Gabriel Real, abogado, cuatro veces diputado provincial y secretario de Asuntos Legislativos del gobierno de Santa Fe, murió este martes en un aeropuerto de Estados Unidos. Tenía 67 años. La noticia llegó este miércoles a la política santafesina y provocó una rápida cadena de reacciones entre funcionarios, legisladores y dirigentes partidarios.
La muerte se produjo en el aeropuerto de Nueva York, donde Real aguardaba junto a su familia el vuelo de regreso a la Argentina tras asistir al Mundial de fútbol. Sufrió una descompensación cardíaca.
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Su partida sacudió a la coalición oficialista provincial y al Partido Demócrata Progresista (PDP), fuerza en la que desarrolló toda su trayectoria política.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos”. Pullaro también extendió “un fuerte abrazo” a la familia de Real y a todo el PDP.
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La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, expresó en su habitual conferencia de prensa el “profundo pesar” del Ejecutivo provincial y lo recordó como “un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente”. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, también lamentó su muerte: “Compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía”, afirmó.
Desde el Senado provincial, el presidente provisional de la cámara, Felipe Michlig, también referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe, destacó la trayectoria del dirigente demoprogresista. Lo definió como un auténtico “servidor público” y sostuvo que “deja una huella imborrable”.
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El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, sumó sus condolencias: “Ante el fallecimiento de Gabriel Real, diputado provincial (MC) y secretario general del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia”.
El propio PDP emitió un comunicado en el que subrayó que “su compromiso con la vida institucional, su calidad humana, su honestidad inclaudicable y su incansable trabajo por el partido y por la provincia dejan una huella imborrable en cada uno de nosotros”.
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Quién era Gabriel Real
Oriundo de Firmat, Gabriel Edgardo Real construyó su carrera política en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, donde ocupó una banca en cuatro oportunidades como representante del PDP, fuerza que integró el entonces Frente Progresista Cívico y Social. Su último mandato legislativo se extendió entre 2019 y 2023, período en el que integró los bloques opositores al peronismo durante la gestión del entonces gobernador Omar Perotti.
Al término de ese mandato, el gobernador Pullaro lo convocó para sumarse a su gabinete. Real asumió como secretario de Asuntos Legislativos, cargo que ejerció bajo la órbita del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Desde esa posición, trabajó en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial, y en el funcionamiento de la actividad parlamentaria.
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En paralelo con su labor en el Estado, mantuvo una presencia activa dentro de su partido. Entre 2024 y 2026 ejerció como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP, rol desde el que participó de la conducción partidaria y de los debates que atravesaron la agenda política de Santa Fe. También se anotó entre los candidatos a convencionales para la reforma de la Constitución de Santa Fe.
Una de sus últimas apariciones públicas fue el 24 de junio de 2026, durante el Congreso del Partido Demócrata Progresista celebrado en San Miguel de Tucumán, donde expuso una reflexión titulada La sociedad necesita una mejor política, en el marco del ciclo “Reflexiones Demócratas”.
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este miércoles por la tarde como consecuencia de un choque entre una camioneta y un camión de una empresa brasileña en la Autovía José Gervasio Artigas. El siniestro se produjo a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, kilómetro 240, cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte, en dirección a Concordia.
De acuerdo con la información preliminar, la camioneta Renault Alaskan impactó contra la parte trasera izquierda del camión en inmediaciones del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Concordia, ubicado a pocos metros al sur de las cabinas de peaje de Yeruá, publicó Diario Río Uruguay.
Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer que viajaba como acompañante falleció en el lugar del accidente. Otras tres fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Entre ellas se encontraba un adolescente de 14 años, que se encontraba sentado en el asiento trasero derecho y presentaba gravísimas lesiones, murió al llegar al nosocomio.
Por causas que se tratan de establecer, y de acuerdo a la información recabada por Concordia Policiales, el conductor de una camioneta Renault Alaskan habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina.
Amplio operativo en la zona
El accidente ocurrió en el kilómetro 240 de la Autovía 14, donde trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias médicas.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias, el tránsito fue desviado por el rulo que conecta la Autovía 14 con la Ruta Nacional 18, con el objetivo de mantener la circulación y evitar un corte total en ese sector.
Se investigan las causas
Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la identidad de las personas fallecidas.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los peritos, quienes intentarán determinar la mecánica del siniestro ocurrido sobre uno de los principales corredores viales del país.
Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría hasta mayo, convocó este miércoles a sus seguidores a organizar una “resistencia nacional” frente al nuevo gobierno liderado por Péter Magyar, tras la reciente destitución de altos cargos y una serie de allanamientos judiciales ordenados por el Ejecutivo.
En una rueda de prensa a las puertas de la sede de Fidesz, el partido que encabezó durante 16 años, Orbán denunció la instauración de un “régimen autoritario” y acusó a las nuevas autoridades de haber eliminado las bases democráticas del país. “En Hungría ha empezado de nuevo una época de tiranía”, afirmó, y calificó el sistema político actual de “ilegítimo”.
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La escalada de tensión se intensificó después de que la Fiscalía húngara registrara los servidores de datos de Fidesz en el marco de una investigación por presunta malversación, centrada en el Fondo Nacional de Cultura. Orbán sostuvo que la operación tenía como objetivo bloquear el funcionamiento legal de su partido.
“El Fondo Nacional de Cultura fue solo un pretexto para esto”, afirmó el ex premier. Según sus palabras, las autoridades incautaron bases de datos y correos electrónicos de miembros de Fidesz, una medida que describió como inédita desde la caída del comunismo en 1990.
El nuevo gobierno, que asumió tras las elecciones del 12 de abril, impulsó rápidamente una serie de reformas constitucionales gracias a la mayoría de dos tercios que ostenta el partido Tisza en el Parlamento. Entre las medidas más contundentes, el Parlamento destituyó al presidente Tamás Sulyok, a quien Orbán consideró el último jefe de Estado legítimo, y puso fin al mandato del jefe del Tribunal Constitucional.
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La administración de Magyar justificó estos cambios por la necesidad de limpiar las instituciones de figuras consideradas “títeres” del sistema anterior y prometió erradicar la corrupción atribuida a los años de gobierno de Orbán.
El primer ministro declaró en el Parlamento que su administración examinará “todas las decisiones, negociaciones y compromisos” del periodo anterior, incluyendo subsidios y exenciones fiscales otorgados durante los últimos 16 años. Magyar denunció que el Estado funcionaba como una “mafia” y se comprometió a recuperar bienes públicos “adquiridos ilegalmente”.
La presión sobre los altos cargos ligados a la era Orbán provocó la dimisión del fiscal general Gábor Bálint Nagy, quien justificó su renuncia por la necesidad de proteger la independencia del Ministerio Público ante los ataques políticos. Nagy lamentó que la institución se convirtiera en “objeto de una serie de ataques” y advirtió que la Fiscalía “no puede convertirse en instrumento de las luchas de los actores políticos ni en escenario de intereses políticos cotidianos”.
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El nuevo gobierno también suspendió el servicio informativo de la radio y televisión públicas y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía, organismos que, según Magyar, funcionaban como herramientas de propaganda y represión bajo el mandato de Orbán.
Además, la administración húngara abrió una investigación sobre los vínculos entre el exministro de Exteriores Péter Szijjártó y el fabricante chino BYD, tras la decisión del exfuncionario de incorporarse a la compañía después de gestionar desde el gobierno subsidios y permisos para la empresa.
A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió que la Justicia de Estados Unidos haya citado a declarar a su presidente y a su tesorero, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente. También negó que sus teléfonos hayan sido incautados en un operativo en el aeropuerto de Nueva York previo al regreso de la comitiva argentina que participó del Mundial de Fútbol.
Se conoció hoy que la Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios que hubo en ese país entre AFA y empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial sellado con TourProdEnter LLC, la firma del productor teatral Javier Faroni. Por esta pesquisa, hubo citaciones judiciales, pero no a Tapia y Toviggino, consignó el diario La Nación.
“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, señaló la AFA en un comunicado.
Y añadió: “Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.
El comunicado completo
Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración:
El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino.
La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación.
En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad.
La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones.
La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable.
La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades.
En un momento en que la Argentina busca consolidar un nuevo ciclo de crecimiento apoyado en sus sectores productivos, representantes del agro, la energía y la minería coincidieron en un diagnóstico optimista sobre el futuro del país, aunque advirtieron que el desafío será sostener las condiciones que permitieron iniciar ese camino. La visión común surgió durante un coloquio empresario realizado en el Salón Rojo del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la 138a. Exposición Rural de Palermo, donde los tres sectores expusieron cuánto podrían crecer las exportaciones en los próximos años y cuáles son las condiciones que todavía faltan para aprovechar plenamente ese potencial.
