Blog

  • Indignación con Donald Trump por burlarse del ataque mortal de un tigre a un joven británico

    Indignación con Donald Trump por burlarse del ataque mortal de un tigre a un joven británico

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de indignación tras publicar un video generado con inteligencia artificial en el que aparece domando a un tigre siberiano, días después de que William Chapman, un joven británico de 23 años, muriera tras ser atacado por un animal en un zoológico de Yorkshire, al norte de Inglaterra. La familia de la víctima pidió que dejen de circular las imágenes de la tragedia.

    El caso ocurrió este fin de semana, cuando Chapman ingresó al recinto destinado a los tigres en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster. El joven sufrió heridas mortales durante el ataque y, desde entonces, el video del episodio comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales.

    Según informó su familia, el joven padecía una enfermedad mental grave. Sus allegados atraviesan días de profundo dolor por la pérdida y manifestaron su sufrimiento ante la circulación constante de las imágenes, que muestran el comienzo del ataque.

    El pedido de la familia busca poner un freno a la difusión del material, cuya viralización volvió a exponerlos a las imágenes de una tragedia que todavía los conmociona. La circulación del video también generó cuestionamientos por la manera en que se utiliza un episodio fatal como contenido para redes sociales.

    Trump publicó un video generado con inteligencia artificial

    La controversia creció después de que Trump compartiera el registro del ataque en sus plataformas y acompañara la publicación con un comentario que fue cuestionado por su tono: “¡Nunca te metas con la naturaleza!”, escribió el mandatario estadounidense.

    La publicación de Trump reavivó las críticas sobre la difusión de imágenes de tragedias reales y el uso de inteligencia artificial en redes sociales.

    Truth Social

    Sin embargo, la polémica no terminó allí. Trump también publicó un segundo clip, esta vez creado con inteligencia artificial, en el que aparece domando al tigre siberiano. La difusión de ese contenido generó críticas por el tratamiento humorístico de un hecho que terminó con la muerte de una persona y que mantiene a sus familiares en duelo.

    La decisión del presidente de intervenir públicamente en el episodio volvió a poner el foco sobre el uso que hace de sus cuentas oficiales y no oficiales en redes sociales. En este caso, sus publicaciones se produjeron mientras la familia de Chapman intentaba frenar la circulación de las imágenes reales del ataque.

    El episodio también reavivó el debate sobre los límites de los contenidos virales y el uso de herramientas de inteligencia artificial para recrear situaciones vinculadas con tragedias reales.

    El zoológico permanece cerrado mientras avanza la investigación

    Mientras continúa la repercusión del caso, el Yorkshire Wildlife Park permanece cerrado en el marco de una investigación sobre las condiciones de seguridad del establecimiento. Las autoridades y la dirección del centro deberán esclarecer las circunstancias en las que el joven ingresó al recinto de los tigres.

    Por su parte, la administración del zoológico confirmó que Altai, el tigre siberiano involucrado en el ataque, no será sacrificado. La decisión se conoce mientras avanza la investigación sobre el episodio y crece la atención pública sobre las medidas de seguridad del parque.

    La muerte de Chapman, la viralización de las imágenes y las publicaciones de Trump mantienen abierto un debate que combina el impacto de una tragedia personal con la responsabilidad de quienes amplifican contenidos sensibles en las redes sociales.

  • Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional

    Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional

    La expansión de la industria automotriz china y los riesgos en materia de seguridad nacional
    Guardar

    El fuerte crecimiento de las importaciones de automóviles fabricados en China abrió una discusión que excede el mercado automotor argentino y alcanza de manera directa la seguridad nacional. Las advertencias internacionales sobre la posibilidad de que vehículos inteligentes equipados con cámaras, micrófonos, sensores y sistemas de geolocalización se utilicen para recopilar información sensible adquirieron una nueva dimensión después de que militares de Noruega descubrieran que automóviles chinos habían grabado imágenes de bases, movimientos de soldados y códigos de acceso a instalaciones restringidas.

    El fenómeno coincidió con una expansión de las compras argentinas de vehículos procedentes del gigante asiático. Según las estadísticas oficiales del INDEC, durante enero y febrero de 2026 se importaron automóviles desde China por USD 309 millones, frente a los USD 53 millones registrados en el mismo período del año anterior. El incremento alcanzó el 480,1%, empujado por unidades con altas prestaciones y precios más bajos que los de fabricación nacional.

    PUBLICIDAD

    La combinación entre el aumento de las importaciones y las alertas internacionales incorporó una nueva dimensión al debate sobre la presencia de tecnología china en la Argentina. Estados Unidos aprobó restricciones por razones de seguridad nacional; Polonia limitó el ingreso de vehículos fabricados en China a instalaciones militares e Israel adoptó medidas similares. Las decisiones estuvieron relacionadas con los riesgos de recopilación de información, transmisión de datos y eventuales intervenciones externas en los sistemas informáticos de los automóviles.

    El caso de Noruega fue el antecedente más reciente. Durante un ejercicio militar realizado en septiembre, en las inmediaciones del aeropuerto de Oslo, efectivos de las Fuerzas Armadas utilizaron vehículos alquilados a través de Hertz para trasladarse entre sus domicilios y las instalaciones donde se desarrollaban las actividades de entrenamiento. Entre las unidades contratadas había automóviles de la marca china Deepal, equipados con cámaras y sistemas de grabación.

    PUBLICIDAD

    Los soldados descubrieron que algunos vehículos habían almacenado imágenes de sus movimientos, los recorridos realizados y los procedimientos de ingreso a instalaciones militares. Entre los registros aparecieron incluso los códigos alfanuméricos utilizados para abrir puertas y atravesar barreras de seguridad.

    Vehículos de la marca Deepal quedaron bajo sospecha en Noruega

    Los vehículos bajo sospecha en Noruega

    El teniente Fredrik Blanck, que participó del ejercicio, relató al diario noruego Dagens Næringsliv que el descubrimiento había provocado sorpresa entre los efectivos. Las grabaciones permitían identificar quiénes ingresaban y salían de los automóviles, qué personas eran transportadas, qué recorridos realizaban y cuánto tiempo permanecían en determinados lugares.

    Las imágenes fueron eliminadas de los vehículos a los que tuvieron acceso los militares. Sin embargo, quedó abierta una cuestión central: si la información había permanecido almacenada exclusivamente en los automóviles o si también había sido transferida a servidores externos.

    El episodio permitió comprobar que los vehículos habían registrado información militar sensible, aunque no se acreditó que esos datos hubieran sido transmitidos a organismos de inteligencia chinos ni que formaran parte de una operación de espionaje. Las autoridades noruegas reconocieron los riesgos asociados a la tecnología, pero evitaron establecer una prohibición general según el país de fabricación de los automóviles.

    Los vehículos habían sido contratados en el marco de un acuerdo de alquiler vigente entre junio de 2024 y mayo de 2028. La operación de Hertz en Noruega está vinculada, a través de su estructura societaria, con el conglomerado chino Zhejiang Geely Holding Group, propietario de Volvo Cars. Al menos dos automóviles utilizados durante los ejercicios pertenecían a Deepal, una marca del fabricante chino Changan.

