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El Gobierno nacional modificó el régimen que regula la importación de líneas de producción usadas con el objetivo de impulsar la modernización del entramado productivo y facilitar el acceso de las empresas a equipamiento industrial. La decisión quedó plasmada en el Decreto 483/2026, que introdujo cambios en el esquema vigente desde 2016 y redefinió distintos aspectos vinculados con los requisitos, los plazos, los controles y las condiciones para acceder a los beneficios.

Según informó la Secretaría de Comercio, la actualización buscó convertir al régimen en una herramienta más eficiente para mejorar la competitividad de los productos industriales. Entre las principales modificaciones figuraron la reducción de la exigencia de compra de bienes nacionales, la ampliación de los tipos de proyectos alcanzados y la flexibilización de las condiciones para importar equipos usados.

El régimen está destinado a empresas que cuenten con un proyecto de mejoramiento de su competitividad aprobado por la autoridad de aplicación. A partir de la nueva normativa, las líneas de producción usadas quedaron definidas como aquellas que incluyan maquinaria usada importada y formen parte de un proyecto de inversión industrial.

Cuáles son los cambios

Uno de los cambios más relevantes consistió en la redefinición del concepto de línea de producción. La nueva regulación eliminó la exigencia de que el componente principal de la línea fuera usado. Además, habilitó que las líneas puedan completarse con bienes nuevos sin uso, tanto importados como nacionales, así como también con bienes usados de origen nacional o importado.

La norma estableció que los bienes usados deberán integrar una línea de producción completa y autónoma destinada a ser instalada por la empresa solicitante dentro de su predio productivo. También deberán resultar imprescindibles para el proceso productivo involucrado en la solicitud.

Asimismo, el decreto amplió el universo de actividades alcanzadas por el régimen. Además de los proyectos industriales tradicionales, incluyó líneas destinadas a la generación de energía eléctrica. También incorporó los llamados almacenes inteligentes, definidos como sistemas automatizados de almacenamiento que combinan máquinas, equipos y software para organizar y ubicar productos de manera sistemática.

La actualización también contempló la posibilidad de importar bienes usados destinados al tratamiento o eliminación de sustancias contaminantes del aire, el suelo o el agua, siempre que se integren a plantas productoras de bienes tangibles o de energía y resulten imprescindibles para cumplir con esa función.

En materia de antigüedad de los equipos, la normativa fijó como regla general un límite máximo de 20 años para los bienes usados importados. Sin embargo, introdujo una excepción para aquellos equipos que fueron sometidos a procesos de reconstrucción o actualización destinados a extender su vida útil. En esos casos, la antigüedad máxima admitida se elevó a 30 años, una modificación que amplió las posibilidades de incorporación de equipamiento industrial dentro del régimen.

Exigencia de compra de bienes nacionales

Otro de los puntos centrales de la reforma estuvo vinculado a la exigencia de compra de bienes nacionales. El esquema original establecía que las empresas beneficiarias debían realizar adquisiciones de producción local equivalentes al 30% del valor FOB de los bienes usados importados.

Con la entrada en vigencia de las modificaciones, ese requisito se redujo al 10%. De acuerdo con el texto oficial, la obligación deberá cumplirse mediante la compra de bienes nuevos de origen nacional por un monto igual o superior a ese porcentaje.

La normativa también amplió el destino posible de esas adquisiciones. Los bienes nacionales podrán aplicarse tanto a la línea de producción vinculada al proyecto como a otras actividades de la empresa beneficiaria. Además, en determinados casos podrán destinarse a proveedores directos relacionados con el proyecto de inversión.

La Secretaría de Comercio destacó que la modificación redujo los costos asociados al cumplimiento del régimen y simplificó el acceso a los beneficios previstos para quienes invierten en equipamiento productivo.

Reducción de aranceles

Entre esos beneficios, figura un tratamiento arancelario especial para los bienes importados al amparo del régimen. Según explicó la dependencia oficial, los equipos usados alcanzados por el esquema tributarán únicamente el 25% de los aranceles que corresponderían en condiciones normales al momento de la importación.

