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El canciller Pablo Quirno explicó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la Argentina abrió un arbitraje para frenar el proyecto Sea Lion y evalúa pedir medidas urgentes si el Reino Unido no suspende sus operaciones

El anuncio se produjo después de que el Gobierno denunciara vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, atribuidos a la empresa Thales UK Limited, y ordenara iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese caso.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Quirno vinculó las acciones con el plan anunciado por Javier Milei para cuestionar las licencias británicas en el archipiélago. “Significa un paso más en la estrategia que fue anunciada por el presidente Milei hace ya un par de semanas en cadena nacional”, afirmó.

La intimación enviada a Londres exige que detenga, en un plazo de 14 días, las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion, el proyecto hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según la posición argentina, la iniciativa se desarrolla sobre recursos cuya explotación no puede avanzar de manera unilateral mientras continúe la controversia de soberanía.

Quirno sostuvo que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y busca ampliar el efecto disuasorio de las sanciones vigentes para las compañías que operen bajo permisos otorgados por el Reino Unido. “El entramado de presentarnos ante un tribunal internacional es para hacer valer nuestros derechos ante la decisión unilateral del Reino Unido”, dijo.

El canciller precisó que el plazo forma parte de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, aseguró.

El funcionario diferenció el proceso de antecedentes argentinos ante instancias internacionales, como las actuaciones por la fragata Libertad, Laguna del Desierto y el canal de Beagle. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a lo que es la explotación de hidrocarburos”, afirmó.

La Casa Rosada sostiene que las tareas proyectadas en Sea Lion vulneran las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido; la segunda exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista el diferendo.

El Gobierno también invoca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar. De acuerdo con el comunicado presidencial, los yacimientos del proyecto se encuentran a 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de la plataforma continental sobre la que la Argentina sostiene derechos soberanos.

Quirno ubicó la urgencia de las medidas en los planes de producción de la empresa operadora. “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de una definición internacional, indicó que el primer barril está previsto para 2028. “Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”, respondió.

El canciller afirmó que la estrategia oficial no se reduce a la acción diplomática o judicial. También busca condicionar a las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras que evalúen participar de Sea Lion, un proyecto impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, planteó Quirno al referirse a las oportunidades vinculadas con los activos energéticos argentinos.

Según el funcionario, varias compañías privadas comunicaron su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas. “Las más importantes del mundo” expresaron que no participarán porque observan “la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos”, relató.

Quirno fue consultado por los bancos o fondos que puedan reunir recursos para el desarrollo de Sea Lion. “Los financiadores también están contribuyendo justamente a que se pueda realizar esta explotación”, señaló, antes de anticipar que el Gobierno observará esa participación.

Ante la hipótesis de que una entidad que financie el proyecto aspire luego a prestar dinero al Estado o a empresas argentinas, el canciller respondió: “Mejor viceversa”. Y agregó que esos actores deberán definir “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”.

En el plano local, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion. La Cancillería, a la vez, avanza con gestiones ante Estados Unidos para evaluar una eventual mediación, una alternativa que requeriría la aceptación británica.

Quirno negó que las decisiones oficiales estén dirigidas a construir un esquema de coexistencia con los británicos en las islas. “No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas”, sostuvo.

El canciller vinculó esa definición con el reclamo previsto en la Constitución Nacional. “Tenemos un mandato constitucional que es lo que tenemos que hacer”, afirmó al describir el objetivo de reunir instrumentos diplomáticos, legislativos, económicos y judiciales.

El funcionario insistió en que la Argentina busca resolver la disputa por medios pacíficos y diplomáticos. “Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.

Sobre Chile, Quirno recordó una reunión mantenida el 3 de septiembre con el presidente José Antonio Kast, su canciller y miembros de su equipo. Según indicó, de ese encuentro surgió un comunicado conjunto en el que Santiago reiteró su respaldo al reclamo argentino y afirmó que no dará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en Malvinas.

