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La fecha alcanza a varias prestaciones según la terminación del documento, con valores reajustados por movilidad e inflación y un bono extraordinario para haberes previsionales mínimos

En el octavo mes del año, millones de argentinos consultan a diario el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para conocer cuándo les corresponde cobrar sus prestaciones. Hoy, viernes 21 de agosto de 2026, el organismo abona una serie de beneficios sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El mecanismo de pago definido por la ANSES responde a un esquema escalonado, que distribuye durante todo el mes las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros planes sociales, asegurando que cada grupo reciba el monto actualizado según la normativa vigente.

Quiénes cobran hoy, 21 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 8. Este grupo recibe el monto actualizado por movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por el organismo previsional.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 8 pueden retirar el pago correspondiente al mes de agosto. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 acceden hoy al cobro. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

El Gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones en la Ley de Ministerios N° 22.520, con la intención de redefinir competencias clave de la administración pública en materia sanitaria y alimentaria. Entre los puntos más destacados, se hizo mención al diseño y ejecución de medidas pensadas para prevenir y tratar los casos de ludopatía y consumo de sustancias.

Por medio de la publicación del Decreto N° 771/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei sustituyó el antiguo inciso 20 del artículo 23 del Título V para incluir de forma expresa el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

Respecto al avance de la ludopatía vinculada a los juegos de azar y apuestas, el texto también hizo referencia a la incorporación de medidas relacionadas con la prevención, la concientización, la capacitación, la investigación y el abordaje integral.

Según explicaron las autoridades, la decisión de realizar un cambio de enfoque por parte del Estado fue impulsada por el aumento de casos de ludopatía detectados en estudiantes del nivel secundario durante 2025. Estos fueron obtenidos por un informe producido por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Salud.

El estudio reveló que más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año, con una prevalencia significativamente superior en modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales.

Por este motivo, consideraron que la situación demanda “fortalecer las herramientas institucionales destinadas al desarrollo de políticas preventivas, campañas de concientización, producción de evidencia, capacitación de equipos de salud y dispositivos asistenciales especializados”.

La ludopatía es reconocida como un trastorno por la comunidad científica y médica, caracterizado por la “pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de dicha conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral”.

Tras remarcar que el fenómeno presenta similitudes con otros consumos problemáticos en cuanto a sus mecanismos de desarrollo y a las estrategias preventivas y terapéuticas necesarias para su abordaje, las autoridades remarcaron que “la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud”.

En apenas dos meses, el riesgo país pasó de un piso de 403 a 532 puntos básicos, el cierre de ayer. Este incremento revirtió buena parte de la compresión que había acompañado al mercado durante el primer semestre.

Con las caídas de las últimas jornadas, el rendimiento de los bonos en dólares volvió a los dos dígitos, algo que parecía haber quedado atrás. Sin embargo, el mensaje que empezaron a transmitir desde algunas Alycs y bancos es que se trata de un buen momento para posicionarse en deuda local.

“Las cuentas públicas se mantienen con superávit fiscal, el Banco Central acumuló dólares a lo largo del año y todavía falta más de un año para las elecciones. Nos parece un buen momento para comprar bonos, aprovechando la ola de ventas de las últimas semanas y con un horizonte de largo plazo”, explicó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati.

Desde PPI consideraron que la mayor incertidumbre le está pegando a la deuda soberana, pero no necesariamente hay que bajar exposición al riesgo argentino: “Una opción que tiene lógica es pasarse de bonos soberanos a provinciales, que tienen rendimientos atractivos y presentan mucha seguridad para los inversores, como los casos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén o Santa Fe”.

La baja del riesgo país se había consolidado con la mejora de la calificación de riesgo por parte de las tres agencias principales. Uno de los argumentos clave fue justamente la compra de dólares por parte del Central, que suma más de USD 13.700 millones en lo que va del año.

Sin embargo, las señales de alerta llegaron con las encuestas que marcan una caída en el apoyo al Gobierno y las dudas respecto al resultado electoral del año próximo.

Tras haber estado a punto de perforar los 400 puntos básicos a mediados de julio, esta semana el riesgo país volvió a superar holgadamente los 500 puntos básicos. Algunos consideran que el deterioro podría acentuarse, pero otros creen que el mercado está ante una buena oportunidad de compra y que vale la pena el riesgos versus el potencial beneficio.

El mercado comenzó a incorporar una combinación de factores domésticos: señales de debilidad en la actividad, inflación todavía persistente, dudas acerca del esquema monetario y cambiario y una creciente atención sobre el escenario político de cara a 2027.

