17 Ago, 2026 08:06 a. m. EST
El Gobierno empezó a desplegar una estrategia para contener a sus aliados en el Congreso, cumplir compromisos pendientes con los gobernadores y evitar que una incipiente coordinación del peronismo complique las mayorías que necesita para avanzar con su agenda legislativa. La prioridad inmediata está en Diputados, donde el oficialismo prepara una mega sesión para el 26 de agosto. Pero las mayores dificultades aparecen en el Senado, donde La Libertad Avanza perdió previsibilidad sobre algunos de los votos que hasta hace poco consideraba propios o cercanos.
En esa lógica, la Casa Rosada busca blindar votos con los gobernadores, mientras intenta reconstruir un mapa parlamentario que dejó de ser automático. La tensión es doble: hacia adelante, por una agenda que el oficialismo considera ambiciosa; hacia atrás, por compromisos asumidos en negociaciones previas que todavía no se tradujeron en decisiones administrativas.
Una de las primeras estaciones de esa estrategia será este martes en el Ministerio de Economía. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará una reunión con técnicos de las diez provincias del Norte que reclaman el cumplimiento de un compromiso asumido por la Casa Rosada durante la negociación para modificar el régimen de Zonas Frías.
Cuando la iniciativa se votó en Diputados, el Gobierno se comprometió a compensar a las provincias norteñas mediante un tratamiento diferencial sobre los subsidios a la electricidad durante los meses de altas temperaturas. El acuerdo contempló ampliar los bloques de consumo subsidiado en 300 kWh mensuales adicionales para las zonas muy cálidas —Ia y Ib— y en 200 kWh para las zonas cálidas —IIb—.
La compensación no quedó incorporada en la ley. Debía instrumentarse posteriormente mediante una resolución de la Secretaría de Energía. Esa resolución todavía no salió.
Por eso, Santilli se encontrará este martes con los representantes provinciales y funcionarios del área energética para avanzar en su implementación. Podría participar algún gobernador, aunque en el entorno del jefe de Gabinete aclaran que será esencialmente una reunión técnica y que el objetivo es dejar establecido el mecanismo en la reglamentación si finalmente se sanciona la modificación de Zonas Frías.
Detrás de una discusión aparentemente tarifaria existe un problema eminentemente político: el Gobierno necesita cuidar los votos de los gobernadores.
La prioridad inmediata está en la Cámara de Diputados. Los negociadores libertarios trabajan para construir una mega sesión el miércoles 26 de agosto, con un paquete de iniciativas que la Casa Rosada considera relevantes. El conteo preliminar genera optimismo.
“Los números creemos que están para tener la semana que viene una buena sesión”, aseguró a Infobae una fuente del oficialismo involucrada en las negociaciones.
El escenario es bastante más complejo en el Senado. La Libertad Avanza intenta reconstruir aquel conglomerado de 44 votos que le permitió atravesar votaciones difíciles. Esa mayoría quedó astillada por el portazo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y por la crisis de identidad política que atraviesan los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, sacudidos por la reconfiguración del poder provincial y el avance del gobernador Hugo Passalacqua sobre la estructura que durante años controló Carlos Rovira.
En ese contexto apareció una expresión que comenzó a repetirse en conversaciones reservadas del oficialismo: “la nueva coordinación” del peronismo.
No significa que el PJ haya resuelto sus internas. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa mantienen diferencias profundas y la disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense continúa abierta. Tampoco existe una conducción nacional capaz de disciplinar a todos los gobernadores y legisladores.
La novedad es más pragmática: dirigentes y gobernadores que hasta hace poco se movían por separado comenzaron a conversar y coordinar acciones cuando identifican un objetivo común.
Y el Gobierno ya sufrió las consecuencias. La primera demostración ocurrió durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Senado terminó sancionándola el 6 de agosto, pero la Casa Rosada tuvo que resignar dos capítulos que estaban incluidos en el proyecto original: el que flexibilizaba las restricciones para la compra de tierras por extranjeros y el que eliminaba las limitaciones para vender terrenos afectados por incendios.
El oficialismo consiguió la ley, pero quedó con una sensación de derrota.
n La Libertad Avanza reconstruyeron después los movimientos que precedieron a la votación y encontraron conversaciones sigilosas entre dirigentes que conservan relaciones políticas construidas hace años. Massa habló con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien fue su compañero de fórmula presidencial hace más de una década. También hubo una fuerte presión sobre Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca.
