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  • Premio Fortuna Integración Social: McDonald’s

    Premio Fortuna Integración Social: McDonald’s

    En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa McDonald´s obtuvo el máximo galardón como Premio a la Integración Social. Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue el encargado de entregar el reconocimiento a Diego Paniagua, Director General de dicha firma.

    “Para nosotros es verdaderamente un honor recibir este premio que conecta muchísimo con el ADN de Arcos Dorados, con la inclusión, con la cercanía y con devolverle a la sociedad en donde operamos algo de lo que tanto nos dan”, destacó Paniagua al momento de agradecer la estatuilla.

    En esa línea, el director general de la compañía recalcó la importancia de la marca en el país y señaló que espera que la empresa pueda seguir creciendo no solo este año, sino los años siguientes. Un aspecto importante del discurso fue la ratificación de inversiones futuras en el país.

    “Agradezco muchísimo a los 16.500 empleados que forman parte de Arcos Dorados”, concluyó Paniagua.

    McDonald´s Arcos Dorados, recibe esta distinción por favorecer la integración en las ciudades donde está presente, con su comunidad. Como es el caso más emblemático de su local en el Barrio 31. Pero también en sus últimas aperturas en Mar del Plata o en Paraná, Entre Ríos, siendo así la marca con más sucursales en el país con un total de 236 locales.

    Premios Fortuna 2026

    Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

    En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

    Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.

  • Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

    Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

    Un hombre con camisa y chaleco sentado en una silla de cuero negro junto a un escritorio con monitor e impresora
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    La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.

    El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.

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    La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.

    El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.

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    También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.

    La acusación incluyó entre los bienes investigados la compra de una moto Harley Davidson en 2010, además de vehículos, inmuebles y otras inversiones que la PIA atribuyó al crecimiento patrimonial de Ricardo Garione (Foto ilustrativa: REUTERS/Andrew Kelly)

    El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.

    La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.

    Los supuestos testaferros

    De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.

    Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.

    Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.

    En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.

    El requerimiento de elevación a juicio contra Ricardo Oreste Garione y otros cinco imputados fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello (Adrián Escandar)

    Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.

    Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.

    Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.

    Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.

  • Productores entrerrianos denunciaron la desaparición de más de 170 vacunos

    Productores entrerrianos denunciaron la desaparición de más de 170 vacunos

    Dos productores ganaderos oriundos de Chajarí denunciaron la desaparición de más de 170 animales de un establecimiento rural ubicado en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. Las presentaciones fueron realizadas ante las autoridades y se aguardaban avances en la investigación para determinar qué ocurrió con la hacienda.

     

    La situación fue advertida inicialmente por el productor Gabriel Guiano, quien durante junio detectó que faltaban 34 vacas, muchas de ellas preñadas, de su rodeo, informó Corrientes Hoy.



    Ante el importante número de animales desaparecidos, Guiano alertó a otro productor de Chajarí que también tenía hacienda en el mismo establecimiento. Este último realizó los correspondientes controles y constató una situación aún mayor.



     

    Detectaron que faltaban otros 140 animales

     

    Luego de efectuar los rodeos y verificar la cantidad de cabezas existentes, el segundo productor confirmó la faltante de aproximadamente 140 vacunos.



    De esta manera, entre ambos propietarios se contabilizaron más de 170 animales cuyo paradero se desconocía, lo que representó un importante perjuicio económico para las explotaciones ganaderas involucradas.



    Los productores realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades de Corrientes con el objetivo de establecer cómo desapareció semejante cantidad de hacienda y determinar eventuales responsabilidades.

     

    Esperan avances en la investigación

     

    Hasta el momento, según señalaron los damnificados, no se habían registrado novedades concretas que permitieran esclarecer el destino de los animales.

  • Entre Ríos: comenzaron las capacitaciones ante la implementación del sistema Procesal Penal Acusatorio Federal

    Entre Ríos: comenzaron las capacitaciones ante la implementación del sistema Procesal Penal Acusatorio Federal

    La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA) llevó a cabo la semana pasada reuniones de trabajo con integrantes del Ministerio Público Fiscal de las fiscalías federales de las ciudades de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que integran el distrito Paraná; y una capacitación a 600 miembros de las fuerzas de seguridad locales, en el marco del proceso de implementación del sistema acusatorio, que regirá allí de manera plena a partir del 30 de noviembre próximo, publicó el portal Fiscales.