    El descubrimiento expuso una vulnerabilidad concreta: tecnologías incorporadas para asistir a los conductores, registrar maniobras o mejorar la seguridad vial también pueden almacenar información sobre instalaciones estratégicas y actividades militares.

    Imagen OTUGTMZHU5HYXCRY443ZXHWP24

    La preocupación, sin embargo, había comenzado mucho antes.

    En enero de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó una regulación destinada a restringir la importación y comercialización de determinados automóviles conectados que incorporen software o componentes tecnológicos vinculados con empresas de China y Rusia.

    La decisión respondió a una evaluación de seguridad nacional sobre los riesgos derivados del acceso extranjero a los sistemas de conectividad y conducción automatizada.

    La normativa estableció que, a partir de los modelos 2027, comenzarán a aplicarse restricciones sobre determinados programas informáticos y sobre la comercialización de vehículos conectados por fabricantes alcanzados por la regulación. Las limitaciones relacionadas con componentes físicos de conectividad entrarán en vigor para los modelos 2030, con disposiciones específicas para componentes sin año modelo.

    La fundamentación oficial estadounidense identificó expresamente dos amenazas: la extracción de información sensible sobre conductores, propietarios y desplazamientos, y la posibilidad de manipular vehículos a distancia mediante accesos a sus sistemas informáticos.

    La preocupación adquirió una dimensión estratégica en el contexto de la competencia tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing. La regulación estadounidense también contempló vehículos fabricados fuera de China que incorporen determinados componentes o programas informáticos desarrollados por empresas sujetas a la jurisdicción china.

    El criterio utilizado por las autoridades estadounidenses estuvo relacionado con el origen y el control de las tecnologías, además del lugar donde se fabrican los automóviles.

    En febrero de 2026, Polonia avanzó con una decisión preventiva. El jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, general Wiesław Kukuła, dispuso restricciones al ingreso de automóviles fabricados en China a instalaciones militares protegidas. La medida estuvo vinculada con los riesgos que representan los sensores, las cámaras y los sistemas capaces de registrar sonidos, imágenes y ubicaciones.

    Las autoridades polacas también establecieron limitaciones a la conexión de teléfonos militares con los sistemas de entretenimiento y comunicación de esos vehículos. El objetivo fue reducir las posibilidades de que información relacionada con movimientos de personal, actividades militares o instalaciones estratégicas quedara expuesta a accesos externos.

    Israel había adoptado medidas semejantes. Durante 2025, sus Fuerzas Armadas establecieron restricciones al ingreso de automóviles chinos a instalaciones militares y comenzaron a revisar la utilización de vehículos de ese origen asignados a oficiales.

    Las preocupaciones estuvieron relacionadas con los dispositivos de grabación, los sistemas de conectividad y la posibilidad de que información sensible sobre recorridos, conversaciones o movimientos militares pudiera quedar almacenada fuera del control de las autoridades de defensa.

    La aplicación de las restricciones tuvo diferentes alcances. En agosto de 2026 todavía se utilizaban determinados vehículos chinos en dependencias militares israelíes, pese a las medidas adoptadas para reducir los riesgos de seguridad.

    Chinese President Xi Jinping gives a toast at the National Day reception on the eve of the 77th founding anniversary of the People's Republic of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 30, 2026. REUTERS/Florence Lo/Pool

    Las importaciones desde China crecieron 480,1% durante el primer bimestre

    La expansión comercial de los automóviles chinos se produjo en paralelo con una transformación del mercado argentino, impulsada por la incorporación de nuevas marcas, una mayor oferta de vehículos importados y el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas.

    El Decreto 49/2025 estableció un régimen de importación con arancel extrazona del 0 % para determinadas categorías de automóviles eléctricos e híbridos, sujeto a cupos anuales de 50.000 unidades.

    Para 2026, la Secretaría de Industria y Comercio asignó 50.000 vehículos correspondientes a 71 modelos de 32 marcas. Del total, 19.280 unidades fueron adjudicadas a terminales automotrices y otras 30.720 a importadores. Las solicitudes presentadas superaron las 160.000 unidades, más del triple del cupo disponible.

    De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, las convocatorias de 2025 y 2026 permitieron asignar conjuntamente 100.000 vehículos, de los cuales 68.792 ya habían ingresado al territorio argentino, correspondientes a 58 modelos de 29 marcas.

    La cifra incluye automóviles de distintos países y no representa exclusivamente importaciones de origen chino. Sin embargo, constituye un indicador de la velocidad con la que se incorporaron nuevos vehículos y tecnologías al mercado argentino.

    Las estadísticas oficiales también reflejaron el crecimiento de las motorizaciones alternativas. Durante 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, frente a 13.500 durante 2024, lo que representó un incremento del 90 %.

    En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos de estas tecnologías llegaron a 48.320 unidades, con una suba interanual del 322 %. La participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado pasó del 4,4 % al 21,1 % entre los primeros siete meses de 2025 y el mismo período de 2026.

    El 72 % de las unidades patentadas durante ese último período correspondió a modelos comprendidos en el régimen especial de importación.

    Las marcas chinas también incrementaron su presencia comercial. Según información de mercado difundida por Reuters, durante agosto de 2026 concentraron alrededor del 10 % de las ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos, frente a una participación cercana al 2 % hacia fines de 2025.

    Entre las compañías que ampliaron su presencia se encuentran BYD, Chery, Geely, GWM y Dongfeng, aunque los vehículos fabricados en China también pueden comercializarse bajo marcas de otros países.

    La expansión estuvo acompañada por una oferta de automóviles equipados con cámaras exteriores, sistemas de asistencia a la conducción, sensores, pantallas digitales, conectividad permanente y mecanismos de actualización de software.

    Esas tecnologías forman parte del atractivo de los nuevos modelos por sus prestaciones y posibilidades de uso. Al mismo tiempo, son algunos de los dispositivos bajo análisis en las evaluaciones internacionales de seguridad.

    Imagen Q4XYZU7MJ5BZJD7WCNMDCOYYGA

    La preocupación también apareció en la discusión pública argentina. El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió, en una publicación en su cuenta de X, sobre los riesgos que podría representar la expansión de los automóviles inteligentes fabricados en China, tanto por su capacidad para recopilar información como por la posibilidad de que sus sistemas tecnológicos sean intervenidos desde el exterior.

    “En las pocas charlas que he dado de manera privada por razones meramente criptográficas siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino. Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, escribió Caputo.

    La advertencia expresó una posición personal del asesor presidencial y, hasta el momento, no se tradujo en decisiones del gobierno de Javier Milei ni en modificaciones de la política de importación de vehículos. Tampoco existen pruebas públicas que permitan acreditar que los automóviles chinos comercializados en la Argentina tengan riesgos vinculados a la seguridad nacional.

    De todos modos, el trasfondo de estas advertencias también está relacionado con la legislación china en materia de inteligencia.