La coordinación funcionó: los dos capítulos terminaron afuera.
Pero el movimiento que más alertó al oficialismo ocurrió después.
El martes de la semana pasada, durante cinco horas, diez dirigentes de peso del peronismo estuvieron reunidos en el Hotel Emperador. La integración de la mesa convirtió al encuentro en una señal política difícil de ignorar.
Allí estuvieron Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, los tres principales protagonistas de la interna bonaerense. También participaron cinco caciques provinciales: Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Completaron el grupo José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, y Germán Martínez, jefe de la bancada en Diputados.
“Hay que reconocer el esfuerzo y el éxito de la reunión a José y Germán”, dijeron en el entorno de Massa, con un forzado disimulo sobre la trascendencia de haber sentado durante cinco horas a dirigentes que todavía mantienen diferencias importantes.
No hubo una reconciliación. Tampoco una nueva conducción. Pero sí hubo acuerdos.
Uno de los pocos compromisos que asumieron los diez participantes fue bloquear a toda costa la eliminación de las PASO, uno de los principales objetivos de la reforma electoral que prepara el Gobierno.
El peronismo tiene una razón práctica para defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: necesita un instrumento para resolver una interna que continúa abierta. Pero alrededor de esa necesidad encontró además una causa común para ordenar una estrategia de resistencia frente a Milei.
En el propio espacio opositor describen la defensa de las PASO como una misión menos “piantavotos” que otras banderas de confrontación con el Gobierno. La libertad de Cristina Kirchner sigue funcionando como otro elemento capaz de reunir a los distintos sectores, pero la preservación de las primarias ofrece una batalla institucional y electoral alrededor de la cual pueden coincidir dirigentes que siguen enfrentados por el liderazgo del espacio.
Y hay un dato adicional: la reunión del Hotel Emperador no será la última.
En el peronismo ya anticipan que habrá otro encuentro similar en los próximos días. Todavía no tiene fecha. El objetivo, sin embargo, es sostener el mecanismo de coordinación.
Para el Gobierno, la amenaza llega justo cuando empieza a desplegarse una agenda ambiciosa en el Senado.
En carpeta están el denominado “Súper RIGI”, la Ley Hojarasca, la reforma de la Ley General de Sociedades, cambios en la Ley de Salud Mental, decenas de pliegos de jueces y, finalmente, el premio mayor: la reforma electoral.
La eliminación de las PASO todavía está “verde”, admiten en La Libertad Avanza.
La explicación está en los números. El oficialismo tiene 21 senadores. Antes incluso de intentar convencer a gobernadores o legisladores cercanos al peronismo necesita asegurar dos bloques que considera indispensables: los diez radicales y los tres representantes del PRO.
“Cualquier mayoría requiere, antes que a los peronistas, el apoyo de los diez votos radicales”, explicaron en el oficialismo.
Pero los radicales no están convencidos de acompañar la eliminación de las PASO. Y tampoco están garantizados los tres votos del PRO.
Aun en el escenario más favorable, 21 libertarios más diez radicales y tres macristas suman 34. Son tres menos que los 37 necesarios para alcanzar la mayoría.
La fragilidad de esa matemática ayuda a explicar por qué el Gobierno abrió simultáneamente otra negociación política. La semana pasada, dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO volvieron a encontrarse en la Casa Rosada, en una reunión anticipada en exclusiva por Infobae. El encuentro estuvo precedido por una comunicación entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de LLA, y Mauricio Macri.
Después de meses de distanciamiento, hubo un descongelamiento. No una reconciliación.
Las heridas de la relación continúan abiertas y Macri mantiene una profunda desconfianza frente a los zigzagueos que atribuye a los libertarios. Pero las conversaciones comenzaron y detrás de ellas existe un objetivo más ambicioso: explorar un acuerdo electoral para 2027.
El ex presidente quiere conservar la Ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO. Al mismo tiempo, podría acompañar una candidatura de Santilli a gobernador bonaerense dentro de una alianza bicolor, amarilla y violeta.
Es allí donde aparece Patricia Bullrich.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado considera “lógico” que Macri pretenda conservar el distrito donde nació y construyó el poder nacional del PRO. Pero cualquier entendimiento, advierte, requiere “buena voluntad”.
Y Bullrich no considera que el inicio de las negociaciones con su antiguo partido signifique que ella haya resignado una eventual candidatura en la Ciudad.