    Los encuentros con miembros del MPF se desarrollaron el miércoles por la tarde en cada una de las sedes y estuvieron centrados en el abordaje de cuestiones prácticas sobre el modelo de gestión, aspectos operativos de la consulta inicial y la utilización de formularios y actas, además de la gestión de casos en el sistema acusatorio mediante el legajo digital a través del sistema Coirón.

     

    Encuentro trabajo
    Encuentro de trabajo en la sede de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

     

    La reunión de trabajo de la ciudad de Concepción del Uruguay de realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sito en Eva Perón 24 de esa ciudad, y estuvo encabezada por los funcionarios de la UNISA Gustavo Plat y Ángeles Martínez Borque. Por su parte, la actividad con los integrantes de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, se realizó en la sede de esa dependencia y estuvo a cargo de los funcionarios de esa unidad Manuel Rogiano y Delfina Echaire.

    Esta propuesta se enmarca en los objetivos generales de la UNISA —Resolución PGN Nº16/18— y en el programa de capacitación para la implementación del sistema acusatorio federal aprobado por la Resolución PGN Nº14/24.

    Capacitación a fuerzas de seguridad

    Los funcionarios de la UNISA —Plat, Rogiano, Martínez Borque y Echaire— desarrollaron, el jueves por la mañana, la capacitación a casi de 600 miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en relación al rol que deberán cumplir en el proceso acusatorio y las nuevas formas de comunicación e interacción con el MPF, las instrucciones de la Procuración General de la Nación y el uso de formularios y actas, según la Resolución PGN N°40/2019.

    El encuentro fue organizado con la colaboración de los Ministerios de Seguridad Nacional y de la provincia de Entre Ríos.

     

    Capacitación
    Capacitación a fuerzas de seguridad en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, de la ciudad de Concepción del Uruguay.

     

    La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi, ubicado en la calle 8 de Junio 773, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Asistieron 360 participantes de manera presencial y 230 vía remota, pertenecientes a la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de la provincia de Entre Ríos, destacó el portal Fiscales.

    Durante la capacitación estuvieron presentes los fiscales federales Josefina Minatta, Francisco Bernhardt y Pedro Rebollo, además de auxiliares fiscales y funcionarios del MPF. También asistieron el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto y el jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González.

  • Se destrabó un negocio clave con Europa y las exportaciones ya son más de cuatro veces las del primer semestre

    Se destrabó un negocio clave con Europa y las exportaciones ya son más de cuatro veces las del primer semestre

    Luego de que el Parlamento Europeo rechazara una medida que amenazaba con restringir el ingreso del biodiésel de soja argentino a la Unión Europea, las exportaciones se reactivaron y el volumen vendido en lo que va del año ya es más de cuatro veces el que se había alcanzado durante todo el primer semestre. Hasta fines de junio se habían exportado unas 50.000 toneladas, mientras que ahora los envíos ya suman alrededor de 220.000 toneladas. En menos de tres meses se incorporaron unas 170.000 toneladas, luego de varios meses en los que la incertidumbre sobre qué iba a pasar con la normativa europea había frenado las operaciones.

    “Desde las negociaciones que se mantuvieron junto con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, especialmente la última reunión de julio, se reactivó el mercado de importación de biodiésel de soja desde Argentina”, explicó a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

    El problema había comenzado en enero pasado, cuando la Comisión Europea propuso modificar el Reglamento Delegado 2019/807 y clasificar a la soja como una materia prima de “alto riesgo ILUC”, una categoría vinculada con el cambio indirecto en el uso del suelo. Para la Argentina, la modificación representaba una amenaza concreta porque podía limitar progresivamente la posibilidad de que el biodiésel elaborado a partir de soja fuera tenido en cuenta por los países europeos para cumplir sus objetivos de utilización de energías renovables.

