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El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.

Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.

Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.

El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.

Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso

Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.

Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.

En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.

Control, antecedentes y legalidad de las operaciones

La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.

Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.

El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.

En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.

Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos

El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.

La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.

El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.

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El domingo por la noche, Donald Trump publicó en su red Truth Social una fotografía suya junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tomada durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains el pasado junio. Sobre la imagen, una frase que desató fuertes reacciones en Italia: “Necesitamos una orden de alejamiento”. El mensaje llega apenas horas antes de que ambos líderes vuelvan a verse las caras en la cumbre de la OTAN en Ankara, que se celebra este martes y miércoles, y que ya se perfilaba como un encuentro incómodo antes incluso de este último posteo.

La elección de la foto, en la que se ve a Meloni con la mirada puesta en Trump en un gesto que parece de admiración, y la referencia a la medida cautelar no son inocentes. Una orden de alejamiento —restraining order— es el recurso que los tribunales estadounidenses aplican habitualmente en casos de violencia doméstica y acoso, y su uso para referirse a la jefa de Gobierno de un país aliado fue leído en Italia como una humillación más, con connotaciones que varios calificaron de sexistas.

Fue, precisamente, en aquel encuentro de Évian donde ambos líderes habían vuelto a mostrarse cercanos, tras ser fotografiados conversando distendidamente, aunque también se registraron gestos de Meloni —miradas y una conversación acalorada con Trump— que en su momento fueron interpretados como un reproche de la premier italiana por los ataques que el mandatario estadounidense le había dedicado en abril. Poco después, sin embargo, Trump saldría a relativizar esa cercanía: según relató después a un periodista de la cadena italiana La 7, Meloni le “pidió una y otra vez hacerse una foto” con él, algo a lo que accedió, dijo, “por lástima”.

La primera ministra italiana negó tajantemente la versión, la calificó de “inventada” y respondió con un vídeo en el que sentenció: “Io e l’Italia non imploriamo mai” —“Yo y Italia no imploramos nunca”—. Aquel episodio marcó el inicio de un deterioro que el presidente estadounidense parece empeñado en profundizar cada pocas semanas.

El silencio como estrategia

En Roma, la respuesta fue, una vez más, no responder. Según fuentes gubernamentales citadas por el Corriere della Sera, Meloni se reunió con su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, para diseñar una línea de conducta que pasa por ignorar lo que en el entorno de la primera ministra describen como “un ataque personal, inmotivado y carente de contexto”. Es la misma táctica de contención que Roma ya había ensayado tras el episodio de Évian, aunque entonces Meloni sí decidió salir a desmentir públicamente al presidente estadounidense.

No fue la única vez que la primera ministra italiana salió al cruce. Cuando Trump insinuó que la caída en su popularidad interna se debía a que le había “dado la espalda” a Washington al no bloquear el programa nuclear iraní, Meloni replicó sin rodeos: “Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya”. Y añadió, en un mensaje publicado en inglés, que su respaldo político depende de “defender el interés nacional de Italia”, no de su cercanía con el presidente de Estados Unidos.

El episodio llega apenas tres días después de que casi todo el Gobierno italiano —con la excepción de la propia Meloni— asistiera a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Villa Taverna, residencia del embajador estadounidense en Roma, Tilman J. Fertitta, amigo personal de Trump. Fuentes diplomáticas citadas por el Corriere lamentan que buena parte del trabajo realizado por Fertitta para explicar en Italia el carácter del presidente estadounidense corra ahora el riesgo de quedar en nada. Con este episodio, señalan esas mismas fuentes, Meloni pasa a engrosar la lista de líderes europeos —entre ellos Friedrich Merz y el saliente Keir Starmer— que ya han sido blanco de ataques personales por parte de Trump, más allá de las diferencias de fondo entre ambos gobiernos.

Una cumbre complicada

El nuevo desplante se produce justo cuando la Alianza Atlántica necesita mostrar cohesión. En Ankara, los aliados deberán avanzar en el compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, un objetivo que el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, describió como un vértice “construido para salir bien”, aunque reconoció que la imprevisibilidad de Trump sigue siendo la incógnita mayor de la cita.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho de la adulación calculada su método de trabajo con Trump, en un intento de mantener a Washington comprometida con la alianza pese a episodios como las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia o el malestar de Trump por la tibieza europea frente a los ataques contra Irán. Pero incluso ese enfoque, señalan analistas consultados por agencias internacionales, empieza a mostrar “rendimientos decrecientes”.

