En la madrugada de este viernes, una camioneta despistó en la Autovía 14, a la altura de la intersección con avenida 25 de Mayo, en uno de los accesos a la localidad de Chajarí. El vehículo terminó impactando contra un sector ubicado junto a la traza y sus ocupantes debieron recibir asistencia médica.
El siniestro fue protagonizado por una Toyota SW4 que circulaba por la Ruta Nacional 14 en sentido sur-norte. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el rodado había partido desde Buenos Aires y tenía como destino Paraguay.
La camioneta era conducida por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por otro hombre de 50 y tres mujeres de 46, 42 y 72 años. Todos los ocupantes tenían domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Los ocupantes fueron trasladados al hospital
Por causas que se trataban de establecer, el conductor perdió el control de la Toyota SW4, que salió de la cinta asfáltica y terminó colisionando contra un desagüe ubicado hacia el sector este de la autovía, en cercanías del guardarraíl.
Como consecuencia del impacto, los acompañantes sufrieron distintas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Santa Rosa de Chajarí para una evaluación médica.
Según el informe preliminar del médico policial, todos los ocupantes del vehículo presentaron lesiones de carácter leve. No obstante, quedaron pendientes estudios para descartar otras posibles lesiones.
La costarricense Rebeca Grynspan llegará a esta instancia como la postulante mejor posicionada después de imponerse en la primera ronda informal, aunque el proceso todavía permanece abierto y no se espera que la nueva consulta determine inmediatamente al próximo titular de la ONU.
Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco miembros permanentes con capacidad de veto, participarán de manera secreta. Para cada candidato deberán elegir entre tres opciones: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”.
Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), consiguió el mayor respaldo durante la primera votación, celebrada el mes pasado. Sin embargo, otros dirigentes y diplomáticos de extensa trayectoria internacional continúan en competencia.
Guterres dejará el cargo en diciembre de 2026.
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Los candidatos latinoamericanos
Entre los aspirantes aparece el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien busca convertirse en el próximo secretario general y mantiene sus posibilidades después de la primera ronda.
También compiten la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el expresidente de Senegal Macky Sall.
A esa lista se incorporó después de la primera votación la ecuatoriana Ivonne A-Baki, por lo que este viernes afrontará una nueva instancia de evaluación dentro del Consejo.
La cantidad de postulantes todavía podría aumentar. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vassili Nebenzia, reconoció que podrían aparecer nuevos nombres si ninguno de los actuales consigue consolidar suficiente respaldo.
“Si, por ejemplo, estoy especulando ahora, hay un punto muerto con alguno de los candidatos que vemos hoy, si nadie… despega, entonces creo que también podríamos ver otros candidatos”, afirmó Nebenzia.
La clave para llegar a la Asamblea General de la ONU
Más allá de la cantidad de respaldos que consiga cada candidato, la posición de los cinco integrantes permanentes será determinante. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido disponen de poder de veto y pueden bloquear una candidatura.
Para avanzar, un aspirante necesita conseguir al menos nueve votos entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad y, simultáneamente, evitar el rechazo de cualquiera de las cinco potencias con asiento permanente.
Una vez superada esa instancia, la candidatura recomendada pasa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, integrada por todos los Estados miembros, que debe confirmar finalmente la designación.
Los miembros permanentes podrían reservar sus posiciones definitivas para etapas posteriores. Por ese motivo, los primeros sondeos funcionan principalmente como un mecanismo para determinar qué nombres reúnen suficiente respaldo y cuáles comienzan a perder posibilidades.
El sistema de votaciones informales surgió a comienzos de la década de 1980, después de que la disputa entre dos candidatos quedara bloqueada por vetos. Desde entonces, el mecanismo continuó utilizándose, aunque recibió cuestionamientos por el carácter reservado de buena parte del procedimiento.
Cómo se detectan los posibles vetos
Durante las primeras rondas, todos los miembros del Consejo utilizan papeletas del mismo color. De esa forma, los candidatos conocen la cantidad de votos favorables, negativos o neutrales, pero no pueden identificar si un rechazo provino de alguna de las cinco potencias.
Más adelante, luego de una cantidad de votaciones que no está definida públicamente, las papeletas de los miembros permanentes pasan a tener un color diferente de aquellas utilizadas por los diez integrantes no permanentes.