El deterioro de los bonos locales fue mucho más significativo que el promedio de mercados emergentes, lo que muestra a las claras que están pesando más los factores locales que los externos.

Sin embargo, los mercados globales se vieron impactados negativamente por la suba de las tasas largas en Estados Unidos, que en el caso de los bonos a 30 años superaron el 5,3% anual.

Esta situación llevó al titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a anunciar un aumento del programa de recompra de bonos, que pasará de USD 2.000 a USD 4.000 por licitación. De esta forma, procuró ponerle un piso a las cotizaciones y al mismo tiempo frenar el aumento de la tasa larga.

Las recompras abarcarán principalmente bonos con vencimientos de 10 a 30 años, y se realizarán entre septiembre y comienzos de noviembre.

El objetivo declarado es mejorar la liquidez del mercado y aliviar la presión sobre las tasas largas, que habían subido con fuerza. El rendimiento del Treasury a 30 años había llegado a 5,34%, máximo desde 2007.

Si las tasas largas de EE.UU. permanecen elevadas, el rendimiento que los inversores pueden obtener en activos considerados de menor riesgo también aumenta. Eso normalmente eleva la vara que deben superar los bonos emergentes —incluidos los argentinos— para resultar atractivos, y puede contribuir a ampliar los spreads soberanos.

Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), le solicitó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se investiga la muerte de 90 pacientes, vinculadas al suministro de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma propiedad de Ariel García Furfaro. El pedido lo realizó horas antes de que se le venciera el primer plazo que tenía el magistrado para resolver su situación procesal y la de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Kreplak hizo lugar a la medida y la audiencia se desarrollará el próximo lunes. Por esa lógica razón, la situación procesal de las ex máximas responsables de los organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y producen medicamentos en el país se dilatará unos días más.

El 6 de agosto el juez y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionarias, pero cada una opto por una estrategia defensiva diferente: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito ¿lo hará ahora? Su subordinada, Mantecon Fumado se sometió al escrutinio. A lo largo del interrogatorio, expresó 33 veces “no lo recuerdo” en todas sus variantes.

A pedido de la Fiscalía, ambas fueron detenidas el 3 de agosto y recuperaron la libertad después de ser indagadas, depositar una caución real de $75.000.000 y cumplir con varias restricciones, como la prohibición de salir del país.

La causa investiga la elaboración y comercialización de fentanilo contaminado con las bacterias klebsiella y ralstonia, producido en Laboratorios Ramallo S.A. para la firma HLB Pharma Group SA. Los lotes 31.202 y 31.244 —con aproximadamente 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente— fueron liberados al mercado a partir del mes de enero de 2025 y suministrados a pacientes en hospitales de todo el país.

La Fiscalía, a cargo de María Laura Roteta y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que Bisio y Mantecón Fumado, como máximas autoridades de ANMAT e INAME, “realizaron diversas conductas —acciones y omisiones— cuyo norte no fue aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.

“Es un montón de guita”

Uno de los ejes de la investigación es la reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron, de manera no habitual, en la sede de ANMAT, ubicada en Avenida de Mayo 869, junto a cuatro directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel García, su hermano Diego, Javier Tchukran, director de manofactura y María Victoria García, gerente de gestión de calidad. La reunión fue solicitada a Bisio por parte de Mantecón Fumado a instancias de los empresarios.

El motivo: los dos proyectos de carta de advertencia al Laboratorio Ramallo -elaborador de HLB Pharma- por las graves irregularidades detectadas a lo largo de una auditoría que comenzó físicamente el 28 de noviembre de 2024. Los inspectores a cargo fueron Sandra Chico y Sandra Berndt. Ambas pertenecían al Departamento de Inspectorado del INAME, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos (DFYGR), a cargo de Ana Laura Canil.

Según consta en el expediente, una de las cartas era para prohibir la producción en Ramallo y otro para prohibir la comercialización de los productos HLB Pharma. Esto llevaba implícito el retiro de decenas de lotes de medicamentos elaborados en Laboratorios Ramallo. La auditoría había revelado que en las instalaciones no se cumplían el requisito indispensable de las Buenas Prácticas de Fabricación.

De hecho, en la causa hay un intercambio de mensajes entre una funcionaria del INAME -no identificada con su nombre- y Mantecón Fumado que deja expuesta esta situación:

Funcionaria INAME: “Hola Gabriela, buen día. Llegaron varias consultas sobre si los hospitales pueden dispensar y usar los productos de RAMALLO. También, si las droguerías pueden venderlos. Te reenvié los correos electrónicos porque tenemos que dar una respuesta. No te quiero molestar, pero no sé cómo se resuelve esto desde la parte jurídica.”