    La Ley Nacional de Inteligencia de China, aprobada en 2017, establece en su artículo 7 que las organizaciones y los ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar legalmente con las actividades de inteligencia del Estado, además de preservar la confidencialidad de esas tareas.

    La disposición generó preocupación en distintos países respecto de las obligaciones que podrían alcanzar a empresas tecnológicas sometidas a la jurisdicción china.

    La existencia de esa norma no demuestra por sí sola que los fabricantes de automóviles proporcionen información recopilada por sus vehículos a los servicios de inteligencia de Beijing. Tampoco permite establecer que todos los automóviles producidos en China tengan las mismas capacidades de transmisión de datos o que puedan ser intervenidos externamente.

    Los riesgos dependen de las características de cada vehículo, sus programas informáticos, la configuración de los sistemas de conectividad, los mecanismos de almacenamiento y las medidas de protección frente a accesos no autorizados.

    En esa discusión aparece una cuestión que trasciende el origen de los fabricantes: los automóviles modernos se convirtieron en dispositivos capaces de registrar grandes cantidades de información sobre sus ocupantes, sus desplazamientos y los lugares que recorren.

    La experiencia noruega mostró cómo las cámaras y sensores incorporados a vehículos de uso cotidiano podían almacenar información vinculada con actividades de defensa. Las restricciones estadounidenses, polacas e israelíes reflejaron, por su parte, las diferentes respuestas adoptadas frente a los riesgos potenciales de estas tecnologías.

    En la Argentina, la homologación de automóviles comprende requisitos técnicos y de seguridad específica para el tránsito establecidos para autorizar su comercialización y circulación. Sin embargo, la normativa pública consultada sobre el régimen especial de importaciones no permitió establecer el alcance de eventuales auditorías específicas sobre sistemas de recopilación de datos, almacenamiento externo de información y mecanismos de acceso remoto.

    Tampoco surgió de esa documentación si existen protocolos particulares para el ingreso de vehículos conectados a bases militares, instalaciones de inteligencia u otros establecimientos estratégicos. La falta de información en las normas comerciales examinadas no permite concluir que tales controles sean inexistentes.

    La diferencia entre autorizar la circulación de automóviles en el mercado civil y permitir su acceso a instalaciones sensibles constituye uno de los principales aspectos de la discusión internacional.

    Los antecedentes de Polonia e Israel mostraron que las restricciones pueden aplicarse a determinados establecimientos militares sin afectar necesariamente la comercialización general de los vehículos. Estados Unidos, en cambio, optó por una regulación más amplia, dirigida a limitar la incorporación de determinadas tecnologías de conectividad vinculadas con países considerados adversarios estratégicos.

    La combinación entre el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de China y las alertas internacionales por espionaje incorporó así una nueva cuestión al debate argentino sobre comercio exterior, tecnología y seguridad nacional.

    La competencia comercial, los precios y la modernización del parque automotor comenzaron a compartir espacio con interrogantes sobre el control de la información, la protección de instalaciones estratégicas y la dependencia de sistemas tecnológicos desarrollados en el exterior.

    En un escenario internacional atravesado por la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, el caso noruego volvió a mostrar que los automóviles inteligentes también pueden convertirse en una fuente de información sensible para la seguridad de los Estados.

    Para la Argentina, donde el valor de las importaciones de automóviles desde China se multiplicó casi por seis durante el primer bimestre de 2026, la discusión quedó vinculada con una cuestión concreta: qué mecanismos permiten proteger la información estratégica frente a los riesgos que acompañan la incorporación de vehículos cada vez más conectados.

  • Elecciones 2027 en Argentina: fechas y todos los cargos que se votan a nivel nacional

    Elecciones 2027 en Argentina: fechas y todos los cargos que se votan a nivel nacional

    Argentina se encamina a un año electoral que definirá la sucesión presidencial y renovará una parte del Congreso Nacional, además de abrir un calendario de comicios provinciales y locales. De acuerdo con la normativa vigente, las elecciones generales de 2027 se realizarán el domingo 24 de octubre, aunque todavía faltan la convocatoria formal del Poder Ejecutivo y el cronograma detallado de la Justicia Electoral.

    La fecha está prevista en el Código Electoral Nacional y será el punto central de un proceso que también incluye la renovación parcial del Congreso, la elección de autoridades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comicios ejecutivos en 21 provincias.

    Cuándo son las elecciones 2027 en Argentina

    El domingo 24 de octubre de 2027 está previsto para los comicios nacionales generales, siempre que no haya una modificación de la legislación vigente. El artículo 53 del Código Electoral Nacional dispone que las elecciones para cargos nacionales se realicen el cuarto domingo de octubre anterior al fin de los mandatos. La convocatoria deberá publicarse con una anticipación mínima de 90 días.

    En esa jornada se elegirá la fórmula para la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación para el período 2027-2031. La Constitución Nacional establece que la elección presidencial debe realizarse dentro de los dos meses previos a la finalización del mandato en curso. El mismo día también se renovará parte de la representación parlamentaria.

    La fecha surge del calendario legal y no de una convocatoria ya dictada. Por eso, los plazos para la presentación de alianzas y candidaturas, la campaña, la publicación de los padrones y un eventual debate presidencial deberán ser definidos más adelante por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

    Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Genericas votacion padrones urnas

    Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúan vigentes para 2027. La suspensión aprobada para las elecciones legislativas de 2025, mediante la Ley 27.783, tuvo alcance limitado a ese año y no eliminó el régimen de primarias de forma permanente.

    El artículo 20 de la Ley 26.571 establece que las elecciones primarias deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se realicen las elecciones generales. Si ese esquema continúa sin cambios, las PASO se celebrarían el domingo 8 de agosto de 2027.

    El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral para eliminar las primarias, pero hasta el momento no logró reunir la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional en ambas cámaras del Congreso. En el caso del Senado, esa mayoría implica el voto afirmativo de 37 senadores. Mientras no se sancione una norma que derogue, suspenda o modifique el mecanismo, rige la fecha prevista por la ley vigente.

    Cuándo estará disponible el padrón electoral

    La consulta del padrón electoral permite conocer el establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. La información se publica en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral, donde cada elector debe ingresar su DNI, género y distrito.

    Todavía no se publicó el calendario electoral de 2027 de la CNE. El Código Electoral Nacional establece que el padrón definitivo debe estar impreso 30 días antes de las primarias. Si las PASO se realizan el 8 de agosto, esa referencia legal se ubica el 9 de julio de 2027. La fecha exacta de publicación para la consulta ciudadana deberá ser confirmada por la Justicia Electoral.

    Antes se difundirá el padrón provisorio, elaborado con las novedades registrales incorporadas hasta 180 días antes de la elección. Esa instancia permitirá controlar los datos personales y presentar reclamos por errores u omisiones antes de la confección del listado definitivo.

    Elecciones legislativas de Argentina de 2025 votacion genericas

    La elección nacional definirá la fórmula de presidente y vicepresidente, además de la renovación de 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. La composición de cada recambio responde al vencimiento de mandatos y a la representación correspondiente a cada distrito.

