Blog

El mercado mayorista negoció este jueves USD 501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4,50 pesos, muy cerca de la caída de 5,50 pesos experimentada en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista regresó así a un mínimo desde el 22 de septiembre. En lo que va de 2026 la divisa comercial sube 60,50 pesos o 4,2%, muy lejos de la inflación del período, cercana al 24 por ciento.

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.927,77 pesos. El dólar mayorista quedó a 412,27 pesos o 27,2% de ese límite para la flotación administrada, que la divisa “testeó” en ruedas de septiembre y octubre del año pasado, dada la tensión financiera en el marco del calendario electoral. Se trata de la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

El economista Gustavo Ber recalcó que el dólar mayorista opera “dentro de un contexto de oscilaciones muy acotadas. La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, especialmente tras las mayores adquisiciones durante algunas de las últimas ruedas, explicadas más por una participación más activa en la plaza que por un aumento significativo de los volúmenes”.

“Frente a las actuales dificultades de financiamiento doméstico -reflejadas en la suspensión de las emisiones del AO29 en las últimas licitaciones-, los operadores prevén que sería necesario profundizar esas compras. Esas divisas podrían destinarse ya no sólo a contener una eventual volatilidad cambiaria, históricamente mayor en años electorales, sino también -de resultar necesario- a afrontar los compromisos de deuda en dólares del próximo año”, consideró el titular del Estudio Ber.

Los analistas de Rava Bursátil señalaron que “estima que quedan USD 4.600 millones por liquidar de emisiones de deuda. El Gobierno confía en comprar USD 5.000 millones adicionales hasta fin de año”.

El dólar al público permaneció invariable a $1.540 para la venta por quinto día seguido, según la referencia del Banco Nación. La cotización blue del dólar descontó 15 pesos o 1%, a $1.540 para la venta, ahora a la par del precio minorista en bancos y en su nivel más bajo desde el 9 de septiembre.

Pese a una inflación que no cesa -la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre y acumuló un 32,9% en los últimos doce meses- el tipo de cambio continúa estabilizado y ejerce una función de “ancla” para muchos precios de la economía, gracias a una plaza “seca” de pesos por la absorción regular a través de las licitaciones de bonos del Tesoro, junto con intervenciones oficiales en el mercado de dólar futuro y ventas de bonos dollar linked en el mercado secundario.

Las principales consultoras y entidades financieras que participan del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central proyectan que el dólar oficial mantenga un ritmo de depreciación gradual durante los próximos meses, sin una corrección brusca hacia fin de año. De acuerdo con el REM, el tipo de cambio oficial llegaría a $1.545 en octubre, a $1.580 en noviembre y a $1.614 en diciembre.

Este jueves, los contratos de dólar futuro marcaron cierres de a $1.533,50 en octubre, a $1.561,50 en noviembre y a $1.589,50 en diciembre, también reflejo de las débiles expectativas de devaluación.

Las estimaciones del REM continúan para los primeros meses de 2027. Para enero, los analistas proyectan un dólar oficial de $1.644, mientras que para febrero esperan $1.672 y para marzo $1.704. De esta manera, el mercado anticipa una suba progresiva del tipo de cambio, aunque con incrementos mensuales moderados.

A partir de esos valores, el REM estima una depreciación mensual del peso de 2,1% en octubre, 2,3% en noviembre y 2,2% en diciembre. El ritmo se moderaría en el comienzo de 2027, con una suba esperada del dólar de 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,9% en marzo.

La discusión interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires entrará en una etapa vertiginosa hacia el tramo final de 2026. Es que en el calendario que tiene por delante aparecen distintas fechas en las que el partido se moverá y debería acordar, entre otros temas, la presidencia de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario en el marco del acuerdo alcanzado con el MDF que resultó en que el gobernador Axel Kicillof termine como presidente partidario, cargo que asumió formalmente en marzo de este año.

