjo su propagación al vehículo contiguo.
La intervención quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido en el predio de avenida Patria, en Colonia Ayuí.
El avión ATR-42 600 operado por American Jet se sacude antes de aterrizar en el aeródromo de El Trapial, en medio de ráfagas de viento cruzado a más de 70 kilómetros por hora. La primavera es la estación más ventosa en Neuquén y el polvo que se levanta en el norte de la provincia, cerca de la localidad de Rincón de los Sauces, es motivo ineludible de conversación.
Vaca Muerta, la formación geológica en donde el petróleo y el gas quedó atrapado en una “trampa” de donde no puede fluir naturalmente, expande sus fronteras en la provincia y el norte de Neuquén se convirtió en el nuevo hub de donde se van a extraer millones de barriles para exportación. Allí se multiplican las apuestas de Tecpetrol, Pluspetrol y Chevron, entre otras grandes petroleras.
El norte de Vaca Muerta concentrará nueva actividad. Foto: Chevron.
En El Trapial, un yacimiento que desde los ’90 tuvo producción convencional, la estadounidense Chevron reconvirtió su actividad para el no convencional y prepara la inversión 100% extranjera más grande amparada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): 13.800 millones de dólares para triplicar su producción en menos de 10 años.
Cómo es El Trapial, en el norte de Vaca Muerta
El Trapial cuenta con un aeródromo propio y 2 vuelos diarios, tres veces a la semana, para transportar a los 350 empleados directos e indirectos que trabajan para Chevron y evitan así un traslado de 255 kilómetros y aproximadamente 5 horas desde la capital de Neuquén. El campamento tiene canchas de fútbol de césped sintético y de pádel para el entretenimiento general.
En El Trapial hay canchas de fútbol y pádel para el entretenimiento de sus empleados. Foto: Chevron.
El yacimiento tiene un área de 450 kilómetros cuadrados, más de dos veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires (205 km²) y una producción superior a los 40.000 barriles de petróleo equivalentes por día (boed). En los últimos días alcanzó 35.000 barriles diarios solamente de crudo, en torno a un 4% de la producción nacional.
La situación actual era impensada hasta 2022, cuando la producción convencional declinaba y las condiciones económicas en Argentina no eran favorables para la inversión. Chevron había comprado en 1999 la Petrolera San Jorge y llevó la producción de El Trapial hasta unos 70.000 barriles. Ahora busca mejorar esos números con el shale.
Al ser un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), Chevron tendrá que destinar al menos US$ 2.000 millones en El Trapial hasta fines de 2028.
Allí se moverán unos 70 camiones de arena cada día, cada uno con 30 toneladas de arena, que viene principalmente de Entre Ríos; 2.100.000 kilos de arena moviéndose de este a oeste en las maltrechas rutas argentinas solo para este yacimiento.
La estimulación hidráulica a alta presión (fracking, con agua y arena) de este campo consume unos 12.000 metros cúbicos diarios de agua, o unos 12 millones de litros.
Los negocios de Chevron en Argentina
Chevron es la segunda mayor petrolera estadounidense integrada -que tiene producción y refinación-, solo por detrás de ExxonMobil, y dividió el año pasado sus operaciones en el mundo entre convencional y no convencional para gestionar mejor sus activos. De sus 3,7 millones de barriles diarios, 1,7 millón lo aporta el no convencional, en donde Chevron tiene actividades en Estados Unidos (1,6 millón) y Argentina.
El Trapial es 100% de Chevron y es dos veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Chevron.
La firma fue la primera extranjera que apostó a Vaca Muerta, con YPF en 2013, en tiempos donde era una verdadera incógnita: recién empezaba la curva de aprendizaje y había restricciones al movimiento de capitales (cepo) en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Loma Campana, operada por la petrolera que controla el Estado, es hoy el campo de mayor producción en el país, con hasta 110.000 barriles diarios, de los cuales la mitad pertenecen a YPF y el resto a Chevron.
La palanca fue el Decreto 929/2013, que otorgó beneficios cambiarios y tributarios. El gobierno de Javier Milei lo acaba de cancelar, con la aprobación del proyecto de “zonas frías”. Los que entraron antes, como la estadounidense Chevron y la angloholandesa Shell, mantendrán esas ventajas por sus actividades anteriores, mientras el RIGI otorgará mejores beneficios y seguridad jurídica hacia adelante.