El panel reunió a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF;Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz; y Federico Boglione, titular de Los Lazos y La Sibila. Desde distintas actividades, los tres coincidieron en que la Argentina atraviesa una oportunidad inédita para aumentar la generación de divisas, siempre que logre consolidar reglas estables, previsibilidad y mayores inversiones.
El director de SRA, Mario Gramisu, le da la bienvenida a Marín Ricardo Pristupluk
Para Marín, el punto de partida fue la creación de un esquema que permitió al sector energético dejar atrás años de estancamiento. “Los cambios comenzaron en los últimos tres años cuando se pusieron los incentivos correctos”, afirmó.
Según explicó, ese proceso se apoyó en tres pilares: “La primera es que los gobiernos pongan los incentivos correctos para que haya inversión, tanto gobiernos nacionales como provinciales; la segunda, que haya un activo que genere valor, Vaca Muerta. Y la tercera, que el que invierta no especule, para que se genere valor y que se trabaje entre todas las compañías”.
A su entender, el cambio de paradigma permitió que el desarrollo de Vaca Muerta acelerara inversiones privadas y obras de infraestructura que antes dependían exclusivamente del Estado. “En YPF dijimos: ‘Venimos a trabajar con la industria y no contra la industria’ y generamos el círculo virtuoso”, señaló.
Marín aseguró que el potencial exportador del sector energético modificará la estructura económica del país durante la próxima década. “Nuestra industria va a generar unos US$55.000 millones de exportaciones por año para la Argentina después del 2031”, sostuvo. Añadió que ese crecimiento estará acompañado por una fuerte generación de empleo, con unos 40.000 puestos permanentes y un pico cercano a 90.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos.
El ejecutivo también planteó que el desarrollo energético no debe verse de manera aislada, sino complementado con otras actividades productivas. Destacó la expansión de los biocombustibles, los proyectos vinculados al combustible sustentable para aviación (SAF), las energías renovables y el trabajo conjunto con el agro a través de YPF Agro. “Tenemos que complementarnos”, resumió.
Con la mirada puesta en el largo plazo, proyectó que “dentro de 10 años la Argentina va a exportar 100 millones de metros cúbicos por día, un millón de barriles por día, y va a generar mucho valor para la sociedad el Oil & Gas”. Además, sostuvo que la continuidad de ese proceso dependerá de transformarlo en una verdadera política de Estado.
Cacciola coincidió en que la estabilidad institucional es el principal factor que hoy observan los inversores internacionalesRicardo Pristupluk
Desde la minería, Cacciola coincidió en que la estabilidad institucional es el principal factor que hoy observan los inversores internacionales. Explicó que, antes incluso de analizar la calidad de los recursos minerales, las empresas evalúan si existe previsibilidad para desarrollar proyectos que requieren inversiones de largo plazo.
“La inversión extranjera busca credibilidad en el país”, afirmó. Agregó que también observa la infraestructura disponible, la estabilidad fiscal, la carga tributaria y la capacidad técnica de los recursos humanos argentinos. En ese contexto, destacó que el país atraviesa un momento especialmente favorable. “La Argentina está de moda para los inversores extranjeros y está de moda porque se reconoce en el exterior que ha habido un cambio cultural”, sostuvo.
Para Cacciola, la combinación entre recursos minerales estratégicos —como litio, cobre, plata y eventualmente tierras raras— y un nuevo escenario macroeconómico abrió una oportunidad inédita para el sector. Según precisó, actualmente existen 17 proyectos presentados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por unos US$40.000 millones, de los cuales 11 ya fueron aprobados y otros seis podrían recibir luz verde en los próximos meses.
Boglione comparó la evolución productiva argentina con la de países vecinos y señaló que mientras Brasil expandió fuertemente su producción de soja, maíz y carne, la Argentina mostró avances mucho más modestos, pese al esfuerzo realizado por los productoresRicardo Pristupluk
El dirigente minero recordó que en 2024 las exportaciones mineras rondaron los US$4500 millones, mientras que este año superarían los US$9000 millones. Las proyecciones del sector indican que hacia 2035 podrían superar los US$25.000 millones anuales. “La minería va a ser un factor fundamental en la generación de divisas”, afirmó.