A su vez, esos bienes quedarán exceptuados del pago de la tasa de comprobación de destino, equivalente al 2%, y de la tasa de estadística, del 3%.

La reforma también introdujo modificaciones en los procedimientos administrativos. El Gobierno argumentó en los considerandos del decreto que resultaba necesario replantear exigencias, plazos y mecanismos de control para evitar demoras y brindar mayor previsibilidad a los usuarios del régimen.

En esa línea, la normativa fijó plazos más precisos tanto para los administrados como para la administración pública. También incorporó mecanismos destinados a evitar que los expedientes permanezcan abiertos durante períodos prolongados.

Las autorizaciones de importación otorgadas bajo este esquema tendrán una vigencia de un año. La autoridad de aplicación podrá extender ese plazo por única vez cuando existan fundamentos técnicos que acrediten la imposibilidad de completar el proyecto dentro del período originalmente previsto.

El decreto dispuso además que el plazo para la concreción y puesta en marcha de los proyectos no podrá superar un año desde su aprobación. La autoridad de aplicación podrá otorgar una única prórroga considerando factores como la magnitud de la inversión, la complejidad del desarrollo y la relevancia del proyecto para la competitividad industrial.

Otro aspecto relevante de la reforma estuvo relacionado con los mecanismos de control y seguimiento. Según destacó la Secretaría de Comercio, la actualización reemplazó el esquema tradicional de auditorías por un sistema basado en la presentación de rendiciones de cuentas realizadas por profesionales certificados. De acuerdo con la normativa, una vez vencido el plazo previsto para la importación de los bienes y la puesta en marcha del proyecto, la empresa dispondrá de hasta seis meses para presentar la rendición correspondiente.

La documentación deberá ser elaborada por profesionales idóneos debidamente matriculados. A partir de su presentación, la autoridad de aplicación contará con otros seis meses para analizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el régimen. El organismo podrá aprobar la rendición y ordenar la liberación de garantías, solicitar aclaraciones adicionales o disponer la ejecución de las garantías cuando detecte incumplimientos.

Más allá de ese esquema, el decreto mantuvo facultades para que la autoridad de aplicación realice inspecciones o solicite certificaciones e informes técnicos cuando lo considere necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas.

La ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguró que la situación de derechos humanos en Irán es “preocupante” ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones de pena de muerte y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión, según su último informe.

Esta ONG reporta una “elevada tasa de ejecuciones, arrestos y condenas severas por diversos cargos” y asegura que en algunos casos de pena de muerte no se han respetado los procesos judiciales.

“El volumen de casos registrados refleja una situación preocupante y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta urgente tanto por parte de las autoridades iraníes como de la comunidad internacional”, concluye el informe de esta ONG de activistas de derechos humanos iraníes publicado hoy y realizado con “pruebas fidedignas e información precisa”, según se lee.

En total, esta ONG de derechos humanos documentó 127 casos de ejecuciones, 19 condenas y 12 confirmaciones de condenas, entre ellos personas que participaron en las protestas de enero contra el gobierno, que han sido acusados de crímenes de guerra y asesinato.

Además, el informe mensual recoge también la “represión generalizada” de la libertad de expresión y habla de un total de 809 detenciones “arbitrarias” y también de 766 latigazos contra 80 ciudadanos, casi 5.000 meses de prisión impuestos y casi 700 confiscaciones de viviendas y bienes.

Y también un “alarmante” aumento de la violencia contra las mujeres, con 12 feminicidios este mes, además de 2 asesinatos de menores de edad.

Por ello la ONG pide “acción internacional y nacional urgente y eficaz para abordar estas violaciones y proteger a las víctimas” y para “mejorar la situación de los derechos humanos en Irán”.

En medio de todo esto, el estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.

Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que “la situación no será la misma que antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”.

“Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro”, recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.

Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- “qué disposiciones se necesitan para el estrecho”.

Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.

Por otra parte, el embajador desmintió en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país.

“No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini dijo que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar, y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

Precisó que serán 12.000 millones de dólares descongelados en dos tramos de 6.000 millones de dólares, el primero de los cuales “o ya está hecho o está en proceso de completarse”.