La petrolera estadounidense espera la aprobación del Gobierno para entrar al RIGI. Foto: Chevron.
El otro campo en donde tiene actividad Chevron es en Narambuena, donde también la operación pertenece a YPF.
La importancia de la Argentina para Chevron se reveló en marzo de este año en Houston, Estados Unidos. En la primera hora de exposiciones en la CERAWeek -la conferencia global más importante de energía-, su CEO, Mike Wirth, destacó al país, el RIGI y las políticas de Milei ante 10.000 personas de todo el mundo.
Ese mismo día, además, los ejecutivos de Chevron vinculados al negocio del gas adelantaron que miran a futuro a nuevos lugares en donde podrían sumar oferta mundial de gas licuado, entre ellos a la Argentina.
Vaca Muerta todavía tiene costos 30% más caros que los de Permian, su equivalente en Estados Unidos, por cuestiones de escala, madurez de la cuenca, competencia de proveedores, logística, tipo de cambio y riesgo país, pero las empresas se ilusionan para crecer amparadas en la estabilidad regulatoria del RIGI y la libre exportación de la producción a precios internacionales.
Dos pandas gigantes partieron este domingo desde la ciudad china de Chengdu rumbo a Atlanta, Estados Unidos, donde permanecerán durante los próximos diez años en el zoológico local. El traslado se concretó pocos días después del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington y forma parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países.
Se trata de Ping Ping y Fu Shuang, un macho y una hembra nacidos en 2020 que pertenecen a la Base de Investigación para la Cría del Panda Gigante de Chengdu. Los animales viajaron en un vuelo especialmente contratado y serán recibidos en el Zoológico de Atlanta, que había quedado sin pandas desde 2024.
El presidente Xi Jinping había anunciado el traslado durante su visita a Estados Unidos. En ese momento, definió a los pandas como “enviados de amistad entre chinos y estadounidenses” y señaló que su llegada representaba una nueva etapa de cooperación entre ambos países.
Para recibir a los animales, el zoológico estadounidense realizó modificaciones en sus instalaciones con asesoramiento de especialistas chinos. La asistencia incluyó cuestiones vinculadas con los espacios donde vivirán, su alimentación, los cuidados y las condiciones sanitarias.
China y EEUU mantienen una tradición de diplomacia del panda.
@CGTNOfficial
La diplomacia del panda, una tradición entre China y EEUU
El préstamo se enmarca en el programa conocido como “diplomacia del panda”, mediante el cual China cede ejemplares a otros países como parte de acuerdos de cooperación y conservación. Los animales continúan siendo propiedad china durante estos convenios.
La relación entre Washington y Beijing en torno a estos animales tiene varias décadas. En 1972, China envió por primera vez dos pandas a Estados Unidos después de la visita del entonces presidente Richard Nixon a Beijing. Desde entonces, ambos países desarrollaron proyectos conjuntos relacionados con la reproducción, la alimentación, la genética y la prevención de enfermedades.
Dos tiroteos masivos ocurridos en pocas horas en Sudáfrica dejaron al menos 27 muertos y más de 25 heridos. Los ataques se produjeron en las afueras de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, las dos ciudades más grandes del país. Las autoridades iniciaron operativos para localizar a los responsables, aunque hasta el domingo no se habían informado detenciones.
El primero de los ataques ocurrió el sábado por la noche en un bar de Wedela, una localidad ubicada al suroeste de Johannesburgo. Según informó la Policía, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el exterior del establecimiento y luego ingresaron para continuar disparando.
El ataque dejó 17 muertos —13 hombres y cuatro mujeres— y al menos 15 heridos. Tras el tiroteo, los sospechosos habrían registrado a algunas de las víctimas y robado sus teléfonos celulares antes de escapar en dos vehículos. La Policía también informó que dos autos fueron incendiados. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque.
Otro tiroteo cerca de Ciudad del Cabo
Horas después, durante la madrugada del domingo, se produjo un segundo ataque armado en Lwandle, una localidad cercana a Ciudad del Cabo. Allí, varios hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en un local de comidas conocido como shisanyama, donde se vende carne a la parrilla.
