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Volodimir Zelensky viajó este martes a Tallin para participar en la cumbre del NB8, el bloque que reúne a los cinco países nórdicos y los tres bálticos, y aprovechó la cita para convertir una fuente de fricción en una oportunidad de cooperación. Los drones ucranianos han sobrevolado en los últimos meses el espacio aéreo de aliados clave: uno impactó en la chimenea de una central eléctrica en Estonia, otro cayó sobre depósitos de combustible en Letonia y un tercero fue interceptado por cazas rumanos de la OTAN sobre Lituania. Kiev pidió disculpas en cada caso y atribuyó las desviaciones a interferencias electrónicas rusas.

Zelensky y su homólogo estonio, Alar Karis, acordaron desarrollar métodos más económicos para derribar aparatos no identificados en el espacio aéreo báltico. “Hemos demostrado que podemos abatirlos con los aviones”, dijo Karis, pero advirtió que el coste resulta desproporcionado. Zelensky se mostró dispuesto a compartir tecnología ucraniana de interceptación y recordó que Kiev ya envió expertos a Medio Oriente para instruir a fuerzas locales. “Lo hicimos allí y funcionó”, afirmó. Ucrania puede desplegar sus propios interceptores de bajo coste y enviar técnicos “en cualquier momento”.

La cumbre produjo acuerdos concretos. Zelensky y el primer ministro letón, Andris Kulbergs, firmaron un convenio de coproducción de drones. Noruega anunció un paquete de 1.200 millones de coronas noruegas —unos 126 millones de dólares— para adquirir y desarrollar drones marítimos destinados a Ucrania. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, destacó que su industria marítima es “líder mundial” y subrayó que estos sistemas son esenciales para proteger las exportaciones de cereales ucranianas a través del mar Negro.

Zelensky presionó además por un avance en las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. Aseguró que Kiev cumplió las condiciones para abrir los 35 capítulos de negociación y urgió al bloque a aprobarlos antes del fin del verano. Von der Leyen respaldó ese impulso y señaló que Ucrania avanza de manera “extraordinaria” en las reformas requeridas.

En paralelo, Von der Leyen presentó en Bruselas el vigesimoprimero paquete de sanciones de la UE contra Rusia. Las medidas apuntan a energía, finanzas, criptomonedas y, por primera vez, la pesca: Bruselas propone restricciones a la importación de productos pesqueros rusos y una prohibición total de otros, incluido el bacalao. La Comisión añadirá 30 embarcaciones a la lista de la flota fantasma ya sancionada —632 buques— y extenderá las medidas a los barcos que abastecen esa red ilegal. Von der Leyen propuso también vedar la entrada a la UE a cualquier persona que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde el inicio de la invasión. Las sanciones requieren el respaldo de los 27 estados miembros.

Mientras se negociaba en Tallin y Bruselas, Rusia continuó sus bombardeos sobre Ucrania. Tres personas murieron y 25 resultaron heridas —entre ellas tres menores— en ataques en la región de Járkov, según el administrador regional Oleg Siniehubov. En Dnipropetrovsk, tres personas sufrieron heridas en ataques nocturnos. La fuerza aérea ucraniana reportó 166 drones de largo alcance y dos misiles guiados lanzados por Rusia, de los cuales las defensas interceptaron 146 drones.

El lunes, en el aeropuerto de Chișinău, Zelensky se había reunido con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en conversaciones centradas en las perspectivas de paz ante el próximo G7. “Todos nuestros socios reconocen que las posiciones de Ucrania en el frente son significativamente más sólidas”, afirmó. Esa fortaleza contrasta con la persistencia de los ataques sobre civiles: el verdadero indicador de hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin antes de sentarse a negociar.

Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.

Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde estuvieron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce (Misiones).

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.

Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.

Convenios internacionales

Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.

El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).

En medio de una economía marcada por oscilaciones y señales de estancamiento, el economista Ricardo Delgado, presidente de Analytica, analizó en Infobae al Regreso los efectos de la caída en la actividad productiva y el impacto desigual sobre los distintos sectores.

Con datos duros y un diagnóstico crudo, Delgado advirtió sobre el aumento de los costos en dólares, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para reactivar la construcción y la industria. Frente a un contexto de ajuste, el especialista subrayó la importancia del equilibrio fiscal, pero alertó que la recuperación todavía no llega a la mayoría de los argentinos.

La economía de serrucho y el estancamiento sectorial

Matías Barbería describió: “Estamos viendo una economía que los economistas llaman economía de serrucho, expansión, contracción, expansión, contracción”.

Los últimos datos oficiales muestran que la actividad de la construcción cayó un 4% en abril respecto de marzo, mientras que la industria experimentó una baja del 2,1% mensual desestacionalizada.

Barbería precisó que, desde noviembre de 2023, la industria acumula una contracción del 5% y la construcción retrocede un 22% desde el cambio de gobierno. “Esto es un quinto de la actividad”, subrayó.

Explicó que parte fundamental de esta caída responde al “corte de la obra pública, que nunca volvió”, y que el sector privado aún no logra compensar esa ausencia de inversión estatal.

