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La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre del año, unos 15 millones de personas, mientras que la indigencia afectó al 7,5%, equivalente a cerca de 3,5 millones. Las cifras suponen un deterioro en relación a 2025, que se explica fundamentalmente por la debilidad del mercado laboral y los ingresos, en un escenario de estancamiento de la actividad económica. Para los próximos meses, distintos especialistas anticipan cierta estabilidad en el indicador.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,9 millones, en tanto que unas 538.000 se sumaron al universo de quienes no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La consultora Equilibra estimó de manera preliminar que su medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población, 1,4 puntos porcentuales por encima del segundo semestre del año pasado.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) calculó que, sin transferencias sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar, las Pensiones no Contributivas, el Progresar y los programas de empleo, la pobreza llegaría al 35,3% y la indigencia al 12 por ciento.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la desmejora respondió a una combinación de factores:

• Menor dinamismo y peor calidad del empleo. La caída desestacionalizada del PBI en el segundo trimestre coincidió con destrucción de puestos registrados y expansión de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solo la cantidad de puestos, sino también su productividad, estabilidad y remuneración.
• Menor impulso de los ingresos laborales. La recuperación del poder adquisitivo que acompañó la reducción de la pobreza perdió fuerza hacia fines de 2025. Los salarios registrados volvieron a caer en términos reales, en un contexto de mayor fragilidad del empleo.
• Reversión de los precios relativos favorables. Durante 2024 y buena parte de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas se encarecieron por debajo de la inflación, lo que contribuyó a bajar la pobreza. Desde fines de 2025, esa dinámica se modificó: en el primer semestre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 21,6% y la Canasta Básica Total (CBT) 19,8%, frente a un índice de precios de 16,8 por ciento.
• Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. La AUH, las jubilaciones y otras prestaciones siguen siendo relevantes, pero perdieron poder de compra. Las actualizaciones rezagadas y la pérdida de cobertura real de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas limitaron su aporte a la reducción de la indigencia.
• Más peso de tarifas, alquileres y servicios. Estos gastos son difíciles de sustituir y vienen incrementándose por encima de otros precios y de numerosos ingresos familiares. Al absorber una porción creciente del presupuesto, dejan menos recursos para alimentos y otras necesidades.

A su vez, la consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres. El ingreso familiar promedio de los hogares en esta condición cubre un porcentaje menor de la CBT: apenas 64,1%. En términos absolutos, la brecha equivale a $569.100 mensuales por hogar a precios de agosto”.

Proyecciones para el segundo semestre

Desde el CIAS, el investigador Santiago Poy aseguró: “En el corto plazo, sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable. Ya estamos terminando el tercer trimestre y los datos de salarios privados, jubilaciones y asignaciones van en ese sentido”.

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, el ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual. Así, se situó 10,3% por debajo del promedio correspondiente a enero-septiembre de 2023. El descenso estuvo encabezado por los salarios privados formales, que cedieron 1,2% mensual y 3,2% interanual.

El economista Gonzalo Carrera señaló: “Los ingresos probablemente se mantengan estables o recuperen algo de lo perdido si la inflación registra los mismos niveles que hasta ahora en el último tramo del año. Con las canastas sin grandes variaciones, el plano internacional un poco más calmo y la carne sin sobresaltos, es posible que este semestre deje de subir la pobreza”.

Daniel Schteingart, investigador de Fundar, coincidió: “No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año”.

Para el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), hay dos riesgos significativos que podrían sostener la pobreza al alza:

1. Aumento de las canastas: a pesar de la desaceleración de la inflación de los alimentos durante julio y agosto, que promedió 1,8% mensual, la CBA y la CBT acumularon incrementos superiores, de 5,3% y 4,8%, respectivamente, durante esos dos meses.
2. Deterioro de ingresos: a partir de los aumentos anunciados y de la inflación esperada, se proyecta una profundización de la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de los planes sociales. En tanto, la Tarjeta Alimentar, pese a su actualización, continúa con una tendencia descendente. La jubilación mínima también seguirá viendo reducida su capacidad de compra debido al congelamiento del bono.

En otro orden, LCG planteó: “La dinámica de la pobreza está asociada, por definición, a la evolución de los ingresos de los deciles más bajos y a los precios de las diversas canastas de consumo. Pero los salarios informales venían mostrando, hasta el primer trimestre de la EPH, una dinámica difícil de explicar, con incrementos en términos reales muy elevados para el desempeño de la actividad económica”.