    Habla Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, durante la reunión bilateral en la que la Argentina defendió ante altas autoridades europeas la forma de producción del biodiésel
    Habla Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, durante la reunión bilateral en la que la Argentina defendió ante altas autoridades europeas la forma de producción del biodiésel

    La preocupación era porque la Unión Europea es el principal mercado para el biodiésel argentino. En 2025 se exportaron unas 280.000 toneladas por alrededor de US$350 millones y la totalidad de los envíos tuvo como destino ese bloque, aunque ese volumen ya estaba muy por debajo de los registros de otros años, cuando las ventas externas llegaron a superar el millón de toneladas.

    La incertidumbre generada por la propuesta de la Comisión Europea comenzó a tener consecuencias incluso antes de que hubiera una definición sobre la normativa, ya que muchos compradores frenaron operaciones ante la posibilidad de que el producto argentino dejara de cumplir con las condiciones necesarias para ingresar al mercado. Durante todo el primer semestre apenas se exportaron unas 50.000 toneladas, según precisó Idígoras.

    La situación empezó a destrabarse el 8 de julio, cuando el Parlamento Europeo rechazó la modificación que había impulsado la Comisión Europea, por lo que la propuesta no pudo entrar en vigencia tal como había sido presentada. La Comisión deberá ahora volver a trabajar sobre el reglamento, un proceso que llevará tiempo y que abrió un período durante el cual el biodiésel argentino puede continuar comercializándose bajo las condiciones actuales.

    Pocos días después de esa decisión, el 16 de julio, autoridades argentinas y representantes de la industria mantuvieron una reunión en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea, en la que se buscó despejar las dudas que todavía existían entre los compradores y explicar cuál era la situación luego de la votación del Parlamento. Idígoras destacó el trabajo realizado por la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, durante las negociaciones y señaló que el proceso fue liderado por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, el embajador Fernando Brun, mientras que la industria acompañó las gestiones.

    Según Idígoras, a partir de esas definiciones los importadores europeos entendieron que podían volver a comprar biodiésel argentino sin el riesgo inmediato de que entrara en vigencia la modificación que había generado la incertidumbre durante la primera mitad del año. “Los importadores se dieron cuenta de que no corrían riesgo de importar biodiésel de soja, dado que el Parlamento había bloqueado la propuesta de la Comisión Europea”, señaló.

    Ese cambio comenzó a reflejarse en las operaciones durante los meses siguientes. “De las 50.000 toneladas que se habían hecho únicamente en todo el primer semestre, ya llevamos aproximadamente 220.000 toneladas”, precisó el presidente de Ciara-CEC. De esta manera, desde fines de junio se sumaron alrededor de 170.000 toneladas y el volumen exportado en lo que va de 2026 ya supera en más de cuatro veces lo que se había alcanzado durante toda la primera mitad del año.

    La Unión Europea es el principal destino del biodiésel de soja argentino y en 2025 concentró la totalidad de los envíos
    La Unión Europea es el principal destino del biodiésel de soja argentino y en 2025 concentró la totalidad de los envíosMarcelo Manera – LA NACION

    A la situación regulatoria se agregó además un cambio en el mercado internacional de los combustibles que mejoró la competitividad del biodiésel argentino en Europa. Según explicó Idígoras, la suba del precio del gasoil hizo que el producto argentino resultara más conveniente para los compradores europeos. “Dada la suba del precio del gasoil por los problemas en el Mar Negro, el biodiésel de soja argentino se ha tornado competitivo para el mercado europeo”, afirmó.

    Pese a la recuperación de las exportaciones, la discusión regulatoria todavía no está terminada, porque la Comisión Europea deberá volver a redactar la modificación del Reglamento 2019/807. El objetivo de la Argentina y de la industria es que la nueva normativa permita que el biodiésel elaborado con soja argentina pueda seguir comercializándose en Europa, sin las restricciones que contemplaba la propuesta rechazada en julio.

    “Seguimos trabajando con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura para que el año que viene, cuando Europa tenga que reescribir ese reglamento, lo haga de una forma en la cual permita que el biodiésel de soja argentino siga comercializándose”, indicó Idígoras.

