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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes con el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 2,11 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran hoy, 29 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este martes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos documentos terminaron en 8 y 9 tuvieron acreditado su pago este lunes. Con esa fecha concluyó el cronograma de septiembre para este grupo.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 8 y 9 tuvieron acreditado su pago este lunes. Se trató de la última fecha prevista para esta prestación durante septiembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.

Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.

Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.

Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.

En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.

Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.

La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.

La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.

Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

Dos acuerdos, uno en cada cámara del Congreso, permitieron a los bloques libertarios superar casi en simultáneo, al menos en parte, un par de desafíos delicados: en Diputados, logró dictamen frente a la presión opositora para definir el futuro inmediato del área de discapacidad; y en el Senado, cerró trato incluso con el peronismo/K para votar, con cambios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada terminó allí. Llamativo y paradójico, las inmediatas tensiones en el interior del oficialismo terminaron acrecentando recelos de socios y dialoguistas. Y eso mismo pone a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno, necesitado además de logros políticos frente a la realidad económica.

En esa línea, las recientes declaraciones televisivas de Javier Milei añadieron nuevos condimentos. El Presidente se encargó personalmente de salir a descalificar una sucesión de informes del INDEC negativos -en especial, caída de la actividad, consumo y pobreza– y ratificó así su posición inflexible en ese terreno, algo que impacta internamente frente al clima electoral ya instalado. Fue, en público, la ratificación del mensaje a funcionario y legisladores para que cierren filas en defensa del plan económico.

El gesto de Milei confirmó de hecho que los acuerdos con aliados y dialoguistas se plantean en un contexto diferente al que suponía tratar de imponer criterios desde una posición de fuerza, porque existen otras necesidades de peso. Eso último alimentó las afirmaciones sobre consumo, PBI y exportaciones a contramano de las mediciones del INDEC. Más llamativa fue la declaración sobre una enorme deportación de “terroristas” internacionales que, hasta ahora, sólo provocó un par de reclamos opositores de informes, además de cierto desconcierto entre socios y silencio violeta.

El Presidente sostuvo que entre 2025 y lo que va de este año fueron “echados” 30.000 “terroristas” que, sostuvo, intentaban “infiltrase” en el país para “dinamitar el modelo argentino”. Dos opositores de diferente origen político –Maximiliano Ferraro, de la CC, y Juliana Di Tulio, del peronismo/K- reclamaron de inmediato explicaciones, por la vía de notas a las autoridades o pedidos de acceso a la información. Es posible que se anoten otros planteos. Pero, seguramente, alcanza para aumentar prevenciones frente a este tipo de generalizaciones con proyección legislativa.

El oficialismo se prepara para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, centrado en medidas para aumentar las sanciones a empresas que de manera directa o indirecta participen de proyectos de explotación de recursos naturales en Malvinas. En líneas generales, Malvinas es uno de los pocos temas de muy amplio consenso político. Es probable que haya discusiones puntuales; por ejemplo, sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone la iniciativa.

Las referidas declaraciones presidenciales, en cambio, amplificarían en alguna franja opositora las alertas sobre la falta de precisión respecto de actividades y organizaciones que puedan ser calificadas como operadoras de intereses extranjeros. Es algo que, de otro modo, ya había generado reacciones en el tratamiento del proyecto de ley de lobby, con críticas de diversas organizaciones porque podría afectar temas básicos como la libertad de expresión.

Pero en el plano exclusivamente interno, el foco es otro y también, la fuente de inquietudes más allá de alguna sorpresa discursiva. Existe preocupación por lo que algunos definen como desacoples prácticos en el terreno político. Lo ocurrido en Diputados frente a la ofensiva opositora por la emergencia en el área de discapacidad -que de hecho impuso un cronograma para definir la cuestión- resultó ilustrativo.

El oficialismo venía trabajando un acuerdo con aliados y dialoguistas, para frenar a la oposición, hasta que se conoció el artículo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027. La dimensión del ajuste dinamitó el entendimiento. De inmediato, Patricia Bullrich en público y otros de manera reservada apuntaron contra Economía, para no llevar la interna a un punto extremo. Pasado el primer impacto, pero sin demoras, los representantes del bloque libertario volvieron a negociar, redondearon un texto y lograron dictamen. La serie no fue cerrada en ese punto, y desde el Ejecutivo se hizo trascender que el acuerdo no era avalado por completo.