No obstante, advirtió que ese crecimiento exigirá nuevas rutas, ferrocarriles, infraestructura energética y una mayor articulación entre Nación, provincias y sector privado. “Es el momento para trabajar todos en conjunto y buscar las mejores alternativas”, señaló.
Luego Boglione repasó la profunda transformación tecnológica que atravesó la producción argentina durante las últimas décadas. Mencionó el avance de la agricultura de precisión, el crecimiento de la genética, la intensificación ganadera, los feedlots, la inseminación y la evolución de la lechería. Sin embargo, sostuvo que mientras las empresas evolucionaron, el país perdió participación en el comercio mundial. “Las empresas individuales han crecido, se han movido y aggiornado, pero el país no nos acompañó”, afirmó. Recordó que hace medio siglo la Argentina representaba el 1,2% de las exportaciones mundiales, mientras que hoy ocupa una posición muy inferior: “Ojalá volvamos a ser ese 1,2% de las exportaciones globales”.
Boglione también comparó la evolución productiva argentina con la de países vecinos. Señaló que mientras Brasil expandió fuertemente su producción de soja, maíz y carne, la Argentina mostró avances mucho más modestos, pese al esfuerzo realizado por los productores.
A su juicio, el próximo salto dependerá de resolver cuestiones estructurales. Entre ellas mencionó una nueva ley de semillas, mayor infraestructura, incentivos para premiar la calidad en la ganadería y la continuidad de políticas que favorezcan la inversión. “Hay que pagar patentes si queremos tecnología; la tecnología se paga”, sostuvo. También destacó el impacto que tendrá la nueva concesión de la Hidrovía, al considerar que permitirá reducir costos logísticos para la producción agroindustrial.
Más allá de las diferencias propias de cada actividad, el coloquio dejó una conclusión compartida. Energía, minería y agro coincidieron en que la Argentina dispone de recursos naturales, capacidad empresarial y potencial suficiente para multiplicar sus exportaciones durante la próxima década.
Pero también advirtieron que ese escenario dependerá de sostener reglas claras, previsibilidad, infraestructura, integración público-privada y continuidad de políticas que permitan transformar esa oportunidad en un crecimiento duradero.
La CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó una garantía de riesgo soberano por hasta USD 250 millones para la Argentina, con el objetivo de ampliar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
La decisión, adoptada por el Directorio de la CAF, establece que el Ministerio de Economía de Argentina, a través de la Secretaría de Finanzas, será el organismo encargado de ejecutar esta garantía.
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“La operación acompaña a la República Argentina en su estrategia de movilización de nuevas fuentes de financiamiento. A través de una garantía parcial de crédito, CAF respalda obligaciones de pago del país frente a entidades financieras y le abre la puerta a recursos de terceros”, indicaron desde la entidad internacional cuyo vicepresidente es el politólogo argentino Christian Asinelli.
Bajo la perspectiva de la CAF, el mayor valor de la herramienta “está en su efecto multiplicador”. EN tal sentido, explicaron que las garantías permiten que un banco de desarrollo haga rendir su capital “muy por encima” de su propio balance: “Cada dólar respaldado atrae capital de terceros, mejora las condiciones de financiamiento y fortalece la confianza del mercado”.
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“La operación se inscribe en el principio de CAF de apoyar a sus países accionistas en la gestión estratégica de sus finanzas y se suma a instrumentos similares otorgados por otros organismos multilaterales de crédito, consolidando una arquitectura de apoyo coordinada”, sumó el comunicado oficial del banco de desarrollo latinoamericano.
En tanto, el presidente ejecutivo del organismo multilateral, Sergio Díaz-Granados, expresó que la garantía aprobada para la Argentina “refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible”.
La Fuerza Aérea Uruguaya comenzó a incorporar los primeros Embraer A-29 Super Tucano, una adquisición valuada en casi USD 100 millones que constituye la mayor inversión aeronáutica de su historia reciente. La operación no solo reemplaza una flota que había llegado al final de su vida útil, sino que marca una definición estratégica: antes que sumarse a la carrera regional por incorporar cazas supersónicos, Uruguay decidió fortalecer aquellas capacidades que considera esenciales para cumplir sus misiones.