Ese mecanismo permite detectar si una candidatura enfrenta un eventual veto, aunque no revela cuál de los cinco países decidió bloquearla. El procedimiento resulta determinante para reducir progresivamente la cantidad de aspirantes.
La tradición diplomática de Naciones Unidas contempla además una rotación regional para la Secretaría General. Bajo ese criterio, después del portugués Guterres, América Latina y el Caribe aparecen particularmente posicionados para ocupar el cargo.
Ese escenario favorece a una parte importante de los postulantes actuales. Grynspan, Grossi, Bachelet, Espinosa, Rodrigues-Birkett y A-Baki representan a países de América Latina y el Caribe, mientras que Sall y Otunnu proceden de África.
La votación de este viernes servirá así como un nuevo filtro para medir la fortaleza de cada candidatura. Aunque Grynspan comenzó el proceso en ventaja, la carrera permanece abierta, el argentino Grossi continúa entre los postulantes y el peso de los eventuales vetos será decisivo para definir quién sucederá a Guterres en 2027.
La canasta de crianza en CABA osciló en julio de 2026 entre $998.061,25 y $1.610.211,71, según la edad y el sexo de niños, niñas y adolescentes. El valor más bajo correspondió al tramo de seis a siete años, para varones y mujeres, y el más alto a varones de dos años, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).
El indicador suma dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización del cuidado, por lo que el monto cambia según la edad y, en varios casos, también según el sexo.
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El informe desagrega la canasta para personas de cero a 17 años. El indicador fue elaborado con apoyo técnico de Unicef y del Ministerio de Salud del GCBA. En la primera infancia aparecen los valores más altos por el peso de la valorización del cuidado. En ese tramo, ese componente asciende a 1.099.033,50 pesos.
Cuánto cuesta en los primeros años de vida
Para bebés de cero a cinco meses, la canasta total fue de $1.487.486,57 tanto para varones como para mujeres. Entre los seis y ocho meses subió a $1.557.677,63 en varones y a $1.550.452,08 en mujeres.
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Entre los nueve y 11 meses, el total llegó a $1.570.064,28 para varones y a $1.561.806,51 para mujeres. A un año, alcanzó $1.590.708,71 y $1.577.289,83, respectivamente.
El valor máximo de toda la medición apareció a los dos años: $1.610.211,71 para varones y $1.599.054,88 para mujeres. En todos esos casos, el costo del cuidado explicó la mayor parte del total.
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En qué edades el gasto baja
Desde los tres años, la canasta mostró un descenso frente a la etapa anterior, aunque siguió por encima del millón de pesos en varios casos. A los tres años, el costo de criar un niño fue de $1.236.812,19 para varones y de $1.228.444,57 para mujeres en CABA durante el mes de julio; a los cuatro, de $1.291.765,08 y 1.277.819,04 pesos.
A los cinco años, el total se ubicó en $1.305.995,33 para varones y en $1.292.049,29 para mujeres. El piso del informe llegó entre los seis y siete años, con $998.061,25 para ambos sexos.
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Entre los ocho y nueve años, la canasta fue de $1.028.742,54 para varones y mujeres. A los 10 años subió a $1.067.791,45 en varones y a $1.051.056,20 en mujeres.
A los 11 años, el total fue de $1.058.331,63 para varones y de $1.052.495,61 para mujeres. A los 12 años, alcanzó $1.100.169,74 y $1.088.755,31, según Idecba.
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Cómo cambia el costo en la adolescencia
En la adolescencia, el total volvió a aumentar por el mayor peso de la canasta de bienes y servicios. En ese tramo, la valorización del cuidado pasó a 403.514,87 pesos.
A los 13 años, la canasta fue de $1.196.386,10 para varones y de $1.184.971,66 para mujeres. A los 14 años llegó a $1.257.239,90 y 1.195.619,72 pesos.
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A los 15 años marcó $1.253.926,70 para varones y $1.192.306,53 para mujeres. Para el grupo de 16 y 17 años, Idecba calculó $1.279.029,57 en varones y $1.195.095,73 en mujeres.
El informe también indicó variaciones mensuales de la canasta total de entre 3,0% y 3,3%, según la edad y el sexo.
Qué incluye la canasta de crianza
La medición suma la canasta de bienes y servicios con la valorización del cuidado. Dentro de bienes y servicios, el cálculo contempla rubros alimentarios y no alimentarios, como salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, vestimenta, servicios de la vivienda y expensas.
