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La reforma, la Ley, el Senado y las internaciones involuntarias volvieron al centro del debate por un proyecto que busca modificar el criterio vigente desde 2010 para permitir intervenciones más tempranas ante crisis graves de salud mental, mantener la participación judicial y redefinir el papel de los psiquiatras y de los hospitales especializados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara alta en abril, es analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud. Según explicó el abogado Juan Roza Alconada en Infobae A las Nueve, ya expusieron más de 70 personas entre profesionales, familiares y funcionarios.

Roza Alconada participó como expositor en el Congreso y vinculó su intervención con su historia personal: su hermano Rodrigo sufría esquizofrenia. “Quiero que esto cambie”, dijo al referirse a las dificultades que enfrentan familias y profesionales ante episodios graves.

El abogado sostuvo que la discusión no debería plantear una oposición entre tratamiento y libertades individuales. “El tratamiento con los derechos y libertades” debe orientar el debate, afirmó, al defender una actualización de la norma tras 16 años de vigencia.

Ordenar internaciones involuntarias

Uno de los núcleos de la reforma es el artículo 20 de la ley actual, que exige acreditar un “riesgo cierto e inminente” para disponer una internación sin consentimiento. Roza Alconada cuestionó ese estándar porque, a su juicio, deja poco margen para prevenir daños y genera interpretaciones restrictivas entre jueces y médicos.

“El riesgo es probable o no”, planteó. Para el letrado, la combinación de “riesgo”, “cierto” e “inminente” presenta problemas jurídicos y además expone a los profesionales al temor de futuras demandas por privación ilegítima de la libertad.

La propuesta en debate reemplaza ese parámetro por la evaluación de un daño grave para la propia persona o para terceros. Según explicó, ese cambio permitiría considerar la historia clínica, los antecedentes y la conducta previa del paciente antes de que la situación derive en un episodio irreversible.

La intervención judicial no desaparecería. El juez recibiría información sobre las razones de la internación y también tomaría conocimiento antes de una externación.

Ese punto responde de manera directa a la discusión central del proyecto: el Senado analiza si la ley debe habilitar herramientas de prevención más amplias que las actuales sin suprimir controles judiciales. Roza Alconada resumió esa lógica con una frase: “Tratemos de no llegar a eso”, al hablar sobre hechos de violencia que, según sostuvo, podrían evitarse con intervenciones tempranas.

Diagnósticos, firmas médicas y el lugar de los hospitales especializados

Otro cambio propuesto alcanza la terminología de la ley. El texto vigente habla de “padecimiento mental”, mientras que la reforma incorpora “trastorno de salud mental”, una expresión que el abogado vinculó con clasificaciones clínicas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la American Psychiatric Association.

A su criterio, “padecimiento mental” es una fórmula demasiado amplia y abierta a interpretaciones subjetivas. “Vos tenés que ser muy preciso”, afirmó al defender que una norma de este tipo debe apoyarse en categorías médicas definidas.

La iniciativa también modifica quiénes pueden firmar una internación involuntaria. Hoy la ley permite que lo hagan dos integrantes de un equipo interdisciplinario, entre ellos psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales o psiquiatras.

El proyecto exige que al menos un psiquiatra intervenga con su firma. Roza Alconada argumentó que ese profesional tiene formación médica, conocimientos de neurobiología y capacidad para indicar tratamientos farmacológicos.

Para respaldar esa posición, citó un caso mencionado por Ricardo Corral, jefe del Hospital Borda. Según relató, un paciente llegó con síntomas que abrían dudas diagnósticas y un estudio posterior detectó un tumor cerebral, con lo que se descartó un trastorno mental.

La continuidad de los hospitales monovalentes es otro de los puntos incluidos en el texto. Roza Alconada mencionó al Hospital Borda, al Hospital Moyano y al Hospital Bonaparte como instituciones dedicadas de manera exclusiva a la atención en salud mental.

Según recordó, la reglamentación de 2013 había fijado el cierre de esos establecimientos para 2020. El abogado reconoció deficiencias del sistema, pero rechazó que la respuesta sea eliminar instituciones especializadas.

También describió problemas que, según dijo, atraviesan familias del interior del país, donde personas con trastornos de salud mental o consumos problemáticos comparten habitaciones en hospitales generales con pacientes de otras patologías.

En ese marco, evocó el recorrido de su hermano por la red pública: pasó 12 horas en el Hospital Rivadavia después de ingresar por guardia y más tarde fue internado en el Hospital Fernández durante otro brote.

El abogado planteó que la discusión sobre recursos debe darse en un plano específico. “Tengamos esta ley y discutamos el presupuesto”, propuso, al sostener que una ampliación de partidas por sí sola no resolvería las limitaciones legales mientras siga vigente el criterio de riesgo cierto e inminente.