Delgado sumó que la economía argentina atraviesa una etapa de “mucha heterogeneidad, no solo entre sectores sino dentro de los propios sectores”. Citó que, por ejemplo, “la siderurgia está un 33% por debajo de los niveles de producción del período 2016-2023”, mientras que “la industria automotriz un 9%, la plástica un 16%”.

Salario real, costos fijos y crédito en problemas

Consultado sobre el poder adquisitivo, Delgado fue contundente: “El salario real no mejoró”. Explicó que “al principio, cuando bajó mucho la inflación, el salario real mejoró, sobre todo en la segunda parte del primer año, pero a partir de junio, julio del año pasado, empieza a caer de vuelta”.

El economista advirtió sobre el peso creciente de los costos fijos en el ingreso de las familias: “Hace tres o cuatro años representaban alrededor del 30%; hoy representan el 55%”. De ese modo, el dinero disponible para otros gastos se redujo de 70 a 45 puntos porcentuales.

Delgado también alertó sobre el deterioro del acceso al crédito: “Apareció mucho el crédito para compensar el mayor peso de los costos fijos, pero ahora está en problemas por la mora, sobre todo en fintech, electrodomésticos y mutuales”. La situación es especialmente delicada en “tarjetas de consumo muy habituales en el interior del país”.

El tipo de cambio, el costo de la construcción y los desafíos de fondo

La política cambiaria fue otro eje central del análisis. Delgado criticó la estrategia oficial: “Tenés caída del salario en pesos y aumento del salario en dólares, que es un costo de producción en Argentina”. Detalló que “el tipo de cambio se planchó en 1.400 con una inflación que acumula 15 puntos desde entonces”, lo que implica un encarecimiento de los costos en dólares.

En diálogo con la mesa, sostuvo: “Desde que asumió Milei, el costo de la construcción en dólares subió un 80%”. Esto significa que “levantar una pared vale casi el doble en dólares que al principio de la gestión”.

Delgado insistió en que el tipo de cambio “no hay que mirarlo solo desde lo financiero, sino también como una herramienta que incentive la actividad productiva”.

Para el presidente de Analytica, el desafío central de la política es “cómo hacer para incluir cada vez más a la Argentina” y evitar que la recuperación se limite a los sectores exportadores, sin derramar en la industria, el comercio y la construcción urbanos.

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Las conversaciones entre facciones palestinas y mediadores celebradas en El Cairo para negociar un fin permanente a la guerra en Gaza se encuentran estancadas en torno al punto más conflictivo del proceso: la entrega de armas por parte de Hamas. Fuentes palestinas informaron este martes a AFP que los contactos continúan “en un contexto de visiones claramente divergentes”, con la cuestión del armamento como único escollo.

La reunión, iniciada el sábado, reúne a las principales facciones armadas de Gaza —incluidos Hamas y su aliado la Yihad Islámica— y produjo un acuerdo de principio: los grupos armados entregarían partes de su arsenal a una entidad palestina ad hoc aún por constituir. Varias delegaciones esperaban que esta fórmula rompiera el bloqueo que lastra las negociaciones desde hace meses. Sin embargo, la propuesta parte con escasas posibilidades de prosperar: Israel exige la desmilitarización completa del territorio, empezando por Hamas.

Un segundo funcionario palestino consultado por AFP reconoció “avances”, pero subrayó que el armamento era “uno de los asuntos más controvertidos en discusión” y trasladó la responsabilidad de los pasos siguientes a Israel y a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía—. Las facciones palestinas insisten en vincular cualquier desarme a una “retirada completa israelí de la Franja”, condición que el plan vigente hace inviable en el corto plazo.

El marco de referencia es el plan de 20 puntos que presentó el presidente Donald Trump y que el Consejo de Seguridad de la ONU avaló. Su texto contempla la retirada total de las tropas israelíes únicamente en el largo plazo. Mientras tanto, Israel ha incrementado su presencia en el territorio: cuando entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025, controlaba alrededor del 53% de la Franja. En mayo de este año, Netanyahu reconoció que esa cifra alcanzaba ya el 60% e instruyó al Ejército para avanzar hasta el 70%.

Los bombardeos israelíes prosiguen a un ritmo casi diario pese a la tregua nominal. Cada parte atribuye el bloqueo a la otra: Hamas denuncia que Israel incumple sus compromisos humanitarios, mientras que el gobierno israelí condiciona cualquier avance al desarme previo e incondicional del movimiento islamista.

La posición de Hamas no es de rechazo total, sino de sujeción a condiciones políticas. El grupo terrorista ha reiterado que no se opone a entregar parte de su arsenal, siempre que ello se enmarque en un proceso político palestino más amplio. El ex jefe del buró político Khaled Meshaal llegó a proponer una fórmula de “congelación” o “almacenamiento” de las armas, que Israel rechazó. En marzo, los mediadores entregaron formalmente al grupo una propuesta de desarme gradual que preveía la entrega de armamento pesado en 90 días; Hamas no la aceptó.