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elegirá jefe de Gobierno. Mientras que 21 provincias deberán renovar sus máximas autoridades ejecutivas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

    Las elecciones provinciales y municipales no dependen necesariamente de la fecha nacional. Cada jurisdicción puede decidir si unifica su votación con la presidencial o si la desdobla, de acuerdo con sus propias normas. Algunos gobernadores ya avanzaron con definiciones: Santa Fe confirmó primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio, mientras que Tucumán votará el 9 de mayo. También estarán en juego intendencias, legislaturas locales y concejos deliberantes en los distritos que correspondan.

    El sistema presidencial prevé una segunda vuelta electoral si ninguna fórmula reúne los requisitos para imponerse en la primera. Para ser proclamada el 24 de octubre, la candidatura más votada deberá superar el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o alcanzar al menos el 40% y obtener una diferencia superior a 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que quede en segundo lugar.

    Si no se cumplen esas condiciones, competirán las dos fórmulas más votadas. La Constitución Nacional ordena realizar la segunda vuelta dentro de los 30 días posteriores a la primera elección. En consecuencia, un eventual balotaje presidencial se celebraría durante noviembre de 2027, con fecha exacta sujeta a la convocatoria que realice el Poder Ejecutivo.

  • “La gente está desesperada”: por la crecida del Paraná, aceleran la evacuación de más de 30.000 vacas en las islas de Victoria

    “La gente está desesperada”: por la crecida del Paraná, aceleran la evacuación de más de 30.000 vacas en las islas de Victoria

    Desde temprano, en las islas del Paraná frente a Victoria, los productores reúnen la hacienda y la preparan para salir. Los animales suben a los barcos que navegan hacia la costa, donde el personal los descarga y los conduce a los corrales antes de cargarlos en camiones que los llevarán a otros campos. La operación requiere coordinación y varias horas de trabajo, con un objetivo urgente: sacar los animales antes de que la crecida del río complique la evacuación.

    La salida de la hacienda había comenzado cuando aparecieron las primeras alertas, pero el aumento del río Iguazú volvió a encender las alarmas y aceleró la preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos días. Aunque en esa zona de Entre Ríos la altura del Paraná todavía presenta condiciones de normalidad, los productores temen que el agua avance más rápido de lo previsto y reclaman que se declare la emergencia agropecuaria.

    “Estamos asustados ahora, porque si bien lo veníamos esperando y estábamos haciendo todos los trabajos que había que hacer, con la altura actual del Iguazú y del Paraná, esto se va a apurar mucho más de lo que pensábamos”, dijo a LA NACION Emiliano Merzbacher, vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria.

    Los productores consideran que esperar a que el río alcance una determinada altura para activar medidas excepcionales puede ser demasiado tarde. Entre las dificultades que mencionan está la imposibilidad de sacar hacienda durante la noche si no se declara la emergencia, una restricción que podría complicar las tareas si la crecida se acelera.

    Salida de hacienda de las islas, en Victoria, Entre Ríos por temor a la crecida del río Paraná
    Salida de hacienda de las islas, en Victoria, Entre Ríos por temor a la crecida del río Paraná

    La experiencia de 2007 pesa en el recuerdo de quienes trabajan en las islas. Durante aquella crecida, Merzbacher perdió 900 cabezas. “Tengo experiencia, la pasé muy feo”, recordó. En ese momento trabajaba con unas 4000 cabezas en la isla y algunos productores decidieron retirar sus animales cuando él se los recomendó, mientras que otros prefirieron esperar. La diferencia, ahora, es que busca anticiparse para evitar que se repita aquella historia.

    “Ahora tengo unas 500 cabezas propias que las voy a sacar para que no me pase lo del 2007”, contó. Además de organizar el traslado de sus animales, se puso al frente de las tareas de la Sociedad Rural local para facilitarles la salida a otros productores: “Me puse al hombro esta labor, brindándole un servicio al productor. No damos abasto, soy el que cargo y descargo. Anoche terminé a las 2:30 de la mañana, mis hijos me ayudan”.

    En este nuevo escenario, la evacuación se volvió más organizada que en otras porque los productores comenzaron a mover la hacienda cuando aparecieron las primeras alertas. Primero salieron los novillos terminados, que se vendieron a buen precio. Después fue el turno de los animales a los que les faltaba un poco para completar su engorde: en algunos casos, los trasladaron a feedlots para terminarlos fuera de las islas.

    Tras desembarcar, los animales pasan por los corrales antes de ser cargados en camiones que los llevarán a otros campos
    Tras desembarcar, los animales pasan por los corrales antes de ser cargados en camiones que los llevarán a otros camposGza.

    Recientemente comenzó a salir parte de la hacienda que todavía no estaba terminada. Ahora, uno de los mayores desafíos es trasladar las vacas de cría con sus terneros al pie. Se trata de una categoría más difícil de mover porque muchos animales están recién paridos y los productores no siempre tienen campos disponibles para recibirlos.

    Merzbacher calcula que antes de que comenzara la salida había unas 300.000 cabezas en las islas de esa zona. Ahora estima que podrían quedar alrededor de 30.000, aunque aclara que se trata de una aproximación y que no cuenta con una cifra precisa. La salida anticipada de una parte importante del rodeo permitió ganar tiempo, pero todavía quedan productores que se resisten a salir porque necesitan resolver dónde llevar sus animales.

    El trabajo en el puerto comienza muy temprano
    El trabajo en el puerto comienza muy tempranoGza.

    Uno de los obstáculos es el costo. El traslado depende de barcos que cobran alrededor de $1,5 millones por hora de navegación. Como muchas islas están a dos horas o más de los puntos de salida, una operación puede costar hasta $3,5 millones. A eso se suma el valor de los corrales y de los servicios necesarios para completar la evacuación.

    En ese sentido, destacó que la apertura de nuevas bocas de carga y descarga mejoró la logística. La Sociedad Rural de Victoria cuenta con dos puntos de salida, uno en Paranacito, a unos 20 kilómetros de la cabecera del puente Rosario-Victoria, y otro en San Lorenzo, a 46 kilómetros de la ciudad. También existe un punto de la Comunidad Islera, además de dos puertos municipales.

    Los animales son llevados a los corrales del puerto antes de cargarlos en camiones que los llevarán a otros campos o frigoríficos
    Los animales son llevados a los corrales del puerto antes de cargarlos en camiones que los llevarán a otros campos o frigoríficosGza.

    La entidad rural cobra una tarifa fija de $6000 por cabeza y, según Merzbacher, ofrece instalaciones adecuadas para agilizar las operaciones. Cuestionó los valores que aplica el municipio, que cobra $10.000 por animal cuando se traslada menos de 100 cabezas y $15.000 cuando se supera esa cantidad. Para los productores, esos montos se suman a los gastos de navegación y pueden representar una carga importante.

    La disponibilidad de barcos también ayuda a acelerar las tareas. Actualmente hay siete embarcaciones en Victoria y la cercanía de algunos puertos permite reducir los tiempos de navegación y, en ciertos casos, realizar más de un viaje por día. En los corrales, explicó, una organización adecuada permite mover hasta 1500 cabezas en una jornada.