  • El Gobierno anunció la firma de concesiones para más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales

    El Gobierno anunció la firma de concesiones para más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales

    6 de octubre 2026 – 18:21

    Los ocho corredores abarcan 11 provincias y quedarán bajo gestión privada. Caputo aseguró que desde este miércoles habrá obras en los más de 9.000 kilómetros comprendidos por el programa.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la firma de las concesiones para la toma de posesión de los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales. Según afirmó, desde este miércoles habrá obras en los más de 9.000 kilómetros comprendidos por el programa de gestión privada.

    “Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina”, expresó el funcionario en una publicación en X. Allí destacó que el esquema se basa en inversión, eficiencia y administración privada de los corredores.

    Los tramos incluidos en esta etapa atraviesan 11 provincias y conectan ciudades, puertos y pasos fronterizos relevantes para la producción y la logística. La firma anunciada por Caputo sucede a la adjudicación formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 24 de agosto en el Boletín Oficial, que estableció concesiones por 20 años.

    Los contratos comprenden la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

    Cuáles son las rutas incluidas en la tercera etapa

    Según el detalle difundido por Caputo, los ocho corredores concesionados se distribuyen de la siguiente manera:

    • Centro comprende las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba, con unos 682 kilómetros.
    • Centro Norte abarca unos 536 kilómetros de la ruta nacional 34, en Santa Fe y Santiago del Estero.
    • Noroeste incluye las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, con unos 597 kilómetros.
    • Litoral reúne unos 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco.
    • Noreste comprende unos 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, en Corrientes y Misiones.
    • Chaco–Santa Fe abarca unos 497 kilómetros de la ruta nacional 11, en ambas provincias.
    • Mesopotámico incluye unos 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.
    • Cuyo corresponde a un corredor de la ruta nacional 7, en Mendoza.

    “Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece”, sostuvo el ministro.

    Qué empresas fueron adjudicatarias de los corredores

    La resolución del Ministerio de Economía asignó el tramo Centro al consorcio integrado por AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta. José Cartellone Construcciones Civiles obtuvo Centro Norte, mientras que IEB Construcciones y Trading MRG fueron seleccionadas para el Mesopotámico.

    El corredor Noroeste fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios, VAPEU y Guigivan; el Litoral, a JCR y Néstor Julio Guerechet; y el Noreste, a Carlos E. Enríquez y Hormi. En tanto, José Eleuterio Pitón, Rovial y Obring quedaron a cargo de Chaco–Santa Fe, y Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur obtuvieron el tramo Cuyo.

    Cómo funcionarán las obras y el cobro de peajes

    De acuerdo con los lineamientos publicados por Vialidad Nacional, la Red Federal de Concesiones contempla inversión 100% privada para rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y reducir los costos logísticos. El organismo supervisará el cumplimiento de los contratos mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio.

    El esquema establece que las concesionarias deberán alcanzar condiciones de transitabilidad óptima antes de aplicar la tarifa de peaje ofertada. También prevé mecanismos de actualización tarifaria basados en índices oficiales.

    Además, se incorporarán progresivamente TelePASE y sistemas de cobro electrónico sin barreras, conocidos como free flow, con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje.

  • Las consultoras que releva el BCRA volvieron a recortar el crecimiento del PBI y estimaron una inflación de 1,9% para septiembre

    Las consultoras que releva el BCRA volvieron a recortar el crecimiento del PBI y estimaron una inflación de 1,9% para septiembre

    Foto de archivo - Un consumidor a punto de abonar en efectivo su compra en un mercado de carnes en Buenos Aires, Argentina. Ene 23, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
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    Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortaron las proyecciones de crecimiento económico para 2026. A la vez, pronosticaron una inflación de 1,9% para septiembre y anticiparon que cerrará en 30% en el año.

    Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las perspectivas para la actividad económica mostraron un deterioro para el tercer trimestre y lo que resta del año. El conjunto de analistas estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído 1% en el tercer trimestre de 2026, una corrección de 2,1 puntos porcentuales frente a la proyección del relevamiento previo.