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Para medir el cuidado, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicó el método del costo de reemplazo. Ese criterio toma como referencia el piso salarial del personal de casas particulares y lo ajusta por la diferencia de poder adquisitivo en la Ciudad.
La metodología fija 360 horas mensuales de cuidado para niños de cero a dos años, 240 para tres a cinco, 120 para seis a 12 y 90 para 13 a 17. El valor por hora fue de $3.053 entre cero y 12 años, y de $4.483 entre 13 y 17.
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La medición de julio mostró diferencias amplias según la etapa de vida. En hogares propietarios de la vivienda, el rango fue desde menos de un millón de pesos en edades de seis a siete años hasta más de $1,6 millones a los dos años.
Un camión que transportaba ganado volcó durante la noche del jueves en la avenida Circunvalación de Rosario, provocando la interrupción del tránsito y la presencia de animales sueltos sobre la calzada. El operativo continuó durante las primeras horas de este viernes.
El accidente ocurrió a la altura del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, cerca del puente de Ayacucho. El vehículo involucrado era un camión jaula Scania conducido por un hombre de 37 años, oriundo de la localidad santafesina de San Justo.
Como consecuencia del impacto y posterior vuelco, parte de los bovinos que eran trasladados consiguió salir de la estructura. Algunos animales comenzaron a desplazarse entre los vehículos, una situación que obligó a interrumpir la circulación en la mano hacia el oeste.
Un amplio operativo para controlar a los animales
Bomberos, agentes policiales y personal de emergencias médicas acudieron al sector para asistir al conductor y controlar la zona. Las tareas también estuvieron dirigidas a retirar el camión y evitar nuevos incidentes por la presencia del ganado sobre la traza.
El operativo generó importantes complicaciones en la Circunvalación de Rosario. Durante varias horas, el personal interviniente trabajó para recuperar a los vacunos, limpiar la calzada y ordenar la circulación en las inmediaciones del puente de Ayacucho.
🔴 CORTE TOTAL EN CIRCUNVALACIÓN 🔴
👉 Circunvalación permanece con corte total de calzada en el kilómetro 24, sentido hacia el norte, entre Pueblo Nuevo y Ayacucho, debido al vuelco de un camión que trasladaba ganado.
Mientras se desarrollaban esas tareas, varias personas se acercaron al lugar donde había ocurrido el vuelco. Ante la sospecha de que algunas intentaban faenar a los animales accidentados, integrantes del Comando Radioeléctrico desplegaron un procedimiento especial en los alrededores.
Cinco aprehendidos por presunto abigeato
Cerca de las 00:30 de este viernes, los agentes interceptaron dos camionetas que circulaban por Circunvalación hacia el norte. El procedimiento se realizó en la zona de Cervantes y La Cambeira, dentro de la jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.
Al inspeccionar ambos vehículos, los efectivos encontraron vacunos faenados en sus cajas traseras. La Policía procura determinar si el ganado transportado pertenecía a la carga del camión que había volcado minutos antes.
Como resultado del procedimiento, cinco hombres fueron aprehendidos y las dos camionetas quedaron secuestradas. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 25ª y quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno, en el marco de una causa iniciada por presunto abigeato.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, quien falleció en 2019. En el debate, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.
Los acusados
Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Los dos primeros están acusados de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.
“Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.
Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.
Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.
Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.
“Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.
En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024, consignó Ahora.
Carbón Blanco
En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.
En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.
Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.
Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.
En el juicio oral por lavado intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Durante el proceso de revisión y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) eliminó recientemente a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Así, la cantidad total de prepagas y obras sociales excluidas desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera las 180 entidades.
La medida forma parte de la política nacional para asegurar que solo las organizaciones que cumplen la normativa y ofrecen servicios efectivos permanezcan en el registro.
La SSS justificó la decisión en la necesidad de garantizar un padrón transparente y confiable. Las auditorías detectaron entidades que no realizaban actividades incluidas en la Ley N° 26.682, carecían de afiliados activos o no presentaban la documentación requerida. Tras notificar e intimar a las empresas a regularizar su situación sin obtener respuestas adecuadas, el organismo rechazó sus inscripciones y eliminó sus registros provisorios.
