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El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales con la firma del Decreto 467/2026. Publicado en el Boletín Oficial, la norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003 y elimina una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.

El decreto, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.

Aun así, el timing de la medida generó suspicacias al respecto de un posible avance para llenar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema, luego de la jubilación de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Cerca de Mahiques admiten que por el timing en el que se impulsa no se evitan este tipo de interpretaciones.

El judicial es una de las pocas esferas en las que el Presidente reconoce que no tiene un conocimiento acabado y que, en tanto, prefiere delegar las tareas en sus funcionarios de confianza. Con el recambio de autoridades que hubo en marzo de este año en el Ministerio de Justicia, la ascendencia sobre las relaciones con el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (el órgano que determina la selección y remoción de los jueces federales) quedó bajo la órbita de Karina Milei y sus colaboradores.

Esto no lo exime a mantener reuniones de alto voltaje, como la que se produjo días atrás con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien, según afirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, le propuso dos candidatos para que el máximo tribunal complete su integración.

El decreto publicado implica que haya una menor cantidad de requisitos burocráticos y de revisión sobre los procesos de candidaturas de diversos puestos judiciales; entre ellos el de los jueces de la Corte. Aun así, en Justicia están más interesados en que se agilicen los actuales procedimientos para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores.

“Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego”, justifican operadores judiciales del Gobierno, quienes agregan: “Armar uno puede tardar dos semanas. A veces anunciamos que se van a mandar pliegos y muchas veces los podemos mandar semanas después. La constancia de la declaración jurada vía ARCA puede traer demoras y ni hablar otros asuntos burocráticos. La revisión se puede hacer tranquilamente a través del proceso ya establecido por el Senado”.

Es un razonamiento con el que coincidió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta mañana publicó en X su adhesión al decreto. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, argumentó.

Según pudo saber Infobae, Caputo está de acuerdo con la propuesta de llenar las vacantes de la Corte que Lorenzetti le hizo llegar a Milei, el cual marida con las facilidades que vino a traer el decreto impulsado por Mahiques.

Meses atrás se tomó la decisión política de acelerar los pliegos judiciales para aliviar la acuciante situación de las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Esto no se extendió al máximo tribunal, ya que el Presidente dejó en claro semanas atrás que no iba a impulsar los dos pliegos clave. La idea de Milei era no agotar negociaciones políticas por una Corte que está funcionando acorde a lo que espera y aguardar a las elecciones del año próximo, donde el oficialismo conseguirá una cantidad de bancas en la cámara alta que le permitirá estar en una posición aun más favorable que la actual. Ante todo, el Presidente no quiere repetir la experiencia fallida de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Sin embargo, un mes atrás se logró aprobar la extensión del cargo judicial del camarista Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista) con una mayoría abrumadora, contando con apoyos de sectores transversales a nivel político. Esto abrió el interrogante acerca de si con una buena gestión de adhesiones se podía lograr nombrar jueces sin la necesidad de esperar casi dos años. “Los senadores se van a poner más duros con una postulación a la Corte. No tiene sentido creer que se puede negociar de la misma manera eso que la ampliación de ‘Coco’ Mahiques”, dice una fuente inobjetable del ámbito judicial-libertario.

En una sesión realizada dos semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.

En esta instancia se están tratando cargos de altísima sensibilidad: los que rodean a Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi de ser seleccionados no son para nada remotas.

La lógica detrás de la nueva reforma de Milei

El argumento central del Poder Ejecutivo es que el esquema vigente desde 2003 había generado una superposición de controles: la publicación de antecedentes de los candidatos y la recepción de observaciones ciudadanas se realizaban primero en el ámbito del Ministerio de Justicia y luego volvían a cumplirse, con mayor amplitud y garantías constitucionales, ante el Senado. El texto del decreto sostiene que esta duplicación “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.

El Gobierno también señaló en los considerandos que atraviesa una crisis institucional por el elevado porcentaje de cargos judiciales vacantes, cuya demora en cobertura impacta directamente en los tiempos de tramitación de los procesos y en los derechos de los justiciables.

El cambio más sustancial del decreto atañe a la selección de jueces del máximo tribunal. Bajo el esquema anterior, el proceso incluía etapas administrativas previas —a cargo del Ministerio de Justicia— que el Ejecutivo considera innecesarias dado que el Reglamento de la Cámara de Senadores ya prevé, en sus artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis, audiencias públicas obligatorias, publicidad de los antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.

Con la reforma, el proceso para la Corte Suprema queda estructurado de la siguiente manera: producida una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar, en un plazo máximo de 30 días, el nombre y los antecedentes curriculares del o los candidatos en consideración, tanto en el Boletín Oficial como en la página web oficial del organismo, durante 3 días. Esa publicación —que reemplaza la anterior difusión en diarios de circulación nacional y local— refleja la actualización al entorno digital que también impulsa el decreto.