El saldo fue de 10 muertos y 11 heridos. Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que otras cinco murieron cuando eran trasladadas a un hospital. Las autoridades desplegaron un equipo de investigadores especializados en delitos violentos para identificar y localizar a los atacantes. Tampoco se habían producido arrestos por este hecho.
Una semana marcada por la violencia armada
Los dos episodios se suman a otro tiroteo masivo ocurrido días antes en KwaMakhutha, una localidad cercana a Durban. En ese caso, 11 personas murieron durante un ataque perpetrado por hombres armados en una fiesta en una vivienda, entre ellas una mujer embarazada.
La sucesión de ataques volvió a poner en primer plano la violencia armada que afecta a Sudáfrica. Aunque el país registra elevados niveles de homicidios desde hace años, los tiroteos con múltiples víctimas generan una creciente preocupación entre las autoridades y la población.
Sudáfrica enfrenta una grave crisis de seguridad
El país, considerado una de las principales economías de África, registra una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo. Según estadísticas policiales oficiales citadas por Associated Press, entre abril y junio se contabilizaron 5.427 homicidios, un promedio cercano a 60 por día.
La circulación de armas de fuego ilegales y la actividad de bandas criminales figuran entre los factores señalados por las autoridades y especialistas. En marzo, el presidente Cyril Ramaphosa dispuso el despliegue de soldados en algunas de las zonas más afectadas por el delito para apoyar las tareas policiales.
Los investigadores continúan trabajando para esclarecer los dos ataques del fin de semana, determinar sus motivos e identificar a los responsables.
Un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso, según un informe oficial. Una “situación de gravedad”, lo describió uno de los reportes sobre las compras en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tiene la Justicia. “Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien”, detalló.
Este y otros ejemplos integran el material que el Ministerio de Salud y el interventor de la exAndis, Alejandro Vilches, enviaron a la Justicia y en los que se alude a presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Desde precios que eran hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI, fuera por el mismo insumo o uno similar, hasta supuestos errores de categorización, además de productos importados más caros y con menor durabilidad que los nacionales, destacó un informe periodístico realizado por Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi y publicado en el diario La Nación.
Los informes técnicos sobre compras en la exAndis a los que tuvo acceso el diario La Nación fueron firmados el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después de que comenzara “el caso Andis”, y el pasado 10 de abril. El primero aludió a compras puntuales de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimulador. El segundo escrito incluyó insumos ortopédicos, referencias de mercado seleccionadas por quienes analizaron las facturas en Discapacidad y presuntos errores administrativos.
En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis de la documentación, los expedientes y los procedimientos “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades” e incluyó múltiples observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Comenzó con el pago correspondiente a Farma Salud del 8 de julio de 2025. Fueron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe.
Farma Salud fue foco de otra comparación por la adquisición de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. La diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio de la compra de PAMI a otros proveedores llegó al 711% en este último caso.
En sus descargos ante la Justicia, dos de los representantes de Farma Salud negaron haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.
El informe también detectó “una diferencia sustancial” en el segmento de implantes cocleares. Citó que “el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613″. Luego, comparó la cifra con una adjudicación, perfeccionada en septiembre, que “estableció un valor unitario de US$ 12.125, contemplando la escala propia de una compra por volumen”. Y consignó que la referencia de mercado se ubicaba alrededor de US$ 16.975 por unidad. “El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, detalló el escrito que Vilches envió a la Justicia.
Las diferencias de precios se repitieron al analizar las facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó algo diferente. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001- 00000958 -señala el informe- fue abonada en dos oportunidades, ambas por $28,7 millones, destacó el diario La Nación.
El interventor saliente del área de Discapacidad aportó detalles sobre las compras y facturas emitidas al organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La compra de un neuroestimulador también ameritó el comentario de “brecha considerable en los valores abonados”, por una diferencia del 219 por ciento. Los técnicos indicaron que Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la Factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por un precio también de $132,4 millones. Pero un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.
El otro informe, firmado en abril de este año, consignó lo que definió como errores de categorización técnica. ¿Qué significan? “Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones”, señalaron.