La comunicación oficial se realizó a través de edictos publicados en el Boletín Oficial, donde se informó sobre el inicio y la resolución del procedimiento de baja. El organismo aclaró que la decisión no afecta a los usuarios del sistema, ya que las entidades dadas de baja no tenían beneficiarios activos ni ofrecían servicios al momento de la inspección.
Las 18 entidades recientemente excluidas incluyen empresas, mutuales y cooperativas identificadas por la Superintendencia. Según la información oficial, esta depuración busca fortalecer los controles y mejorar el funcionamiento del sector. Además, la SSS remarcó que el saneamiento del registro es una herramienta para “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.
Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)
Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)
Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)
Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada – COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)
Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)
Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3)
La depuración del padrón comenzó en los primeros meses de la actual administración, cuando se detectó la existencia de numerosas entidades inscriptas sin estructura operativa, afiliados ni documentación básica. En muchos casos, se trataba de agentes inscriptos formalmente pero sin actividad real.
Las resoluciones publicadas alcanzaron a organizaciones de distintos perfiles y jurisdicciones que no cumplieron con los requisitos para permanecer en el registro. La SSS detalló que la exclusión implica la imposibilidad de operar y ofrecer servicios en todo el territorio nacional bajo cualquier modalidad.
Algunas de las entidades excluidas contaban con un registro provisorio. El proceso incluyó notificaciones formales y plazos para presentar la documentación, pero la falta de respuesta o el incumplimiento derivó en la exclusión definitiva. El organismo de control sostiene que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.
En simultáneo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) por incumplimientos graves a los parámetros fijados por el Decreto N° 1400/2001. Se detectaron irregularidades en las prestaciones, en los aspectos jurídico-institucionales, contables, de atención al beneficiario, y en los indicadores económicos y de capacidad de repago. La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para corregir su situación.
Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)
Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)
Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)
Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)
Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
Grupo Proyectar S.R.L.
Clínica Espora S.A.
Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
SEM Olavarría S.R.L.
Emergencia Médica Privada S.A.
Grupo IE Traslados S.A.
Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
Medinals S.A.
Del Sol S.A.
Veramed SRL
Cardioblas S.A.
Formar Salud S.A.
VFMH Desarrollos S.A.
Salud Patagónica S.A.
UB Asistencial S.A.
Cobertmed SRL
Azul Salud S.A.
Alianza Mediterránea de Salud S.A.
Premium Traslados S.R.L.
Carmed S.R.L.
Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
Cooperativa Bienestar Ltda.
Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
Asociación Mutual San Isidro Labrador
Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
Asociación Mutual Trabajo y Progreso
Asociación Mutual Renacer
Asociación Mutual 22 de Julio
Asociación Mutual Bancaria
Mutual Agua y Energía Salta
Mutual de Docentes Privados
Asociación Mutual Crecer
Centro Gallego Sociedad Mutual
Asociación Mutual Triángulo
Mutual de Integración Latinoamericana
Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
Asociación Mutual Todos Unidos
Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
Asociación Mutual Pedro Campos
Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
La fecha alcanza a varias prestaciones según la terminación del documento, con valores reajustados por movilidad e inflación y un bono extraordinario para haberes previsionales mínimos
En el octavo mes del año, millones de argentinos consultan a diario el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para conocer cuándo les corresponde cobrar sus prestaciones. Hoy, viernes 21 de agosto de 2026, el organismo abona una serie de beneficios sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
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El mecanismo de pago definido por la ANSES responde a un esquema escalonado, que distribuye durante todo el mes las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros planes sociales, asegurando que cada grupo reciba el monto actualizado según la normativa vigente.
Quiénes cobran hoy, 21 de agosto de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 8. Este grupo recibe el monto actualizado por movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por el organismo previsional.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 8 pueden retirar el pago correspondiente al mes de agosto. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.
Asignación por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 acceden hoy al cobro. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.
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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.
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De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026
En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.
En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.
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La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.
De cuánto son las asignaciones en agosto 2026
Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.
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El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.
El Gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones en la Ley de Ministerios N° 22.520, con la intención de redefinir competencias clave de la administración pública en materia sanitaria y alimentaria. Entre los puntos más destacados, se hizo mención al diseño y ejecución de medidas pensadas para prevenir y tratar los casos de ludopatíay consumo de sustancias.
