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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los precios de la energía podrían mantenerse elevados hasta 2027, aun si el conflicto en el Golfo termina en el corto plazo. Para la Argentina, un escenario de crudo caro prolongaría la presión sobre los valores de los combustibles en los surtidores, los costos logísticos y la inflación.

En un discurso previo a las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial, que se celebrarán del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Georgieva señaló que los contratos a futuro del Brent ya reflejan cotizaciones altas para los próximos años. El petróleo se mantenía cerca de USD 100 por barril, pese a una recuperación todavía frágil de los flujos desde el Golfo.

El Brent alto se combina con mayores costos de refinación

La titular del organismo sostuvo que el alza de la energía tuvo hasta ahora un impacto considerable, aunque contenido por una mayor eficiencia energética, la diversificación de fuentes de abastecimiento, la liberación de reservas y la capacidad de reacción de las cadenas de suministro.

Sin embargo, esos factores no alcanzaron para normalizar el mercado. Georgieva vinculó las cotizaciones actuales con los riesgos asociados al conflicto, el encarecimiento del transporte y otras restricciones sobre la oferta. A ese cuadro sumó un déficit mundial de capacidad de refinación, que elevó el margen de craqueo —la diferencia entre el valor del crudo y los productos obtenidos tras procesarlo— en alrededor de USD 100 por barril.

“Los futuros del Brent, por ejemplo, prevén ahora precios elevados del petróleo hasta 2027”, afirmó la directora gerente del FMI. La combinación de un crudo más costoso y márgenes de refinación altos llevó los precios minoristas del diésel y otros derivados a máximos históricos, según expuso.

El suministro de gas también enfrenta restricciones en el Golfo

El diagnóstico incluyó al gas natural licuado. La navegación amenazada en el estrecho de Ormuz limitó las alternativas de transporte de GNL procedente del Golfo y mantuvo afectados los suministros, con consecuencias más marcadas para Asia y Europa.

Georgieva indicó que la presión podría intensificarse cuando los países busquen recomponer reservas y aumente el consumo por la llegada de la temporada fría al hemisferio norte. El encarecimiento energético, de ese modo, no queda limitado al petróleo: alcanza al gas y a los combustibles refinados que inciden sobre el transporte y la actividad industrial.

Los combustibles locales afrontan una presión que no se traslada de inmediato

En la Argentina, la cotización internacional del petróleo es una de las variables que incide sobre el precio de las naftas y el gasoil. Durante las últimas semanas, Shell, Axion y Puma aplicaron ajustes de entre 2% y 5%, mientras que YPF informó una suba promedio de 1% en todo el país.

Las compañías aplican un mecanismo de amortiguación para evitar que cada variación del barril se traslade de forma inmediata a los surtidores. Ese esquema permite distribuir en el tiempo el impacto de la volatilidad internacional, pero enfrenta límites si el Brent permanece cerca de USD 100 durante un período prolongado.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había advertido que, si ese valor se sostiene, el mercado local deberá reflejarlo. La empresa de mayoría estatal concentra cerca del 55 % de las ventas minoristas de combustibles, por lo que sus decisiones también condicionan la dinámica de precios de sus competidores.

La caída de las ventas limita el margen para nuevas subas

La suba de costos externos coincide con una demanda interna más débil. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 6.477,5 millones de litros de combustibles, un 5,36 % menos que en el mismo período de 2023. En agosto, las ventas totalizaron 1.389.254 metros cúbicos, con una baja interanual de 2,19%.

La caída acumuló siete meses consecutivos y redujo el margen para que las petroleras trasladen con rapidez la totalidad de la suba internacional. En septiembre, el litro de nafta súper llegó a USD 1,35 en el mercado argentino, por encima del promedio de Estados Unidos y Brasil.

En ese contexto, un período extenso de petróleo caro puede impactar sobre el precio final de los combustibles, aun cuando las empresas moderen el ritmo de sus actualizaciones. El efecto también dependerá de la evolución de los impuestos internos, que el Gobierno volvió a diferir hasta el 1 de noviembre para naftas y gasoil.

El transporte y la inflación quedan expuestos a un costo energético persistente

Los combustibles repercuten sobre la distribución de bienes, el transporte de pasajeros y las estructuras de costos de sectores productivos. Por eso, un aumento sostenido del petróleo puede sumar presión a la inflación, aunque su magnitud estará determinada por la duración del conflicto, la evolución de la oferta global y las decisiones locales sobre precios e impuestos.

Las próximas señales del mercado se concentrarán en la evolución de los flujos energéticos desde el Golfo, la seguridad de la navegación por Ormuz y la curva de futuros del Brent. Para la Argentina, esas variables definirán cuánto tiempo puede sostenerse la amortiguación de precios antes de que el costo internacional se refleje con mayor fuerza en los surtidores.

La presión sobre los ingresos de los hogares se refleja en la capacidad de las familias para afrontar sus obligaciones. En este sentido, el 54% de los argentinos asegura haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses.

Así surge de un informe de la Fundación Pensar junto con la consultora Casa Tres dado a conocer este martes. Dicho atraso se da en un contexto en el que casi seis de cada diez argentinos tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente, una proporción que aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos.