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    En caso de cumplirse este pronóstico, la economía ingresaría en una “recesión técnica”, que incluye dos trimestres consecutivos con caídas desestacionalizadas. Cabe destacar que el segundo trimestre del año experimentó una contracción de 0,6 por ciento.

    Sin embargo, para el cuarto trimestre, las consultoras esperaron una recuperación de 1,8%, lo que implicó una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Para el primer trimestre de 2027, la estimación de crecimiento ajustado por estacionalidad fue de 0,7 por ciento. De ser así, se revertiría el eventual cuadro recesivo de la mitad de 2026.

    En la comparación anual, los participantes del REM previeron que el PIB real de 2026 se ubique 1,5% por encima del promedio de 2025. Esto se tradujo en un fuerte recorte de 0,6 puntos porcentuales frente a la encuesta previa. El Top 10 proyectó una expansión de 1,2% para 2026, con un recorte de un punto porcentual en relación con el relevamiento anterior.

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    En materia inflacionaria, la previsión de precios de septiembre subió 0,1 puntos porcentuales frente al informe anterior. El grupo de participantes con mejores resultados en sus pronósticos previos, identificado como el Top 10, también calculó una inflación de 1,9% para septiembre. Esa estimación implicó un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior.

    A propósito de los meses venideros, el reporte del BCRA exhibe una desaceleración a 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre. Sin embargo, en diciembre retomaría la tendencia alcista al ubicarse en 1,8% y el 2026 cerraría con una suba de 30 por ciento. En enero, el índice mensual volvería a caer a 1,6% en enero de 2027. Febrero del año que viene arrojaría la misma cifra y marzo alcanzaría 1,7 por ciento.

    Para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo, que excluye los componentes con mayores variaciones estacionales y los precios regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 1,8% mensual para septiembre. La cifra fue 0,1 puntos porcentuales superior a la prevista en el REM anterior. El Top 10 proyectó una inflación núcleo de 1,7% para el noveno mes del año, sin cambios frente a su cálculo previo.

    Noticia en desarrollo…

  • El Gobierno oficializó la concesión de 3.900 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos quedaron bajo gestión privada

    El Gobierno oficializó la concesión de 3.900 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos quedaron bajo gestión privada

    En el marco del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la firma de las concesiones para la toma de posesión de ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en ocho provincias.

    Según señaló el funcionario nacional, los contratos permitirán que los tramos queden bajo concesión del sector privado desde este miércoles 7 de octubre. Caputo indicó que, con esta instancia, el total de rutas nacionales concesionadas superará los 9.000 kilómetros.

    La Etapa III comprende corredores de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza. De acuerdo con la declaración de Caputo, se trata de rutas vinculadas con la producción, la logística y la conexión entre ciudades, puertos y pasos fronterizos.

    El Tramo Centro incluye 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba. El Tramo Centro Norte abarca 536 kilómetros de la ruta nacional 34, entre Santa Fe y Santiago del Estero.

    En el noroeste, la concesión contempla 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

    El Tramo Litoral reúne 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco. El Tramo Noreste suma 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, en Corrientes y Misiones.

    Luis Caputo brindó una charla ante estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella.

    La concesión del corredor Chaco-Santa Fe comprende 497 kilómetros de la ruta nacional 11. A su vez, el Tramo Mesopotámico incluye 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.

    El último de los ocho sectores es el Tramo Cuyo, con 329 kilómetros de la ruta nacional 7 en Mendoza. Según lo anunciado por Caputo, la toma de posesión de los corredores comenzará este miércoles.

    “Estos corredores resultan estratégicos para la conectividad regional, el transporte de cargas, la producción, el comercio y el turismo, y pasarán a ser explotados, administrados y mantenidos por empresas concesionarias privadas”, detalló el Ministerio de Economía.

    Desde el miércoles 7 de octubre, las sociedades adjudicatarias iniciarán la toma de posesión de los ocho corredores. Covicen operará el Tramo Centro y Autovía del Norte. quedará a cargo del Centro Norte.