Por medio de la publicación del Decreto N° 771/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei sustituyó el antiguo inciso 20 del artículo 23 del Título V para incluir de forma expresa el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.
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Respecto al avance de la ludopatía vinculada a los juegos de azar y apuestas, el texto también hizo referencia a la incorporación de medidas relacionadas con la prevención, la concientización, la capacitación, la investigación y el abordaje integral.
Según explicaron las autoridades, la decisión de realizar un cambio de enfoque por parte del Estado fue impulsada por el aumento de casos de ludopatía detectados en estudiantes del nivel secundario durante 2025. Estos fueron obtenidos por un informe producido por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Salud.
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El estudio reveló que más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año, con una prevalencia significativamente superior en modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales.
Por este motivo, consideraron que la situación demanda “fortalecer las herramientas institucionales destinadas al desarrollo de políticas preventivas, campañas de concientización, producción de evidencia, capacitación de equipos de salud y dispositivos asistenciales especializados”.
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La ludopatía es reconocida como un trastorno por la comunidad científica y médica, caracterizado por la “pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de dicha conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral”.
Tras remarcar que el fenómeno presenta similitudes con otros consumos problemáticos en cuanto a sus mecanismos de desarrollo y a las estrategias preventivas y terapéuticas necesarias para su abordaje, las autoridades remarcaron que “la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud”.
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Por otro lado, respecto a la responsabilidad estatal en la fiscalización y el control sanitario, así como en la ejecución de políticas públicas frente a problemáticas sociales y sanitarias emergentes, indicaron que los ministerios involucrados contarán con competencias ampliadas y actualizadas. Esto abarcará desde la producción alimentaria hasta el área farmacéutica.
“Corresponde que el Ministerio de Salud ejerza la rectoría sanitaria y normatización en materia de salud alimentaria, con el objeto de quelas políticas públicas relacionadas con los alimentos se orienten prioritariamente a la protección y promoción de la salud de la población”, sostuvieron.
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En línea con esto, también se realizarán fiscalizaciones sanitarias de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, así como la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de todos los productos, subproductos y derivados agroalimentarios.
La medida incluye expresamente a las bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos y acondicionados, cualquiera que sea su origen. Además, abarca los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, en todas las etapas de su producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.
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De la misma manera, se asignó la intervención en la fiscalización de todo lo relacionado con la elaboración, distribución y comercialización de productos medicinales, biológicos, drogas, hierbas medicinales y material médico.
Según el decreto, estos controles se realizarán en coordinación con los ministerios pertinentes y contemplan la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado en productos de higiene, tocador, cosmética humana y uso doméstico.
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El Gobierno mira con atención a un trío de apellidos que coquetean con la idea de presentarte en las elecciones de 2027. El pastor que planea llenar un estadio. El banquero que juega al silencio mientras hace cuentas. El empresario que ya mandó a hacer sondeos y se puso una fecha límite
Fentanilo mortal: la ex titular de la ANMAT pidió ampliar su declaración y se conocieron nuevos chats que serán clave
Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, investigada en la causa del anestésico vinculado al fallecimiento de 90 pacientes se había negado a responder las preguntas del juez y la fiscal. La audiencia se fijó para el lunes. Exclusivo, nuevas comunicaciones entre funcionarios y directivos de los laboratorios de García Furfaro
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En apenas dos meses, el riesgo país pasó de un piso de 403 a 532 puntos básicos, el cierre de ayer. Este incremento revirtió buena parte de la compresión que había acompañado al mercado durante el primer semestre.
Con las caídas de las últimas jornadas, el rendimiento de los bonos en dólares volvió a los dos dígitos, algo que parecía haber quedado atrás. Sin embargo, el mensaje que empezaron a transmitir desde algunas Alycs y bancos es que se trata de un buen momento para posicionarse en deuda local.
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“Las cuentas públicas se mantienen con superávit fiscal, el Banco Central acumuló dólares a lo largo del añoy todavía falta más de un año para las elecciones. Nos parece un buen momento para comprar bonos, aprovechando la ola de ventas de las últimas semanas y con un horizonte de largo plazo”, explicó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati.
Desde PPI consideraron que la mayor incertidumbre le está pegando a la deuda soberana, pero no necesariamente hay que bajar exposición al riesgo argentino: “Una opción que tiene lógica es pasarse de bonos soberanos a provinciales, que tienen rendimientos atractivos y presentan mucha seguridad para los inversores, como los casos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén o Santa Fe”.