Dentro de los 5 días posteriores al cierre de esa publicación, los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, que incluya bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. A esa declaración deben adjuntar otra que detalle las asociaciones civiles y sociedades a las que pertenecieron o pertenecen en los últimos 8 años, los estudios de abogados con los que trabajaron y la nómina de clientes o contratistas del mismo período, con el fin de detectar posibles incompatibilidades o conflictos de interés.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 5 días desde la recepción de la solicitud para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas estas instancias, el Ministerio de Justicia eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.

El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para la valoración de candidaturas a la Corte Suprema no previstos expresamente en la Constitución Nacional, entre ellos la exigencia de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional entre los miembros del tribunal. El Ejecutivo sostiene que esas consideraciones quedan dentro del ámbito de apreciación político-institucional del Presidente, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la nominación presidencial tiene amplia flexibilidad.

Lo que no se toca es la garantía de publicidad, transparencia y participación ciudadana: el decreto es explícito en que esos mecanismos se mantienen, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde el pueblo —a través de sus representantes provinciales— evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate de bandera británica en el Canal de la Mancha el martes por la mañana. El incidente, que no dejó heridos ni daños materiales, ocurrió a unos 32 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

La Admiral Grigorovich —de casi 125 metros de eslora y tripulación de hasta 220 personas— abrió fuego a menos de 500 metros del yate, que continuó su viaje sin interrupciones. La fragata llevaba semanas desplegada en la zona escoltando buques rusos sancionados bajo vigilancia de la Marina Real.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido se limitó a declarar que investiga “los informes de un incidente en el Canal de la Mancha” y subrayó que los disparos no apuntaron a la embarcación. El HMS Tyne, patrullero de la Marina Real, se acercó al yate para recabar información y verificar el estado de su tripulación. La nave sin motor se había aproximado al buque de guerra en medio de la niebla tras zarpar del Reino Unido.

Horas después, el Ministerio de Defensa ruso confirmó los disparos e indicó que el yate no respondió a las advertencias previas. “Para llamar la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas y se emitieron señales acústicas. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó su peligrosa aproximación”, señaló el gobierno en un comunicado.

“El comandante de la fragata decidió disparar tiros de advertencia en dirección a la embarcación utilizando la artillería ligera del buque”, añadió.

El episodio se produjo dos días después de que comandos británicos interceptaran el petrolero Smyrtos, vinculado a Rusia y sospechoso de transportar petróleo en violación de las sanciones internacionales, en la primera operación de este tipo liderada por fuerzas del Reino Unido desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su capitán, un ciudadano indio, compareció el martes ante un tribunal, que ordenó su prisión preventiva. Las autoridades descartaron cualquier vinculación entre ambos hechos.

La tensión en aguas británicas no es nueva. En noviembre, Londres advirtió a Moscú tras detectar el buque espía Yantar al norte de Escocia. En abril, una fragata, aeronaves y cientos de efectivos siguieron durante semanas un submarino de ataque y dos submarinos espía rusos en la misma zona.

El precedente más directo se remonta a hace cinco años, cuando el destructor HMS Defender protagonizó un episodio similar en el mar Negro, cerca de Crimea. Rusia afirmó haber disparado tiros de advertencia para obligarlo a retirarse, versión que Londres negó. Fue el primer reconocimiento ruso del uso de munición real para disuadir a un buque de la OTAN desde la Guerra Fría.

El portavoz laborista de Defensa, James Cartlidge, afirmó que el Reino Unido “no debería tener ninguna duda de que Rusia representa una amenaza directa“. El liberal demócrata James MacClearly fue más categórico: “Rusia está literalmente a nuestras puertas. La agresión y la intimidación en nuestras aguas no deben tolerarse”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras, transformando las condiciones que regían para el financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema financiero local. La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446, permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a empresas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora. Esta modificación desplazó la histórica restricción que limitaba el acceso a este tipo de financiamiento únicamente a firmas con ingresos comprobables en divisas extranjeras.

El texto oficial del BCRA estableció que las financiaciones alcanzan a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera otorgadas por aquellas empresas que ya figuran en la normativa como sujetos habilitados, es decir, exportadores con capacidad de pago reconocida. El exportador que actúa como garante debe asumir el compromiso de principal pagador, además de renunciar expresamente a los beneficios de excusión y división. Esto implica que el banco podrá exigir el pago directamente a la empresa exportadora en caso de incumplimiento por parte de la firma deudora.