    El Tramo Noroeste será administrado por Autovía del NOA, mientras que Corredor Litoral tendrá la concesión del Tramo Litoral y Camino Selva la del Noreste. En tanto, Mesopotámico asumirá la gestión del Tramo Mesopotámico; Vías del Paraná la del corredor Chaco-Santa Fe; y Caminos del Aconcagua, la del Tramo Cuyo.

    La concesión abarca la ejecución y operación de obras, además de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También prevé servicios para los usuarios y actividades complementarias que generen recursos adicionales dentro del esquema de concesión de obra pública con peaje.

    Vista aérea de una autopista con múltiples carriles, mostrando una larga fila de coches y camiones en un sentido, y tráfico ligero en el opuesto, rodeada de césped y árboles

    Para el Tramo Centro, la propuesta elegida fue la presentada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $ 1.399, sin IVA. En el Centro Norte, la adjudicación correspondió a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., cuya oferta fue de $ 2.175, sin IVA.

    El Tramo Mesopotámico quedó a cargo de IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $ 3.564,99, sin IVA. Para el Noroeste, se seleccionó la oferta de Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., por $ 2.285, sin IVA.

    En el Litoral, el contrato fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $ 2.876,04, sin IVA. El Tramo Noreste quedó en manos de Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A., que ofertaron $ 2.950, sin IVA.

    El consorcio formado por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A. obtuvo el Tramo Chaco-Santa Fe, con una tarifa de $ 3.520, sin IVA. En tanto, Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A. se adjudicaron el Tramo Cuyo, por $ 3.090,2462, sin IVA. Los ocho contratos tendrán una duración de 20 años.

    El proceso se inició con el decreto 97/2025, firmado en febrero de 2025. Esa norma habilitó la privatización total de Corredores Viales y facultó al Ministerio de Economía para convocar y llevar adelante las licitaciones. La instancia de precalificación de oferentes, correspondiente a la primera etapa, recibió aprobación en julio de 2026.

    Con esta instancia, el Gobierno sostuvo que completó la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos. Según Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito nacional.

  • Frigerio avanza con una reforma laboral para bajar la “industria del juicio” en Entre Ríos

    Frigerio avanza con una reforma laboral para bajar la “industria del juicio” en Entre Ríos


    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanza con una reforma del Código Procesal Laboral provincial con un objetivo que su administración plantea como prioritario: contener el fuerte crecimiento de los juicios vinculados a accidentes y enfermedades laborales y ponerle así un freno a lo que en el oficialismo y el sector empresario describen como la “industria del juicio”.

    La iniciativa pone la lupa principalmente sobre las pericias médicas, un engranaje central de los litigios por Riesgos del Trabajo. Pero los cambios van más allá: el proyecto también modifica el sistema de honorarios de los peritos y elimina una exigencia económica que actualmente deben cumplir los empleadores condenados para poder apelar.

    La discusión aparece en momentos en que la provincia muestra uno de los mayores aumentos de litigiosidad laboral del país. Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que en 2024. Y en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la cantidad de nuevas causas aumentó 38%, el mayor crecimiento entre las nueve principales jurisdicciones relevadas.

    El ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso, reconoció que la litigiosidad “se disparó estrepitosamente” durante los últimos dos años y sostuvo que el fenómeno es “multicausal”. Desde la administración provincial aseguran que pretenden debatir la reforma antes del receso legislativo de verano.

    Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos que dependerá directamente del Poder Judicial y actuará en los juicios derivados del régimen de Riesgos del Trabajo. En principio estará integrado por tres peritos médicos, que tendrán sede en Paraná, pero podrán intervenir en todas las jurisdicciones de Entre Ríos. Serán seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición y mantendrán una relación de dependencia con el Poder Judicial.

    La diferencia con el esquema que cuestiona el Gobierno está en cómo cobrarán esos profesionales. Los médicos del nuevo cuerpo recibirán una remuneración fija y no tendrán sus ingresos atados al porcentaje de incapacidad reconocido al trabajador ni al monto final de una indemnización.

