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La Unión Cívica Radical (UCR) presentó este viernes en la localidad bonaerense de 9 de Julio un amparo para que la Justicia ordene medidas de seguridad vial y fije plazos para avanzar con la autovía de la Ruta Nacional 5. El reclamo abarca un corredor donde las obras entre Mercedes y Suipacha están paralizadas y donde hubo nueve muertes en tres accidentes ocurridos este año.

La traza une Luján, en la provincia de Buenos Aires, con Santa Rosa, en La Pampa, a lo largo de 546,65 kilómetros. Recibe tránsito particular y transporte de cargas vinculado a la actividad agropecuaria y al traslado hacia el oeste del país y Vaca Muerta. La UCR pide que se definan obligaciones concretas para atender las condiciones de circulación y completar la duplicación de calzada.

La Ruta 5 concentra tráfico particular, transporte de cargas y circulación vinculada con la actividad agropecuaria. También forma parte de los caminos utilizados para el traslado hacia el oeste del país y hacia Vaca Muerta. Datos oficiales citados durante el acto indicaron que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó 10 % en Olivera, 14 % en 9 de Julio y casi 43 % en Trenque Lauquen.

Las obras entre Mercedes y Suipacha figuran entre los proyectos paralizados

El reclamo se produce mientras dos intervenciones sobre la Ruta Nacional 5 aparecen como paralizadas. Una causa judicial por el manejo de fondos viales incluyó la autopista entre Mercedes y el inicio de la variante de Suipacha, con un presupuesto de referencia original de $ 9.240 millones, y la travesía urbana de Mercedes, calculada inicialmente en $ 3.531,6 millones.

Ambos proyectos integran un conjunto de obras viales que, según la documentación presentada en el expediente, contaban con partidas asignadas en una planificación plurianual, aunque no registraban ejecución. La duplicación de la calzada es uno de los ejes centrales del amparo presentado por el radicalismo.

En paralelo, el Gobierno nacional adjudicó en mayo el Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que abarca los 546,65 kilómetros de la Ruta 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA obtuvo un contrato a 20 años para la administración, el mantenimiento y las inversiones del corredor.

El sistema se sostiene con peajes y sin aportes estatales directos para las tareas previstas en la concesión. Sin embargo, esa adjudicación no implicó la reactivación automática de las obras de autovía que permanecían interrumpidas entre Mercedes y Suipacha.

Nueve personas murieron en tres accidentes ocurridos este año

La seguridad vial volvió a estar en discusión tras varios siniestros ocurridos en 2026. El 30 de marzo, cuatro hombres de Carlos Casares murieron en el kilómetro 284, en jurisdicción de 9 de Julio, luego de una secuencia que involucró dos camiones y una camioneta.

Según la reconstrucción preliminar, un camión con acoplado perdió el control cuando intentaba reincorporarse a la ruta y quedó atravesado sobre la calzada. La camioneta se desvió hacia la banquina para evitarlo y, al regresar, chocó de frente contra otro camión que circulaba en sentido contrario. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

El 25 de enero, un choque entre un Ford Escort y un camión en el cruce de la ruta con el Acceso Sur de Mercedes dejó cuatro víctimas fatales: dos mujeres y dos niñas que viajaban en el automóvil. El conductor fue el único sobreviviente y quedó internado con politraumatismos. La causa fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.

El 16 de julio, un acompañante de alrededor de 40 años murió después de un choque frontal entre dos camiones en la intersección de la Ruta 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay, en La Pampa. Los conductores de ambos vehículos fueron hospitalizados y la Fiscalía de Delitos contra las Personas asumió la investigación del hecho.

El deterioro vial alcanza a dos tercios de la red federal

La situación del corredor se inserta en un problema que abarca distintas provincias. Un relevamiento indicó que dos tercios de la red vial federal presentan deterioros en el pavimento, deficiencias en la señalización o banquinas en mal estado. En Buenos Aires, las rutas 3, 5 y 7 fueron señaladas entre los corredores con obras detenidas pese a su fuerte utilización por el sector agroindustrial.

La política oficial combina concesiones para corredores de alto tránsito con acuerdos para que las provincias asuman obras o mantenimiento de tramos nacionales. La Nación proyecta transferir a operadores privados la administración, conservación e inversión de más de 9.000 kilómetros de rutas bajo un esquema de peajes.

Un análisis sobre los proyectos viales incluidos en el Presupuesto 2026, con datos al 30 de agosto, registró que 119 de las 175 obras bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad no tenían crédito vigente. A su vez, 130 de esos trabajos no mostraban avances.

Durante el acto realizado a la vera de la Ruta 5, en el ingreso a 9 de Julio, participaron los presidentes de los comités nacional y bonaerense de la UCR, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín. También estuvieron los intendentes de Trenque Lauquen, Tres Lomas y Lincoln, Francisco Recoulat, Luciano Spinolo y Salvador Serenal; la senadora provincial Natalia Quintana; el diputado provincial Valentín Miranda; el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti, y el concejal de 9 de Julio Ignacio Palacios.

