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La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.

El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.

En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La Ley de Alquileres

Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.

Medicina prepaga

El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.

Privatizaciones

El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.

Abastecimiento y Góndolas

Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.

Servicios de internet satelital

El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.

Ley de Compre Nacional

Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.

La política de cielos abiertos

La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.

Comercio exterior

En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado

El Instituto Nacional de la Yerba Mate

El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.

El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la arremetida. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Milei para reunirse con los gobernadores aliados y acelerar acuerdos electorales que consoliden los votos necesarios para frenar la sesión.

En paralelo al debate por el DNU, el oficialismo regresa de París con optimismo en otro frente. Tras reunirse con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week, en La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos para eliminar las PASO. La clave, según el propio entorno de Karina Milei, fue la promesa de no presentar candidatos libertarios en los distritos provinciales a cambio de apoyo a la reforma política.

Desde París, Francia – El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de la iniciativa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se trata de una inversión de USD 4.000 millones.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027 y la operación comenzaría en octubre de 2031. La construcción, destacó la minera, generaría hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa contempla 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

De la inversión de capital inicial del proyecto, los USD 4.000 millones mencionados, USD 771 millones se ejecutarán durante los primeros dos años, financiados mediante aportes de capital y deuda de Glencore. Su producción promedio alcanzaría 200.000 toneladas de cobre al año, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones anuales destinadas por completo a mercados internacionales.

Agua Rica utilizará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y trasladado por un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, será transportado por tren hasta el puerto de Rosario.

La iniciativa también contempla obras vinculadas con rutas, energía y agua, además de medidas para impulsar el empleo local y las cadenas de valor de la región. El proyecto pertenece a Minera Agua Rica, compañía de Glencore.

Ayer, en la primera jornada de Argentina Week, Nagle participó de uno de los paneles en la OCDE y remarcó que “sin el RIGI, no hay forma de que El Pachón sea un negocio”.

En un diálogo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el CEO aseguró que “cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

También se refirió a los costos y los beneficios de la estabilidad económica: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”. Ambos factores, dijo, son “el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre USD 14.000 y USD 20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años”.

Nagle también habló de las inversiones en energía que se necesitan para el sector. “Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía. El sector privado puede construir, pero las condiciones tienen que estar, la estabilidad, la confianza, los retornos de capital tienen que estar también para permitir que se construya esta infraestructura”, expresó.

Esteban Paulón, diputado de Provincias Unidas, afirmó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que el rechazo del DNU 70/2023 permitiría restituir en 15 días la Ley de Tierras, tras el fallo de la Corte Suprema

La convocatoria opositora a una sesión especial busca empalmar el debate sobre el megadecreto con los proyectos de endeudamiento y discapacidad, que habían conseguido el acompañamiento de 133 legisladores. El bloque Provincias Unidas firmó el pedido y anticipó su intención de dar quórum el jueves 15.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Paulón señaló que el resultado del trámite legislativo puede modificar el marco vigente para la tenencia de tierras rurales.

El diputado vinculó la situación con la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que, desde la apertura de los registros de la propiedad provinciales, quedaron sin efecto las restricciones que regulaban la compra de campos por parte de extranjeros.

“Hoy no hay ley de tierras, ley de tenencia de las tierras rurales en Argentina. Por lo tanto, desde ayer, cualquier persona física, jurídica o Estado extranjero puede comprar la extensión de tierra que se le ocurra donde se le ocurra”, dijo Paulón.

El legislador incluyó entre los territorios alcanzados los cursos de río, las zonas fronterizas y los sectores cercanos a afluentes. También mencionó el uso del agua para instalaciones tecnológicas: “No hay ningún tipo de restricción”.

Paulón planteó que la situación genera efectos jurídicos mientras el Congreso no intervenga. “Esa ventana que se abrió con el fallo, la resolución de la Corte, está vigente y genera derechos adquiridos. No hay marcha atrás en esta ventana hasta que en el Congreso podamos darle una solución a este tema”, afirmó.