“Alrededor de eso, se fueron dando distintos debates entre economistas y especialistas en el mercado laboral, sin un veredicto claro. Hay cierto consenso, sin embargo, de que las fuertes subas recientes en este segmento de salarios estarían compensando un déficit de registro durante los años de aceleración inflacionaria (2021-2023). Los nuevos datos de pobreza evidenciarían que estos sesgos llegaron a su fin, y que, de ahora en más, los ingresos del sector informal empezarían a exhibir aumentos más acordes a la actividad”.

Las autoridades extendieron por siete días el operativo para localizar a quienes viajaban a bordo. El Virgo Transport 8 llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto tras partir de Surabaya rumbo a Borneo.

La incertidumbre sobre qué ocurrirá con la suba pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos se repite cada 30 días. Mes a mes, el Gobierno define cuánto del ajuste acumulado traslada al surtidor y cuánto continúa posponiendo, en un esquema que busca equilibrar el objetivo de contener la inflación con la necesidad de recomponer la recaudación.

Un análisis sobre los precios del Gran Buenos Aires, permite estimar qué ocurriría si el Ejecutivo decidiera aplicar de una sola vez la totalidad de los incrementos impositivos pendientes.

El Decreto 829/2026 mantuvo durante septiembre el esquema vigente en agosto y trasladó al 1° de octubre los aumentos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026. Esa fecha podría volver a modificarse si el Gobierno decide una nueva prórroga, tal como ocurrió en meses anteriores, aunque hasta el momento no hay una definición oficial al respecto.

Un análisis del Grupo de Estudios de Economistas Geres, elaborado con datos de ARCA y de la Secretaría de Energía y difundido por el sitio especializado Surtidores, permite dimensionar el impacto que tendría esa decisión si el ajuste se trasladara íntegramente a los precios de venta. Según ese trabajo, la nafta súper subiría alrededor del 11% y el gasoil grado 3, cerca del 4 por ciento.

El cálculo sobre la nafta súper

En el caso de la nafta súper, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono suman actualmente $411,45 por litro. Con la actualización completa por IPC que establece el marco legal vigente, ese monto alcanzaría los 676,44 pesos. Una vez descontado el efecto de los biocombustibles, la diferencia pendiente de aplicación queda en $233,19 por litro.

Ese valor, comparado con un precio de referencia de $2.085 en el Gran Buenos Aires, representa un impacto del 11,2 por ciento. De esta manera, si se aplicaran todos los aumentos impositivos pendientes, el litro de nafta súper llegaría a $2.318 en las estaciones de esa región del país y los conductores deberían pagar cerca de $11.600 más cada vez que llenen el tanque.

Qué pasa con el gasoil

En el caso del gasoil grado 3, la diferencia entre los impuestos vigentes y los plenamente actualizados por IPC es de $110,26 por litro. Tras considerar el efecto de la mezcla con biocombustibles, el monto pendiente queda en $101,99. Sobre un precio de referencia de $2.375, ese ajuste equivale al 4,3 por ciento.

Así, con la aplicación completa de los impuestos pendientes, el litro de gasoil grado 3 alcanzaría un precio de $2.477 por litro. En un tanque completo, el aumento sería de $5.100. La cuenta permite dimensionar la decisión que deberá tomar el Ejecutivo, aunque no anticipa una suba confirmada ni un cronograma para aplicarla.

Por supuesto, las empresas podrían tomar la decisión de absorber parte de las subas y no trasladar todo el impacto de los impuestos en el precio en el surtidor, pero eso es algo que se podrá saber recién cuando el cronograma de ajuste impositivo se complete.

Cómo impactaría en el ranking regional

Un potencial aumento de los combustibles también modificaría la posición de la Argentina en el ranking de precios de América Latina. Con un litro de nafta súper en $2.318, el valor en moneda estadounidense treparía a USD 1,500, tomando consideración la cotización actual del Banco Nación ($1.545 por litro).

Ese nivel implicaría un retroceso de un puesto en el ranking regional relevado por Global Petrol Prices, donde la Argentina figuraba en el lugar 17 sobre 30 economías, con un litro promedio de USD 1,412, en el último relevamiento. De aplicarse el ajuste completo, el país quedaría prácticamente equiparado con Chile, que ocupa el puesto 19 con un litro a USD 1,522, una diferencia de apenas dos centavos de dólar respecto del nuevo valor proyectado para la Argentina.