    Las tareas de traslado se extienden hasta las últimas horas del día ante la preocupación de los productores por la posible crecida del río
    Las tareas de traslado se extienden hasta las últimas horas del día ante la preocupación de los productores por la posible crecida del ríoGza.

    Pero el panorama no es igual para todos. Los productores grandes que cuentan con recursos para pagar alimento o trasladar los animales a un feedlot pudieron adelantarse. Algunos incluso en el último tiempo ingresaron hacienda a las islas porque consideraban que, si podían mantenerla allí durante un mes, los números todavía les cerraban. Para los más chicos, en cambio, sacar los animales puede obligarlos a venderlos o afrontar costos que no están en condiciones de asumir.

    “El hilo se corta por lo más delgado y el productor chico espera en la isla porque si saca la hacienda fuera tiene que salir a venderla o darle de comer con un costo que no puede afrontar. Sabe que si hoy vende sus vacas no las vuelve a comprar más”, advirtió.

    El temor es que la crecida avance antes de que todos puedan retirar sus animales
    El temor es que la crecida avance antes de que todos puedan retirar sus animalesGza.

    El dirigente también señaló dificultades vinculadas con los requisitos sanitarios para trasladar los terneros. Según explicó, el Senasa exige vacunar en la isla a los animales recién nacidos antes de autorizar su movimiento. Merzbacher les planteó si pudiera realizarse en destino, una vez que los terneros llegaran al campo receptor, para evitar demoras y complicaciones en el encierro de la hacienda. En ese sentido, dijo que estaban avanzando para conseguir ese cambio.

    La urgencia también responde a las características del manejo ganadero en las islas. Los animales deben permanecer tranquilos antes de la carga porque, si se los mueve o se los estresa demasiado, pueden dispararse y dificultar el trabajo. Por eso, cada traslado necesita coordinación entre quienes reúnen la hacienda, los responsables de los corrales, los barcos y los camiones que esperan en tierra.

    Mientras tanto, los pedidos de turnos para utilizar los corrales y las embarcaciones se multiplican. Contó que recibió llamados de productores que buscaban programar la salida de miles de animales en varios días de trabajo consecutivos. La demanda obliga a organizar las operaciones con anticipación, aunque el ritmo dependerá de cómo evolucione el río.

    El temor es que la crecida avance antes de que todos puedan retirar sus animales. “La gente está desesperada por sacar su hacienda, entró en pánico luego de que se conociera la altura del río Iguazú”, cerró.


  • La provincia finalizará cuatro viviendas en la comuna de Faustino Parera-Pastor Britos

    La provincia finalizará cuatro viviendas en la comuna de Faustino Parera-Pastor Britos

    La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 172.900.000 pesos y un plazo de ejecución establecido en tres meses corridos. Los trabajos estarán a cargo de la firma adjudicataria Sittner Construcciones y permitirán concluir la infraestructura del sector, que presentaba obras inconclusas desde gestiones anteriores, optimizando la utilización de los recursos estatales para brindar respuesta al déficit habitacional de la zona.

    Al referirse a la reactivación del proyecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, precisó el origen de la intervención y el criterio técnico adoptado por el organismo provincial. “El proyecto original data del período 1991-1995 y había quedado paralizado de manera inconclusa; al estar construido con placas de cemento premoldeadas, el desarme de las estructuras implicaba un riesgo de destrucción del material, por lo que tomamos la decisión de completar la edificación adecuándola a las condiciones de habitabilidad requeridas”, sostuvo el funcionario. 

    Asimismo, Schönhals destacó que la nómina de adjudicatarios fue confeccionada en forma conjunta entre el IAPV y las autoridades comunales, otorgando prioridad a familias que cuenten entre sus integrantes a personas con discapacidad.

  • Presupuesto 2027: el gasto en salud infantil caería 13% y el destinado a primera infancia retrocedería 16%

    Presupuesto 2027: el gasto en salud infantil caería 13% y el destinado a primera infancia retrocedería 16%

    Imagen 7C33X26KDBEFNLIAC6M3LPUXJ4
    Guardar

    El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 destina 21,5 billones de pesos a políticas nacionales dirigidas a niñas, niños y adolescentes, una cifra que equivale al 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional. El dato surge de los análisis conjuntos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentados hoy ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, en paralelo al debate general del proyecto que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió un día antes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el argumento del equilibrio fiscal.

    Según el cálculo de las dos organizaciones, el monto asignado a niñez implica un aumento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026. Sin embargo, ese incremento debe leerse con matices: los créditos vigentes de este año todavía no incorporan la totalidad de los fondos necesarios para cubrir, hasta diciembre, las prestaciones con actualización automática —principalmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares—, un desfasaje que UNICEF estimó en 1,5 billones de pesos adicionales. Si esa brecha se sumara a la comparación, el presupuesto para niñez en 2027 quedaría, en términos reales, en niveles similares a los de 2026.

    PUBLICIDAD

    El cálculo de variaciones reales que manejan UNICEF y ACIJ depende en gran medida de los supuestos macroeconómicos oficiales, que el equipo económico presentó al Congreso a mediados de septiembre. El Ministerio de Economía estima una inflación acumulada del 18% para 2027 y un promedio anual del 21,1%, cifras que quedan por debajo del 20,5% interanual que proyectó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina. El Gobierno también calcula un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 4%, superior al 2,9% que anticipa el mismo relevamiento, y un dólar mayorista de $1.847,6 hacia fin de año.

    Esa diferencia entre las proyecciones oficiales y las privadas resulta relevante: si la inflación real de 2027 termina por encima del 18% estimado, el poder adquisitivo de las partidas de niñez, calculadas en pesos corrientes, se vería erosionado en una magnitud mayor a la que anticipan hoy UNICEF y ACIJ.

    PUBLICIDAD

    Las políticas de protección de ingresos —AUH, Asignaciones Familiares y Prestación Alimentar— representan el 88% del total destinado a la niñez, de acuerdo con el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais. “Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, sostuvo ante la comisión.

    El proyecto de ley propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH, un punto que generó preocupación en ambas organizaciones por su eventual impacto en el poder adquisitivo de esas prestaciones. El propio texto del Presupuesto 2027, según cifras difundidas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé 14,4 billones de pesos para asignaciones familiares en 2027, lo que representa una suba real del 2,5% con un promedio de 4,35 millones de beneficiarios mensuales. Esa cifra oficial de incremento real contrasta con la advertencia de UNICEF y ACIJ sobre el riesgo de licuación si se elimina la actualización automática, dos lecturas que no necesariamente son incompatibles: una describe la previsión normativa, la otra, el riesgo de que esa previsión no se cumpla sin una regla de ajuste garantizada por ley.

    Imagen 4MLNQP337RFXHBCVWO5OXSIYYY

    El presupuesto educativo dirigido a la niñez aumentaría un 13% en términos reales en 2027, impulsado por los recursos para el Plan Nacional de Alfabetización y las becas educativas. El coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez, señaló que esa mejora “no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años” y advirtió que, en programas como las Becas Progresar, el financiamiento previsto para 2027 continúa muy por debajo de los niveles de 2023, último año de la gestión anterior.