Para el diputado, la alternativa más rápida es que la Cámara de Diputados acompañe el rechazo que el Senado ya emitió sobre el DNU. “Nosotros estamos, como el Senado ya lo rechazó, a una sola votación de restituir la ley de tierras”, expresó.

La discusión legislativa incluirá iniciativas sobre endeudamiento y discapacidad. Los impulsores de la sesión intentarán que los 133 legisladores que respaldaron esos proyectos mantengan una posición común ante la votación por el decreto.

Paulón rechazó la posibilidad de negociar únicamente la reincorporación del capítulo vinculado con tierras. Según explicó, esa opción supondría reabrir un recorrido parlamentario con comisiones, votaciones y una nueva intervención del Senado.

“Un debate de incorporar ese capítulo es una ley. Si tomamos la media sanción de la ley de inviolabilidad, primero va a haber toda una discusión jurídica, porque el Senado ese capítulo ya lo retiró”, señaló.

El diputado describió los plazos que, a su criterio, demoraría ese camino. “Estamos hablando de un mes y medio, dos para restituir la legislación de tierras. Podríamos en 15 días, automáticamente con el rechazo del DNU, recuperarla”, aseguró.

También respondió a las dudas de sectores aliados sobre las normas que podrían quedar sin efecto si prospera el rechazo total al decreto. “El DNU 70 es tan viejo, tiene casi tres años. El 80% de las normas que contiene ya caducaron”, sostuvo.

Paulón ubicó el vencimiento de los paquetes de emergencia fiscal y financiera el 31 de diciembre de 2025. Además, afirmó que las disposiciones laborales fueron incorporadas en la reforma laboral y que las medidas sobre reforma estatal, privatizaciones y reestructuraciones pasaron a la Ley Bases.

“Son tres o cuatro los puntos que quedan vigentes del DNU. Yo le propongo a esa oposición hacer al revés: hagamos leyes especiales para esos temas, que son muy sencillas”, propuso.

El diputado citó el caso de los alquileres como una de las cuestiones que podría resolverse con una norma específica. “Es una ley de dos artículos: derógase la ley tanto, de forma. Eso hoy se puede tratar rápidamente en el Congreso”, afirmó.

Ante la consulta sobre el interés del Gobierno en preservar el DNU, Paulón consideró que el decreto tiene una carga política que excede los artículos que todavía conservarían vigencia.

“Creo que simbólicamente es fundante del DNU. Acordate que el DNU era una ley base: 300 materias modificadas, 70 leyes derogadas o modificadas”, manifestó.

El legislador afirmó que la discusión no debe depender de la afinidad con el contenido de cada medida. “A alguna gente le podrán caer simpáticas algunas medidas del DNU 70. Pará, un decreto de necesidad y urgencia con 300 materias distintas, ¿qué pasaría si un gobierno del signo que no te gusta hace lo mismo?”, preguntó.

Paulón planteó que habría mantenido la misma postura ante administraciones de otro signo político. “Yo lo hubiera criticado si hubiera sido un decreto del Frente de Izquierda, de Unión por la Patria o de Milei”, dijo.

“Vos en un mismo decreto, que es la firma del presidente, no es un debate democrático. No podés modificar 300 materias o cargarte 70 leyes que se discutieron democráticamente en el Congreso”, sostuvo el diputado de Provincias Unidas.

El dirigente concluyó que el Congreso debe intervenir sobre las herramientas de necesidad y urgencia: “El DNU es una herramienta que existe en la Constitución, perfecto. Lo tenemos que discutir en el Congreso. Con la legislación vigente no se puede sacar un decreto ómnibus y hacer lo que quiera”.

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La actividad textil profundizó su retroceso y acumuló una caída de 22,6% en los primeros siete meses del año, en comparación con igual período de 2025. En julio, la producción del sector se contrajo 13% interanual y se mantiene en los niveles más bajos de los últimos tres años. En consecuencia, el empleo sigue retrocediendo y ya se perdieron 28.322 puestos desde diciembre de 2023.