Chiarella afirmó que “entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas y en 2025 murieron 20 personas y en lo que va de este año, 22, son vidas de compatriotas por razones evitables”. Luego planteó: “Aquí es cuando vemos muy claramente que hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei, hay que construir un estado eficiente y humano que garantice poder transitar por el país seguros y sin riesgos de vida”.

El jefe de la UCR nacional agregó: “Por eso vinimos a acompañar la presentación de este amparo que exige una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial”.

Balbín señaló: “Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”. Y sostuvo: “Nación y Provincia deben asumir sus responsabilidades y dar respuestas concretas sobre el estado de las rutas bonaerenses. Necesitamos obras que garanticen la seguridad de quienes las transitan. Volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio”.

Por su parte, Recoulat indicó: “Los datos oficiales muestran que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10 % en Olivera, un 14 % en 9 de Julio y casi un 43 % en Trenque Lauquen”.

El escrito solicita que la Justicia disponga medidas, obligaciones y plazos para la seguridad vial en la Ruta 5.

Los Metrodelegados irán a elecciones con 3 listas el 26 de noviembre próximo, en una contienda de resultado incierto ante un cuadro atomizado: tras el cierre del plazo para la presentación de las nóminas, en la medianoche de este viernes, se confirmó la ruptura del sector oficialista que lidera el sindicato desde 2008, pero también se fisuró la oposición de izquierda.

De esta forma, como anticipó Infobae, la renovación de autoridades de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, refleja el shock interno que produjo el fallecimiento en enero pasado de Beto Pianelli, uno de los fundadores del sindicato y su líder durante 18 años.

Las listas que competirán en los comicios estarán encabezadas por dos fracciones del oficialismo: la Verde, del actual secretario adjunto del sindicato, Néstor Segovia; la Colorada-Violeta, de Virginia Bouvet, secretaria de Organización y referente del pianellismo; y la Bordó-Azul, de Claudio Dellecarbonara, única opositora, que representa a la izquierda.

La ruptura entre los dos grupos oficialistas modifica el escenario de un sindicato de 1.500 afiliados con influencia decisiva en la actividad de los subtes, en donde la división interna que ya existía se profundizó tras la muerte de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia pese a sus diferencias políticas.

Pianelli y Segovia lideraron el gremio desde su creación, tras la ruptura de delegados del subte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El primero provenía del Movimiento al Socialismo (MAS), trotskista, mientras que Segovia siempre se reconoció peronista.

El sector más cercano al dirigente fallecido no considera que Segovia deba ser el heredero natural para ocupar la secretaría general. Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto a Pianelli contra la conducción de la UTA, quedó como referente de esa corriente.

Segovia propuso una nómina de unidad, incluso con sectores de izquierda, ante lo que interpreta como riesgos para los trabajadores en la etapa que viene. Sus allegados sostienen que el rechazo del pianellismo se explica por diferencias ideológicas y por el perfil “peronista y evangélico” del actual secretario adjunto.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirmaron cerca de Segovia. Desde el pianellismo habían reclamado construir “la mayor unidad posible” ante la reforma laboral y la persecución judicial contra los sindicatos”, aunque las negociaciones no avanzaron y se confirmó la ruptura interna.

La izquierda llegará con una lista piloteada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) a través de Dellecarbonara, más otras agrupaciones combativas, pero quedaron afuera el Partido Obrero (PO) y sectores que tienen menos inserción en las bases de los subtes.

En las elecciones de Metrodelegados realizadas en 2022, todas las variantes de izquierda compitieron unidas en la Lista Multicolor y reunieron el 40,9% de los votos frente a la fórmula Pianelli-Segovia, que ganó con el 59,1%.

Dellecarbonara, vocal del gremio por la minoría y delegado de la Línea B, había intentado en sintonía con Segovia un acuerdo entre todos los sectores internos para armar una lista unificada, pero el PO rechazó esa posibilidad y el pianellismo tampoco quiso avanzar en esa dirección.

El PTS de Metrodelegados propuso que la lista de unidad se hiciera a partir de un programa consensuado, ya que cuestiona el funcionamiento interno del sindicato y la reelección indefinida de sus principales autoridades, una cláusula que Pianelli y Segovia incorporaron al estatuto. También consideran que la discusión debía centrarse en un gremio “democrático, participativo y combativo”.

La ruptura del oficialismo y las fisuras en la izquierda representan una atomización interna en Metrodelegados que torna muy difícil predecir lo que pasará en las urnas cuando los afiliados voten el 26 de noviembre la primera conducción sindical sin el liderazgo de Pianelli.

El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.

La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.

Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo

La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.

La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.

El mensaje que Londres envía a la Argentina

Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.