En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que la compra representa mucho más que un cambio de aeronaves. A su entender, es un ejemplo de cómo un país con recursos limitados puede diseñar una política de defensa eficiente sin perder de vista sus necesidades operativas.
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“Lo maravilloso de esta adquisición es que adapta las Fuerzas Armadas a la realidad presupuestaria uruguaya. Tienen que ser lo más eficientes y pragmáticos posibles para cumplir con las funciones que realmente necesitan”, sostuvo.
Una decisión que comenzó por las misiones, no por el avión
La renovación de la flota era una necesidad impostergable. Los IA-58 Pucará, fabricados en Argentina, habían sido retirados del servicio en 2017, mientras que los A-37 Dragonfly estadounidenses atraviesan sus últimos años de operación. Ambos modelos acumulaban décadas de servicio y ya no respondían a las exigencias actuales de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Sin embargo, la discusión nunca giró únicamente en torno a qué avión comprar. Según explicó Serbin Pont, el punto de partida fue otro: determinar cuáles eran las tareas que la fuerza debía cumplir en los próximos años y, a partir de ese diagnóstico, buscar la plataforma que mejor se adaptara a esos requerimientos.
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Las prioridades quedaron definidas con claridad: vigilancia y policía aérea, patrullaje de fronteras, reconocimiento, apoyo aéreo cercano y entrenamiento avanzado de pilotos. Ninguna de esas misiones requería un caza supersónico, pero sí una aeronave confiable, versátil y con costos de operación compatibles con el presupuesto uruguayo. Fue allí donde el Super Tucano comenzó a imponerse sobre el resto de las alternativas.
El equilibrio entre capacidades y costos
Fabricado por la brasileña Embraer, el A-29 Super Tucano es un avión turbohélice diseñado para operar en escenarios donde la versatilidad resulta más importante que la velocidad. Puede desempeñar tareas de entrenamiento avanzado, vigilancia, intercepción de aeronaves de baja velocidad, patrullaje fronterizo, reconocimiento y apoyo aéreo cercano, además de operar desde pistas semipreparadas, una característica especialmente valorada por numerosas fuerzas aéreas.
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Su principal ventaja, sin embargo, aparece en el terreno económico. “Adquirir aviones a reacción es muchísimo más caro. La decisión fue estandarizar la flota y reemplazar ambos sistemas por una sola plataforma moderna”, explicó Serbin Pont.
La diferencia en los costos operativos resulta contundente. Mientras un F-16 puede demandar alrededor de USD 10.000 por cada hora de vuelo, un Super Tucano ronda poco más de USD 2.000. Esa brecha permite sostener un mayor nivel de entrenamiento, incrementar la disponibilidad de aeronaves y mantener una presencia aérea constante sin comprometer el presupuesto de defensa.
La inversión, además, no se limitó a las seis aeronaves. El contrato incluyó simuladores, equipos de misión, capacitación para pilotos y técnicos, repuestos y soporte logístico integral, elementos que garantizan la operación del sistema durante los próximos años.
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Un avión probado en todo el mundo
La elección tampoco respondió a una apuesta experimental. El Super Tucano se consolidó durante las últimas dos décadas como uno de los mayores éxitos de exportación de la industria de defensa brasileña.
Con más de 260 unidades vendidas, presencia en 22 fuerzas aéreas y más de 570.000 horas de vuelo acumuladas, la aeronave ganó prestigio por combinar una elevada disponibilidad operativa con bajos costos de mantenimiento. Esa fórmula explica por qué numerosos países de América Latina, África y Asia recurrieron al modelo para modernizar sus flotas sin asumir el costo de operar cazas de altas prestaciones.
Para Serbin Pont, esa experiencia internacional también reducía los riesgos de la compra. Uruguay no adquiría una plataforma novedosa, sino un sistema ampliamente probado y respaldado por una cadena logística consolidada en la región.
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Una estrategia distinta a la de sus vecinos
La incorporación del Super Tucano ocurre en un contexto regional marcado por importantes programas de reequipamiento militar. Argentina inició la incorporación de los F-16 adquiridos a Dinamarca, mientras Brasil continúa ampliando su flota de cazas Gripen.
Sin embargo, Serbin Pont remarcó que Uruguay nunca buscó competir en ese terreno. “¿Van a necesitar aviones para competir con los F-16 que está comprando Argentina? Claramente no. ¿Van a buscar un caza para competir con los Gripen brasileños? Tampoco”, afirmó.