Así surge de un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). El deterioro de la actividad fue más pronunciado que el registrado por el conjunto de la industria. Mientras el sector textil acumuló una baja de 22,6% hasta julio, la producción industrial general retrocedió 2,6% en el mismo período. Dentro de la cadena textil, el principal impacto se concentró en tejidos y acabados, cuya actividad se redujo 35,1% en los primeros siete meses.

En este marco, el sector textil operó con apenas 45,3% de su capacidad instalada, 12,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de la industria, que alcanzó 58,2%. Además, la utilización textil cayó 1,3 puntos frente a junio y 0,9 puntos en la comparación interanual. Según el informe, desde 2024 el sector se mueve en niveles de utilización de entre 30% y 50%, luego de haber oscilado entre 50% y 60% durante 2023.

El deterioro de la actividad tuvo un correlato sobre el empleo. El agregado de textil, confección, cuero y calzado registró 92.531 puestos formales en junio, 1.284 menos que un mes antes y 16.536 menos que en junio de 2025.

FITA destacó que el promedio mensual de empleos perdidos se duplicó entre junio de 2025 y junio de 2026 respecto de los 18 meses anteriores. El dato adquiere relevancia por el peso relativo del sector: textil, confección, cuero y calzado representan el 8,4% del empleo industrial, pero explicaron el 50% de la pérdida mensual y el 31% de la caída interanual registrada por la industria en junio.

“Las empresas quieren trabajar, pero la industria textil opera con más de la mitad de su capacidad sin utilizar. Necesitamos condiciones que permitan sostener la producción y el trabajo en la Argentina. Recuperar el empleo y la capacidad productiva que se pierden es cada vez más difícil”, señaló Celina Pena, gerenta general de FITA.

La contracción también se refleja en la cantidad de establecimientos. En junio había 1.939 establecimientos textiles y 2.343 de confección, que en conjunto sumaron 4.282 unidades, 517 menos que un año antes. Desde diciembre de 2023 se perdieron 770 establecimientos en términos netos y el 67% de esa reducción se produjo durante los últimos doce meses.

La menor actividad también coincide con una caída de la inversión. Entre enero y agosto, las importaciones de maquinaria textil acumularon USD 78 millones, un 31,2% menos que en igual período de 2025, cuando habían alcanzado USD 113 millones. La mitad de las compras correspondió a maquinaria de lavado, seguida por equipos de hilatura y de coser.

En el plano comercial, las importaciones de productos textiles —hilados, tejidos y confecciones— acumularon entre enero y agosto 120.000 toneladas por USD 335 millones, con bajas interanuales de 31,8% en cantidades y 36,7% en valor. Las compras al exterior de toda la cadena sumaron 206.000 toneladas por USD 1.063 millones, 20,3% y 8,8% menos que en igual período de 2025.

Al mismo tiempo, se observa un cambio en la composición: mientras retrocedieron los insumos y productos intermedios, aumentaron las compras de bienes finales, con subas acumuladas de 53,5% en prendas y 21,8% en confecciones.

El cuadro se completa con una evolución de precios inferior a la del resto de la economía. En agosto, los precios al consumidor de prendas de vestir, cuero y calzado bajaron 0,6% mensual y acumularon un aumento interanual de 11%, frente al 33,5% del nivel general. En los precios mayoristas, los productos textiles aumentaron 19,2% interanual, contra 27,6% de las manufacturas.

“El sector tiene poco margen para trasladar a precios el aumento de sus costos”, sostiene FITA.

En este contexto, el informe de FITA señala que la actividad textil continúa sin mostrar señales de recuperación y permanece estancada en niveles bajos desde fines de 2025. La combinación de menor producción, capacidad ociosa, caída del empleo, cierre de establecimientos y menor inversión configura un escenario de deterioro que se profundizó durante 2026.