    El proyecto sostiene que esa desvinculación económica busca fortalecer la independencia de las pericias y evitar que el profesional pueda tener un interés patrimonial relacionado con el resultado del juicio. En los fundamentos de la reforma, el Ejecutivo argumenta que la remuneración de un perito “no debe depender directa ni indirectamente” del porcentaje de incapacidad que determine.

    Para los casos en los que deba recurrirse a otros peritos, la reforma también cambia la manera de fijar sus honorarios. Ya no podrán calcularse a partir del monto reclamado, la condena, un acuerdo o el porcentaje de incapacidad. El juez deberá tomar en cuenta factores como la complejidad, extensión, calidad y utilidad de la tarea realizada, con un tope equivalente a ocho juristas.

    Otro cambio de peso es que los médicos deberán utilizar obligatoriamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente a nivel nacional —el denominado baremo— y tendrán que explicar técnicamente qué parámetros utilizaron para llegar a sus conclusiones. El Gobierno entrerriano apunta de esa manera a reducir las diferencias entre pericias sobre cuadros similares y a establecer criterios más uniformes. En 2025, Nación actualizó esa tabla mediante el decreto 549/2025.

    La reforma incluye además una modificación que impacta directamente sobre los empleadores que reciben una sentencia adversa. Hoy, para que se conceda una apelación en determinados procesos laborales, el empleador condenado debe depositar previamente el capital de la condena junto con una suma estimada para intereses y costas, o presentar bienes suficientes para que sean embargados.

    En sus fundamentos, el Ejecutivo de Frigerio sostiene que la condición económica puede terminar diferenciando a las empresas según su capacidad financiera: aquellas que tienen liquidez o bienes disponibles pueden recurrir al fallo, mientras que otras podrían quedar fuera de una segunda instancia por no disponer de esos recursos.

    La eliminación del depósito no significa, sin embargo, que una sentencia quede sin garantías. El texto mantiene la posibilidad de que los jueces dicten embargos preventivos u otras medidas cautelares para asegurar un eventual cobro. El argumento oficial es que esas herramientas permiten evaluar cada expediente individualmente sin imponer una barrera económica automática para apelar.

    Ese punto será uno de los más sensibles del debate legislativo porque toca el equilibrio entre la protección del crédito laboral y el derecho de los empleadores a revisar una sentencia.

    El respaldo de las aseguradoras

    La iniciativa consiguió rápidamente el respaldo de la UART, que la presentó como un “primer paso concreto y necesario” para modificar el funcionamiento de los litigios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos.

    La entidad viene reclamando cambios en distintas jurisdicciones para que las pericias médicas utilicen criterios homogéneos y para que los honorarios profesionales no estén vinculados con el resultado económico de una demanda. Según sus estadísticas, el índice de judicialidad entrerriano pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos durante 2025.

    El fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, las ART contabilizaron 136.979 nuevos litigios en los doce meses terminados en agosto de 2026 y proyectaron más de 138.000 causas para todo el año. En agosto hubo casi 15.000 nuevos expedientes, con fuertes aumentos también en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

    Frigerio intenta ahora intervenir sobre ese escenario desde las facultades provinciales, sin modificar el régimen laboral de fondo, que depende de legislación nacional. El proyecto se concentra específicamente en las reglas procesales que rigen dentro de la Justicia entrerriana: quién hace las pericias, bajo qué criterios, cómo cobra y qué condiciones deben cumplirse para revisar una sentencia.

    La apuesta del Gobierno es que esas modificaciones reduzcan los incentivos económicos que, según su diagnóstico, favorecen la judicialización y den mayor previsibilidad a empleadores y aseguradoras.

  • Brasil ahora es un país de derecha

    Brasil ahora es un país de derecha

    Durante la mayor parte del último cuarto de siglo, Brasil estuvo dominado por el Partido de los Trabajadores (PT). Una alianza de izquierda integrada por sindicalistas, católicos progresistas y académicos construyó un amplio Estado de bienestar y definió la versión latinoamericana de la socialdemocracia. Esa era llegó a su fin. El 4 de octubre, el PT y su envejecido líder, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, fueron derrotados contundentemente en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil por Flávio Bolsonaro y su Partido Liberal (PL).