Las observaciones de este segundo informe cuestionaron la adquisición de productos importados. Indicaron que los requerimientos terapéuticos podían ser cubiertos con equipamiento nacional, que ofrece “superior durabilidad y ajuste anatómico”, a menor precio. “La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, analizaron.
La factura señalada como con un sobreprecio del 4239%.
Este informe de abril también incluyó una factura por un andador un presunto sobreprecio del 4239%, según trascendió a la prensa semanas atrás. Desde la Ortopedia Bernat indicaron a el diario La Nación que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación puntual respecto a este insumo. “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, al igual que un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también había detectado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones dentro de la propia Andis. De eso se nutrió el fiscal federal Franco Picardi para enfocar su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
Al no tratarse de una ciencia exacta, cualquier modificación de una variable financiera puede dar lugar a mil interpretaciones. Esto es lo que sucedió esta semana con el salto del riesgo país, que el viernes finalizó por encima de los 600 puntos básicos, su máximo nivel en lo que va del año. Las lecturas respecto al deterioro de los bonos en dólares no se hicieron esperar.
Este nuevo salto se produjo un día después que el INDEC divulgara un salto de 4 puntos porcentuales en el índice de pobreza y una fuerte retracción de la actividad económica en julio. muchos analistas eligieron llegar a una conclusión que encaja perfecto: ambos fenómenos están fuertemente correlacionados. Es decir el aumento del riesgo país tiene una relación directa con la merma de la actividad.
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Otros sugirieron que en realidad la responsabilidad pasa por la menor compra de dólares por parte del Banco Central, que en septiembre apenas logró sumar unos USD 232 millones. El viernes por ejemplo no pudo acumular y el promedio del mes supera apenas los USD 10 millones diarios.
También aparece como un impacto negativo la suba de tasas en Estados Unidos, tocando los niveles máximos en los últimos años. Una rendimiento de bonos del Tesoro a diez años arriba del 5% anual conspira contra las inversiones de riesgo. Los mercados emergentes se ven afectados. Pero es un hecho que Argentina sufrió más que el resto.
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En septiembre el Banco Central apenas logró sumar USD 232 millones
Si bien son todas explicaciones que suenan lógicas, y en alguna medida creíbles, todo indica que influyeron realmente muy poco en esta nueva suba del riesgo país, que pasó en menos de dos meses de 402 a 610 puntos básicos.
Memoria del espanto
El mercado tiene memoria y ya sabe lo que sucederá si el kirchnerismo regresa al poder. No hace falta conjeturar ni especular. Basta mirar las experiencias recientes. La victoria de Alberto Fernández en la PASO de 2019 provocó una caída histórica de casi 60% en el índice Merval el “día después” que luego llegaría a casi el 80%. El riesgo país se fue a los 2.000 puntos básicos.
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Los mercados tenían razón en entrar en pánico. Una de las primeras decisiones tomadas por el entonces flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, fue avanzar de una en la reestructuración de la deuda. Y eso fue antes que estallara la pandemia. De hecho para febrero de 2020 Argentina ya había dejado de pagar sus bonos.
El otro episodio, ya mucho más reciente, fue la contundente victoria de los intendentes kirchneristas en el Conurbano en septiembre del año pasado. También de un día para el otro las acciones cayeron más de 20%, mientras que los bonos se derrumbaron y el riesgo país se fue a los 1.200 puntos. La recuperación de las cotizaciones llegaría un mes después, con la victoria oficialista en las elecciones legislativas, incluyendo la provincia de Buenos Aires.
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Con estos antecedentes, no hay ni un motivo para pensar que un eventual regreso del kirchnerismo al poder tendría un efecto distinto para los mercados. No son pocos los que especulan que la caída incluso podría ser peor que la de 2019. Tiene lógica. Se trataría de un quinto regreso de políticas populistas y el segundo fracaso en la búsqueda de implementar política pro mercado en Argentina.
Un gobernador K en Nueva York
La visita de Axel Kicillof en Nueva York no despejó ninguna duda que pueda existir en Wall Street sobre lo que se viene en caso de una victoria suya en las elecciones del año que viene. Es cierto que el gobernador bonaerense no está obligado a contar su plan cuando falta más de un año para las elecciones. Tampoco se vieron esfuerzos por tratar de mostrarse como alguien confiable para los mercados o la búsqueda de una mayor gobernabilidad si llegara el caso.