El diplomático señaló también que su país negocia con EE.UU. “con mucha prudencia porque no hay razón para confiar” y que si se ha sentado en la mesa de negociaciones ha sido en respuesta al pedido de países que considera “amigos” y porque no quería seguir perjudicando la economía mundial.

Sobre la continuación de las negociaciones, indicó que todavía queda formar dos grupos de trabajo que se dedicarán en paralelo a la cuestión de la anulación de las sanciones y a las actividades nucleares de Irán.

(Con información de EFE)

La OTAN aceleró en Letonia sus preparativos para un posible conflicto en el mar Báltico, donde unidades de la Armada de Estados Unidos construyeron rampas de desembarco y refugios temporales durante el ejercicio Baltops con la mira puesta en una eventual agresión de Rusia, informó The Telegraph.

La importancia militar de ese espacio aumentó desde que Finlandia y Suecia ingresaron en la alianza en 2023 y 2024, una ampliación que, según el teniente comandante Cody Robertson citado por el diario, volvió aún más urgente la defensa colectiva y el conocimiento operativo del terreno. El Báltico quedó rodeado por ocho países de la OTAN y Rusia, y pasó a concentrar una parte central de la defensa del flanco oriental.

Para la alianza, la velocidad para mover refuerzos, munición y equipos hacia el este puede definir la fase inicial de una guerra. Ese cálculo explica por qué los Seabees de la marina estadounidense levantaron infraestructura para desembarcar tropas, embarcaciones y vehículos militares en la costa letona.

El Báltico concentró la defensa del flanco oriental

El mar Báltico alberga 200 puertos y transporta 15% del tráfico mundial de carga. En sus aguas navegan hasta 2.000 buques al mismo tiempo, un dato que explica por qué la región es vista como la ruta logística clave para sostener a la OTAN y también para Rusia.

Moscú depende de ese corredor para acceder al Atlántico con su flota en la sombra de petroleros y para conectar con Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania. Ese territorio alberga la Flota del Báltico y hasta 100 ojivas nucleares tácticas, según el texto.

Suecia advirtió que Rusia elaboró planes para ocupar la isla de Gotland y poner a prueba la respuesta de la OTAN. Expertos citados en la publicación también señalaron que la isla danesa de Bornholm podría convertirse en objetivo de ataques híbridos destinados a interrumpir las líneas de suministro.

Letonia elevó su gasto militar a 4,9%

La respuesta militar en Letonia se apoyó en una percepción de amenaza que se agravó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El gobierno llevó el gasto en defensa al 4,9% del PBI anual por temor a que el país quedara entre los siguientes blancos de Moscú.

Robertson dijo al diario que las fuerzas estadounidenses se entrenaron para llegar a un entorno de combate, establecer un campamento y usarlo como base para proyectar poder militar. Añadió que los Seabees podían sostener una operación “de principio a fin”, desde alojamiento y almacenamiento hasta puestos de mando.

A unos 64 kilómetros al este, una unidad de demolición de marines estadounidenses abrió rutas con explosivos C4 para destruir obstáculos, una capacidad pensada para una defensa en la región báltica. La demostración se produjo mientras Moscú seguía con atención el ejercicio, en medio de sus expectativas de una menor implicación de Washington en Europa oriental por las críticas constantes de Donald Trump a la OTAN.

La señal política que buscó transmitir el operativo fue directa: Estados Unidos mantuvo sobre el terreno una preparación militar visible en el Báltico y Letonia la leyó como una garantía de respaldo inmediato ante Rusia. Baiba Braže, la ministra de Exteriores letona, dijo a The Telegraph que Washington “ha sido y sigue siendo un aliado indispensable para Letonia y para la seguridad europea”.

Braže sostuvo además que la magnitud de Baltops 26 mostró que la cooperación transatlántica siguió siendo la base de la defensa colectiva de la alianza. Trump, según el texto, también anunció el traslado de 5.000 soldados adicionales de Estados Unidos a Polonia pocos días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth cancelara el despliegue de 4.000 efectivos al país.