    Los mercados de apuestas le dan a Flávio una alta probabilidad de ganar el balotaje del 25 de octubre. Es un resultado asombroso para el hijo de una dinastía de derecha cuyo patriarca, Jair, un expresidente, se encuentra bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado. Apenas el año pasado, a Jair se le prohibió ocupar cargos públicos hasta 2060. Su hijo ha sido señalado por sus presuntas conexiones con el submundo criminal. A pesar de eso, Flávio se quedó por poco de ganar de forma directa.

    Incluso si Flávio fracasa inesperadamente, la elección es un triunfo para la derecha brasileña cercana al MAGA, el último de una ola de éxitos de los partidos de derecha en América Latina. El PL ahora cuenta con la bancada parlamentaria más poderosa desde que se promulgó la Constitución de Brasil en 1988. También es el partido más grande en los tres estados más importantes, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que en conjunto generan más de la mitad del PIB brasileño.

    El clan Bolsonaro está eufórico. La esposa de Jair, fervientemente evangélica, dos de sus otros hijos y su hermano obtuvieron bancas en el Congreso. A partir de febrero, cuando los senadores recién electos asuman sus cargos, el PL y sus aliados controlarán el Senado y, por lo tanto, podrán reescribir las leyes. Se espera que impulsen los negocios y debiliten las protecciones para el medio ambiente. Algunos observadores externos advertirán contra permitir un mayor daño a la selva amazónica. Otros observadores externos, incluido Estados Unidos, estarán ansiosos por aprovechar la oportunidad de acceder a los enormes depósitos de minerales críticos de Brasil, recursos vitales cuyo suministro mundial está controlado en gran medida por China.

    Esta fortaleza en el Congreso significa que el PL tiene una rara oportunidad de corregir las ruinosas finanzas públicas de Brasil. Reescribir las leyes que imponen niveles altos y crecientes de gasto público reduciría el endeudamiento, bajaría las tasas de interés e impulsaría la inversión, lo que favorecería el crecimiento. Les da a los Bolsonaro margen para crear un futuro económico brillante para Brasil.

    Eso implicaría renunciar al gasto de hoy, algo que los Bolsonaro tienen poco interés en hacer. El resultado más probable será una política más polarizada y una mayor presión sobre las vulnerables instituciones democráticas de Brasil. Los vencedores se regocijarán con enfrentamientos culturales al estilo MAGA. Dos congresistas de derecha, Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, obtuvieron más votos que cualquier candidato en la historia de Brasil; ambos son jóvenes influencers de las redes sociales que odian la cultura woke tanto como aman las armas y a Dios.

    Los Bolsonaro buscarán venganza. La principal promesa de campaña de Flávio fue liberar a su padre. Muchos candidatos al Senado prometieron destituir a los jueces de la Corte Suprema (algunos involucrados en escándalos de corrupción) que procesaron a Jair. “No queremos simplemente un juicio político”, dijo Bia Kicis, una nueva senadora del PL, “queremos destitución, investigación y encarcelamiento”.

    Se necesita una mayoría en el Senado para iniciar un juicio político contra un juez de la Corte Suprema. Un enfrentamiento entre las dos poderosas instituciones podría desencadenar una crisis constitucional. Los jueces que consideren que están defendiendo la democracia utilizarán sus amplios poderes para permanecer en sus cargos. Un Congreso envalentonado atacará a la Corte. Quien sea el presidente desempeñará un papel decisivo, entre otras cosas porque en los próximos años probablemente tendrá la oportunidad de reemplazar a cuatro de los 11 jueces de la Corte Suprema.

    Cualquiera que sea el desenlace de esa disputa, el resultado para Brasil probablemente será un aumento de los agravios y una profundización del cinismo público. Los brasileños tienen buenas razones para rechazar al PT por sus políticas sin salida, su propia corrupción y la falta de un liderazgo renovado. Pero también tienen todos los motivos para temer hacia dónde conduce ahora ese rechazo.

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