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El 65% de las exportaciones de autos argentinos tienen por destino a Brasil, por lo que la producción nacional depende directamente de los movimientos que tenga el mercado más grande de Sudamérica.

La reciente decisión de Ford de reducir la velocidad de producción en General Pacheco, su única planta regional, está fundamentada en una proyección de ventas inferior a las que se habían obtenido en los meses anteriores para el mercado brasileño.

Según explicaron fuentes de la marca, no se trata de un mes puntual sino de una curva constante de varios períodos, y es una lectura sobre el impacto hacia 2027 y no sobre el mercado actual. Por ese motivo, la reducción del volumen se aplicará a partir de octubre, cuando ya se empiezan a fabricar las unidades que se venderán en los primeros meses del año siguiente.

El mercado brasileño tuvo en el primer semestre del año un notorio crecimiento de ventas que alcanzó el 20,1% en relación con el mismo período de 2025. Sin embargo, esa suba está dada principalmente por autos de pasajeros, compactos y SUV, que crecieron un 23,6%, y no tanto por los utilitarios, que solo registraron una suba del 7,7 por ciento. ¿Por qué? Una explicación al fenómeno podría ser que el crecimiento de los SUV, sobre todo chinos, impacta en la venta de pickups.

Un año antes, en junio de 2025, la situación era exactamente la opuesta, ya que el primer semestre había mostrado una suba general del mercado automotor liviano del 5% pero con un crecimiento de solo el 3,5% en autos y un 10,7% en utilitarios.

De hecho, a fin de 2025, el acumulado de todo el año registró una suba total del 2,6% con un crecimiento de autos del 2,5% y de utilitarios del 2,9%, lo que marca el cambio de situación en tan solo 6 meses.

En números netos, las pickups argentinas siguen teniendo protagonismo en el mercado brasileño, aunque no es el mismo que tenían un año atrás o incluso tres meses atrás, al finalizar el primer trimestre de 2026.

La pickup Toyota Hilux es la mejor posicionada, lidera las ventas de camionetas medianas en Brasil con un volumen de 23.363 unidades en lo que la del año, que equivalen al 8,5% del mercado de vehículos utilitarios livianos. Pero el año pasado, con un volumen menor de unidades de 23.151 unidades en el mismo período, el porcentaje representaba el 9,1% del mercado, y exactamente esa misma cuota se mantenía también en marzo de este año, al finalizar el primer trimestre.

La otra pickup que tiene relevancia en Brasil y que puede comparar sus resultados de 2025 con los de 2026 es justamente la Ford Ranger. Este año lleva vendidas 16.970 unidades hasta junio, lo que representa el 6,2% del mercado de utilitarios livianos. Si se compara con los números de junio de 2025, el volumen era menor, 15.973 ventas, pero la cuota era la misma.

Sin embargo, en marzo de este año, cuando empezó a apreciarse la tendencia a la baja en Brasil, la cuota de Ranger bajó al 5,8%. Si bien hay una leve recuperación entre abril y junio, el crecimiento que se esperaba no se está dando.

Aunque con volúmenes menores, dos de las otras tres camionetas argentinas que se venden en Brasil están obteniendo cifras similares. La única que tiene parámetros de comparación con 2025 es la Volkswagen Amarok, que en el primer semestre del año pasado tenía el 0,8% del mercado, pero en marzo de este año había bajado al 0,5%, cifra que se mantiene también al computar las ventas hasta el mes de junio.

Las restantes pickups no tienen referencia del primer semestre del año pasado porque no estaban en el mercado, aunque si tienen un punto de comparación con el resultado tras el primer trimestre de 2026.

La Fiat Titano había alcanzado una cuota del 11,5% en marzo y bajó al 10% luego de finalizar junio. En cambio, la Ram Dakota terminó marzo con una participación del 0,4% en el mercado de utilitarios, y tras los primeros seis meses completos tiene ahora una cuota del 0,7%.