La inquietud en el Báltico no se limitó a una invasión convencional. En los últimos años, el mar se convirtió en un foco de presuntos sabotajes rusos contra cables submarinos y otras infraestructuras críticas que sostienen internet y servicios esenciales de los miembros de la OTAN.

Jānis Kažociņš, ex director del servicio de inteligencia SAB de Letonia, advirtió en una entrevista con la publicación que los países bálticos son “mucho más vulnerables que Ucrania” a ese tipo de ataques. Dijo que el riesgo mayor para Letonia era un sabotaje grave contra la infraestructura energética que quedara justo por debajo del umbral necesario para activar el artículo 5 de la OTAN.

Kažociņš también se mostró escéptico ante la idea de que Rusia pueda lanzar ahora una ofensiva militar a gran escala en el Báltico mientras sus fuerzas siguen atadas a la guerra en Ucrania. Su planteo fue otro: reforzar la disuasión para impedir que Moscú vea a la región como un objetivo viable.

El trasfondo político y social de esa cautela en Letonia es profundo. El país obtuvo su independencia de la Rusia soviética en la década de 1920, volvió a ser ocupado por el Ejército Rojo en 1940 y recién tras su ingreso en la Unión Europea en 2004 vio triplicarse con creces su PBI anual, desde USD 11.000 millones hasta USD 53.000 millones, en una población de apenas 1,8 millones de personas.

Esa memoria convive con miradas opuestas dentro del país. Daiga Klavina, trabajadora administrativa del Parlamento, celebró los ejercicios de la OTAN en Liepāja y dijo que cuanto más sepan los letones, mejor preparados estarán.

Renars, empleado gastronómico de 39 años y parte de los 600.000 rusoparlantes del país, afirmó en cambio que Rusia es demonizada de manera injusta en Letonia. Al cierre de Baltops, los Seabees remataron la jornada con la voladura de una barricada vial simulada mediante 1 libra y 4 onzas de explosivo plástico C4.

Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.

La Argentina aparece entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, según un ranking regional. En un escenario donde las diferencias en bienestar, seguridad y acceso a servicios esenciales definen la experiencia de millones de personas, el país ocupa el tercer puesto, detrás de Uruguay y Ecuador.

El informe fue elaborado por la plataforma Numbeo, que recopila datos económicos y sociales. Permite comparar los principales indicadores de calidad de vida y ubica a la Argentina como uno de los protagonistas en la región.

En tal sentido, Uruguay encabeza el ranking con un Índice de Calidad de Vida de 139,08, cifra que lo posiciona a considerable distancia del resto. En materia de poder adquisitivo, obtiene el valor más alto de la región. En sanidad, también se destaca por encima de sus vecinos.

En términos de seguridad, el país presenta uno de los niveles más elevados, mientras que el costo de vida se sitúa entre los más altos. Respecto al acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es más favorable que en otras naciones de América del Sur. El tiempo promedio destinado a los desplazamientos diarios es moderado, la contaminación se mantiene baja y el clima figura entre los mejores de Sudamérica.

Por su parte, la Argentina se ubica en la tercera posición, con un Índice de Calidad de Vida de 123,41. En materia de poder adquisitivo, el país es superado por Uruguay, Chile y Brasil, pero se mantiene por delante de Colombia, Perú y Venezuela. En seguridad, se posiciona en la parte intermedia del ranking sudamericano. El acceso y la calidad de los servicios de salud ubican al país por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile, aunque por encima de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En cuanto al costo de vida, la Argentina registra uno de los valores más bajos entre los países mejor posicionados, lo que sugiere un menor costo relativo para los residentes. En acceso a la vivienda, la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos es la segunda más desfavorable de la región, detrás de Brasil, lo que indica mayores dificultades para adquirir una vivienda propia.

El tiempo dedicado a los desplazamientos diarios es de los más altos de Sudamérica, solo superado por Brasil. En materia ambiental, se sitúa en un nivel intermedio de contaminación. El clima representa uno de los puntos fuertes del país, con un índice elevado aunque levemente inferior al de Uruguay.