La diferencia radica en la función que cada país espera de su fuerza aérea. Mientras las grandes potencias regionales necesitan preservar capacidades de superioridad aérea, Uruguay prioriza el control de su espacio aéreo, la vigilancia de fronteras y el entrenamiento de sus pilotos. Desde esa perspectiva, incorporar un caza supersónico hubiera significado asumir costos muy superiores sin obtener un beneficio proporcional.
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Las alternativas que quedaron en el camino
Antes de cerrar el acuerdo con Embraer, Montevideo evaluó distintas propuestas disponibles en el mercado. Entre ellas aparecieron el M-346FA italiano, el L-39NG checo, el L-15 chino, el BAE Hawk británico, el IA-63 Pampa III argentino e incluso cazas F-5 de segunda mano.
Finalmente, la combinación entre costos de adquisición, operación, respaldo logístico y experiencia internacional terminó inclinando la balanza hacia la opción brasileña.
Al referirse al Pampa III, Serbin Pont consideró que se trata de una plataforma con buenas capacidades, aunque reconoció que la industria argentina todavía enfrenta dificultades para ofrecer un servicio posventa competitivo, un aspecto determinante para cualquier fuerza aérea que incorpora un nuevo sistema de armas.
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El especialista también destacó la estrategia negociadora de Montevideo durante el proceso de compra. Según explicó, Uruguay dejó trascender la posibilidad de avanzar con una alternativa china para incrementar la competencia entre proveedores occidentales y obtener mejores condiciones económicas.
Una compra que refleja una forma de pensar la defensa
Más allá del modelo elegido, Serbin Pont sostuvo que la operación deja una enseñanza sobre cómo los países medianos pueden planificar sus inversiones militares. En lugar de priorizar el avión más sofisticado o de mayor impacto político, Uruguay definió primero cuáles eran las capacidades que necesitaba preservar y buscó la plataforma que mejor respondiera a ese objetivo.
La incorporación de los Super Tucano no modifica el equilibrio militar de Sudamérica ni pretende hacerlo. Su verdadero valor reside en asegurar que la Fuerza Aérea Uruguaya mantenga una capacidad operativa acorde con las misiones que el Estado le asigna, sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria de las próximas décadas.
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En ese sentido, la compra trasciende el reemplazo de dos modelos históricos y se convierte en una declaración de principios sobre cómo entender la defensa en un país de recursos limitados. Antes de preguntarse contra quién debía competir, Uruguay definió qué necesitaba hacer con su fuerza aérea. Recién entonces eligió el avión.
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Luego de las polémicas que dejó el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, enfrentaba este miércoles una serie de proyectos de juicio político en su contra. La dirigente había calificado a la selección francesa como un “equipo africano de flojos modales” y despertó el rechazo de la oposición.
En esa línea, en los últimos días, un grupo de dirigentes del radicalismo local solicitó formalmente su destitución ante la Legislatura provincial por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
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Sin embargo, este miércoles el proyecto se trató en la Cámara de Diputados de la provincia, donde finalmente se trató sobre tablas la iniciativa y fue rechazada. La votación resultó con 33 votos negativos y 11 positivos, habiendo 3 diputados ausentes; por lo que se desestimó.
Justamente, de acuerdo con la legislación provincial, una vez presentado el pedido de juicio político, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos si los cargos por los que se los acusa al funcionario en cuestión importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Como en este caso la decisión fue negativa, la acusación quedó de hecho desestimada
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Todo se inició después de que Casado se haya expresado en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final, con una polémica frase: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.
Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. “Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito”, le dijo a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Argentina.
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A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.
En tanto, en entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.
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El pedido de juicio político había sido presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.
La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de solo 3378 vacunos que fueron descargados de 90 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas se efectuaron con demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 5,85% al pasar de $4051,253 a $3814,084, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,25% al pasar de $4543,981 a los $4555,461.
Los novillos, con 457 cabezas, representaron el 13,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 549 kg; $4880 con 440 kg, y $4800 con 465, 470 y con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 431 kg; $3810 con 645 kg, y $3700 con 468 y con 524 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 333, 349 y con 381 kg; $4850 con 427 kg, y $5000 con 402 y con 404 kg, y en vaquillonas, $5400 con 304 kg; $4850 con 380 kg, y $4750 con 391 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3814,084, mientras que el peso promedio general resultó de 439 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4555,461. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4555,461. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4567,824. Detalle de venta: 457 novillos; 708 novillitos; 910 vaquillonas; 1115 vacas; 124 conservas, y 85 toros. Base 10 cabezas.