El trasfondo de esta enemistad pública se remonta a abril, cuando Trump dijo sentirse “conmocionado” por Meloni después de que ella saliera en defensa del papa León XIV ante las críticas del propio Trump. Entonces llegó a afirmar que “ya no es la misma persona” y que no hablaba con ella “desde hace mucho tiempo”, un giro radical respecto a los elogios que le había dedicado apenas un mes antes. Desde Fratelli d’Italia, el partido de la premier, se confirmó el domingo que la consigna sigue siendo la misma de siempre: no responder a las provocaciones y mantener intacta la agenda prevista en Ankara.

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de julioEl billete al público sigue ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo desde el 24 de octubre. El blue también es ofrecido a $1.510

El largo brazo de la ley china tiene tantos miles de kilómetros que resulta imposible de medir. El Decreto N° 835 -“Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”- es un ejemplo de este nuevo paradigma legal que impone el régimen comandado por Xi Jinping para ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el extranjero.

Hace pocos días, Infobae publicó la entrada en vigor de una ley que restringía la libertad de conciencia de sus ciudadanos no ya dentro de su territorio sino también fronteras afuera. Se trataba de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” que comprime a la mínima expresión las etnias menos representativas del país priorizando una “unidad nacional” cuyos criterios quedan en consideración del Partido Comunista Chino (PCC). Estertores de la Gran Revolución Cultural Proletaria de 1966 donde se resaltaba la figura de Mao Tse-Tung. Ahora, el objetivo es resaltar el pensamiento de Xi y del PCC. Esa purga terminó con la vida de millones de personas.

Pero el Decreto N° 835 no busca (únicamente) perseguir la conciencia de sus ciudadanos radicados en el extranjero, sino obligarlas a dirimir un dilema legal que hasta ahora no contemplaban: cumplir las leyes de los países donde son residentes o circunscribirse a las normas del régimen de Beijing. Este intríngulis procesal coloca a una empresa, una institución o un simple inmigrante chino en una situación en la que se verá atrapado entre dos obligaciones legales incompatibles.

El reglamento del régimen dice expresamente que China responderá a lo que denomina “jurisdicción extraterritorial injustificada”. El objetivo apunta a las sanciones, restricciones y controles impuestas por otros estados.

En su Artículo 6, el decreto establece:

“El departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, conjuntamente con otros organismos competentes, llevará a cabo la identificación de las medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras, entre otras actuaciones. Las organizaciones y personas podrán proponer al citado departamento el inicio del procedimiento de identificación.

Para llevar a cabo dicha identificación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

Si la medida infringe el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales;

Si existe una conexión apropiada entre el acto sometido a jurisdicción extraterritorial y el Estado extranjero que pretende ejercerla;

Si la medida perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China, o lesiona los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas;

Cualquier otra circunstancia que deba ser considerada.

Cuando, tras el procedimiento de identificación, se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente dicha determinación. Ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas.

Cuando, por circunstancias especiales, un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado”.

El texto es claro. Intimidante. Cuando el régimen considere que un estado extranjero -ya sea mediante una sanción, control o restricción- pretenda ejercer su jurisdicción, ningún ciudadano podrá cumplir o colaborar en su ejecución, salvo que Beijing -mediante el Consejo de Estado– lo autorice.

Es decir, una corporación china con una filial en Brasil o un ciudadano chino dueño de un restaurante en Madrid son obligados a cumplir con determinados requisitos por una ley (brasileña o española, de acuerdo al ejemplo) que los conmina a colaborar con las autoridades locales por filtración de datos. Sin embargo, si China considera que esa normativa son “extraterritorialmente injustificadas”, esas entidades chinas comprometidas podrían recibir dos órdenes simultáneas e incompatibles: la ley local le exige cumplir; la ley china le exige no cumplir.

Pero el Decreto N° 835 es aún más ambiguo, lo que lo convierte en más riesgoso para sus emigrantes y empresas en el extranjero. El Artículo 4 afirma que el régimen podrá ejercer “jurisdicción extraterritorial” cuando exista una “conexión apropiada” con China. El problema es que ese concepto no está definido y puede abarcar indistintamente a: ciudadanos chinos, empresas, filiales, financieras, tecnología, datos. La vaguedad de su texto es lo que hace temeraria y discrecional a la ley.

El Consejo de Estado es quien tendrá plena autoridad para decidir si se aplica o no la ley local de acuerdo a cada caso. Las autoridades chinas podrán identificar las medidas extranjeras, prohibir su cumplimiento, ordenar inspecciones tanto a empresas como a particulares, imponer entrevistas, ordenar no cumplir la norma, sancionar a esas empresas, restringirle inversiones y hasta congelar sus activos.