Algunos socios de LLA hicieron saber entonces que esperan precisiones sobre la garantía presupuestaria para coronar el entendimiento en el recinto. Se verá. Ese gesto expuso cierto fastidio y sobre todo, desconfianza. El tratamiento del proyecto sobre el Banco Central en el Senado tuvo otros condimentos, suficientes igual para contribuir al malestar en el frente interno del oficialismo y alimentar suspicacias sobre el juego de Bullrich en la Cámara alta.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no terminó al gusto de la Casa Rosada. Y parece imposible que Diputados insista con el proyecto original. La votación casi por unanimidad en el Senado modificó el criterio del Ejecutivo, que buscaba imponer mayoría especial de dos tercios en las dos cámaras del Congreso para remover autoridades del banco. El texto, que impone mayoría absoluta en el Senado, volvió a la Cámara baja. Y cayó muy mal en el Gobierno, donde mastican enojo creciente por los gestos de autonomía de la jefa del bloque violeta.

Ese clima doméstico se traslada a las consideraciones sobre la suerte de la reforma electoral, en particular el objetivo de anular las PASO. De un lado, dudan sobre el real empeño de Bullrich, que ha transmitido varias veces la dificultad para reunir votos. Y del otro, es señalada la falta de resultados, hasta el momento, de las tratativas encaradas por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para garantizar apoyo de los jefes provinciales con peso propio en la Cámara alta. La mirada se corrió en las últimas horas al viaje de Milei a París, acompañado por una docena de gobernadores.

Existe por lo menos un elemento que no depende exclusivamente de la voluntad del oficialismo y es la modificación que va sufriendo el contexto. Está claro que el cuadro surgido de las elecciones del año pasado fue cambiando por distintas razones, no sólo económicas. Y entonces, no tendría la misma fuerza la receta, impulsada con altibajos por operadores de Karina Milei, según la cual los gobernadores deberían garantizar la derogación de las PASO para asegurarse -después, una vez votada la reforma electoral- que la LLA no les daría batalla en sus distritos. Una especie de contraprestaciones reeleccionistas, a escala nacional y en cada distrito.

Presupuesto, Malvinas, reforma electoral, Banco Central figuran en los primeros renglones de la agenda legislativa del Gobierno. Se verá ahora que deja el viaje a París.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, afirmó el fin de semana que para lograr un nuevo mandato proyecta un radicalismo que no esté “encerrado en su trinchera” sino a uno “que se anima a convocar a desencantados del peronismo, a independientes, a gente del PRO y a La Libertad Avanza”. La apertura, agregó, es necesaria para encarar los “nuevos desafíos” que se avecinan.

«Chaco puede más», el frente con el que Zdero ganó la gobernación en 2023 ya contiene a dirigentes del macrismo. Y desde 2025, su fuerza es aliada de LLA. El entendimiento le permitió triunfar en las legislativas provinciales y nacionales de ese año. La sorpresa, entonces, pasó por la alusión a dirigentes justicialistas a los que no identificó.

En el PJ Chaco, creen que dos de los referentes que están en la lista de Zdero son Atlanto Honcheruk y Gustavo Martínez. “Esos dos se pueden ir. Son terribles”, reconoció ante Infobae una alta fuente del justicialismo. En el mismo sentido, una persona del entorno de Jorge Capitanich, titular del PJ provincial, sentenció que ambos referentes pertenecen a sectores “que pulsan siempre por tener sus propios candidatos”.

En el entorno de Zdero, en tanto, avalaron el primer nombre pero le bajaron el precio al segundo.

Honcheruk presidió el interbloque opositor Frente Chaqueño en la Legislatura provincial hasta principios de septiembre. Se alejó tras criticar la falta de debate interno en «Primero Chaco», el espacio que hegemoniza el peronismo en el cuerpo, reclamó una autocrítica y definiciones claras de cara a los próximos meses.

Días después de su salida, el interbloque opositor sufrió el primer contratiempo. La legisladora Katia Blanc, que había sido electa por el massismo, rompió la paridad en el recinto y votó con el oficialismo la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). La movida le dio un triunfo político a Zdero y complicó el armado del peronismo para el año próximo.

Martínez, por su parte, es el ex intendente de Resistencia. Con su sello CER (Corriente de expresión renovada) quebró el frente interno del peronismo en la lucha por la gobernación hace tres años. Sacó 34.600 votos. Si Capitanich hubiera retenido esos sufragios, el resultado de la puja con Zdero, que se definió por 30 mil votos, habría estado aún más ajustada.