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La baja del riesgo país se había consolidado con la mejora de la calificación de riesgo por parte de las tres agencias principales. Uno de los argumentos clave fue justamente la compra de dólares por parte del Central, que suma más de USD 13.700 millones en lo que va del año.
Sin embargo, las señales de alerta llegaron con las encuestas que marcan una caída en el apoyo al Gobierno y las dudas respecto al resultado electoral del año próximo.
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Tras haber estado a punto de perforar los 400 puntos básicos a mediados de julio, esta semana el riesgo país volvió a superar holgadamente los 500 puntos básicos. Algunos consideran que el deterioro podría acentuarse, pero otros creen que el mercado está ante una buena oportunidad de compra y que vale la pena el riesgos versus el potencial beneficio.
El mercado comenzó a incorporar una combinación de factores domésticos: señales de debilidad en la actividad, inflación todavía persistente, dudas acerca del esquema monetario y cambiario y una creciente atención sobre el escenario político de cara a 2027.
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El deterioro de los bonos locales fue mucho más significativo que el promedio de mercados emergentes, lo que muestra a las claras que están pesando más los factores locales que los externos.
Sin embargo, los mercados globales se vieron impactados negativamente por la suba de las tasas largas en Estados Unidos, que en el caso de los bonos a 30 años superaron el 5,3% anual.
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Esta situación llevó al titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a anunciar un aumento del programa de recompra de bonos, que pasará de USD 2.000 a USD 4.000 por licitación. De esta forma, procuró ponerle un piso a las cotizaciones y al mismo tiempo frenar el aumento de la tasa larga.
Las recompras abarcarán principalmente bonos con vencimientos de 10 a 30 años, y se realizarán entre septiembre y comienzos de noviembre.
El objetivo declarado es mejorar la liquidez del mercado y aliviar la presión sobre las tasas largas, que habían subido con fuerza. El rendimiento del Treasury a 30 años había llegado a 5,34%, máximo desde 2007.
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Si las tasas largas de EE.UU. permanecen elevadas, el rendimiento que los inversores pueden obtener en activos considerados de menor riesgo también aumenta. Eso normalmente eleva la vara que deben superar los bonos emergentes —incluidos los argentinos— para resultar atractivos, y puede contribuir a ampliar los spreads soberanos.
Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), le solicitó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se investiga la muerte de 90 pacientes, vinculadas al suministro de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma propiedad de Ariel García Furfaro. El pedido lo realizó horas antes de que se le venciera el primer plazo que tenía el magistrado para resolver su situación procesal y la de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Kreplak hizo lugar a la medida y la audiencia se desarrollará el próximo lunes. Por esa lógica razón, la situación procesal de las ex máximas responsables de los organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y producen medicamentos en el país se dilatará unos días más.
El 6 de agosto el juez y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionarias, pero cada una opto por una estrategia defensiva diferente: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito ¿lo hará ahora? Su subordinada, Mantecon Fumado se sometió al escrutinio. A lo largo del interrogatorio, expresó 33 veces “no lo recuerdo” en todas sus variantes.
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A pedido de la Fiscalía, ambas fueron detenidas el 3 de agosto y recuperaron la libertad después de ser indagadas, depositar una caución real de $75.000.000 y cumplir con varias restricciones, como la prohibición de salir del país.
La causa investiga la elaboración y comercialización de fentanilo contaminado con las bacterias klebsiella y ralstonia, producido en Laboratorios Ramallo S.A. para la firma HLB Pharma Group SA. Los lotes 31.202 y 31.244 —con aproximadamente 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente— fueron liberados al mercado a partir del mes de enero de 2025 y suministrados a pacientes en hospitales de todo el país.
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La Fiscalía, a cargo de María Laura Roteta y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que Bisio y Mantecón Fumado, como máximas autoridades de ANMAT e INAME, “realizaron diversas conductas —acciones y omisiones— cuyo norte no fue aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.
“Es un montón de guita”
Uno de los ejes de la investigación es la reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron, de manera no habitual, en la sede de ANMAT, ubicada en Avenida de Mayo 869, junto a cuatro directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel García, su hermano Diego, Javier Tchukran, director de manofactura y María Victoria García, gerente de gestión de calidad. La reunión fue solicitada a Bisio por parte de Mantecón Fumado a instancias de los empresarios.