Ese movimiento revertiría parte de la mejora que había registrado el país en el relevamiento más reciente, cuando pasó del puesto 18 al 17. Con el ajuste impositivo pleno, ese margen se perdería y la Argentina volvería a acercarse al grupo de países con los valores más altos de la región en dólares, encabezado por Uruguay, con un litro a USD 2,204, y seguido por Cuba, con USD 2, y Barbados, con USD 1,994 por litro.

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, sostuvo que espera que la jueza María de los Ángeles de Marinis, quien días atrás declaró inconstitucional para un caso la nueva Ley Penal Juvenil, sea destituida en el proceso de enjuiciamiento impulsado por el Gobierno porteño. El funcionario cuestionó la resolución de la magistrada y afirmó que constituye “un serio incumplimiento” de sus funciones.

“Un desastre. Genera enojo, genera bronca”, dijo Tapia al ser consultado sobre el fallo. Según planteó, la Ciudad promovió el pedido para que un jurado del Consejo de la Magistratura evalúe si De Marinis cumplió con sus obligaciones y, en caso de considerar que no lo hizo, aplique una sanción.

La controversia se originó en una causa por una tentativa de robo ocurrida en Palermo, en la que estaba imputado un adolescente de 14 años identificado por las iniciales M.I.A. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1.º de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

La jueza consideró al adolescente no punible, dictó su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para elaborar un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.

Durante una entrevista con el programa “No vale arrugar”, que se emite por Radio Splendid, el ministro precisó que las medidas posibles dentro de ese procedimiento incluyen el apercibimiento, la suspensión o la destitución. “Lo que buscamos es que se evalúe si cumplió o no la norma”, señaló.

Tapia indicó que la jueza declaró la inconstitucionalidad de una norma para un caso particular y sostuvo que la decisión no tuvo fundamentos suficientes. Además, afirmó que De Marinis acumula revocaciones de resoluciones de primera instancia, aunque no detalló la cantidad ni los expedientes involucrados.

“Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, expresó el ministro porteño.

El funcionario vinculó su crítica con la política de seguridad y justicia que impulsa la administración de Jorge Macri. En ese marco, defendió que quienes incumplen la ley enfrenten consecuencias y cuestionó resoluciones que, a su criterio, pueden dejar sin efecto el trabajo legislativo y ejecutivo para prevenir delitos.

El Gobierno porteño defendió el uso del jury

Consultado sobre las advertencias de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien manifestó reparos sobre enjuiciar magistrados por el contenido de sus sentencias, Tapia respondió que el jury es un mecanismo previsto en la Constitución.

“Si uno hace bien su trabajo, ¿cuál es el problema?”, afirmó. También rechazó que el pedido represente un escrache o un cuestionamiento general al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Tapia sostuvo que la denuncia apunta a que el órgano competente revise el desempeño de la magistrada. “No estoy metiendo en la bolsa a todo el Poder Judicial”, dijo, y remarcó que la Ciudad busca ampliar sus competencias judiciales como parte de su autonomía.

Durante la entrevista, el ministro también defendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, una medida aprobada a nivel nacional. Explicó que, según su postura, el cambio permite juzgar a adolescentes por delitos cometidos desde esa edad, sin que ello implique que antes no pudieran quedar detenidos en institutos de menores.

En relación con el caso que motivó el pedido de enjuiciamiento, Tapia cuestionó que el sobreseimiento de un menor pueda derivar en su regreso a la calle. “Si te interesa tanto el destino del delincuente, del menor en este caso, no lo tires a la calle de nuevo”, declaró.

El planteo contra De Marinis deberá ser analizado por el jurado de enjuiciamiento correspondiente, que definirá si existen elementos para avanzar con alguna de las sanciones previstas.

La Cámara revocó el sobreseimiento y apartó a De Marinis del expediente

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil apeló la decisión de la jueza. El viernes, la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo, dejó sin efecto el sobreseimiento y dispuso el apartamiento de De Marinis del caso.

Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca entendieron que la magistrada no acreditó que la reducción de la edad de punibilidad vulnerara la Constitución Nacional o tratados internacionales. El expediente deberá volver al juzgado de origen para que la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas designe a otro magistrado, mientras la investigación continuará bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.