    La comparación con 2023 es habitual en los informes de organismos de monitoreo social, aunque conviene señalar que ese año registró niveles de gasto público elevados en un contexto preelectoral, un dato de contexto que ni la gacetilla conjunta ni la exposición ante la comisión mencionan de manera explícita.

    El presupuesto de salud con impacto en la niñez se reduciría un 13% en términos reales, principalmente por menores recursos para vacunas y para las transferencias al Hospital Garrahan. El retroceso más pronunciado, de acuerdo con el análisis de UNICEF y ACIJ, se registra en las políticas de fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia, con una caída del 16%.

    Ninguna de las dos cifras fue confirmada ni discutida de manera pública por el Ministerio de Economía hasta el cierre de esta nota. Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Guberman centró sus definiciones en el financiamiento para personas con discapacidad —que, según afirmó, estará garantizado al 100%— y en la caída de 0,23 puntos del PBI en seguridad social por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, sin referirse en esa instancia a las partidas específicas de salud o primera infancia vinculadas a la niñez.

    Las organizaciones también señalaron problemas de subejecución de los recursos ya disponibles durante 2026 en las carteras educativa y sanitaria, y en programas de nutrición y cuidado de la primera infancia, una observación que no fue respondida en el documento por ninguna autoridad del Poder Ejecutivo.

    El oficialismo busca firmar el dictamen de comisión el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, dentro del período de sesiones ordinarias que vence el 30 de noviembre. Para avanzar, La Libertad Avanza —con 95 bancas propias— necesita reunir 129 votos, lo que obliga al Gobierno a negociar con bloques aliados y gobernadores por partidas que incluyen financiamiento universitario, obra pública y prestaciones por discapacidad, cuyo costo fiscal adicional ronda los 600.000 millones de pesos.

  • Las claves de la avanzada argentina ante el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas y la respuesta británica para blindar a las empresas

    Las claves de la avanzada argentina ante el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas y la respuesta británica para blindar a las empresas

    Plataforma petrolera en el mar con letreros blancos que dicen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo un cielo nublado.
    Guardar

    Un documento de 49 páginas condensa los argumentos legales de la Argentina para frenar la explotación petrolera Sea Lion en las Malvinas. Es el material que el Gobierno envió ayer al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que ahora deberá expedirse sobre la disputa con el Reino Unido. En esta presentación el foco está puesto en los recursos naturales y cuestiones relevantes del derecho del mar.

    El informe está firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente de Argentina ante el tribunal, y fue preparado con intervención de la Cancillería, que encabeza Pablo Quirno; y la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal.

    PUBLICIDAD

    Entre otros puntos, exige que el Reino Unido “impida el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas” por el proyecto Sea Lion. También pide que se abstenga de “utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.

    A su vez, solicita que “cese de impedir” que Argentina cumpla con los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que imponen la obligación de proteger y preservar el medio marino. Y requiere que se abstenga de “adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación.

    PUBLICIDAD

    El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

    El argumento ambiental es uno de los más elaborados del escrito, y es la única vía por la que Argentina puede invocar obligaciones que el Reino Unido tiene independientemente de quién tenga soberanía sobre las Islas. El escrito lo dice explícitamente al citar el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China: “Las obligaciones de la Parte XII se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas, tanto dentro de la jurisdicción nacional como más allá de ella. En consecuencia, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de la Parte XII de la Convención”, se afirma.

    Es decir, Argentina no necesita ganar el debate sobre quién es el soberano para que el Reino Unido tenga obligaciones ambientales. Ese es el puente jurídico que le permite al ITLOS actuar sin pronunciarse sobre soberanía. El tercer pedido cautelar —que el Reino Unido cese de impedirle a Argentina cumplir con los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR— está construido sobre este argumento. Argentina sostiene que: tiene obligación de proteger el medio marino en esa zona; el Reino Unido le impide ejercer esa función regulatoria al operar unilateralmente; y que los daños ambientales son por definición irreversibles, lo que refuerza el requisito de urgencia.

    Este argumento se apoya en documentación propia de las empresas involucradas. En abril de 2015, se notificó una falla en el pozo Isobel Deep (14/20-1), perforado en la licencia PL004 a unos 30 kilómetros al sur de Sea Lion, por la plataforma Eirik Raude de Ocean Rig Management, contratada por un consorcio formado por Falkland Oil and Gas Limited, Premier Oil y Rockhopper. La Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa expresando su preocupación y realizó una denuncia penal.

    Más revelador aún es lo que figura en el Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo que Premier Oil Exploration & Production Ltd presentó ante las propias autoridades de facto de las islas para el pozo Isobel (Elaine), incorporado como Anexo 64 al escrito. El documento concluye textualmente: “Existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”.

    Portada en inglés de un documento legal del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre una disputa entre Argentina y el Reino Unido

    Para un segundo tipo de crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”. El escrito argentino aclara en nota al pie que no existe tal “límite marítimo internacional” y que la referencia corresponde a aguas argentinas no disputadas.

    Uno de los pasajes más inusuales en una presentación ante un tribunal internacional es el que dedica a cuestionar la idoneidad técnica de las empresas involucradas. El documento afirma que ni Navitas Petroleum Development and Production ni Rockhopper Exploration plc tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción.

    Sea Lion: 541 km², 23 pozos y una plataforma semisumergible prevista para enero de 2027

    El escrito ofrece datos significativos sobre el proyecto en las Malvinas. Sea Lion se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de las islas, sobre un área de 541,40 km², dentro de la licencia PL032. La Fase 1 y 2 del desarrollo contempla 23 pozos terminados —con contingencia de hasta 26 perforaciones— distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina anclada al lecho dentro de una zona de exclusión de 500 metros y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) con una zona de exclusión de 1.275 metros de radio.

    El punto de partida operativo está precisado por tres fuentes citadas en el escrito. El reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, reproducido por Eco Oil and Gas Ltd, indica que la campaña de perforación de la fase NDA1 de Sea Lion “se espera que comience a principios de 2027”. Rockhopper confirmó el mismo día que los trabajos en las islas avanzan según lo previsto: “preparación del muelle y la base en tierra que servirán al Proyecto; construcción de alojamientos; y obras de infraestructura adicionales en preparación para la llegada del equipo de perforación”. El reporte de flota de julio de 2026 de Noble Corporation plc —empresa también involucrada en el proyecto— registró que la plataforma semisumergible Noble Endeavour iniciaría operaciones en “Sudamérica” en enero de 2027.

    Sala de audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar

    El escrito sitúa el proyecto en un marco más amplio. El 21 de septiembre de 2026, siete días antes de que Argentina iniciara el arbitraje, las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años todas las licencias de producción hidrocarburífera. Las licencias en juego son PL001, PL032, PL033, PL004a, PL004b y PL004c, en las que participan los grupos Eco, Navitas y Rockhopper con porcentajes que varían de un bloque a otro. El cuarto pedido cautelar busca impedir precisamente ese tipo de expansión unilateral mientras el caso se sustancia ante el tribunal.