El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.

Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa

El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.

Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.

Autodeterminación contra soberanía bilateral

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Los departamentos que se construyen hoy en la Ciudad de Buenos Aires miden la mitad que los de hace casi 100 años y tienen dos ambientes menos. Así lo indica un informe de Mirando.ai, una empresa de inteligencia de mercado inmobiliario, que reconstruyó la evolución del tamaño de las unidades porteñas desde la década de 1930 hasta la actualidad.

Según el relevamiento, la superficie cubierta mediana de los departamentos en venta construidos en los años 30 era de 102 metros cuadrados. Entre los edificados en la década de 2020, la superficie es de 46 m2. La caída es de 55% de punta a punta, lo que significa que en el camino se “perdieron” 56 m2 de superficie. En paralelo, el departamento mediano pasó de tener cuatro ambientes a tener dos.

El peso de las unidades grandes siguió el mismo camino. En los años 30, uno de cada dos departamentos tenía 100 metros cuadrados o más (53,2 por ciento). Entre los construidos desde 2020 hasta hoy, esa proporción es de uno de cada once (9,4 por ciento). En sentido inverso, los monoambientes pasaron de representar 1,9% de lo construido en los años 30 a 35% en la actualidad, más de un tercio del total.

Para llegar a estos resultados, el informe analizó 53.424 avisos activos de venta de departamentos y PH en la Ciudad, agrupados por año de construcción. La Argentina no tiene un catastro público consultable, por lo que la pregunta sobre qué se construyó y cuándo no podía responderse con registros oficiales. “En Argentina, como en el resto de Latam, el sector inmobiliario opera de forma fragmentada. Las agencias trabajan con un nivel de información sorprendentemente bajo para la magnitud de las decisiones que toman”, explican desde la compañía.

Los ambientes no se achicaron: hay menos

De acuerdo con el informe, los metros cuadrados por ambiente se mantuvieron casi constantes durante el último siglo -entre 20 y 26 metros cuadrados-. Un ambiente de 2026 mide, en promedio, lo mismo que uno de 1950. La cuenta reparte la superficie total entre todos los ambientes, incluidos el living y la cocina. Lo que cambió no fue el tamaño de los ambientes sino la cantidad: el departamento mediano pasó de cuatro ambientes a dos.

La serie muestra un quiebre en 2010. La superficie bajó de forma sostenida hasta los años 70, se mantuvo en una meseta de entre 60 y 62 metros cuadrados durante cuatro décadas, en las unidades construidas entre 1970 y 2000, y volvió a caer a partir de 2010, cuando la mediana llegó a 46 m2.

De acuerdo con el estudio, el fenómeno combina la suba del valor del suelo, el cambio en los tipos de hogares —cada vez más unipersonales— y una lógica de desarrollo orientada a maximizar la cantidad de unidades por metro cuadrado construido. El documento señala que la variable que cambió no está en el diseño sino en el suelo: cuanto más vale el terreno, más unidades hay que sacarle, y el ajuste se hace sacando ambientes.

Los barrios que más se achicaron

El achicamiento no fue parejo. Al comparar lo construido antes de 1980 con lo construido desde 2010, se encuentra que Recoleta registra la mayor caída: 50%, de 90 a 45 metros cuadrados. Le siguen Monserrat, con 41%, y Palermo, con 40 por ciento. Otros seis barrios, entre ellos Balvanera, Belgrano y Villa Crespo, tienen bajas superiores a 30%.

En el otro extremo aparecen Villa Devoto, con una baja de apenas 6%, Villa del Parque, con 8,5%, y Villa Urquiza, con 9,6 por ciento. Ignacio de Haedo, fundador de Mirando.ai, atribuye la diferencia al punto de partida de cada zona: “Villa Urquiza construía departamentos de 52 m2 antes de 1980, Recoleta construía de 90. El que tenía margen para achicarse era el que construía grande”.

Cocheras y piletas: otros cambios en los edificios

El estudio también analizó otros rasgos de los edificios. Entre los construidos hasta 1985, sólo 2% tenía pileta. Entre los que se construyeron en la década de 1990, la proporción subió a 4,6% y desde los 2000 ascendió a 23,4 por ciento. Si se toman en consideración los edificios de departamentos construidos desde el 2003 en adelante, la cantidad de unidades con pileta subió a 36,1 por ciento.

En relación a las cocheras, los avisos de departamentos nuevos muestran una caída: la proporción de unidades cuyo precio incluye cochera pasó de 41,4% entre las construidas entre 2010 y 2014 a 13,9% entre las de 2025 y 2026. Sin embargo, la oferta de cochera de manera opcional o por separado pasó de 2% a 14% en esos mismos períodos. En otras palabras, la cochera no desapareció: dejó de estar incluida en el precio.

En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.

“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.

En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.

Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.

En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.

Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.

En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.

Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.

“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.

Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.

Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.

Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.

En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.