El vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Eduardo López Segura, se refirió a la denuncia penal presentada contra el exdirector de la Administradora Tributaria de Entre Rïos (ATER), Marcelo Casaretto, y otros cinco exintegrantes de la conducción del organismo. “Una persona condenada asegura que las maniobras no podían realizarse sin conocimiento de las máximas autoridades. No alcanza con descalificarla: la Justicia debe investigar”, afirmó a través de un comunicado de prensa.
Las declaraciones del funcionario llegan luego de que en Radio Plaza Casaretto se refiriera a la denuncia y asegurara que detrás de la presentación “hay un objetivo político” del gobierno de Rogelio Frigerio.
López Segura reclamó que se investigue “hasta las últimas consecuencias” la denuncia penal presentada por su eventual responsabilidad en compensaciones impositivas fraudulentas.
“Casaretto pretende presentar este caso como la reacción desesperada de una persona condenada. Pero la gravedad de la denuncia está precisamente en que proviene de alguien que participó de las maniobras, conoce desde adentro cómo funcionaban y ahora sostiene ante un fiscal que nada de eso podía realizarse sin conocimiento, aprobación o consentimiento de la conducción de ATER”, afirmó López Segura.
En el comunicado, se recordó que la presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en el fraude. Además de Casaretto, la denuncia alcanza a quienes conducían las áreas de Impuestos, Fiscalización Tributaria, Informática, Jurídica e Interior.
También se añadió que, según la denunciante, los empleados administrativos no podían por sí solos alterar datos de los contribuyentes, modificar cuentas corrientes, hacer circular expedientes y resoluciones ni concretar compensaciones fraudulentas sin intervención de los niveles superiores. También sostuvo que Casaretto y los directores disponían de claves de mayor jerarquía para operar dentro del sistema.
“No fue una irregularidad aislada cometida con una lapicera en una oficina. Se modificaban cuentas tributarias, se simulaban compensaciones y se cancelaban deudas mediante créditos inexistentes o sin respaldo administrativo. Es razonable que la Justicia determine quiénes podían realizar cada operación, qué autoridades debían controlarlas y qué sabía la conducción”, señaló el vocal del IAPV.
López Segura recordó que la causa investigó maniobras realizadas entre 2004 y 2014 y un perjuicio estimado en aproximadamente 46 millones de pesos a valores nominales de aquellos años.
“Casaretto afirma que, por haber presentado la denuncia original en 2014, ninguna sospecha puede alcanzarlo. Sin embargo, la nueva denunciante sostiene algo mucho más grave: que utilizó aquella presentación para quedar colocado como denunciante y ocultar su eventual participación. Esa acusación puede ser verdadera o falsa, pero no la puede archivar el propio Casaretto desde una entrevista. Tiene que investigarla un fiscal”, sostuvo.
La presentación, según remarcó el comunicado de prensa, también solicita analizar la evolución patrimonial de Casaretto, de los restantes directivos y de otras personas vinculadas con las maniobras, con el objetivo de establecer quiénes pudieron beneficiarse del fraude.
“Este punto es central. La denunciante pide expresamente que se investiguen los patrimonios. Por lo tanto, Casaretto debe explicar qué actividades e ingresos tuvo durante sus décadas en la función pública y cómo construyó su patrimonio. No estamos afirmando que se haya enriquecido ilegalmente; reclamamos que se produzca una medida de prueba solicitada dentro de una denuncia penal”, aclaró López Segura.
Y agregó: “Si todo su patrimonio tiene un origen legítimo y guarda relación con sus ingresos declarados, Casaretto debería ser el primer interesado en exhibir la documentación y terminar con cualquier sospecha. La transparencia no puede reclamarse solamente cuando sirve para acusar a los demás”.