Se espera que el Congreso del partido sea convocado para el mes de noviembre y que, en principio, los congresales terminen levantando la mano para que el líder de La Cámpora sea ungido como presidente de ese órgano, que es la máxima autoridad partidaria en la provincia y representa la soberanía de los afiliados. Sin embargo, así como sucedió con el consejo partidario, el Congreso también es territorio en disputa y más aún con la interna que atraviesa el peronismo en pos de las elecciones del año que viene. Una de las claves será la conformación de la Junta Electoral del partido y del resto de las autoridades del Congreso, que también deberán elegirse en el próximo encuentro. Actualmente, el presidente de la Junta electoral es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

Entre sus principales atribuciones, el Congreso define el programa de acción política y la plataforma electoral en la provincia de Buenos Aires, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas y otras decisiones de política electoral. Puede requerir informes a los organismos partidarios y a los afiliados con cargos electivos o ejecutivos, analizar la memoria, el balance y las cuentas del partido, intervenir Consejos de Distrito ante incumplimientos graves y convocar a elecciones si se produce la acefalía del Consejo Provincial. Asimismo, puede promover y sancionar reformas de la Carta Orgánica con las mayorías establecidas.

Si bien un dirigente cercano al gobernador confió a Infobae que el acuerdo “sigue vigente” —es decir, que Kicillof presida el consejo del partido y Máximo el Congreso—, también es cierto que desde el sector del gobernador empezarán en los próximos días a resolver nombres para proponer en la integración de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso: otro ámbito que se compone de 22 integrantes. Será una de las señales que busca dar el MDF, en pos de su emancipación. Entre la dirigencia cercana al gobernador hay entusiasmo para que haya más gestos en esta dirección. Ese movimiento juega a varias bandas. Por ejemplo, en el rumbo electoral del peronismo para la sucesión de Kicillof a la gobernación, ya que no está descartado que a nivel provincial sí haya una PASO para ordenar la proliferación de candidatos de peso que hoy aparecen. Ahí, el sello del PJ hoy en manos de Kicillof tendrá peso propio, pero para que el PJ forme una alianza con otros partidos, esa determinación tiene que pasar por el Congreso partidario, que en principio será presidido por el líder de La Cámpora.

Ante la consulta de Infobae, en La Cámpora fueron determinantes: “Este viernes iba a haber una reunión por este tema y se suspendió; una vez más el que no cumple los acuerdos es Axel”.

Otro tema a resolver será la locación elegida para ese encuentro. Una discusión que es gestual, pero que ya fue materia de conflicto el año pasado cuando en una reunión del consejo del partido, en San Vicente, —que por entonces presidía Máximo Kirchner— hubo una fuerte discusión entre el propio diputado nacional y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por el lugar propuesto para la realización del Congreso. En ese momento, Katopodis, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, pulsearon para que el Congreso se haga en La Matanza, ya que su intendente, Fernando Espinoza, ocupaba la presidencia del Congreso que ahora ostentará Kirchner.

Sin embargo, sobre la elección de Kirchner, las voces más duras del axelismo dejan entrever cierta inquietud de que, efectivamente, el líder de La Cámpora sea elegido. Según la Carta Orgánica, el presidente del Congreso se define con mayoría simple de los congresales presentes. El MDF dice tener la mayoría de los representantes. El año pasado, en el último encuentro de congresales, se registraron más de 690 presentes.

Antes de la realización del Congreso. El sector de Kicillof hará un acto por el Día de la Lealtad que se realizará el 17 de octubre en La Matanza. No será un acto de grandes dimensiones, aunque sí se buscará una liturgia propia, atada a la estructura de Espinoza, recientemente reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Tras ello, se espera que el consejo del partido que preside Kicillof se reúna y haga la convocatoria formal para la constitución del Congreso, que al menos una vez al año debe llevar adelante una sesión. Pese a la discusión interna, el calendario del PJ obligará así a un diálogo entre los distintos sectores.