Balcarce y Cía. SRL: (23) Suc. Ballester vq. 22, 332 kg a $2000. Blanco Daniel y Cía. SA: (181) Amera v. 19, 487 a 3250; Casadei nt. 14, 393 a 3500; Casanave vq. 10, 304 a 5400; El Rastro v. 16, 495 a 3150; Jensen v. 12, 483 a 3250; Lacau v. 18, 716 a 3300; Montot nt. 11, 355 a 5000; vq. 10, 327 a 5000; Pittameglio nt. 18, 414 a 4900. Brandemann Consignataria SRL: (276) Gartner vq. 15, 430 a 4300; 45, 411 a 4540; Hijos de Barreto v. 10, 430 a 2400; De Ibarreta vq. 13, 340 a 2200; La Unión de Schachenmayr v. 18, 505 a 3260; 18, 550 a 3300; Machinandiarena n. 12, 465 a 4800; Cereigido v. 11, 630 a 2400; 10, 728 a 3400; 10, 645 a 3810; Rodríguez n. 13, 470 a 4800; vq. 14, 375 a 4800; San Ramón n. 13, 490 a 4800; 13, 440 a 4880.
Casa Usandizaga SA: (161) Ganadera La Providencia nt. 24, 390 a 5000; 26, 364 a 5100; vq. 23, 326 a 5000. Colombo y Colombo SA: (50) Nicodemo Forrajes vq. 25, 359 a 4800; 14, 326 a 4900. Colombo y Magliano SA: (398) Álvarez v. 15, 462 a 1950; 11, 508 a 2300; Avestruz vq. 22, 369 a 3900; 22, 353 a 4000; 21, 319 a 4200; Bravo vq. 18, 379 a 4400; 13, 371 a 4520; 18, 360 a 4920; El Recado vq. 16, 442 a 4000; 16, 397 a 4300; Est. Manuela nt. 24, 480 a 2700; v. 17, 430 a 2400; 14, 536 a 2700; vq. 10, 410 a 2400; Frigorífico Angelani nt. 12, 404 a 5000; 13, 349 a 5200; vq. 25, 349 a 5000; Golpe de Agua n. 12, 473 a 4750; 25, 463 a 4800. Consignataria Blanes SRL: (64) Borre vq. 11, 319 a 4600; Pelliza n. 12, 455 a 46500. Consignataria Melicurá SA: (59) El Broquel v. 10, 793 a 2800; Ramis nt. 13, 413 a 4900; vq. 14, 380 a 4850. Crespo y Rodríguez SA: (77) Aguaribay n. 20, 488 a 4750; 17, 440 a 4800; vq. 17, 391 a 4750; 18, 348 a 5000.
Gahan y Cía. SA: (32) Los Retoños v. 12, 614 a 3300. Gananor Pujol SA: (237) Don Alberto v. 13, 513 a 3700; La Atropellada del Oeste n. 16, 454 a 4800; Berisso nt. 17, 373 a 4850; 17, 400 a 4870; vq. 40, 307 a 5000; Marcollese Agrono nt. 22, 357 a 5100; 17, 333 a 5200. Goenaga Biaus SRL: (11) González n. 11, 532 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (78) Hourcade v. 11, 475 a 2900; 11, 483 a 3300.
Harrington y Lafuente SA: (91) El Norosal v. 16, 540 a 3500; 27, 524 a 3700; vq. 11, 431 a 4000; Manganga Agrop. n. 12, 635 a 4200; 25, 571 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (22) Agrop. El Patriarca vq. 11, 377 a 2600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (62) González vq. 15, 402 a 3700; 15, 389 a 3800; 16, 360 a 4000; 16, 353 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (44) El Carpincho v. 11, 460 a 3000; 10, 495 a 3500; 11, 524 a 3570.
Iriarte Villanueva Enrique SA: (47) Fridel nt. 22, 398 a 4400.Martín G. Lalor SA: (58) Polo nt. 17, 411 a 3000; 19, 366 a 3200.