Gabriela: “Déjame verlos. Si tenemos identificados los lotes que no se pueden comercializar bien”

Funcionaria INAME: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).”

Funcionaria INAME: “Gracias!”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle”

Funcionaria INAME: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”

Gabriela: “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.

En su resolución, la Fiscalía señaló que este intercambio demuestra que la propia funcionaria del INAME advirtió a Mantecón Fumado sobre el riesgo sanitario y la responsabilidad institucional si no se actuaba con urgencia. La respuesta de Mantecón Fumado, destaca el Ministerio Público Fiscal, revela que su preocupación central era el impacto económico sobre los laboratorios, no la salud pública.

Las versiones de ambas funcionarias en el expediente sobre lo ocurrido en esa reunión difieren de manera sustancial. Bisio, en su ampliación de declaración testimonial, es decir antes de ser imputada en la causa, afirmó que asistió a pedido de Mantecón Fumado. La ex titular de la ANMAT dijo que ella “se mantuvo callada, no habiendo nunca emitido opinión” y que el intercambio “fue acalorado”, con la directora del INAME “defendiendo la tarea llevada adelante por los inspectores”. Describió la reunión como la “primera y única” que mantuvo con personas vinculadas a HLB.

Mantecón Fumado, en cambio, ofreció en su indagatoria una versión que reconoce un contenido negociador. Relató que la convocatoria respondió a que el laboratorio “ya sabía que la carta estaba” y que la idea era “citar a una reunión para que el expediente quede cerrado y para firmarla”. Según su relato, los representantes del laboratorio “vinieron con los botines de punta”, argumentaron que no se les había dado posibilidad de presentar documentación y prometieron levantar las no conformidades detectadas en la inspección. Ante eso, dijo: “Coincidimos con Agustina en darles este espacio para que presentaran la documentación”.

La Fiscalía atribuye a esa reunión un alcance mayor. Con base en conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos extraídos de los teléfonos secuestrados, el Ministerio Público Fiscal sostiene que en ese encuentro las funcionarias habrían acordado no firmar la carta de advertencia en ese momento y que se comprometieron a ayudar al laboratorio a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales —entre ellos Propofol y Diazepam— que HLB y Ramallo elaboraban sin contar con la aprobación del ente regulador. Un hecho remarcado como grave por parte de los inspectores.

Un chat del 15 de enero de 2025 entre Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Victoria García, gerenta de calidad de Ramallo, recoge la versión de los propios representantes del laboratorio: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos”.

La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Bisio y Mantecón Fumado el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos la elevaran. La normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— establece un plazo de dos días para expedirse. La carta de advertencia que prohibía la comercialización de los productos HLB, en tanto, nunca fue firmada.

Los avisos claves de las funcionarias

La investigación contra las ex funcionarias también pivotea en haber hecho caso omiso a otras advertencias que pesaban sobre los laboratorios de la familia García y los avisos que desde el INAME se le realizaba a los empresarios sobre los días en que se los iba a inspeccionar. De hecho, el dictamen de la Fiscalía a través del cual se solicitó la detención de las jefas de la ANMAT y el INAME, señala que se encontró la conversación del 27 de noviembre de 2024 -un día antes de la inspección- en el teléfono de Ana Laura Canil, la titular de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME le informa a Javier Tchukran que al día siguiente se realizaría una inspección en Ramallo. Esta advertencia le permitió al personal adoptar medidas tendientes a subsanar los numerosos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La conversación transcripta en el dictamen es la siguiente:

Javier: “¿Ana Laura cómo estas? Me comentó Antonio (por Maiorano, el director técnico del laboratorio) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran, el director de HLB.”

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos”.

En su resolución, la Fiscalía sostiene: “En definitiva, lo que queremos resaltar es que en función del conocimiento previo sobre la inspección, Javier Tchukrán dirigió un operativo inmediato con el equipo de Ramallo (así incluso se denomina dicho grupo de WhatsApp), que habría durado hasta la madrugada, tendiente a corregir las falencias más notorias. En este contexto, se produjo la inspección al día siguiente del aviso.”

Y, sobre el resultado de ese operativo, el dictamen plantea: “El nivel de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFC) verificado en la inspección era tan grotesco, que siquiera con el aviso previo recibido pudieron subsanar todas las deficiencias críticas existentes. En otras palabras, estas fueron las irregularidades encontradas por INAME pese a que el equipo del laboratorio estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada, según revelan las conversaciones, para subsanar los defectos que ellos entendían más palmarios. Imaginemos, entonces, el estado en que se encontraba el laboratorio antes de la inspección que encontró, pese a las raudas actividades de maquillaje realizadas, fallas críticas”.