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En el caso de Kicillof fue más impactante lo que no dijo que otra cosa. No hubo compromisos claros sobre la necesidad de honrar las deuda en manos de inversores privados o con el FMI. Solo resaltó que él sí viene pagando los bonos de la provincia, pero son los mismos que fueron reestructurados en su primera gestión del 2020 al frente del gobierno bonaerense.
En Nueva York, Kicillof describió al gobierno de Milei como “una catástrofe” y se mostró en las antípodas de todo lo que se viene haciendo
Eso sí, describió al gobierno de Javier Milei como una “catástrofe”y se mostró en las antípodas de prácticamente todo lo que se viene haciendo. Aseguró que cuando fue ministro de Economía tomó medidas para aliviar el cepo cambiario, aunque tampoco fue claro respecto al esquema cambiario que implementaría si llegara a la presidencia. Habló de un “proyecto nacional” sin mayores detalles.
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Podrían estar equivocados, pero los mercados tienen su veredicto. Piensan que en un nuevo gobierno que implemente medidas populistas ocurrirá lo de siempre: renegociación de la deuda “en mejores condiciones, controles cambiarios para “administrar el comercio exterior” y una marcha atrás de la apertura económica “para proteger a la industria nacional”.
Los bonos como espejo
El deterioro de los bonos reflejó estos temores. Los que vencen en 2027 rinden menos del 5% anual en dólares, pero los que lo hacen en 2028 en adelante ya están arriba del 11%. La respuesta del Gobierno es mantener a rajatabla el superávit fiscal y no desviarse del plan monetario. Además se juega a mantener la estabilidad cambiaria con reservas propias y promesas de ayuda desde Estados Unidos y china vía swaps.
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¿La debilidad de la economía no cuenta, entonces, para los grandes inversores? Que la economía entre en “recesión técnica” en el tercer trimestre no parece un dato relevante. Un estudio del economista Fernando Marull mostró que de los últimos 60 años la Argentina sufrió una caída de su actividad cada 2,6 años. Quien invierte en activos locales lo sabe. Como también sabe que se trata de un país con altos niveles de pobreza estructural.
Por supuesto que la caída persistente en sectores que emplean mucha gente es un síntoma de debilidad del plan económico. Sin embargo, el deterioro en el riesgo país se relaciona en realidad con el efecto que una caída del ingreso disponible o el aumento del desempleo puede generar en el apoyo a Javier Milei.
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Ni siquiera parecen demasiado serios los comentarios que hacen mención a que el discurso del Presidente “no cayó bien” entre los empresarios norteamericanos. A nadie le consta que haya sido así más allá de suposiciones. Pero tampoco parece relevante para definir una inversión financiera en Argentina.
Elección y grado de inversión
El número uno de J.P.Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, dijo algo contundente luego de recibir al Presidente en un evento organizado por el banco: “Si Milei es reelegido Argentina puede lograr el grado de inversión”, lo que a su vez representa un riesgo país en niveles de 200 puntos básicos.
El peligro latente ahora es que el aumento del riesgo país, que refleja mayor incertidumbre, derrame en otras variables locales.
Habrá que seguir con atención sobre todo la evolución del mercado cambiario. Las compras del Central fueron ínfimas en septiembre y aumentó levemente la brecha entre el dólar oficial y los financieros, especialmente el contado con liquidación. Por ahora nada demasiado preocupante.
Ignacio Abuchdid, presidente del grupo IEB, expresó así el sentimiento de los inversores: “El mercado está totalmente asustado por el riesgo electoral, es prácticamente lo único que está mirando. Las valuaciones del Merval y los bonos son absurdamente bajas. A estas valuaciones, los precios no reflejan ni los fundamentos de las compañías ni la situación real de la Argentina”.
Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.
Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.
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Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.
Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
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El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manlibay se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.
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Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.
También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.
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El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.
El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño,donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.
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Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.
Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.
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Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.
El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.
En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.
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Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron,entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteñopor el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.
En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.
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La inédita muestra derebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficioque ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora“cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.
Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.
Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.
Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.
El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.
Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.
¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato?Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.