    La respuesta británica

    La respuesta británica al movimiento argentino tuvo varios canales paralelos. Por un lado, una declaración de la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ante la Cámara de los Comunes. La funcionaria confirmó que la embajada británica en Buenos Aires entregó la respuesta formal al arbitraje el 11 de octubre y que el Reino Unido participará del proceso. Pero aclaró con precisión los límites de esa participación: “La notificación no constituye una sentencia de un tribunal internacional. No invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas. No altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”.

    Sobre las medidas provisionales, la ministra sostuvo que la posición establecida del Reino Unido es que “son vinculantes para las partes y que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales”, lo que equivale a decir que acataría una orden del ITLOS si se dictara.

    Por otro lado, hubo un comunicado conjunto del Departamento de Negocios y Comercio y la Cancillería para anunciar la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests). La norma permite al gobierno impedir que empresas y personas del Reino Unido sean obligadas a cumplir con regulaciones extraterritoriales de países extranjeros. El objetivo declarado es blindar a las empresas que operan en Malvinas contra las sanciones que Argentina pueda imponer fuera de su jurisdicción.

    la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran

    El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, dijo que el gobierno “actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos comprometidos con actividades comerciales legítimas” y afirmó que el apoyo británico a las islas es “inquebrantable”.

    Kumaran también advirtió que el gobierno está preparado para tomar “medidas adicionales” si la situación continúa. “Serán legales, serán proporcionales y, se lo aseguro, serán contundentes”, dijo ante los comunes.

    El documento argentino ante el Tribunal del Mar dedica un capítulo al requisito del artículo 283 de la CONVEMAR, que obliga a las partes a intercambiar opiniones antes de recurrir a un tribunal. La posición argentina es que ese umbral está más que satisfecho: el Reino Unido respondió a la nota del 24 de agosto recién el 28 de septiembre —el mismo día en que Argentina abrió el arbitraje—, y esa respuesta no fue más que la reiteración de sus posiciones.

    El escrito citó jurisprudencia del propio ITLOS: “Un Estado Parte no está obligado a continuar con un intercambio de opiniones cuando concluye que las posibilidades de alcanzar un acuerdo se han agotado”, con referencia a los casos MOX Plant, ARA Libertad y Arctic Sunrise.

    La presentación también argumenta que la disputa se enmarca en el proceso de descolonización supervisado por las Naciones Unidas y que las resoluciones de la Asamblea General —en particular la 2065 (XX) de 1965 y la 31/49 de 1976, que llama a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales— son parte del marco jurídico que el tribunal deberá tomar en cuenta al interpretar las obligaciones de la CONVEMAR.

    Esta arquitectura procesal que Argentina utilizó tiene un precedente relevante en la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que el ITLOS dictó medidas provisionales en abril de 2015. Una sala especial del tribunal ordenó que Ghana no realizara nuevas perforaciones petroleras en el área marítima disputada —aunque permitió la continuación de determinadas operaciones ya en curso—. La diferencia principal con el caso actual es que aquel litigio giraba en torno a una delimitación marítima entre dos Estados con costas adyacentes, mientras que el reclamo argentino está anclado en una controversia de soberanía territorial enmarcada en el proceso de descolonización.

    Otro antecedente es el de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial de acreedores de la deuda argentina. La Cancillería de entonces inició un arbitraje por la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al ITLOS. Entre el pedido —14 de noviembre de 2012— y la resolución —15 de diciembre— transcurrió aproximadamente un mes. El tribunal ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque. La arquitectura procesal es comparable, aunque los fundamentos jurídicos son distintos.

  • Paritarias: qué sindicatos le ganaron a la inflación y cuáles perdieron

    Paritarias: qué sindicatos le ganaron a la inflación y cuáles perdieron

    El salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior. REUTERS/Francisco Loureiro
    Guardar

    Los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias todavía se encuentran por debajo.

    De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.

    PUBLICIDAD

    En tanto, la remuneración promedio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.

    Gráfico de barras horizontales con el título Variación real del salario medio de los principales Convenios Colectivos y valores de -35% a 20%.

    Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios colectivos acumula una pérdida real de 6,9%.

    Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.

    PUBLICIDAD

    Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.

    Qué sectores ganaron y cuáles perdieron poder adquisitivo

    El análisis de los 26 principales convenios colectivos relevados, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, muestra que 14 actividades consiguieron aumentar o sostener su poder adquisitivo, mientras que las otras 12 registraron pérdidas.

    Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias, también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.

    Manos sostienen una pila de billetes de 100. Fondo con un sillón verde, estantes con libros y piso de madera

    A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.

    En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.

    También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.

    En este contexto, la cartera de Trabajo remarcó: “Las diferencias entre los sectores reflejan cómo la dinámica salarial formal se adaptó a la heterogeneidad económica de cada sector productivo y a la periodicidad de sus pautas paritarias en el contexto de desaceleración inflacionaria”.

    Que pasó con el empleo

    En julio, el empleo registrado en el sector privado cayó 0,2% respecto de junio, lo que representó la pérdida de 12.716 puestos de trabajo, según un informe de Politikon Chaco.

    Con este resultado, el empleo privado formal acumuló un retroceso de 4,2% desde noviembre de 2023, equivalente a 265.765 puestos menos, y alcanzó su nivel más bajo de los últimos 52 meses. En la comparación interanual, la caída fue de 2,2%, con 134.517 empleos menos que en julio de 2025.

    La contracción se extendió a la mayoría de los sectores de actividad y las jurisdicciones del país. Entre los rubros, las mayores pérdidas mensuales se registraron en la industria manufacturera, con 2.832 puestos menos; la construcción, con 2.178; y el comercio, con 1.675.

    En términos geográficos, 17 provincias registraron caídas en julio, mientras que solo seis mostraron mejoras. La provincia de Buenos Aires encabezó las pérdidas mensuales, con 8.001 empleos menos, y también acumuló la mayor reducción desde noviembre de 2023, con 104.361 puestos perdidos.

    En contraste, Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones que superaron los niveles de empleo previos al cambio de gobierno, con aumentos de 8,9% y 3,5%, respectivamente.

  • El Reino Unido evocó la liberación de Malvinas y confirmó actos por el 45° aniversario de la guerra

    El Reino Unido evocó la liberación de Malvinas y confirmó actos por el 45° aniversario de la guerra

    El Reino Unido confirmó que realizará actos conmemorativos en las Islas Malvinas en 2027, cuando se cumplirán 45 años de la guerra de 1982. El anuncio fue difundido a través de un mensaje oficial en las redes sociales, en el que Londres anticipó homenajes a los veteranos británicos que participaron del conflicto y a quienes murieron durante los combates.

    El mensaje tuvo lugar mientras el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas, en la región de Magallanes, en medio de las tensiones con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y el proyecto para reactivar una ruta marítima comercial entre el sur chileno y el archipiélago.