El dictamen fiscal también cita una conversación del mismo 27 de noviembre de 2024 entre Adriana Iudica (subjefa de control de calidad de Laboratorios Ramallo) y Rocío Garay (supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo), en la que organizaban el descarte de desechos tóxicos y reactivos vencidos:

Adriana Iudica: “Rocío mañana viene el ANMAT, yo sé que mañana vos no venís, mañana y pasado era… cualquier cosa te vamos a estar molestando para preguntarte por las dudas, porque no sé si alguna de las chicas sabe, pero no sé si todo, algunas cosas por ahí se les pasa si te acordás de algo que hay que tener en cuenta. Yo ahora la voy a llamar a [nombre] a ver si puede sacar eso que dejaron ahí de productos, de reactivos que hay llevar al depósito”.

También figura un mensaje de Victoria García ,enviado a las 2:35 am:

“A lo mejor ya lo repararon les aviso por las dudas, en el transfer de acceso a planta por el vestuario de mujeres hay 2 huecos en el techo porque les faltan las luces y la puerta queda abierta”.

En la declaración indagatoria del 6 de agosto Mantecón Fumado no negó que se avisara al laboratorio de las inspecciones. Su argumento fue que avisar con poca antelación era una práctica habitual en ciertos tipos de inspecciones —para que el laboratorio “tenga lo que uno va a mirar”— y que la escasez de recursos del INAME y las largas distancias, como la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, lo justificaban. No hizo referencia específica al aviso del 27 de noviembre de 2024 dado por Canil a Tchukran.

Expectativa por la declaración de Biso

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

Es muy probable que el juez de la causa y la fiscal que impulsa la investigación sobre la peor tragedia sanitaria del país estén expectantes por lo que la ex responsable de la ANMAT pueda decir. Hasta el momento, a través de sus escritos, y a pesar de ser la superior de Mantecón Fumado repartió responsabilidades hacia abajo.

Por ejemplo, sobre la firma de la Carta de Advertencia al laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado dijo que esa no era su función y que Mantecón Fumado la involucró al pedirle que la firmara, al igual que lo hizo al pedirle que asista a la reunión del 14 de enero en su propio despacho.

Sobre la firma de la carta refrendada por ambas, Bisio expresó: “Nuevamente, por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional”.

“Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir”, admitió.

El lunes la ex responsable de la ANMAT se juega ante el juez Kreplak y la fiscal Roteta su última carta.

La decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de anunciar la apertura de las inscripciones para que los talleres particulares y concesionarias puedan prestar el servicio de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), es el verdadero primer paso que se da en Argentina hacia la desregulación de este polémico trámite.

Aunque se produce dos meses después que el Gobierno nacional publicara la reglamentación para inscribir talleres particulares en el territorio argentino, la judicialización de la reforma obligó a suspenderla, incluso pese a haber publicado dos decretos y la reglamentación correspondiente.

La diferencia entre un caso y el otro radica en dos ejes esenciales. El primero es que la Ciudad aplicó el cambio por medio de una ley propia, sancionada en la Legislatura porteña por una mayoría en una votación de todas las fuerzas políticas, lo que le da sustento real de aplicación. El Gobierno nacional, en cambio, lo hizo por medio de un decreto (el nro 196/2025) que modifica la Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449.

El otro eje es que Nación no tiene poder sobre la autonomía de las jurisdicciones, tanto sean provincias o municipios, que son libres de reglamentar temas relacionados con tránsito, y por lo tanto, el decreto 196/2025, solo traza una “hoja de ruta” a la que cada jurisdicción se puede adherir o no.

En todo caso, reformar el sistema de Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) solo podía ser una propuesta de Nación y tener efecto real únicamente sobre las plantas de transporte pesado, que son de jurisdicción nacional.

Por esos motivos, una medida cautelar como la que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal aplicó suspendiendo el decreto del Gobierno nacional, impide que las provincias se puedan adherir si así quisieran hacerlo, pero no invalida la reforma que aplicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ese motivo, el Gobierno porteño siguió adelante con su reforma y desregulación, incluso aplicando un cambio de denominación, ya que en la Ley 6.963 promulgada el pasado 15 de julio, no se hace mención a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), sino a la Verificación Técnica Obligatoria (RTO).

Reglamentación de la ley

Después de haber promulgado la ley, la segunda instancia que se debe cumplir es la de la reglamentación de la misma en el apartado de la habilitación de talleres particulares o concesionarias (que son eso mismo, talleres particulares).