Al solo efecto de obtener una referencia de otra camioneta mediana de venta masiva, pero de origen brasileño, los números de la Chevrolet S10 muestran que en el primer semestre del año pasado tenía el 5,4% del mercado, en el primer trimestre de este año había bajado al 4,8%, pero al completar los primeros seis meses del año volvió a subir al 5,4 por ciento.

La camioneta más vendida de Brasil es de producción local también, aunque es una pickup de media tonelada. Se trata de la Fiat Strada, que en el primer semestre de este año registró un total de 83.032 unidades, el equivalente al 30,4% del mercado de utilitarios livianos. Tomando las mismas referencias, en el primer semestre del año pasado su cuota era mucho menor, del 24,8%, pero ya al finalizar el primer trimestre de este año volvió a subir al 30,6%.

El segmento de pickups está creciendo menos que el de autos y SUVs, así lo reflejan los números de Fenavrabe, la entidad que publica los informes de patentamientos de cada mes. Pero en ese contexto, las pickups brasileñas crecen a la par del mercado y las argentinas no.

Si es un tema de competitividad de la industria automotriz argentina por la carga impositiva o no, es algo que se podrá comprobar con el correr de los meses. No deja de ser el tema por el cual reclaman constantemente los ejecutivos de las automotrices argentinas.

Se abrió un espacio de negociación entre el dueño del Hotel Provincial de Salta, Carlos Issa, que podría cerrar el establecimiento que fundó su familia en 1971 si tiene que pagar 100 millones de pesos en indemnizaciones, y los empleados despedidos por haber bloqueado su empresa y que la Justicia imputó penalmente por considerar que la protesta excedió el marco protegido por el derecho de huelga.

La instancia se abrió este jueves durante una audiencia entre ambas partes, presidida por la jueza Paola Marocco y el fiscal Rodrigo Guerra, en donde, tras escuchar las posiciones de Issa y de los ex empleados, la magistrada propuso un cuarto intermedio hasta dentro de 10 días para que se explore una solución al conflicto.

Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que estuvo en la audiencia en Salta para asesorar a Issa, dijo a Infobae que la fórmula propuesta por la jueza consiste en que el dueño del hotel desista de la denuncia penal a cambio de que la otra parte renuncie a los juicios laborales.

Se trata de un mecanismo de resolución alternativa del conflicto llamado conciliación penal, que rige en algunas provincias y mediante el cual la víctima y el imputado, con intervención del fiscal y control judicial, pueden llegar a un acuerdo que pone fin al proceso penal o evita que continúe. Su finalidad principal es reparar el daño causado a la víctima y resolver determinados conflictos penales sin necesidad de llegar a un juicio.

Según Torres Barth, la jueza dejó la causa “lista para ir a juicio” si no hay un entendimiento entre las partes.

El abogado señaló que hay que revisar la situación de quienes ya cobraron resarcimientos por los despidos dispuestos tras el bloqueo del hotel. Hasta ahora, precisó, a valores actualizados por inflación, Issa ya pagó 68 millones de pesos en indemnizaciones y todavía quedan 7 juicios laborales más contra Issa que podrían elevar el monto por abonar a unos 100 millones de pesos.

Torres Barth afirmó que la defensa de los despedidos pidió la inconstitucionalidad del delito de turbación de la posesión, como está caratulada la acusación penal contra los 17 empleados que bloquearon el hotel, junto con 2 dirigentes que pertenecen a la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

El argumento en contra de la imputación penal es que afectaba el derecho a huelga, pero la jueza, según Torres Barthe, “rechazó ese planteo de inmediato”.

De todas formas, el abogado insistió en que desde el MEAB buscarán una reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien le pidieron una audiencia que aún no fue concedida, para explicarle en detalle los problemas que atraviesa el empresario: “Le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente -estimó- salgan condenados en el juicio penal, algo que es una locura”.

Además, advirtió que Issa “no tiene margen para pagar” 100 millones de pesos a los imputados penalmente por los bloqueos, por lo que, en ese caso, debería cerrar el hotel, uno de los más tradicionales de la capital salteña.

El abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados despedidos, había anticipado que en la audiencia iba a plantear el sobreseimiento de sus defendidos ya que la investigación fue mal conducida, parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y el conflicto tuvo origen salarial y laboral.

Corregidor aseguró que hubo un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía y cuestionó un requerimiento previo de elevación a juicio porque, según dijo, no se ajustó a lo ordenado por el juez y aun así derivó en nuevas imputaciones contra trabajadores.

Uno de los ejes de la defensa es que las filmaciones del hotel ubican a los imputados en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento. Para el abogado, esa ubicación descarta la hipótesis de bloqueo contra el hotel respecto de las personas que representa y debe diferenciarse de la eventual actuación del Sindicato de Gastronómicos de Salta durante la protesta.

En noviembre pasado, el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, dio por probado que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el hotel sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.

Ese fallo se basó en declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones. El juez advirtió, además, que el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho que consagra la Constitución Nacional.

Según Issa, los 18 días que duró el bloqueo contra su hotel le causó pérdidas por 600 millones de pesos ya que tuvo que derivar huéspedes y cancelar reservas.

Un proyectil ruso violó este jueves el espacio aéreo de Polonia durante un ataque masivo contra Ucrania y dejó un cráter de diez metros de diámetro en la localidad de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublín.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, calificó el episodio de “otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania”. Condenó además los ataques que denominó “mortales” lanzados durante la noche y reiteró que el apoyo de la Alianza a Kiev permanece “inquebrantable”.

El bombardeo incluyó 70 misiles y 280 drones. Los fragmentos del proyectil que cruzó la frontera polaca quedaron dispersos en un radio de dos kilómetros desde la población más cercana al punto de impacto.

El canciller ucraniano Andrí Sibiga identificó el objeto como un misil de crucero Kh-101, aunque la OTAN aclaró que su tipo exacto aún no ha sido determinado de forma oficial, dado que la investigación continúa abierta. Ante la detección, Polonia y el organismo activaron de forma conjunta sus defensas aéreas y terrestres.

El despliegue incluyó dos cazas polacos F-16, un avión Saab 340 de alerta temprana, un helicóptero Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330 de la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, evitó ampliar los detalles sobre el incidente.

El primer ministro Donald Tusk suspendió su agenda y se trasladó de urgencia a la zona, donde encabezó una reunión de coordinación junto al ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y altos mandos militares para examinar el lugar. En rueda de prensa desde Tarnawa-Kolonia, confirmó que un segundo objeto también violó el territorio aéreo del país.

“De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca, aunque fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias”, precisó el mandatario. Rutte reafirmó desde Bruselas:“Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles”.

La OTAN aseguró además que adoptará “todas las medidas necesarias” para protegera sus miembros.

El suceso remite a una situación similar registrada el año anterior, cuando al menos 23 drones rusos cruzaron la frontera en una sola jornada. Aquella incursión forzó el cierre temporal del aeropuerto de Varsovia-Chopin y otros terminales estratégicos, catalogada por las autoridades como una agresión directa a la soberanía del bloque.

(Con información de EFE y EP)

Desde julio de 2026 comenzó a regir un esquema de actualización automática de salarios para los trabajadores comprendidos bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 del sector mutual. Este mecanismo, que UTEDYC definió junto a la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), se implementó tras la firma de un acta paritaria en la que las partes acordaron ajustes mensuales de los salarios básicos convencionales, tomando como única referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado cada mes por el INDEC.

El acuerdo, que abarca el periodo entre julio y diciembre de 2026, marca un cambio respecto a esquemas previos de negociación salarial, donde los porcentajes de aumento solían fijarse para varios meses por adelantado. En este caso, la paritaria establece que los haberes de cada mes se ajustarán de manera directa y acumulativa con el dato de inflación registrado en el mes inmediato anterior.

La conducción nacional de UTEDYC, encabezada por Carlos Bonjour, suscribió el entendimiento con las máximas autoridades de CAM y CONAM. El nuevo sistema reemplaza los incrementos preestablecidos y adopta una modalidad en la que cada publicación mensual del IPC impacta de forma automática sobre los salarios básicos de los trabajadores del sector mutual. Así, los haberes de julio incorporaron la inflación de junio, la liquidación de agosto tomará el IPC de julio, y este mismo esquema continuará hasta diciembre, cuando se aplicará la variación del índice correspondiente a noviembre.