Frente a declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, que aludió a la administración británica de hecho sobre las islas, el jefe de la diplomacia argentina respondió: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.

La entrevista también abordó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional y las críticas a un artículo que propone penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, afirmó Quirno. Ante los cuestionamientos por el alcance de la figura penal, agregó: “Hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”.

El canciller afirmó que la iniciativa contempla modalidades de conflicto distintas de una confrontación militar convencional. “Hoy no es que viene un ejército y me viene a invadir. No se resuelve a los tiros, se resuelve de otra manera este tema”, planteó.

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Desde este jueves 1 de octubre, viajar en colectivo y subte y circular por las autopistas porteñas será más caro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará una actualización del 3,7% en las tarifas del transporte público y los peajes, en el marco de un esquema que prevé nuevos ajustes mensuales.

La actualización contempla que los valores se modifiquen de acuerdo con un índice compuesto por la inflación que publica el Indec más un 2%. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48, mientras que el viaje en subte aumentará de $1.753 a $1.817.

En el caso de los colectivos, la nueva tarifa dependerá de la distancia recorrida. El boleto para trayectos de hasta 3 kilómetros será de $920,48; para viajes de entre 3 y 6 kilómetros, de $1.022,81; entre 6 y 12 kilómetros, de $1.101,59; y para recorridos de 12 a 27 kilómetros, de $1.180,44.

El sistema de pago también mantendrá las diferencias según el medio utilizado. Quienes abonen con SUBE continuarán pagando de acuerdo con los distintos tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el proceso de pago.

De acuerdo al gobierno de la Ciudad, con este ajuste se busca recomponer el atraso de la tarifa, teniendo en cuenta que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

En el subte, el nuevo valor será de $1.817. El gobierno porteño remarcó que continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente. El premetro, por su parte, pasará de $635,95 a $1.011,16.

También seguirán los beneficios de la Red SUBE y los distintos pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Según fuentes oficiales, el incremento busca avanzar en la recomposición de las tarifas y garantizar la sostenibilidad del servicio. En el caso del subte, indicó que los costos aumentaron 84,85% desde el último cálculo realizado en diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024.

A su vez, los ingresos tarifarios representaban el 23,7% de los costos a diciembre de 2024, mientras que el 76,3% restante era cubierto mediante subsidios.

Los nuevos valores también apuntan a financiar inversiones en el sistema. Entre los proyectos mencionados se encuentra la adquisición de 174 coches para renovar la flota de la Línea B, que transporta en promedio 180.000 pasajeros diarios, además de la compra de otros 40 coches para las líneas A y C y obras de renovación de estaciones e infraestructura.

En paralelo, indicaron la Ciudad destina actualmente USD 390 millones al año al funcionamiento del sistema de transporte público: USD 170 millones para los colectivos y USD 220 millones para el subte.

Cuánto costarán los peajes

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán un aumento desde octubre. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Autopista Illia subirá de $2.773,69 a $2.820,85.

“Los ajustes en la tarifa de peajes son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas porteñas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí. La repavimentación de la calzada, iluminación de los diferentes tramos, demarcaciones, defensas y puentes, juntas y alambrados en todas las autopistas son condiciones necesarias para la seguridad vial”, sostuvieron desde el gobierno porteño.

“Es importante resaltar que con los ingresos obtenidos AUSA mantiene no sólo las autopistas que tiene peajes (29 km) sino también las gratuitas (21 km): los tramos de Dellepiane que va desde Gral Paz hasta Lacarra en ambos sentidos, Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora”, agregaron.

El encuentro tendrá lugar este martes, mientras crece el debate sobre cómo regular la inteligencia artificial, un tema que ganó relevancia en la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Según una encuesta, el 82% de los estadounidenses está “preocupado” por su desarrollo.