Pero el financiamiento no está siendo utilizado solamente para compras de bienes durables o consumos que pueden postergarse. Entre quienes recurrieron al crédito, el 26% lo destinó principalmente a comprar alimentos, el 21% a cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% a pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y el 14% a cancelar deudas anteriores.

El informe resume el fenómeno como una transformación en el uso del financiamiento: el crédito deja de ser únicamente una herramienta para comprar en cuotas y, para una parte de los hogares, se convierte en un mecanismo para llegar a fin de mes.

Servicios, tarjetas y deudas, entre los principales atrasos

La contracara de ese mayor recurso al financiamiento aparece en la mora. Entre las personas que declararon haberse atrasado o dejado de pagar algo, los servicios son la obligación que aparece con mayor frecuencia (46%), seguidos por las tarjetas de crédito (36%) y los préstamos u otras deudas (33%).

La situación presenta, además, una marcada diferencia según el nivel socioeconómico. El atraso declarado alcanza al 72% entre los sectores de menores ingresos, baja al 43% en el nivel medio y llega al 30% entre los sectores de mayores ingresos.

El panorama hacia adelante tampoco resulta sencillo para quienes ya tienen deudas. Sólo el 36% de los endeudados considera que podrá saldarlas, mientras que un 37% cree que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe si estará en condiciones de cumplir con sus obligaciones.

Cabe mencionar que en julio la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 12,9%. La dificultad se concentra especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

La encuesta de Casa Tres mide otra dimensión: no analiza únicamente los saldos de préstamos bancarios, sino que pregunta a las personas por atrasos o incumplimientos económicos en un conjunto más amplio de obligaciones.

Por eso, el 54% no significa que la mitad de los argentinos esté en mora bancaria. El dato señala, en cambio, que las dificultades para cumplir con pagos atraviesan la vida cotidiana de una parte importante de los hogares relevados.

Más crédito, pero también mayor presión sobre los ingresos

El informe plantea así una de las tensiones de la actual transición económica. La reducción de la inflación puede favorecer una mayor previsibilidad y crear condiciones para recuperar el ahorro y el crédito. Al mismo tiempo, muchas familias enfrentan ingresos ajustados, gastos esenciales elevados y cuotas que pesan cada vez más sobre sus presupuestos.

En ese contexto, el acceso al crédito y la capacidad de pagarlo aparecen como dos cuestiones diferentes. Una mayor cantidad de usuarios y operaciones puede ampliar las posibilidades de financiamiento, pero también puede incorporar a personas con ingresos más inestables.

La edad también muestra diferencias. Mientras los datos bancarios ubican una mayor incidencia de deudores morosos entre los grupos jóvenes, la encuesta registra más atrasos generales entre las personas de 45 a 60 años y un mayor pesimismo respecto de la posibilidad de cancelar las deudas entre los mayores de 60.

Los créditos hipotecarios, por su parte, presentan una irregularidad menor que otros tipos de financiamiento. El informe advierte que esto es compatible con las mayores garantías, exigencias de ingresos y criterios de selección asociados a ese tipo de préstamo, pero no permite extrapolar esa situación al conjunto del endeudamiento de los hogares.

En paralelo, la Fundación Pensar destacó que el Congreso analiza distintas alternativas para abordar el problema del endeudamiento. Los tres dictámenes que avanzaron plantean respuestas diferentes: mientras el de mayoría pone el foco en la transparencia y la prevención del sobreendeudamiento, una de las propuestas de minoría plantea mecanismos de regularización obligatoria y límites, y otra incorpora herramientas de refinanciación con apoyo estatal e insolvencia personal.

El informe considera que cualquier respuesta al problema del endeudamiento difícilmente pueda limitarse al sistema financiero. Aliviar una cuota puede ayudar a un hogar que atraviesa un descalce transitorio entre sus ingresos y sus obligaciones, pero “no resuelve por sí sola un déficit persistente del presupuesto familiar. La agenda financiera necesita una economía que genere empleo e ingresos sostenibles”.

Cuánto deben los deudores

La cantidad de personas afectadas y el dinero irregular se distribuyen de manera diferente. Según cálculos de EcoGo, la mitad de los morosos debe menos de $1,1 millón, pero representa sólo el 5% del monto en mora.

En el otro extremo, el 9,5% de los morosos, con deudas superiores a cinco salarios según la referencia del estudio, concentra el 58% del monto irregular. El promedio de deuda de este último grupo es de aproximadamente $18 millones.

“La diferencia tiene consecuencias para el diseño de una respuesta. Un programa puede alcanzar a muchas personas y abarcar una fracción pequeña del saldo deteriorado. Otro puede recuperar mucho dinero atendiendo pocos casos. Por eso, el éxito social y el recupero financiero deben medirse por separado. Una deuda pequeña puede ser difícil de pagar para un hogar de bajos ingresos, aunque represente poco en el balance de un acreedor”, remarcó la Fundación Pensar.

Y señaló que los saldos menores pueden resolverse mediante acuerdos simples y de bajo costo administrativo, mientras que las deudas de mayor monto requieren una evaluación individual más detallada. El monto de la deuda, por sí solo, no determina la capacidad de pago: también deben considerarse los ingresos, el patrimonio, las obligaciones simultáneas y las necesidades de cada hogar.