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El motivo: los dos proyectos de carta de advertencia al Laboratorio Ramallo -elaborador de HLB Pharma- por las graves irregularidades detectadas a lo largo de una auditoría que comenzó físicamente el 28 de noviembre de 2024. Los inspectores a cargo fueron Sandra Chico y Sandra Berndt. Ambas pertenecían al Departamento de Inspectorado del INAME, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos (DFYGR), a cargo de Ana Laura Canil.
Según consta en el expediente, una de las cartas era para prohibir la producción en Ramallo y otro para prohibir la comercialización de los productos HLB Pharma. Esto llevaba implícito el retiro de decenas de lotes de medicamentos elaborados en Laboratorios Ramallo. La auditoría había revelado que en las instalaciones no se cumplían el requisito indispensable de las Buenas Prácticas de Fabricación.
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De hecho, en la causa hay un intercambio de mensajes entre una funcionaria del INAME -no identificada con su nombre- y Mantecón Fumado que deja expuesta esta situación:
Funcionaria INAME: “Hola Gabriela, buen día. Llegaron varias consultas sobre si los hospitales pueden dispensar y usar los productos de RAMALLO. También, si las droguerías pueden venderlos. Te reenvié los correos electrónicos porque tenemos que dar una respuesta. No te quiero molestar, pero no sé cómo se resuelve esto desde la parte jurídica.”
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Gabriela: “Déjame verlos. Si tenemos identificados los lotes que no se pueden comercializar bien”
Funcionaria INAME: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).”
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Funcionaria INAME: “Gracias!”
Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle”
Funcionaria INAME: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”
Gabriela: “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.
En su resolución, la Fiscalía señaló que este intercambio demuestra que la propia funcionaria del INAME advirtió a Mantecón Fumado sobre el riesgo sanitario y la responsabilidad institucional si no se actuaba con urgencia. La respuesta de Mantecón Fumado, destaca el Ministerio Público Fiscal, revela que su preocupación central era el impacto económico sobre los laboratorios, no la salud pública.
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Las versiones de ambas funcionarias en el expediente sobre lo ocurrido en esa reunión difieren de manera sustancial. Bisio, en su ampliación de declaración testimonial, es decir antes de ser imputada en la causa, afirmó que asistió a pedido de Mantecón Fumado. La ex titular de la ANMAT dijo que ella “se mantuvo callada, no habiendo nunca emitido opinión” y que el intercambio “fue acalorado”, con la directora del INAME “defendiendo la tarea llevada adelante por los inspectores”. Describió la reunión como la “primera y única” que mantuvo con personas vinculadas a HLB.
Mantecón Fumado, en cambio, ofreció en su indagatoria una versión que reconoce un contenido negociador. Relató que la convocatoria respondió a que el laboratorio “ya sabía que la carta estaba” y que la idea era “citar a una reunión para que el expediente quede cerrado y para firmarla”. Según su relato, los representantes del laboratorio “vinieron con los botines de punta”, argumentaron que no se les había dado posibilidad de presentar documentación y prometieron levantar las no conformidades detectadas en la inspección. Ante eso, dijo: “Coincidimos con Agustina en darles este espacio para que presentaran la documentación”.
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La Fiscalía atribuye a esa reunión un alcance mayor. Con base en conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos extraídos de los teléfonos secuestrados, el Ministerio Público Fiscal sostiene que en ese encuentro las funcionarias habrían acordado no firmar la carta de advertencia en ese momento y que se comprometieron a ayudar al laboratorio a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales —entre ellos Propofol y Diazepam— que HLB y Ramallo elaboraban sin contar con la aprobación del ente regulador. Un hecho remarcado como grave por parte de los inspectores.
Un chat del 15 de enero de 2025 entre Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Victoria García, gerenta de calidad de Ramallo, recoge la versión de los propios representantes del laboratorio: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos”.
La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Bisio y Mantecón Fumado el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos la elevaran. La normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— establece un plazo de dos días para expedirse. La carta de advertencia que prohibía la comercialización de los productos HLB, en tanto, nunca fue firmada.