“Lo mejor está por venir”

El mandatario habló sobre el futuro político durante la Convención provincial radical que se realizó el fin de semana en Roque Saenz Peña. El órgano partidario había elegido a la referente Alicia Ogara como presidenta.

Zdero llamó a “seguir sumando” dirigentes y sectores por fuera de la estructura tradicional de la UCR. “No hay nada más importante, ni un nombre, ni un candidato, ni un partido, que Chaco. Chaco es lo más importante”, afirmó.

“Necesitamos estar juntos, espalda con espalda, más allá de las diferencias, y encontrar las coincidencias”, precisó. En ese sentido, afirmó: “Tenemos que llegar a 70 localidades para que allí haya un intendente, un candidato, un concejal y personas de la fuerza”, expresó. Luego, reclamó una UCR activa “en los barrios, en territorio y cerca de la gente”.

“Chaco no elige ser pobre. Nosotros elegimos dar pasos hacia el progreso y el futuro”, aseveró. En el mismo sentido, más adelante expresó: “Chaco no está condenado a la pobreza”. Por el contrario, la provincia “tiene la capacidad, a través de los chaqueños, de cambiar la realidad”, aseveró.

“Es bueno detenernos para mirar un minuto en el retrovisor qué nos encontramos en diciembre de 2023. Adoctrinaban a nuestros chicos en la educación. El sistema de salud, devastado. Los vehículos (eran) utilizados por funcionarios. El avión sanitario (se usaba para) paseo de los amigos e hijos del poder, y el Estado estaba aliado a las mafias”, remarcó en declaraciones que reproduce Diario Norte. En esa línea, sentenció: “Claro que falta mucho, pero es lo mejor que está por venir”.

El aumento del riesgo país, que ayer terminó a 628 puntos básicos, generó un cambio de estrategia del Gobierno. Por tercera vez, el Tesoro refinanció ayer los vencimientos de deuda exclusivamente con bonos en pesos o ajustados al tipo de cambio oficial. En cambio, optó por no salir con nuevos títulos en dólares para no convalidar tasas de dos dígitos.

El nivel de riesgo país tocó ayer un máximo en seis meses y en promedio los bonos dolarizados cayeron 1 por ciento. En la práctica, esto significa que para el Gobierno resulta imposible colocar deuda en moneda extranjera con tasas inferiores al 10% anual.

Para evitar endeudarse a tasas muy caras, la opción elegida en este momento es salir con bonos que venzan dentro del actual período de gobierno. Así, al menos por el momento se dejó de lado la estrategia de estirar vencimientos más allá del actual mandato presidencial.

Las dudas respecto al resultado de las elecciones presidenciales del año que viene volvieron a los inversores mucho más conservadores. Eso generó una caída de las cotizaciones de la deuda en dólares que vence desde 2028 en adelante. El reflejo es la suba del riesgo país desde niveles de 400 puntos de fines de julio a los 626 que marcó ayer.

La imposibilidad de colocar deuda en dólares plantea interrogantes sobre el plan financiero que el propio equipo económico presentó de cara al 2027. El más claro tiene que ver con la emisión de deuda en dólares por USD 5.000 millones a través del Bonar 2029.

Al menos con el cuadro actual esta opción parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado se pondrá todavía más nervioso y volátil de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Para volver a emitir deuda al 2029, el riesgo país tendría que bajar nuevamente a niveles de 400 puntos básicos o incluso un poco menos. Es un escenario que hoy luce improbable, aunque no imposible.

Otra de las preguntas que surge está relacionada con las compras previstas del Central por 10.000 millones de dólares. Esta suma le permitiría al Tesoro hacer frente al pago de vencimientos el año que viene.

Pero tampoco queda claro si el mercado cambiario dejará tanto espacio para que el BCRA pueda comprar como lo venía haciendo hasta ahora. Si se produce un aumento de la demanda minorista en 2027 por las dudas electorales, entonces es posible que haya menos espacio para que el Central pueda comprar.

En lo que va de 2026, el BCRA adquirió más de USD 14.000 millones, pero en septiembre pudo comprar menos de USD 300 millones, la cifra más baja del año. Además, el dólar mostró leve tendencia alcista: el oficial trepó 5 pesos hasta $ 1.545, mientras que el contado con liquidación se fue a 1.620 pesos.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.