De acuerdo con el acta, cada mes las partes firmarán y anexarán una escala salarial actualizada que reflejará el porcentaje exacto de ajuste derivado del IPC oficial. La escala correspondiente a julio de 2026 ya fue incorporada como Anexo I al convenio, con valores que capturan la inflación de junio. En adelante, se sumarán mes a mes nuevas escalas, cada una de ellas integrando el acuerdo como anexos complementarios.

El procedimiento de homologación del acuerdo quedó previsto en el texto firmado. Cualquiera de las partes podrá solicitar la homologación ante la autoridad laboral competente, quien verificará el cumplimiento de la normativa vigente y otorgará validez administrativa a los términos pactados. El acta aclara que la aplicación del nuevo esquema salarial es inmediata desde la fecha de la firma y no depende de la culminación del trámite de homologación.

El Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 regula las condiciones laborales de los empleados del sector mutual representados por CAM y CONAM. Entre sus disposiciones, define categorías, salarios básicos y condiciones de trabajo, además de cláusulas particulares aplicables a los trabajadores comprendidos en el convenio. El acuerdo reciente se concentra exclusivamente en la actualización de las escalas salariales para el segundo semestre de 2026, introduciendo la novedad de los ajustes mensuales por inflación oficial.

El mecanismo adoptado para la paritaria no contempla sumas extraordinarias ni porcentajes adicionales. La única variable considerada es la variación del IPC informada por el INDEC, que determinará el incremento de haberes de cada mes. Una vez publicada la cifra oficial de inflación por el organismo estadístico, ese dato se aplicará directamente sobre los salarios básicos convencionales del mes siguiente.

Las partes establecieron que el acuerdo tendrá vigencia hasta la actualización correspondiente a diciembre de 2026. Tras ese período, representantes sindicales y empleadores volverán a reunirse en enero de 2027 para definir las nuevas condiciones salariales y la modalidad de negociación aplicable al siguiente año. Esta instancia de revisión y negociación anual quedó expresamente estipulada en el acta.

El esquema de actualización mensual genera un marco de previsibilidad para la evolución de los salarios convencionales, ya que se ajustan en línea con la inflación real y sin la necesidad de renegociaciones intermedias. La expectativa generada por este mecanismo también se centra en la posibilidad de que llegue a replicarse en otros convenios colectivos que negocia el sindicato.

El acuerdo paritario entre UTEDYC, CAM y CONAM introduce una cláusula de ajuste automático, cuya implementación y vigencia están alineadas con la publicación de los datos oficiales del INDEC. No se incluyen detalles sobre los valores específicos de las escalas salariales, aunque se señala que la escala de julio ya incorpora el ajuste por inflación de junio y que cada mes se actualizarán los valores a través de nuevas actas.

Este modelo de ajuste representa una innovación para la negociación colectiva en el sector mutual, ya que elimina la práctica de fijar porcentajes fijos de aumento por períodos extendidos y opta por un método estrictamente vinculado a la inflación mensual. El acuerdo contempla el mecanismo administrativo para su homologación y la incorporación formal de cada nueva escala salarial al convenio colectivo.

El impacto inmediato de la paritaria se refleja en la obligación de las entidades empleadoras de aplicar los nuevos valores consensuados en cada mes, más allá de que el proceso de homologación administrativa pueda encontrarse en trámite. La actualización mensual de los salarios básicos convencionales, basada exclusivamente en el IPC, se presenta como el eje central del esquema acordado entre las partes.

La modalidad acordada quedó limitada al periodo julio-diciembre de 2026. El entendimiento prevé que en enero de 2027 se abrirá una nueva negociación para determinar las pautas salariales y la modalidad de actualización que regirán durante el año siguiente, garantizando así la continuidad del diálogo entre las partes y la revisión periódica de las condiciones laborales.