Hasta la entrada en vigencia de esta disposición, la normativa exigía que los bancos verificaran que los solicitantes de créditos en dólares contaran con ingresos futuros en esa moneda y una facturación acorde durante el año previo. Esta exigencia excluía a la mayor parte de las empresas que operan únicamente en el mercado doméstico. Con la nueva reglamentación, la posibilidad de presentar una garantía de una empresa exportadora habilitó a un amplio universo de compañías a solicitar financiación bajo condiciones que antes no estaban disponibles.

En términos operativos, la garantía debe estar constituida en dólares y ser otorgada por una firma exportadora reconocida por la normativa vigente. El exportador que asume el rol de garante debe comprometerse como principal pagador y aceptar la renuncia explícita a los beneficios de excusión y división, lo que habilita a la entidad financiera a reclamarle el pago en caso de que la deudora no cumpla con sus obligaciones.

La Comunicación “A” 8446 determinó que el deudor queda exceptuado del requisito de que los vencimientos de la operación guarden relación con el flujo de ingresos previsto en la moneda del crédito. Eso significa que la empresa no exportadora no necesita demostrar ingresos en dólares para acceder al financiamiento, siempre que cuente con el respaldo de una exportadora con flujo de divisas. De esta manera, el abanico de empresas elegibles para solicitar créditos en dólares se amplió de manera significativa.

El esquema de garantías previsto por la nueva norma obliga a las entidades financieras a evaluar la capacidad de pago tanto de la empresa que recibe el crédito como del exportador que figura como garante. Para el otorgamiento del crédito, los bancos mantienen la obligación de comprobar que el garante cuenta con la capacidad de pago suficiente y que podrá hacerse cargo de la deuda si el deudor incurre en incumplimiento. Además, el cronograma de vencimientos y el financiamiento deben estar alineados con los ingresos en moneda extranjera del garante y no del deudor principal.

La disposición no modifica los criterios asociados a la clasificación de los deudores ni los mecanismos de prevención de riesgos. Por ejemplo, las financiaciones a deudores que figuran como irrecuperables y que ya están totalmente previsionadas no podrán computarse dentro de la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera.

Desde la perspectiva de Moody’s, el informe advierte: “El deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”. Además, la calificadora señala: “Esperamos que los principales beneficiarios de estos créditos sean empresas de las cadenas de valor de exportadores con sólidos fundamentos crediticios cuya garantía mitigue altamente este riesgo. Sin embargo, en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.

El análisis de Moody’s destaca también: “La estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida. La normativa requiere que el garante exportador se constituya como principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y división, lo que implica que el banco puede reclamar directamente al garante ante un incumplimiento”. La agencia agrega que “el riesgo incremental se encuentra limitado por: (i) la solidez jurídica de la garantía exigida y (ii) la obligación de realizar análisis de la capacidad de pago del deudor bajo al menos dos escenarios de estrés cambiario”.

Según el documento, “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio. Si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado. Sin embargo, un crecimiento acelerado de esta cartera en un contexto de estabilidad cambiaria podría generar una acumulación de riesgo procíclico con consecuencias ante un eventual cambio de escenario”.

Moody’s realiza una comparación con antecedentes recientes al afirmar: “Al igual que sucedió en la anterior flexibilización de febrero 2025, no esperamos un aumento exponencial de préstamos a no generadores de divisas en el corto plazo”.

El informe de la agencia también advierte: “La ampliación del universo de deudores elegibles en moneda extranjera podría presionar la calidad de activos ante un escenario de corrección cambiaria”. Moody’s subraya que “el deudor primario sin ingresos en moneda extranjera queda expuesto a un deterioro en su capacidad de repago ante movimientos adversos del tipo de cambio, y la calidad crediticia de la operación pasa a depender de la solidez financiera del exportador garante”.

La calificadora sostiene que “la medida canaliza la elevada liquidez ociosa en moneda extranjera del sistema bancario hacia el crédito al sector productivo”. Además, señala que “la nueva normativa habilita por primera vez desde 2002 el uso de depósitos de ahorristas en dólares para fondear préstamos a empresas sin ingresos en divisas” y que este contexto “ocurre en un contexto de fuerte crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado”.

El informe recomienda que “el impacto efectivo sobre el perfil crediticio de los bancos dependerá del volumen de originación bajo esta modalidad y de la evolución del tipo de cambio” y advierte que “si la adopción es gradual y concentrada en bancos con capacidad de evaluación de estructuras garantizadas, el riesgo incremental será acotado”.

Moody’s concluye que “la estructura de la garantía exigida constituye un mitigante crediticio robusto y limita el riesgo incremental de la medida”. Sin embargo, reitera que, “en escenarios de fuerte estrés macroeconómico, podría haber correlación entre el deterioro del deudor y las dificultades del garante”.

La Comunicación “A” 8446 del BCRA consolidó un cambio relevante en la regulación del crédito en dólares para empresas, ampliando el universo de compañías elegibles y trasladando parte del riesgo a los garantes exportadores. Según las fuentes consultadas, los bancos seguirán obligados a cumplir con los criterios de análisis y documentación establecidos por la regulación vigente, y deberán prestar especial atención a la evaluación de los exportadores que respalden las operaciones.