Otro punto intimidante es el que se desprende de los Artículos 12 y 13. En ellos se obliga a las compañías a cooperar con las investigaciones y obedecer las órdenes administrativas. La negativa de esta “colaboración” podría derivar en sanciones. En ninguna línea del texto se enumeran garantías procesales comparables a las que suelen exigirse en sistemas donde un poder judicial independiente revisa plenamente la actuación de la administración.

El Artículo 14 también es contundente. Alienta a generar denuncias entre entidades que se sientan afectadas por algún “traidor” que cumpla con leyes en el extranjero. “Cuando una organización o persona ejecute o colabore en la ejecución de medidas extranjeras de jurisdicción extraterritorial injustificada, lesionando con ello los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán interponer, conforme a la ley, una demanda ante los tribunales populares para solicitar el cese de la infracción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.

Además de la persecución de sus ciudadanos, la ley podría derivar en conflictos bilaterales. La intromisión del régimen chino en cuestiones administrativas locales generarían tensión entre los países involucrados que verían cómo Beijing intenta influir en decisiones tomadas fuera de su territorio. Esta presión podría extenderse, además, a otras represalias del estado comandado por Xi Jinping contra los países que quieran cumplir sus leyes.

Esto fue lo que ocurrió en Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company (filial de la empresa china CK Hutchison) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal, calificando el acuerdo de “leonino” y lesivo para los intereses del país, lo que se tradujo en un conflicto bilateral y una presión monumental de Beijing sobre la nación centroamericana. El régimen comenzó una serie de contramedidas comerciales absurdas contra empresas panameñas y exigió al gobierno de José Raúl Mulino a desatender la decisión del máximo tribunal judicial del país.

A la Corte panameña no le tembló el pulso y respondió con altura republicalos ataques desde China: “Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión“, dijo la presidenta del máximo tribunal María Cristina Chen Stanziola.

El Decreto N° 835 no sólo apunta a mantener sobre sus márgenes legales a las empresas chinas, sino también actúa como una advertencia para aquellas naciones que hacen negocios con China. Delicias de una autocracia imperial.

X: @TotiPI

Las decisiones deportivas “corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos”, declaró este lunes el comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, tras el levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA que sacudió el Mundial 2026.

“Ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, advirtió Micallef en una publicación en la red social X.

La declaración del funcionario de la Unión Europea (UE) responde a la medida adoptada el domingo por el comité disciplinario de la FIFA, que suspendió por un año la aplicación de la sanción automática de un partido derivada de la tarjeta roja recibida por Balogun. La decisión permite al delantero de Estados Unidos enfrentar este lunes a Bélgica en los octavos de final en Seattle.

Dos fuentes familiarizadas con el caso confirmaron a la AFP que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle revisar la sanción automática de un partido que Balogun recibió tras ser expulsado ante Bosnia-Herzegovina. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también solicitó públicamente la revocación del castigo.

La UEFA: “Se cruzó una línea roja”

La UEFA calificó la decisión de la FIFA como un acto que “cruzó una línea roja”.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente”, señaló la confederación europea en un comunicado, expresando su incredulidad ante una medida que consideró “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, también cuestionó la resolución de la FIFA antes del partido de octavos de final.

“Si una llamada telefónica es realmente la razón de esta decisión incomprensible, sería una violación flagrante de las reglas más básicas del fútbol y del deporte”, declaró Prevot en un comunicado. “¿Cómo podría la FIFA todavía defender de manera creíble el juego limpio?”, añadió.

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, no hizo comentarios directos, pero su equipo de comunicación remitió a una publicación satírica en la cuenta de Instagram de su gato Maximus, que mostraba al felino junto a una tarjeta roja con la leyenda: “¿Tarjeta roja? ¡Yo voy a jugar igual!”.

Desde Suiza, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, sumó críticas a la gestión de Infantino.

“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas políticas”, escribió Blatter en X. “Se anulan por reglas, evidencia y órganos independientes. El fútbol nunca debe convertirse en el patio de recreo del poder político”, concluyó el exdirigente de 90 años.

El director técnico de la selección de Bélgica, Rudi Garcia, también manifestó su rechazo durante una rueda de prensa en Seattle: “No sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el 5 de julio se había convertido en el 1 de abril, y que era el Día de los Inocentes”.

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.

La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.

Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.

El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.

Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal

Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.

Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.

Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.

Impacto sobre el consumo y percepciones sociales

La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.

La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.

COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.

Propuestas de la industria y alternativas regionales

COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.

La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.

Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.

Escenario legislativo y transición normativa

La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.

El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.

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