La única locomotora en funcionamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló este jueves con tres vagones y cerca de 600 toneladas de carbón mientras cubría el trayecto entre Río Turbio y Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. El episodio, que no dejó heridos de gravedad, derivó en una sospecha de sabotaje por parte del gobierno provincial y ocurre en medio de un proceso de privatización de la compañía estatal que todavía no logró avanzar.

YCRT es la empresa que explota el yacimiento de carbón de Río Turbio y genera energía eléctrica para la provincia. Fue creada en 1958, bajo el nombre de Yacimientos Carboníferos Fiscales, y atravesó un primer intento de privatización en 1993 que terminó revertido en 2002, cuando el Estado nacional volvió a tomar su control. Desde entonces, la compañía arrastra un historial deficitario y figura, desde 2024, entre las empresas “sujetas a privatización” por la Ley Bases que promulgó el Gobierno.

Sin embargo, el proceso de transformación societaria sigue sin resolverse: aunque el Gobierno nacional dispuso su conversión en sociedad anónima a comienzos de este año, bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, el esquema de incorporación de capital privado todavía no se definió.

El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso

El descarrilamiento se produjo en las inmediaciones de la estación Ingeniero Capa, en un sector de acceso restringido y de difícil ingreso vehicular, ubicado a unos 100 kilómetros tanto de Río Gallegos como de Río Turbio. Los dos trabajadores que viajaban en la formación resultaron ilesos y fueron dados de alta tras permanecer algunas horas en observación.

Lo que en un primer momento se interpretó como una falla técnica derivó, horas después, en una sospecha de sabotaje. Según relató a Infobae el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, el equipo de vías y obras que llegó al lugar poco después del incidente constató que la vía no presentaba roturas ni aperturas que pudieran explicar la caída de la locomotora. “Lo que fuimos descartando era problemas en la vía o problemas con la locomotora o con los conductores”, explicó el funcionario.

El conductor había reportado que la vía “se abrió” en el momento del accidente. Sin embargo, la revisión posterior en el terreno contradijo esa versión. “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, señaló Gordillo.

Según comentó el funcionario, unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos hallaron un artefacto de material ferroviario en desuso que no debía estar sobre las vías. “Ese artefacto no estaba arriba de la locomotora, nunca pudo haber estado en la vía, porque es algo que se usó en otro tiempo”, precisó y remarcó que, por su antigüedad y sus características, el objeto no pudo llegar al lugar por casualidad ni desprenderse de la propia formación.

“Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, afirmó Gordillo en declaraciones a este medio. El funcionario destacó además que la formación había circulado por esa misma zona en cinco oportunidades durante las pruebas previas a su puesta en marcha, y que el tramo había sido revisado apenas cuatro o cinco días antes del accidente.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue el primero en hacer pública la hipótesis del sabotaje, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. “Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis. Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada”, escribió el mandatario, quien anunció que YCRT presentará una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente qué ocurrió.

Hasta el momento no existe ninguna conclusión pericial que confirme el sabotaje: se trata de una hipótesis bajo investigación.

La parálisis del servicio afecta un contrato de 210.000 toneladas

El impacto del accidente en términos operativos y económicos para la compañía es considerable. La locomotora, identificada como unidad 005, había estado detenida durante seis meses antes de ser puesta a punto, y su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses.

YCRT tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, equivalente a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, y Gordillo estimó que la pérdida asociada a la interrupción ronda los USD 10 millones. “Me pararon todo”, resumió el interventor.

El descarrilamiento ocurre en un escenario de tensión interna vinculado al proceso de privatización de la empresa. Gordillo explicó que el proceso depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, mientras que el funcionario tiene la instrucción de mantener activa la compañía hasta que se incorpore capital privado.

La empresa cuenta con 1978 empleados y es financiada en un 92% por el Estado nacional. A diferencia de otras compañías estatales, YCRT no recibió hasta el momento habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal. Según Gordillo, ese tipo de definiciones corresponde al Estado a través de mecanismos de oferta pública, siguiendo un esquema similar al utilizado en otros procesos de privatización en marcha.