El Palacio Fernández Anchorena tiene entrada por avenida Alvear 1637, en Recoleta, a metros de la esquina con Montevideo. Es uno de los edificios más imponentes de una avenida: fachada francesa, techos altos, jardín interior y salones concebidos para recibir a la elite porteña de comienzos del siglo XX. Desde 1952 funciona allí la Nunciatura Apostólica, residencia oficial del representante del Papa en la Argentina. En noviembre, durante cuatro noches, será además la casa de León XIV.

Pero la Nunciatura no será solamente el lugar donde el Pontífice duerma al terminar cada jornada. La preparación de la visita reserva márgenes para al menos dos encuentros privados que no formarán parte del programa público, según pudo saber Infobae, y la residencia diplomática aparece como el escenario natural para esas conversaciones. Allí comienza la segunda agenda de un viaje papal.

Una agenda es la que ya distribuyó la Sala de Prensa de la Santa Sede: horarios, discursos, ceremonias, traslados, autoridades y cámaras. La otra se arma alrededor de los espacios que quedan entre esos actos y responde a una lógica diferente: conversaciones sin transmisión, sin fotografías y sin necesidad de incorporarse a la narrativa pública de la visita. En las próximas semanas, mientras avance la organización, una de las preguntas que circulará con mayor insistencia entre dirigentes políticos, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia será quién conseguirá cruzar la puerta de Alvear 1637.

Las nunciaturas vienen cumpliendo ese papel durante los viajes de León XIV desde el comienzo de su pontificado. Son territorio diplomático de la Santa Sede y, al mismo tiempo, la residencia del Papa durante sus estadías, un espacio capaz de quedar al margen del ceremonial del país anfitrión. En distintos viajes del último año, León XIV las utilizó para encuentros religiosos, diplomáticos o personales que requerían un nivel de reserva diferente al de los grandes actos públicos.

Un ejemplo claro fue lo sucedido durante el viaje a España en junio pasado: allí la Nunciatura fue sede de encuentros que figuraban en el programa (como la reunión con el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez) y de otras reuniones que no aparecían en la agenda oficial, como la que León XIV mantuvo el lunes 8 de junio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Ayuso sabía con varios días de anticipación que el pontífice la recibiría en la sede diplomática y aceptó la “máxima discreción” que le había pedido el Vaticano antes de la reunión. Se espera un procedimiento similar en Buenos Aires con los dirigentes argentinos que vayan a ver a Robert Prevost al edificio de Recoleta.

En África, por ejemplo, recibió en privado en la Nunciatura de Yaundé a representantes religiosos y celebró en Luanda una misa privada antes de continuar con la agenda oficial. En otras escalas, las residencias pontificias sirvieron también para conversaciones con autoridades civiles, miembros de comunidades religiosas y referentes que no necesariamente participaron de las ceremonias abiertas. La lógica se repite: lo que admite cámaras puede ocurrir afuera; lo que exige reserva encuentra en la Nunciatura un escenario propio.

Francia, el viaje más reciente, ofreció otra señal sobre el valor que el Vaticano asigna a ese espacio. Más allá de las ceremonias organizadas por el país anfitrión, el Papa mantuvo la Nunciatura como residencia y centro operativo. Es territorio del Pontífice y de la diplomacia de la Santa Sede, y lo que ocurre allí no queda determinado por el protocolo local.

En Buenos Aires, esa lógica tendrá además una particularidad: el hombre que abrirá la puerta de la casa fue elegido hace apenas unos meses por el propio León XIV. Monseñor Michael Wallace Banach fue designado nuncio apostólico en la Argentina el 14 de mayo de este año. Hasta entonces era representante pontificio en Hungría y llevaba décadas en el servicio diplomático de la Santa Sede. Su nombramiento llegó cuando la preparación de la visita papal ya formaba parte del horizonte de las relaciones entre Roma y Buenos Aires.

Banach será, por eso, mucho más que el anfitrión formal del Papa durante esas cuatro noches. Será también una de las personas encargadas de administrar los accesos a la residencia y ordenar las solicitudes de audiencia privada que llegarán desde distintos sectores. La última palabra será de León XIV y de su entorno inmediato, pero en Buenos Aires el nuncio sabrá quién entra y quién queda afuera.