    Durante su estadía, el diplomático destacó los vínculos históricos entre ambos países y mantuvo actividades centradas en la cooperación científica antártica, la conservación marina y la protección de ecosistemas. La visita coincide con los planes de la empresa chilena Easter Island Naviera de operar el buque de carga Danstar para abastecer a las islas, una iniciativa que generó cuestionamientos en Argentina. En paralelo, el Gobierno argentino recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, mientras Londres defiende las actividades autorizadas en el archipiélago.

    Malvinas: el Reino Unido reivindicó la guerra y anunció homenajes para 2027

    “El próximo año marcará 45 años desde que las fuerzas británicas liberaron las Islas Malvinas”, señaló la publicación. El mensaje también hizo referencia a la edad de los excombatientes y advirtió que, para algunos de ellos, el aniversario podría ser uno de los últimos grandes homenajes en los que puedan participar.

    El comunicado indicó que las conmemoraciones se llevarán a cabo en las islas y tendrán como objetivo recordar a los soldados británicos fallecidos. Londres afirmó que se honrará a quienes, según su interpretación del conflicto, “pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños de las Malvinas”. La elección de esas expresiones vuelve a reflejar la posición británica sobre la guerra y el estatus del territorio.

    El anuncio se produce en la antesala de un nuevo aniversario de la guerra, que comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina. Para la Argentina, las Malvinas forman parte de su territorio nacional y el reclamo de soberanía sobre las islas constituye una política de Estado. La conmemoración británica prevista para 2027 se inscribe así en una disputa que continúa abierta en el plano diplomático, más de cuatro décadas después del conflicto.

  • El embajador del Reino Unido en Chile visita Magallanes en medio de las tensiones con Argentina por Malvinas

    El embajador del Reino Unido en Chile visita Magallanes en medio de las tensiones con Argentina por Malvinas

    El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas el 13 de octubre, en una agenda oficial centrada en la cooperación científica antártica. Sin embargo, la gira se desarrolla en un contexto de tensión diplomática entre la Buenos Aires y Londres por el conflicto soberano sobre las islas, que se reavivó ante el avance del proyecto Sea Lion de explotación hidrocarburífera sobre la Cuenca Malvinas Norte.

    En ese sentido, Chile quedó en el medio del conflicto y eleva su tensión con Argentina por los planes que buscan llevarse adelante para reactivar una conexión marítima comercial que una Punta Arenas con las Islas Malvinas.

    “Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro”, publicó el diplomático en X, junto con imágenes de su visita.

    Durante su paso por la región, Concar conoció el trabajo del Instituto Antártico Chileno (INACH) en materia de investigación polar. Según informó la embajada británica, el representante destacó que “la cooperación científica es uno de los pilares de la relación entre el Reino Unido y Chile en la Antártica”.

    También mantuvo un encuentro con la gobernadora regional, Hina Carabante, para analizar oportunidades de colaboración en ciencia antártica, conservación marina y protección de ecosistemas. A fines de agosto, el embajador ya se había reunido con el ministro de Defensa Nacional chileno, Fernando Barros, y el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, para abordar asuntos bilaterales y de defensa.

    La visita coincide con los preparativos para el zarpe del buque Danstar, de bandera chilena, que transportaría mercadería hacia el archipiélago. En paralelo, Punta Arenas evalúa reactivar una ruta marítima comercial hacia Puerto Argentini, principal localidad de las Malvinas, con una primera navegación prevista para mediados de noviembre a cargo de la empresa chilena Easter Island Naviera. La iniciativa provocó cuestionamientos de sectores políticos argentinos y declaraciones cruzadas entre parlamentarios de ambos países.

    El canciller Pablo Quirno se refirió al tema y afirmó: “Nosotros no tenemos en este momento notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas”.

    Chile busca avanzar con la conexión marítima

    La semana pasada, el Parlamento chileno aprobó siete resoluciones vinculadas con la iniciativa, en una señal de respaldo a la ruta comercial. Durante una sesión especial del 6 de octubre, la Cámara de Diputados instó al presidente José Antonio Kast a adoptar una posición más firme “en defensa de los intereses nacionales”.

    Desde la Argentina, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que propone retirar beneficios fiscales a empresas chilenas.

    La tensión entre Argentina y Chile comenzó a escalar a fines de septiembre, cuando una ronda de negocios reunió en Punta Arenas a empresarios de las Islas Malvinas y de Chile. El encuentro reavivó los planes para establecer una conexión marítima directa con el archipiélago y abrió la posibilidad de desarrollar un nuevo corredor logístico en el Atlántico Sur.

    El Punta Arenas Business Showroom fue organizado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el municipio local y la naviera Eastern Island. La actividad congregó a unas 80 empresas y buscó consolidar una ruta cuya primera navegación se proyecta para los primeros días de diciembre de 2026, con el buque de carga general Danstar.

    La FIDC presentó la conexión como una oportunidad para ampliar el comercio y responder al aumento de la demanda de importaciones de las islas. La iniciativa también contempla la posibilidad de que el intercambio de bienes evolucione hacia una plataforma logística y de servicios para actividades en zonas remotas del Atlántico Sur, incluida la extracción petrolera.

    Ese escenario se suma al conflicto entre Buenos Aires y Londres por las operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. En ese marco, el presidente Javier Milei anunció la activación de un litigio internacional contra el Reino Unido, con el objetivo de frenar las actividades petroleras en la zona.

    El cruce por el proyecto petrolero Sea Lion

    La disputa diplomática sumó un nuevo capítulo cuando el Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, una solicitud de medidas provisionales para detener el desarrollo del campo petrolero Sea Lion.

    El proyecto, valuado en u$s 2.200 millones, está a cargo de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

    Según explicó el gobierno de Milei, la presentación busca “preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental” e impedir actividades que considera autorizadas “unilateral e ilegalmente” por el Reino Unido.

    La respuesta británica llegó a través de Uma Kumaran, ministra de Estado del Foreign Office, durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. La funcionaria sostuvo que la Argentina intentaba recurrir a “medidas más allá de su jurisdicción” como mecanismo de coerción económica.

    “El campo Sea Lion se encuentra en la plataforma continental de las Islas Malvinas. El proyecto es legal y está regulado por el gobierno democráticamente electo de las Islas Malvinas. Argentina no tiene jurisdicción sobre él”, afirmó Kumaran, según informó la agencia Associated Press (AP).

    La representante del Gobierno británico agregó que Londres “no se quedará de brazos cruzados” ante lo que definió como presión económica ilegítima. Además, anunció que el secretario de Negocios activará la legislación de protección de intereses comerciales frente a cualquier medida argentina que pretenda aplicarse fuera de su jurisdicción.

    En paralelo, la gestión de Andy Burnham informó que la red diplomática británica, por instrucción del canciller, se está comunicando con socios del G7 y del G20, además de gobiernos de Europa y América, para advertir sobre las consecuencias que atribuye a la conducta argentina en materia de seguridad jurídica y estabilidad del comercio global.

    Kumaran también anticipó que el Reino Unido prepara “medidas adicionales, legales, proporcionales y robustas” si la situación continúa. Sobre el eventual acceso de la Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sostuvo que el comportamiento de Buenos Aires “plantea interrogantes muy serios sobre su confiabilidad como socio”.