Los avisos claves de las funcionarias
La investigación contra las ex funcionarias también pivotea en haber hecho caso omiso a otras advertencias que pesaban sobre los laboratorios de la familia García y los avisos que desde el INAME se le realizaba a los empresarios sobre los días en que se los iba a inspeccionar. De hecho, el dictamen de la Fiscalía a través del cual se solicitó la detención de las jefas de la ANMAT y el INAME, señala que se encontró la conversación del 27 de noviembre de 2024 -un día antes de la inspección- en el teléfono de Ana Laura Canil, la titular de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME le informa a Javier Tchukran que al día siguiente se realizaría una inspección en Ramallo. Esta advertencia le permitió al personal adoptar medidas tendientes a subsanar los numerosos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La conversación transcripta en el dictamen es la siguiente:
Javier: “¿Ana Laura cómo estas? Me comentó Antonio (por Maiorano, el director técnico del laboratorio) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran, el director de HLB.”
Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos”.
En su resolución, la Fiscalía sostiene: “En definitiva, lo que queremos resaltar es que en función del conocimiento previo sobre la inspección, Javier Tchukrán dirigió un operativo inmediato con el equipo de Ramallo (así incluso se denomina dicho grupo de WhatsApp), que habría durado hasta la madrugada, tendiente a corregir las falencias más notorias. En este contexto, se produjo la inspección al día siguiente del aviso.”
Y, sobre el resultado de ese operativo, el dictamen plantea: “El nivel de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFC) verificado en la inspección era tan grotesco, que siquiera con el aviso previo recibido pudieron subsanar todas las deficiencias críticas existentes. En otras palabras, estas fueron las irregularidades encontradas por INAME pese a que el equipo del laboratorio estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada, según revelan las conversaciones, para subsanar los defectos que ellos entendían más palmarios. Imaginemos, entonces, el estado en que se encontraba el laboratorio antes de la inspección que encontró, pese a las raudas actividades de maquillaje realizadas, fallas críticas”.
El dictamen fiscal también cita una conversación del mismo 27 de noviembre de 2024 entre Adriana Iudica (subjefa de control de calidad de Laboratorios Ramallo) y Rocío Garay (supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo), en la que organizaban el descarte de desechos tóxicos y reactivos vencidos:
Adriana Iudica: “Rocío mañana viene el ANMAT, yo sé que mañana vos no venís, mañana y pasado era… cualquier cosa te vamos a estar molestando para preguntarte por las dudas, porque no sé si alguna de las chicas sabe, pero no sé si todo, algunas cosas por ahí se les pasa si te acordás de algo que hay que tener en cuenta. Yo ahora la voy a llamar a [nombre] a ver si puede sacar eso que dejaron ahí de productos, de reactivos que hay llevar al depósito”.
También figura un mensaje de Victoria García ,enviado a las 2:35 am:
“A lo mejor ya lo repararon les aviso por las dudas, en el transfer de acceso a planta por el vestuario de mujeres hay 2 huecos en el techo porque les faltan las luces y la puerta queda abierta”.
En la declaración indagatoria del 6 de agosto Mantecón Fumado no negó que se avisara al laboratorio de las inspecciones. Su argumento fue que avisar con poca antelación era una práctica habitual en ciertos tipos de inspecciones —para que el laboratorio “tenga lo que uno va a mirar”— y que la escasez de recursos del INAME y las largas distancias, como la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, lo justificaban. No hizo referencia específica al aviso del 27 de noviembre de 2024 dado por Canil a Tchukran.
Expectativa por la declaración de Biso
El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.
Es muy probable que el juez de la causa y la fiscal que impulsa la investigación sobre la peor tragedia sanitaria del país estén expectantes por lo que la ex responsable de la ANMAT pueda decir. Hasta el momento, a través de sus escritos, y a pesar de ser la superior de Mantecón Fumado repartió responsabilidades hacia abajo.
Por ejemplo, sobre la firma de la Carta de Advertencia al laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado dijo que esa no era su función y que Mantecón Fumado la involucró al pedirle que la firmara, al igual que lo hizo al pedirle que asista a la reunión del 14 de enero en su propio despacho.
Sobre la firma de la carta refrendada por ambas, Bisio expresó: “Nuevamente, por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional”.
“Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir”, admitió.
El lunes la ex responsable de la ANMAT se juega ante el juez Kreplak y la fiscal Roteta su última carta.