Luego de largos meses de estar recluido por la pelea con su padre, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció este martes en una conferencia de prensa en la que criticó a la CGT por ”dos estrategias que fallaron” para frenar la reforma laboral del Gobierno y advirtió: “Algo tiene que haber en la calle. Si no, vamos a estar tres meses hablando de (Manuel) Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

El hijo mayor de Hugo Moyano habló durante una conferencia de prensa que brindó la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), de la que es vicepresidente, en la sede de La Fraternidad, Hipólito Yrigoyen al 1900, donde denunciaron al Gobierno por la “critica situación de los trabajadores ante el ataque por la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y la persecución y las multas al sindicato ferroviario que aplica la actual gestión gubernamental”.

Al referirse a la intimación oficial a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, Pablo Moyano resaltó que “cada organización gremial fue modernizando su convenio” y al mencionar su actividad mencionó: “En la logística incorporamos nuevas tecnologías, como así los camiones de larga distancia, cada vez más modernos”.

Enseguida, apuntó contra los cambios laborales promovidos por Javier Milei, a los que calificó como “una imposición más del Fondo Monetario Internacional, de los que escribieron la reforma laboral, como (Marcos) Galperin, Techint, de los bancos, que son los que han impulsado esta reforma laboral que fue votada por los traidores, senadores y diputados del peronismo”.

“Miren el quilombo que han dejado a los trabajadores los diputados de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de Misiones, que llegaron con el voto del peronismo y después nos cagaron -señaló-. Miren el presente y el futuro que les van a dejar a los trabajadores. Indemnización en 12 cuotas, el banco de horas, todo lo que se ha aprobado, aunque igual hay muchos artículos que están todavía en la justicia”.

Al ser consultado sobre la postura de la CGT, el dirigente de Camioneros consideró “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Agregó: “Creo que van a sacar una movilización, algún plan de lucha. Algo tiene que haber en la calle, ¿no? Si no vamos a estar 3 meses hablando de Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

Cuando le preguntaron si viene otro paro general, Pablo Moyano sostuvo: “No lo sé. Decidirán ellos (en alusión a la CGT). Nosotros vamos a acompañar o vamos a exigir, pero algo tenemos que hacer. Está todo muy bien los que fueron a la OIT, se denunció muy bien, pero también algo hay que hacer en la calle”.

Acerca de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Pablo Moyano contestó con otro exabrupto: “¡Saben la patada en el orto que le tendrían que haber pegado hace tiempo! Nos están entreteniendo, tres meses entreteniéndonos con Adorni y ya aumentaron los colectivos, los combustibles. Seguimos en ese limbo que nos tiene atrapado el Gobierno. Se la pasan todo el día hablando de ese chanta y nos siguen entreteniendo y siguen aumentando las cosas”.

Luego de que un periodista le preguntó si el caso Adorni es una cortina de humo, el dirigente “puntualizó que ”más que una cortina es una montaña de humo porque es un asco prender la tele y ver el tipo justificándose”.

Enseguida, enfatizó: “Yo creo en un gobierno normal, y en este gobierno, desde el que lo conduce para abajo ninguno es normal”, y afirmó que “cuando vemos la foto de la mesa política, la Bullrich, Sturzenegger, (Luis Caputo), todos los que nos endeudaron, desde la Alianza hasta la fecha, están en esa cueva de ratas que hoy se ha convertido la Casa de Gobierno”.

Ante la pregunta sobre el malestar de la gente por la economía, el sindicalista aseguró que “ustedes lo ven” y habló de los responsables: “No hay representación ni gremial ni mucho menos política. Si dentro del peronismo todavía estamos peleándonos entre nosotros, si Kicillof, Máximo, Cristina o Massa. Hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.

Luego, cuando periodista le preguntó si él se hacía alguna autocrítica por la situación actual del país, Pablo Moyano reconoció: “Por supuesto. No fui parte, pero también hemos acompañado el gobierno anterior del peronismo y sabemos cómo terminó”.

“¿Qué tiene que cambiar? -contestó enseguida a otra pregunta-. Primero, un gran debate interno, que se maten entre ellos y después que salgan candidatos y ver qué alternativa le vamos a dar a la sociedad. Hoy, más allá de Axel (Kicillof), no hay todavía alguien que tenga la posibilidad de representar toda esa bronca y esa angustia que hay acumulada en la gente”.

Respecto de qué dirigente del PJ le gusta, destacó que “siempre es lo mismo, pero hoy el que tiene más representatividad y está caminando es Axel; no sé qué hará Sergio (Massa) y si surgirá algún otro candidato”.