Al comparar con el resto de la región, Ecuador se localiza en el segundo lugar con un Índice de Calidad de Vida de 128,71. En poder adquisitivo, supera a la Argentina y se destaca con el mejor puntaje en sanidad. En seguridad, también obtiene mejores resultados que Argentina, mientras que el costo de vida es menor, lo que facilita el acceso a bienes y servicios.

Brasil ocupa el cuarto lugar con un Índice de 117,42. Presenta un nivel de poder adquisitivo superior al argentino, aunque con una sanidad claramente más baja. En seguridad, Brasil tiene un valor intermedio, mientras que el costo de vida resulta más elevado que en Argentina. El acceso a la vivienda se ve dificultado por la mayor relación precio-ingresos de la región, constituyendo una barrera para la compra de propiedades.

Chile, en la quinta posición, muestra un poder adquisitivo y un acceso a la salud por encima de los valores argentinos. Sin embargo, el costo de vida y los niveles de contaminación también son mayores. El acceso a la vivienda y el tiempo de desplazamiento diario se sitúan en valores moderados dentro del contexto sudamericano, mientras que el clima se mantiene como uno de los puntos destacados.

Colombia, Perú y Venezuela cierran la tabla. Colombia presenta el segundo menor poder adquisitivo de la región, solo por delante de Venezuela. En seguridad y sanidad, sus valores se encuentran en la franja baja. Perú registra un poder adquisitivo mayor al argentino, pero un acceso a la salud muy limitado. Venezuela queda última en el ranking, con los peores valores en poder adquisitivo y seguridad, y una sanidad que también se ubica en los niveles más bajos de Sudamérica.

Cabe destacar que el ranking elaborado por Numbeo no incluye a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa y Guayana.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha aceptado “inspecciones nucleares al más alto nivel” y anunció el desbloqueo parcial de fondos iraníes, en respuesta a informaciones sobre la negativa de Teherán a permitir el acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a instalaciones nucleares dañadas durante la guerra de 2025. Trump detalló que la medida permitirá mantener abierto el estrecho de Ormuz y que los recursos liberados solo podrán emplearse para la compra de alimentos y medicinas estadounidenses, ante lo que calificó como una crisis humanitaria urgente.

Trump declaró que “Irán ha aceptado plenamente inspecciones nucleares al más alto nivel, por tiempo indefinido”, y que, de no haber existido este acuerdo, “no habría más negociaciones”. El mandatario añadió que el paso estratégico del estrecho de Ormuz permanecerá abierto, aunque las fuerzas navales estadounidenses seguirán desplegadas en la zona y podrían reinstaurar el bloqueo si la situación lo requiere. El dinero liberado, unos 12 mil millones de dólares, será gestionado por Estados Unidos y destinado exclusivamente a productos agrícolas y sanitarios.

Horas antes de la declaración de Trump, autoridades iraníes negaron haber autorizado la entrada de inspectores del OIEA a complejos nucleares dañados por bombardeos estadounidenses e israelíes en 2025. El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, afirmó que “no existe ningún protocolo” para inspecciones extraordinarias y que Irán solo seguirá los procedimientos habituales del Tratado de No Proliferación Nuclear. El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, también desmintió la existencia de un acuerdo para el acceso inmediato de verificadores internacionales.

La postura de Teherán se produjo tras la primera ronda de negociaciones técnicas en Suiza, donde se firmó un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto y se estableció un plazo de 60 días para tratar sanciones, reservas atómicas y seguridad regional. Según medios estatales iraníes, durante ese periodo no habrá cambios en el programa nuclear ni en el despliegue militar estadounidense.

Reacciones y medidas sobre el estrecho de Ormuz

Trump vinculó el desbloqueo de fondos y la apertura del estrecho de Ormuz a los compromisos asumidos por Irán en materia nuclear. Aseguró que los barcos estadounidenses se mantendrán listos para una eventual reinstauración del bloqueo, aunque consideró que “parece, en este momento, poco probable”.

Por su parte, el jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el estrecho de Ormuz será administrado por Irán conforme al derecho internacional y que “nunca volverá a sus condiciones previas a la guerra”. El lunes se registró un récord de 35 buques de mercancías cruzando el paso, según la consultora Kpler.