Durante el fin de semana se lo transmitió a un interlocutor en términos inequívocos. “No dije que me bajaba”, afirmó Bullrich, según pudo saber Infobae.
La advertencia tiene como destinatario político al PRO y adquiere relevancia frente a la negociación que comenzó a transitar Macri con los libertarios. Bullrich está dispuesta a acompañar un entendimiento si existe voluntad de acuerdo, pero también dejó planteado que, si esa voluntad no aparece, no tiene inconvenientes en competir en la Ciudad y considera que tiene posibilidades de ganar.
La discusión porteña se convierte así en otra pieza de la negociación nacional. Macri quiere preservar el principal bastión que conserva su partido. La Libertad Avanza pretende construir un entendimiento que incluya también la provincia de Buenos Aires. Y Bullrich avisa que nadie debería interpretar el acercamiento como una renuncia anticipada a disputar la sucesión porteña.
Mientras el oficialismo intenta ordenar el Congreso y sus alianzas, en la cúspide del Gobierno apareció otra preocupación que empieza a condicionar toda la estrategia hacia 2027: la necesidad de reactivar la economía.
En los últimos días comenzaron a avanzar las conversaciones sobre una iniciativa de fuerte impacto potencial: utilizar entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para impulsar el crédito hipotecario.
El proyecto todavía está en plena elaboración.
La idea no contempla desprenderse de las acciones ni de los bonos que integran la cartera del FGS. El objetivo es utilizar recursos que el Fondo debe mantener en plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos para generar colocaciones de largo plazo que permitan a los bancos contar con fondeo estable para ofrecer hipotecas.
La ingeniería intenta resolver uno de los problemas históricos del sistema financiero argentino: el descalce entre la duración de los depósitos y la de los préstamos.
“Los plazos fijos del sistema están a 30 días y los créditos hipotecarios son a 30 años. Ese descalce podría resolverse si el FGS subasta tasas para plazos fijos largos y esos recursos se destinan a créditos”, explicó una fuente calificada del Gobierno que conoce la iniciativa.
El proyecto tiene una sofisticación financiera considerable y una sensibilidad política todavía mayor. El FGS depende de la ANSES, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Javier Milei.
La ministra no rechaza la idea, pero exige garantías antes de avanzar.
“Ella no va a hacer nada que tenga un mínimo de riesgo institucional. No ve con malos ojos esa idea, pero Toto Caputo va a tener que venir con el detalle fino antes de dar luz verde”, explicaron en su entorno.
La definición expone las precauciones alrededor de una iniciativa que involucra recursos del sistema previsional. Pero la existencia misma del proyecto revela otra discusión que empezó a instalarse en la Casa Rosada.
Después de estabilizar las principales variables macroeconómicas, el Gobierno necesita que la economía crezca.
Y necesita que lo haga antes de 2027.
“Si la economía no reactiva, va a ser más difícil ganar las elecciones en primera vuelta”, reconoció un dirigente oficialista involucrado en las discusiones políticas.
Luis “Toto” Caputo parece dispuesto a involucrarse también en esa batalla. El ministro de Economía se convirtió durante las últimas semanas en uno de los voceros más filosos del Gobierno. A diferencia de otros momentos de su gestión, comenzó a involucrarse abiertamente en las discusiones políticas y a responder los cuestionamientos del peronismo.
Este martes dará una señal adicional. Caputo participará de la inauguración de una heladería en la calle Gorostiaga, en Palermo, junto con Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza porteña y una de las principales dirigentes de confianza de Karina Milei.
La escena podría parecer menor. En el Gobierno no la consideran así.
Caputo está dispuesto a mostrarse como una espada del oficialismo también en la arena electoral.
El escenario que empieza a dibujarse combina todos esos movimientos. La Casa Rosada intenta contener a los gobernadores y reconstruir las mayorías que le permitieron avanzar en el Congreso. El peronismo descubrió que puede coordinarse sin necesidad de resolver previamente sus internas y prepara una nueva reunión para sostener esa estrategia. Macri volvió a conversar con los libertarios, pero todavía no existe un acuerdo. Bullrich advierte que la Ciudad continúa disponible para dar una pelea. Y el Gobierno empieza a asumir que ninguna arquitectura parlamentaria o electoral será suficiente si la estabilización no termina convirtiéndose en reactivación.