Quiénes buscan entrar

El programa oficial del domingo 8 de noviembre concentrará buena parte de las imágenes institucionales de la visita: las autoridades nacionales, el encuentro con el presidente Javier Milei, las ceremonias previstas en el centro porteño y el discurso de León XIV ante referentes de la sociedad civil. Todo eso tendrá horarios, protocolo, listas de invitados y cámaras. La Nunciatura ofrece exactamente lo contrario.

Entre quienes pueden aspirar a una audiencia privada aparecen dirigentes sindicales y de movimientos sociales, referentes políticos por fuera del oficialismo, empresarios y figuras del mundo eclesiástico. Para cualquiera de esos sectores, una conversación en Alvear 1637 permite algo que un encuentro público no permite: interlocución sin necesidad de producir una fotografía institucional. No significa necesariamente apoyo, respaldo ni toma de posición; justamente una de las utilidades diplomáticas de la Nunciatura es permitir una conversación sin convertirla inmediatamente en un gesto político.

En el mundo sindical y de los movimientos sociales hay interlocutores históricos de la Iglesia argentina que buscarán mantener abiertos sus canales con Roma. También existen sectores políticos que tienen relación con la Santa Sede y empresarios con los que el Vaticano mantiene diálogos sobre asuntos sociales, económicos e institucionales. Los donantes de la visita serán uno de los grupos que con seguridad se reunirán con el Papa en la Nunciatura.

A eso se suma el propio universo eclesial, donde una visita papal abre conversaciones internas que rara vez se producen delante de una cámara: relaciones entre obispos, movimientos, congregaciones religiosas, organismos vaticanos y figuras de la Iglesia local.

La casa del Papa

La historia del edificio añade otra capa al escenario. El palacio fue encargado al arquitecto francés Édouard Le Monnier por Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena, que residían en París y nunca llegaron a habitarlo. Décadas después pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, marquesa pontificia y una de las grandes benefactoras católicas argentinas de su tiempo, quien terminó legándolo a la Santa Sede para que se convirtiera en sede de la representación pontificia.

Desde 1952 funciona allí la Nunciatura Apostólica. El edificio alojó también a Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987 y guarda todavía las marcas de décadas de relación entre la Iglesia local, Roma y algunas de las familias que colaboraron con su mantenimiento y sus sucesivas refacciones. En las semanas previas a la llegada de León XIV, los trabajos se concentrarán especialmente en distintos sectores de la residencia, entre ellos la fachada y la capilla.

Otros proyectos quedarán para después. Banach incluso imagina para una etapa posterior una nueva parrilla que permita convertir parte de la casa en un espacio más habitual de recepción para visitantes argentinos, en una adaptación bastante local de una de las residencias diplomáticas más particulares de Buenos Aires.

Cuando se vayan las cámaras

La Nunciatura tiene además una condición jurídica que refuerza su carácter reservado. Como sede diplomática, sus instalaciones están protegidas por el principio de inviolabilidad previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las autoridades del Estado receptor no pueden ingresar en los locales de una misión sin consentimiento y sus archivos, documentos y comunicaciones diplomáticas cuentan también con protecciones específicas. Según pudo saber Infobae, hace dos semanas se reforzó la seguridad informática y de comunicaciones.

Pero durante una visita papal su verdadera ventaja es más sencilla: detrás de esa puerta puede celebrarse una conversación sin atril, sin transmisión y sin obligación de incorporarla al programa público. El domingo, las cámaras seguirán a León XIV hasta la Casa Rosada y el Palacio Libertad. En los días siguientes estarán en cada misa, cada ceremonia y cada traslado. Por la noche, el Papa volverá a Alvear 1637. Durante cuatro noches dormirá allí. Y en Buenos Aires ya empieza a circular otra pregunta: quiénes serán los que entren cuando las cámaras se hayan ido.