Mendizábal A. J. y Cía. SA: (170) Castillón vq. 13, 407 a 1800; Fuentes y Calderón n. 20, 549 a 4200; Ganad. Verdes Pampas n. 11, 531 a 4700; 12, 517 a 4720; 12, 544 a 4840; Vadillo de Garabano n. 10, 478 a 4720; v. 12, 554 a 3500. Monasterio Tattersall SA: (452) Agrop. Don Lalo nt. 10, 368 a 4000; Algarra Hnos. nt. 43, 381 a 5200; Alomar nt. 12, 431 a 4650; 10, 387 a 5000; vq. 10, 347 a 4900; Cien Olmos vq. 18, 383 a 4850; Coccaro nt. 12, 427 a 4850; El Llorón nt. 39, 389 a 4000; 17, 359 a 4100; El Matico nt. 10, 490 a 4600; 16, 427 a 4800; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 11, 506 a 4700; 30, 458 a 4800; Los Potrerillos vq. 19, 303 a 5200; 51, 285 a 5300; Maguos vq. 11, 375 a 4950; 14, 348 a 5000; María del Carmen v. 21, 535 a 2900; vq. 19, 410 a 3200; Panoa Ganadera v. 11, 525 a 3600; 21, 503 a 3700. Nieva H. y Asociados SRL: (64) Mogni nt. 64, 377 a 5150.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (246) Consignataria Jp v. 35, 519 a 3620; Delpupo v. 16, 438 a 2700; Ledesma v. 11, 523 a 3600; Monvale n. 20, 551 a 4900; vq. 16, 298 a 5350; Salvini e Hijos v. 10, 549 a 3600; Zabalo nt. 10, 333 a 4200. Santamarina e Hijos SA: (56) Don Simón vq. 10, 367 a 4600; La Guardia vq. 34, 394 a 4000; 12, 366 a 4600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (36) Amand de Mendieta n. 29, 504 a 3900.Wallace Hermanos SA: (44) Paturlanne vq. 16, 408 a 4200; 16, 365 a 4400.
Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (8); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Jáuregui Lorda SRL (6); Lanusse-Santillán y Cía. SA (10); Llorente-Durañona SA (14); Pedro Genta y Cía. SA (11); Umc SA (14).
Las constructoras de Cristóbal López y de la familia Cartellone fueron las grandes ganadoras de la última etapa de privatizaciones de rutas nacionales encarada por el gobierno de Javier Milei.
Con unos 3.920 kilómetros en juego en la etapa III, La Libertad Avanza terminará de adjudicar la Red Federal de Concesiones (RFC) viales por un total de 9.000 kilómetros, para correr al Estado de la gestión de las rutas. Este miércoles se abrieron las ofertas económicas a través de la web ContratAr.
CPC, la empresa de Cristóbal López, se quedó con el Tramo Mesopotámico, que incluye 276,11 km en Entre Ríos, tanto en la ruta 18 (desde el empalme de la 12 en Paraná hasta el empalme de la 14 en Puerto Yerúa) como en la ruta 12 (desde el empalme de la 131 en Crespo hasta el empalme con la 18 en Paraná).
Allí cobrará una tarifa de peaje de $ 3.340 más IVA, ya que su oferta fue más económica que la de IEB Construcciones (ex Dycasa), del grupo financiero Invertir En Bolsa, que pertenece a Juan Ignacio Abuchdid, uno de los principales aportantes de campaña electoral para Milei.
Asimismo, la compañía de Cristóbal López también ganó el Tramo Chaco – Santa Fe, con 497,18 km sobre la ruta 11, desde la ciudad santafesina de Nelson hasta la capital chaqueña, Resistencia. Su propuesta fue de $ 3.240 más IVA, más barata que la de José Eleuterio Pitón, uno de los grandes contratistas de obra pública de Entre Ríos.
Previamente, el empresario dueño de casinos, medios de comunicación y una petrolera -que expandió sus negocios durante el kirchnerismo- había ganado el Tramo Portuario Norte, que incluye una parte de la ruta nacional 9, un tramo de la ruta 33 desde la localidad bonaerense de Trenque Lauquen y la circunvalación de Rosario.
De esta forma, Cristóbal López operará más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales, en los que primero tendrá que poner a punto la calzada y cortar el pasto circundante antes de empezar a cobrar los nuevos peajes.