Esa reglamentación debe definir parámetros tales como, la superficie debe tener el taller, el equipamiento técnico mínimo, el instrumental que se debe utilizar, el tipo de calibrado del equipamiento, las condiciones edilicias, la documentación que se debe presentar, el procedimiento concreto de inscripción y habilitación, los organismos de control que auditarán la Certificación de Aptitud Técnica y del establecimiento.

Según pudo saber Infobae, esa reglamentación sería publicada en las próximas horas, incluso este mismo viernes podría ocurrir, pero al momento del anuncio referido a la apertura de las inscripciones todavía no está publicado.

Plataforma y habilitación de talleres

Es el modo en el que se podrán inscribir los solicitantes. Lo harán en la Plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad, donde se podrán hacer los trámites de inscripción de los talleres particulares que deseen obtener la habilitación. Eso ocurrirá a partir del 1 de septiembre y no el 20 de agosto como se puede inferir en el comunicado de prensa publicado este jueves.

Mientras se reciben las solicitudes y se evalúa cada caso con la documentación respaldatoria, se desarrollará la última etapa, la de la habilitación de los establecimientos que podrán implementar el nuevo modo de verificar técnicamente los automóviles en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, eso no será inmediato ya que hay un período de tiempo de transición establecido en la norma.

El texto de la ley indica en el apartado de Disposiciones Transitorias, que “la habilitación de los nuevos talleres para realizar la VTO, se aplicará de manera progresiva en función del vencimiento de los contratos actualmente vigentes que posee el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las empresas que brindan el servicio, todo ello a fin de garantizar la efectiva prestación del mismo”.

Dicho de otro modo, esto significa que mientras estén vigentes esos contratos, la decisión sería no habilitar nuevas locaciones de modo tal de no afectar los intereses de las empresas que tienen la concesión actual.

Sin embargo, teniendo en cuenta que las 7 plantas oficiales que operan actualmente en CABA tienen contrato vigente hasta el 1 de octubre de 2026, hacerlo de manera progresiva podría entenderse como una habilitación de pocos talleres particulares antes de octubre.

Esos establecimientos que actualmente están en funcionamiento hasta el 1 de octubre son:

• 9 de Julio Sur, Herrera 1995
• Vélez Sarsfield, Av. Vélez Sarsfield 566
• Santa María del Buen Aire, Santa María del Buen Aire 1001
• Paternal, Tronador 115
• Barracas, Osvaldo Cruz 1711
• Pompeya, Av. 27 de febrero 5483
• Villa Ortúzar, Donado 943

Además, la nueva reglamentación indica en el artículo 29 que, una vez abierto el nuevo esquema, el Gobierno no podrá poner un límite numérico a la cantidad de estaciones, con lo cual, aunque parezca una contradicción con la apertura progresiva a medida que vayan venciendo los contratos actuales, queda claro que la intención de esa disposición transitoria es el de evitar un conflicto de intereses entre las actuales concesiones y los nuevos talleres.

Precios y nuevos plazos

Otro dato importante es la libre competencia de precios. El artículo 27 de la ley dice que “el precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) será estipulado por las Estaciones de Verificación, contemplado el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT), con las excepciones previstas en el artículo 28 Bonificaciones Tarifarias, respecto a la exención de pago para jubilados, pensionados, mayores de 65 años, personas con discapacidad y su núcleo cercano, en los términos allí establecidos”.

De este modo, las tarifas de las VTO serán establecidas libremente por los prestadores del servicio conforme a las condiciones de libre competencia. Además, se deja expresamente escrito que las reverificaciones que se realicen a causa de una desaprobación original, dentro de los sesenta (60) días hábiles de efectuada la verificación seguirán siendo sin costo.

Por último, otro ítem destacado de la nueva ley que regula las Verificaciones Técnicas Obligatorias es el de la periodicidad de las inspecciones, que se extienden a 60 meses (5 años) desde la fecha de patentamiento original de un vehículo en el caso de la primera inspección, a 24 meses (2 años) entre los 5 y los 10 años, y de 12 meses (anual) para los automóviles y motocicletas de más de 10 años de antigüedad.

Sin embargo, y aunque la ley 6.963 está promulgada y vigente, ese cambio de plazos se hará efectivo desde el 1 de octubre, cuando hayan vencido los contratos de las actuales plantas verificadoras oficiales, entendiéndose que, al extender los plazos, el universo de usuarios que harán las verificaciones sería menor y eso cambiaría en forma de perjuicio, las condiciones bajo las cuales operan las 7 plantas desde octubre de 2016, en el marco de un contrato de concesión con un plazo de diez años.