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El economista Lucas Llach advirtió que uno de los principales desafíos que enfrenta la economía argentina es el nivel del tipo de cambio y planteó que el Gobierno debería priorizar una mayor recuperación de la actividad económica, aun a costa de tolerar una inflación algo más elevada.

“Creo que el problema de la economía argentina es un clásico del programa de estabilización, que es que el dólar queda un poquito corto”, sostuvo Llach al analizar el escenario económico y la relación entre el tipo de cambio, las tasas de interés y la actividad.

Llach consideró que una eventual suba moderada del dólar podría incluso contribuir a mejorar el funcionamiento de la economía, al evitar la necesidad de sostener tasas de interés demasiado elevadas para contener al tipo de cambio.

“Dada la conversación pública sobre la mora, creo que el Gobierno no va subir tanto las tasas, y si se mueve un poco el dólar, para mí es casi mejor”, afirmó.

El economista planteó incluso un escenario en el que el dólar alcance valores de entre $1.600 y $1.750 hacia fin de año. “Puede ser que la inflación no baje tanto”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que una inflación cercana al 2% mensual no debería representar necesariamente un problema políticamente.

Su argumento parte de la idea de que una economía con un tipo de cambio relativamente alto puede generar dificultades para el consumo, el turismo y el uso de los ahorros acumulados.

El economista sostuvo que el Gobierno enfrenta así un dilema entre sostener una política monetaria restrictiva para mantener estable al dólar o permitir cierto movimiento del tipo de cambio con el objetivo de reducir el costo de las tasas sobre la actividad.

“Creo que hoy la prioridad no es tanto seguir bajando la inflación, pero sí que la economía se mueva un poquito más”, resumió.

Llach consideró que una inflación mensual ubicada entre 1,5% y 2% podría ser tolerada por la sociedad si se mantiene dentro de un rango de estabilidad. “Si es 1,5%, 1,7% o 2%, la gente lo va a valorar como una tranquilidad”, afirmó.

Tasas altas y morosidad

Respecto a la morosidad, Llach dijo que afectó sobre todo a la clase media, cuyo ingreso disponible cayó por el aumento de servicios y tasas. Con la baja de tasas, la mora parece haber tocado techo y empieza a disminuir. “Se está resolviendo solo, antes de que pensemos la solución”, consideró, detallando que lo que sucedió en los bancos fue el pago mínimo en las tarjetas de crédito.

El economista vinculó la problemática a la volatilidad registrada durante 2025, en particular en el contexto de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

“Todos querían comprar dólares, el dólar tocó el techo de la banda cambiaria y tuvo que venir Bessent a ayudarnos”, recordó. En ese escenario, señaló, el Banco Central recurrió a tasas elevadas para desalentar la dolarización de los ahorros.

Para Llach, la incertidumbre cambiaria y la volatilidad de las tasas tienen un impacto directo sobre las decisiones de inversión y consumo. “Yo creo que contribuye a que la economía crezca menos si un día la tasa es 20%, otro día es 60%”, sostuvo.

Aunque mantuvo una mirada crítica sobre la política de tasas del Gobierno, reconoció un cambio en la estrategia oficial. “Creo que tiene una política de tasa más clara”, afirmó.

En su lectura, el Gobierno estaría avanzando hacia una política de tasas más previsible. “Sin decirlo, el gobierno está yendo en esa dirección y que la tasa esté más tranquila”, señaló.

“¿Cuál es el costo? Que el dólar te puede subir más”, explicó.

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La empresa WebPack, que brinda servicios de logística para Mercado Libre, fue bloqueada en la madrugada de este miércoles por unos 50 empleados y activistas del Sindicato de Camioneros en protesta por el despido de un trabajador y, en medio de amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar, tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a sus instalaciones, ubicadas en el barrio de La Paternal.

El conflicto comenzó luego de que la empresa decidió echar sin causa a uno de sus 164 empleados, pagándole la indemnización que marca la ley, lo se generó un conflicto que motivó la intervención del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) a través de su abogado, Pablo Abdón Torres Barthe.

A partir del despido, según afirmó el abogado a Infobae, los directivos de la empresa fueron citados a la sede del Sindicato de Camioneros, donde los recibió Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, quien les advirtió que no podían despedir gente que no había sido sancionada, ante lo cual se le explicó que se trataba de un despido sin causa por motivos de reestructuración.

La respuesta del dirigente sindical, de acuerdo con Torres Barthe, fue “En Camioneros no están permitidos los despidos”. Cuando los directivos le explicaron que “la ley permite” la posibilidad de echar empleados, Amador les contestó: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”.