Las conversaciones en El Cairo reflejan también la fragmentación del campo palestino: la Autoridad Palestina, dominada por Fatah y con sede en Ramala, no participó. Su ausencia subraya la dificultad de articular un gobierno unificado para Gaza, requisito que el propio plan Trump considera indispensable para la segunda fase, junto con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

El diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, responsable de supervisar la implementación del acuerdo, advirtió a principios de junio que la ausencia de avances podría consolidar la “Línea Amarilla” —la demarcación militar israelí en el interior del territorio— como una división permanente, con dos millones de palestinos confinados en el tercio restante de la Franja.

El nudo es una contradicción estructural: Hamas no aceptará desarmarse sin garantías políticas de retirada israelí; Israel no retrocederá sin que Hamas deponga las armas primero. Los mediadores llevan meses intentando diseñar una secuencia que haga compatibles ambas exigencias. Por ahora, esa secuencia no existe.

El régimen de Irán respondió este martes a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual represalia militar por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz y dejó en claro que está dispuesto a reaccionar si considera amenazada su seguridad. Aunque Teherán insistió en que privilegia la vía diplomática, el mensaje emitido por su canciller, Abbas Araghchi, incluyó una amenaza a las fuerzas extranjeras desplegadas cerca de sus fronteras.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Araghchi evitó referirse de manera explícita a una posible acción militar iraní, pero dejó abierta esa posibilidad.

“Irán prefiere el lenguaje de la diplomacia”, escribió. Sin embargo, agregó una frase que fue interpretada como una señal de advertencia hacia Washington: “Nuestros valientes guerreros han demostrado al mundo que también sabemos hablar otros lenguajes”.

Además de responder a la Casa Blanca, el ministro iraní cuestionó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico y en particular en el estrecho de Ormuz. Araghchi sostuvo que esa vía marítima no puede ser considerada un espacio ajeno a la soberanía regional.

“El estrecho de Ormuz NO son aguas internacionales, sino una zona compartida entre Irán y Omán”, afirmó. También destacó que se encuentra “a miles de kilómetros de las costas estadounidenses” y aseguró que los límites marítimos en esa región están claramente establecidos.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que las Fuerzas Armadas de su país permanecen en estado de vigilancia permanente para responder ante cualquier incursión en el espacio aéreo, marítimo o terrestre iraní.

Según explicó, la presencia de unidades extranjeras cerca del territorio iraní implica riesgos constantes.

“Las fuerzas extranjeras que operan cerca de nuestro territorio están expuestas de forma permanente a errores humanos, accidentes o incluso a quedar atrapadas en un fuego cruzado”, señaló.

A partir de esa premisa, Araghchi planteó cuál considera la solución para evitar nuevos incidentes. “La mejor forma de reducir el riesgo es que esas fuerzas abandonen la zona lo antes posible”, sostuvo.

La declaración de Donald Trump

La tensión entre Washington y Teherán se disparó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país responderá al derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que las fuerzas iraníes abatieron un helicóptero de ataque AH-64 Apache mientras realizaba una misión de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

A través de Truth Social, Trump afirmó: “Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”.

Aunque los dos tripulantes sobrevivieron al incidente, el presidente estadounidense dejó en claro que Washington considera el hecho una agresión que no quedará sin consecuencias.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había informado que la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y que ambos militares fueron rescatados en una operación desplegada en la zona. Según el organismo, los soldados fueron recuperados alrededor de dos horas después del incidente y permanecen en condición estable.

La crisis también coincide con una nueva escalada regional. En los últimos días, Irán e Israel intercambiaron ataques que pusieron en riesgo los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto. Tras esos enfrentamientos, Trump reclamó públicamente el cese inmediato de las operaciones militares y aseguró que todavía existe una posibilidad de alcanzar un entendimiento con la República Islámica.

(Con información de EFE y AFP)

Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.

En esa línea, explicó que la industria es un sector transable que por su naturaleza enfrenta competencia directa del resto del mundo. “La UIA hizo un informe que muestra que la presión tributaria sobre el sector formal es del 56% del PBI. Tenemos una mochila de piedra en la espalda. Además, nosotros arrastramos una cadena de impuestos, por tasas municipales, impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales. Por ser productos transables competimos con productos de Brasil o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, detalló.

En ese contexto, desde la UIA reclamaron una profunda reforma tributaria, un aumento del crédito y, en relación a los proyectos que actualmente se están tratando en el Congreso, pidieron una articulación más profunda con el Super RIGI.

“Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.

En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

“No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.

Luego fue el turno de los representantes de CAME. La secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.

“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, apuntó.

En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, comenzó su presentación anunciando que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.

“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso, entre las medidas urgentes pedimos la declaración de emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera”, sintetizó.

Estas medidas incluyen “pausar” los aumentos de las tarifas energéticas, abrir líneas de crédito con tasas blandas para el sector Pyme, una moratoria “para toda la cadena que está en un proceso de cesación de pagos”, y que el Estado fomente los proveedores locales para que ganen protagonismo en el RIGI y el Super RIGI.

“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Este miércoles se llevará adelante el segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra confiado de que podrá dictaminar la semana que viene para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, en pleno Mundial, junto con el pago a los holdouts y otros proyectos.