El suministro eléctrico es, desde hace años, una deuda pendiente con miles de vecinos del interior de la provincia de Buenos Aires. Los cortes frecuentes, la baja calidad del servicio y la falta de infraestructura adecuada afectan tanto a hogares como a unidades productivas en zonas rurales y pequeñas localidades que, lejos de las grandes urbes, padecen interrupciones que ninguna tarifa compensa. Esa realidad fue el punto de partida de una propuesta legislativa que busca atacar el problema desde la generación distribuida y las energías limpias.
El diputado provincial Valentín Miranda, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Fortalecimiento Energético mediante Generación Renovable y Almacenamiento. La iniciativa fue acompañada por sus compañeras de bloque Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, y propone canalizar inversiones públicas, privadas y mixtas para instalar parques solares fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y obras de infraestructura complementaria en aquellas áreas del territorio bonaerense con mayores restricciones de abastecimiento.
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La propuesta no apunta a sustituir las obligaciones contractuales de las empresas distribuidoras, sino a crear un marco legal específico que permita planificar y ejecutar obras de generación renovable allí donde el sistema convencional no llega con la continuidad ni la calidad que las comunidades requieren. En ese sentido, el régimen diseñado por Miranda define instrumentos concretos: desde un mapa territorial de zonas críticas hasta un banco de tierras destinado a facilitar la instalación de infraestructura solar, pasando por incentivos fiscales y requisitos de empleo local.
“Buscamos brindar una solución real y sustentable a miles de vecinos y sectores productivos del interior que sufren interrupciones frecuentes en el suministro de luz”, declaró Miranda.
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El legislador, agregó: “No venimos a reemplazar las obligaciones que las empresas distribuidoras tienen por contrato, sino a sumar una herramienta innovadora de planificación territorial que transforme necesidades concretas en obras reales y en más empleo para la provincia”.
El texto del proyecto establece la creación del Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético, un instrumento de diagnóstico que identificará las zonas con mayor urgencia de intervención. Para determinar cuáles son esos puntos críticos, la herramienta tomará en cuenta variables como la frecuencia de los cortes de servicio, la calidad general del suministro y la capacidad instalada en cada tramo de la red. De esta manera, las futuras inversiones tendrán una base territorial objetiva que orientará su ejecución.
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Complementario al mapa, el régimen incorpora la creación del Banco Provincial de Tierras Energéticas, cuyo propósito es identificar y poner a disposición inmuebles —tanto fiscales como privados— que reúnan condiciones aptas para la instalación rápida de infraestructura solar. Para los desarrollos de origen privado, el esquema contempla la concesión gratuita del suelo durante un período de 20 años, con el fin de reducir los costos iniciales y hacer viable la radicación de proyectos en regiones históricamente poco atractivas para la inversión energética.
Con el objetivo de atraer capitales hacia las áreas más postergadas de la provincia, el proyecto habilita un paquete de incentivos fiscales vigente durante 15 años. Las empresas que adhieran al régimen podrán acceder a exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto a los Sellos, además de contar con estabilidad fiscal provincial y la posibilidad de obtener líneas de crédito preferenciales a través del Banco Provincia.
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No obstante, la propuesta condiciona el acceso a esos beneficios al cumplimiento de compromisos concretos de impacto local. Las empresas inversoras deberán garantizar que al menos el 70% del personal contratado tenga domicilio real en la provincia de Buenos Aires, y destinar un mínimo del 50% de sus adquisiciones y contrataciones a proveedores radicados en territorio bonaerense. Esas exigencias buscan que el impulso económico generado por los nuevos proyectos solares se traduzca en empleo genuino y desarrollo productivo para las propias comunidades beneficiadas por la mejora en el servicio eléctrico.