“Así fue como bloquearon la empresa y amenazaron a todos los fleteros tercerizados que no tienen nada que ver y que se fueron sin cargar las camionetas”, dijo el abogado del MEAB, que anticipó que harán las denuncias correspondientes por las amenazas que recibieron los empleados. “Al gerente general le dijeron que si salía la camioneta se la prendían fuego”, agregó.

La protesta extorsiva sólo se levantó luego de que intervinieron efectivos de Infantería y así pudo normalizarse la actividad que desarrolla la empresa.

En su sitio web, WebPack se presenta como “parte de un grupo empresario con más de 35 años de experiencia en servicios de logística y distribución postal”, que, según se detalla, cuenta con “más de 6300 m2 en naves para operación, un centro de procesamiento con capacidad para más de 50.000 paquetes, 48 dársenas de despacho con capacidad para más de 12.000 envíos por hora y más de 700 móviles para distribución”.

El episodio remite a otro que se registró el 8 del mes pasado en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando, según el diario La Nación, un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa, de acuerdo con la nota, denunciaron que “una ‘patota’ del gremio al mando de Amador, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad de 19 años y llevó a cabo una asamblea en el lugar”.

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron los trabajadores, según La Nación.

La vigencia de la Ley Bases y de la Ley de Modernización Laboral hizo que se redujeran notablemente los bloqueos sindicales contra las empresas ya que ambas normas penalizan a los responsables de ese tipo de protestas.

Fue determinante el artículo 94 de la Ley Bases que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

Por su parte, el artículo 134 de la ley de Modernización Laboral hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Para la baja de este tipo de protestas extorsivas fue clave también el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

Los investigadores señalaron que la víctima logró soltarse parcialmente de las ataduras y buscó refugio en otro nivel del inmueble, pero terminó precipitándose al vacío y falleció.

La Ciudad de Buenos Aires recibió una mejora en su calificación crediticia de largo plazo y pasó de raAA+ a raAAA en la escala nacional de Argentina, según informó S&P National Ratings en un comunicado fechado el 1 de septiembre de 2026. La agencia indicó que la suba alcanzó tanto a la calificación institucional de largo plazo como a sus emisiones, mantuvo una tendencia estable y definió a raAAA como el grado más alto que otorga en el mercado argentino. Con esto, ya son dos las agencias crediticias que asignan la máxima calificación al distrito, por lo que vuelven elegible a la deuda porteña para inversiones del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se utilizará para el pago de indemnizaciones.

La calificadora precisó que “el 1 de septiembre de 2026, S&P National Ratings subió la calificación crediticia de emisor en escala nacional de largo plazo de la Ciudad de Buenos Aires y de sus emisiones a ‘raAAA’ desde ‘raAA+’. La tendencia es estable”. El comunicado aclaró que esa calificación corresponde a la línea de producto de S&P National Ratings y que el logo identifica notas asignadas con base en criterios para la escala nacional y metodologías específicas para Argentina.

S&P ubicó a la Ciudad en el grado más alto de su escala para Argentina

La agencia también incorporó en el texto una definición expresa del rango alcanzado por el distrito. Según el comunicado, “Una entidad calificada ‘raAAA’ tiene una capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras en comparación con otras entidades en el mercado nacional”. A continuación añadió que “La calificación de ‘raAAA’ es el grado más alto que otorga S&P National Ratings en la escala nacional de Argentina”.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó en su cuenta de X que “Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible”. En el mismo mensaje, vinculó la mejora con el estado de las cuentas públicas y con el contexto económico nacional. “Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras”, escribió. Luego agregó: “El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza”.

La comunicación oficial también sumó la voz del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, que difundió otro posteo sobre la decisión de la calificadora. En ese mensaje escribió en mayúsculas que “la ciudad de Buenos Aires es el lugar más seguro del país para invertir”.

La deuda de la Ciudad es apta para el FAL

La mejora informada por S&P National Ratings se agregó a otra noticia de julio de 2026 vinculada con la deuda porteña. Según la información que compartiste en este chat, Moody’s publicó una suba de nota para la Ciudad el 24 de julio pasado. Con ese antecedente, la Ciudad quedó con la máxima nota nacional en dos calificadoras, un punto que cobró relevancia a la luz de la normativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

De acuerdo con la información provista en esta conversación, la normativa del FAL exige una calificación de riesgo “AAA” en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras para invertir en deuda de provincias, de CABA y en obligaciones negociables privadas. Ese mismo marco establece además que los activos deben contar con oferta pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La regla incorporó una excepción para la deuda emitida por el Estado Nacional. Según el detalle que aportaste, esos títulos no están sujetos al requisito de calificación “AAA” ni tienen un límite porcentual máximo de cartera. Para la deuda provincial y de la Ciudad, el esquema fijó un tope de 15% en conjunto y un máximo de 5% por jurisdicción. En el caso de las obligaciones negociables, el límite quedó en 20% en conjunto y 10% por emisor.

Ese filtro redujo el universo de activos elegibles. Siempre según la información provista en el chat, el requisito de doble “AAA” dejó muy pocas jurisdicciones y empresas privadas dentro de las condiciones para recibir esos fondos. En el plano subnacional, el dato que aportaste indicó que solo CABA calificó como elegible bajo ese criterio.

La decisión de S&P y la mejora previa de Moody’s dejaron así un nuevo dato para el mercado de deuda de la Ciudad. En el plano estrictamente documental, el informe de S&P consignó en su portada que la calificación institucional de largo plazo quedó en raAAA con tendencia estable, que el programa de eurobonos a mediano plazo por US$3.390 millones recibió la misma nota y que la Clase 23, con vencimiento el 22 de febrero de 2028, también quedó en raAAA con tendencia estable.

El informe de la calificadora describió superávit, liquidez y resiliencia fiscal

El comunicado de S&P desarrolló los fundamentos de la suba en varias páginas. En ese apartado sostuvo que la nota de la Ciudad reflejó fortalezas crediticias superiores a las de sus pares en Argentina. La firma mencionó “resultados fiscales superavitarios consistentes a lo largo del tiempo”, “la gestión financiera prudente de la administración” y “la capacidad de construir reservas de liquidez” que, según el texto, le permitió reducir niveles de endeudamiento en los últimos años y continuar con la mejora de infraestructura.

En el mismo bloque, la calificadora incorporó un tramo sobre el comportamiento de la Ciudad frente al contexto argentino. Allí señaló que el distrito atravesó condiciones macroeconómicas volátiles y tomó medidas frente a reducciones de transferencias automáticas y discrecionales. Para la firma, ese recorrido mostró capacidad de respuesta en períodos de tensión. El documento también incluyó la frase “La calificación de ‘raAAA’ de la Ciudad de Buenos Aires refleja sus fortalezas crediticias, superiores a las de sus pares en Argentina”, seguida por la enumeración de factores fiscales y financieros que explicaron la decisión.

La agencia presentó además su escenario base para el período 2026-2028. En ese apartado indicó que esperaba una trayectoria fiscal superavitaria y una reducción de necesidades de financiamiento durante los próximos años. Según el informe, el balance operativo seguiría en terreno positivo en relación con los ingresos corrientes, con un promedio de 19,7% durante ese lapso. Al mismo tiempo, la firma proyectó que el resultado después del gasto de capital sería levemente deficitario en línea con 2025, a partir de una expectativa de mayor ejecución en inversión de capital. En números, esa proyección contempló un déficit promedio después del capex de 0,3% de los ingresos totales.

El reporte incluyó obras, coparticipación y acceso al mercado

Dentro de los fundamentos, S&P National Ratings señaló que un mayor gasto de capital otorgó a la administración “una mayor flexibilidad presupuestaria a lo largo de los ciclos económicos”, aun cuando ese movimiento empeoró el resultado fiscal después de capex. El informe estimó que el gasto de capital se mantendría en un promedio del 20% de los gastos totales de la Ciudad, por encima del 15% que registró entre 2022 y 2025.

La calificadora identificó entre las principales obras de la agenda de la administración proyectos de transporte, la sustitución de vagones, la construcción de una nueva línea de subterráneo y otras obras viales de gran y mediana magnitud. Ese tramo del documento apareció en sintonía con uno de los argumentos incluidos por Arengo en su publicación. El ministro afirmó que “La reputación crediticia obtenida le permite a la Ciudad acceder a mejores condiciones y tasas de financiamiento en el mercado local, para así continuar impulsando el plan de obras que beneficia directamente a todos los vecinos”.

El informe también repasó la situación de los ingresos de la Ciudad y su autonomía recaudatoria. Según el texto, alrededor del 85% de sus ingresos provino de recursos propios, un rasgo que, de acuerdo con la agencia, le dio flexibilidad para adaptarse a medidas adoptadas por el gobierno central en detrimento de la entidad. En ese mismo análisis se mencionó el recorte del coeficiente de participación en 2022 y las negociaciones posteriores entre la Ciudad y el Gobierno nacional.

Sobre ese punto, el documento señaló que, luego de un proceso de negociación por el coeficiente de coparticipación recortado en 2022 y después de que se ralentizara el flujo de fondos acordado entre ambas partes a mediados de 2025, el 18 de mayo de 2026 ambos gobiernos acordaron la transferencia de bonos soberanos, con vencimiento promedio de siete meses, para liquidar el saldo atrasado desde julio de 2025. Aun con ese escenario, la calificadora sostuvo que la Ciudad mostró capacidad para sortear recortes en sus ingresos.